El ministerio de Trabajo ha ofrecido a los agentes sociales una compensación para las empresas con mayor afectación del salario mínimo interprofesional (SMI), pero condicionada a un incremento de las retribuciones más bajas y el mantenimiento de las plantillas. El ministerio dirigido por Yolanda Díaz propone que el sueldo mínimo se incremente en 2021 un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF.

La negociación para una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) arrancará sin discrepancias internas en el seno del gobierno español, sobre todo en lo que se refiere a los ministerios afectados: Economía, Hacienda y Trabajo, carteras que en ocasiones anteriores han protagonizado más de un choque en torno a la medida.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), ha pedido a la comisión de expertos sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) que planteen dos incrementos distintos para 2026: una subida que no incorpore el IRPF, y otra en la que sí se tenga en cuenta esta tributación. De esta forma, Díaz esquiva el choque que se produjo con el ministerio de Hacienda con la subida de este 2025. La titular de esta cartera, María Jesús Montero (PSOE), planteó que con el último incremento aprobado los receptores de esa renta ya debían tributar por este impuesto, algo que el equipo de recibo. Por último, la batalla acabó con una deducción para los perceptores del SMI para que no pagaran IRPF.

Ante la falta de apoyos parlamentarios, el gobierno español decidió dejar para después del verano la negociación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Es una de las grandes promesas de la legislatura actual, sobre todo para quien ha hecho bandera desde el primer minuto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al tiempo que cara visible de Sumar, el socio minoritario del gobierno de coalición.

Mientras crecen las incógnitas y la preocupación sobre las propuestas de la nueva administración estadounidense, en el Parlamento español ha surgido una extraña carrera por ver quién tiene más conciencia social. Todo ello abre una etapa de incertidumbres y desorden que no parece tener muy buen pronóstico. Las iniciativas de Donald Trump me han hecho pensar estos días en una famosa secuencia deEl gran dictador, de Charles Chaplin, donde el actor, provisto de un uniforme y un bigotito hitleriano, juega con una gran bola del mundo, moviéndola caprichosamente de aquí para allá. Es difícil prever hasta dónde puede llegar la guerra comercial de los aranceles, pero sospecho que Europa será más capaz de defender sus intereses económicos que de ser coherente con el camino que había emprendido en materia de política exterior, apoyando a Ucrania y otros países que, como los bálticos, consideran comprometida su seguridad por el desafío del expansionismo ruso, de la mano de Puman. Ahora bien, temo mucho que al final habrá que ser realistas. Entiendo que el gobierno español quiera mantener el discurso de solidaridad con el régimen del presidente Zelenski, sobre todo después de lo que le costó arrancar, cuando aún dudaba si enviar material bélico –letal, se llamaba, como si pudiera ser de otro tipo– para apoyar a los ucranianos y para defender la integridad territorial de su país.

Asisto estupefacta al debate este entre el PSOE, que subió un 61% el salario mínimo interprofesional, y sus socios de Sumar, que están en contra de que esta subida tenga la retención de IRPF. Al parecernos lo explicaban los brillantes Ot Serra y Andrea Zamorano, en el ARA–, se ve que cada año, cuando se propone cuál será ese mínimo salario, existe un "acuerdo político" para que no alcance el nuevo umbral y no tribute, pero esta vez "Hacienda ha tirado por el derecho". El líder del PP ha dicho: "Quedarse con la mitad de la subida del SMI ni es progresista ni es justicia social".

Esta mañana se las han tenido Sánchez y Feijóo, en la primera sesión de control del año en el Congreso. Feijóo, claro, aprovechó el espectáculo que dieron ayer dos ministros, la portavoz, del PSOE, y la vicepresidenta, de Sumar, llevándose la contraria a la rueda de prensa tras el consejo de ministros, sobre la decisión de hacer tributar al IRPF a los perceptores del salario mínimo. Y Sánchez le ha contestado con el manual: con el PP los trabajadores que cobraban el salario mínimo no tenían ese problema de tener que tributar porque el gobierno popular lo congelaba.

El anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 50 euros hasta alcanzar los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas ha venido con una sorpresa incorporada: resulta que por primera vez una parte de sus receptores tendrán que tributar a Hacienda, algo que nunca había ocurrido. Las anteriores subidas del SMI siempre venían acompañadas de ajustes en el mínimo exento para evitar que el IRPF se comiera parte del aumento. Sin embargo, en esta ocasión se calcula que un 20% de los receptores, medio millón de personas en todo el Estado, sí tendrán que pagar una parte de ese dinero a Hacienda. En concreto, se trata de los solteros sin hijos, que en función de la comunidad autónoma de residencia tendrán que volver a Hacienda hasta la mitad del aumento, como es el caso de Catalunya. Es decir, a diferencia del 80% restante, su aumento real podría rebajarse hasta 25 euros mensuales.

Nunca antes una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) había generado un choque entre los dos socios del gobierno de coalición, PSOE y Sumar, como el vivido en las últimas horas. Pero lo que ha desatado el rifirrafe no ha sido el incremento del SMI del 2025 –50 euros al mes, hasta los 1.184 euros brutos–, sino la decisión del ministerio de Hacienda (PSOE), bajo la batuta de María Jesús Montero, de no adaptar el mínimo exento en el IRPF a la subida del salario. La medida implica que por primera vez una parte de las personas que cobran el salario tengan que tributar por el IRPF, algo que la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha apresurado a censurar: "He sabido la decisión [de Hacienda] por los medios de comunicación y no se ha deliberado [en el consejo de ministros]", ha declarado.

Este año, el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá 50 euros al mes y se situará en 1.184 euros brutos mensuales en catorce pagas, tal y como ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa este miércoles al mediodía. Esto supone un incremento de un 4,4% frente al salario mínimo actual, que es de 1.134 euros mensuales, también en catorce pagas. Al mismo tiempo, significa aplicar la parte alta del tenedor que planteó el comité de expertos del SMI: de una subida del 3,4%, a una subida de como máximo un 4,4%, como ha terminado ocurriendo. pero sin la patronal CEOE. El pacto ha llegado después de una última reunión celebrada este mismo miércoles al mediodía. noticia", celebró Díaz tras el cónclave. La ministra lamentó que las organizaciones empresariales no se hayan sumado al acuerdo, aunque agradeció sus aportaciones y su "voluntad negociadora". Por su parte, los sindicatos plantearán ahora la propuesta a sus órganos de dirección, que tendrán que validarla

El gobierno español ha presentado este miércoles su propuesta de aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) de 50 euros mensuales, que ha topado por el momento con el silencio de la patronal y la reclamación de los sindicatos de subirlo aún más, mientras que los ministerios de Economía y Trabajo se han atascado en la negociación por la rebaja de la jornada laboral.

El gobierno español comienza en 2025 con deberes pendientes en materia económica. Y para ello necesitará capacidad de diálogo y cintura para conseguir consenso político, pero algunos afectan también a las grandes empresas estatales, y aquí también tendrá que demostrar su capacidad de negociación. Las decisiones económicas que deben tomarse durante los próximos meses serán clave para el futuro de España, y también para el futuro de Catalunya.

"Prácticamente nulo". Así define la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el posible impacto negativo del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) en España, en particular el impacto de la histórica subida aprobada en 2019." Había quien cuestionaba que este tipo de medidas pudieran tener un efecto negativo porque el mercado laboral no puede absorberlas, pero en los resultados que hemos visto el efecto negativo fue prácticamente nulo", expresó el director de Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, este martes desde París. Scarpetta incluso ha ido más allá: "[El aumento del SMI] Ha pasado de ser una herramienta poco atractiva que no tenía impacto en ser muy relevante, y de cara a un futuro hay que reforzarla".

El consejo de ministros de este martes ha dado luz verde a un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) que afectará a unos 2,5 millones de trabajadores en todo el Estado, según estimaciones del ministerio de Trabajo, y poco más de 300.000 en el caso de Cataluña.

La semana pasada se aprobó una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5%. Un éxito para Yolanda Díaz, que logra así mantener su compromiso con las mejoras salariales, y para muchas personas trabajadoras que verán cómo sus ingresos aumentan hasta los 1.134 euros mensuales en catorce pagas. Y al mismo tiempo, una decisión no exenta de polémica. Por el fondo y las formas.

Cada vez que sube el salario mínimo aparece en la prensa económica de Madrid algún grito de alarma sobre el daño que hace la medida en buena parte de las provincias del Estado. Los artículos se basan en mapas que comparan el salario mínimo y el salario medio por provincia. Me gustan estas comparaciones porque tratan el tema más tabú en la tensión entre los argumentos económicos y los políticos. El salario mínimo es uniforme para toda España, y encarece excesivamente el trabajo en las provincias y comunidades autónomas con los niveles salariales más bajos, hasta el punto de que la diferencia entre salario mínimo y salario medio es pequeña. En cambio, en las provincias donde los salarios medios son altos, los cambios en los salarios mínimos afectan a pequeñas proporciones de trabajadores. Estos artículos reclaman –y lo comparto– una revisión del salario mínimo diferenciada por niveles de renta o, por ser más exactos, por el coste de la vida. Pero ese mismo argumento no lo aplican a la distribución de la financiación autonómica. Sin embargo, me gustan porque el coste de la vida es un tema innumerable –un verdadero tabú– que ayudan a romper.

Si los empresarios no firman el acuerdo para un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), la subida puede ser superior a la inicialmente planteada por el ministerio de Trabajo, es decir, superior a un 4%. Ésta ha sido la advertencia de que el secretario de estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha lanzado este lunes justo antes de reunirse con empresarios y sindicatos para intentar cerrar un acuerdo para subir una vez más el SMI. La intención del ministerio de Trabajo es que éste vea la luz en los próximos días y, de hecho, está previsto que haya un nuevo encuentro el jueves o el viernes, según informaron los sindicatos.

Nadie duda de que en el 2024 arrancará con un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). La incógnita, por ahora, es si será acordado o no entre gobierno español, sindicatos mayoritarios y patronales. Aunque los tres actores se han mostrado predispuestos a llegar a un pacto tripartito, no sería la primera vez que uno de ellos, en concreto la patronal, se echa atrás.

"Somos conscientes de que la mayoría social en España tiene un poder adquisitivo demasiado bajo", ha dicho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante el pleno del Senado de este martes por la tarde. Seguidamente, Sánchez ha anunciado un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para este 2023 de un 8%, hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas –el actual SMI era de 1.000 euros al mes–. A pesar de que el nuevo aumento se aprobará en un consejo de ministros del mes de febrero, entrará en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año.

La decisión del gobierno español de situar el salario mínimo interprofesional (SMI) en los 1.000 euros brutos mensuales (con 14 pagas) supone un hito que era impensable hace solo unos años. Así, se ha pasado de un SMI de 736 euros en 2018, a 900 en 2019, 950 en 2020, 965 en 2021 y finalmente los 1.000 que se aplicarán de manera retroactiva con fecha 1 de enero de este año. En total, supone una subida del 35% en 3 años, con el horizonte de que al final de la legislatura suponga el 60% del salario medio, cosa que según los cálculos del gobierno implicará subirlo todavía en una horquilla de entre 12 y 47 euros más al mes. Este fue el compromiso del pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.