1. Cada 23-F recordamos que aquel tridente que formaban Tejero, Armada y Milans del Bosch intentaron dar un golpe de estado militar a España. El asalto al Congreso no duró ni veinticuatro horas e hizo el fin de los cagaelásticos. Pero el ejército y la Guardia Civil había intentado revertir, por la intimidación de las armas, el poco de democracia que empezaba a asomarse a España. Desde 1981 hasta 2026 hemos visto de todos los colores, pero 45 años después, los uniformes, las condecoraciones y las gorras de plato siguen pensando que están por encima del bien y el mal. No les basta con pasear su supremacismo patológico, con una suficiencia ofensiva. Como las estrellas que llevan en la solapa, lucen la superioridad moral anclada en valores caducados, de otro siglo. O de otro régimen que parecen añorar. ¿Los altos cargos policiales, en España, se creen intocables porque han convertido en retórica la vieja pregunta de quién vigila al vigilante?

La operación Catalunya es el origen "ilícito" de la causa contra los Pujol. Esa es la tesis de que las defensas de la familia del expresidente brindan estos días en el juicio en la Audiencia Nacional. El tribunal, de hecho, ha aceptado que la cúpula de la policía patriótica deba declarar como testigo en el proceso. Y este jueves se ha publicado una nueva evidencia de su papel en la causa contra los Pujol. Se trata de un audio de 2017, difundido por Eldiario.es, en el que el excomisario José Manuel Villarejo certifica que Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola y persona clave en el origen de la causa contra la familia, cobraba de la Policía Nacional. Lo dice, además, en una conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Leire Díez, investigada en un juzgado de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias, ha sido la elección del PP para reanudar, tras las vacaciones de verano, la cruzada en el Senado contra el PSOE por sus casos de presunta corrupción. El exmilitante socialista compareció en la comisión de investigación del caso Koldo y, pese a su situación procesal, no optó por el silencio y rebatió las acusaciones de la derecha y la extrema derecha insistiendo en el relato que desplegó desde que estalló el escándalo. "No soy fontanero, soy periodista", aseguró, reiterando que trabaja en la publicación de un libro sobre "el mal funcionamiento de las instituciones", y de ahí la colección de audios que se han ido conociendo en los que se inmiscuye presuntamente en procedimientos judiciales. Díez reivindicó que la investigación que ha llevado a cabo no es para favorecer al PSOE sino a favor del "estado de derecho", y negó que estuviera "bien relacionada" dentro del partido, distanciándose así tanto del PSOE como del exdirigente del partido Santos Cerdán.

Escuchar los audios de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García nos obliga a volver a oler el viejo, conocido olor (citamos Benet y Jornet) de la corrupción política. Si en algún momento habíamos querido creer que se había alcanzado el mínimo nivel de madurez que significa evitar las tracamañas de los espabilados de turno, si habíamos llegado a pensar en algún momento que al menos se empezaba a dejar atrás la fase infantil del ejercicio del poder, volver a escuchar las conversaciones de los ladrones de dinero público nos devuelve a la realidad. Es objetivamente desagradable tener que vivir rodeado de una clase política que no consigue, o que no quiere, deshacerse de la corrupción entendida como elemento sistémico (otra herencia del franquismo que, a su vez, la dictadura heredaba también de tradiciones de poder arraigadas al menos desde la Restauración borbónica).

Que Pedro Sánchez y el PSOE (y, por lo tanto, el gobierno de coalición de España) tienen un problema es algo que, en estos momentos, es indudable. Otra cosa es la naturaleza y el alcance de ese problema. Para entendernos, que alguien como Ábalos pueda estar implicado en una trama torrentiana (de Torrente, claro) no era un hecho que pudiera sorprender a nadie, y quizás eso tenía que ver con que el propio PSOE lo suspendiera de cargo y militancia en cuanto aparecieron acusaciones contra él. Que lo pueda estar / lo esté alguien como Santos Cerdán (tan ejecutivo, tan negociador, tan de confianza) ya es más nuevo. En cualquier caso, el PSOE es lo que se llama un partido sistémico, y eso, en España (y en Catalunya, y en Baleares) significa entrar en esta dinámica de financiación opaca, favores debidos y ambiciones personales que, para abreviar, llamamos corrupción.

Hay muchas personas que, a lo largo de la vida, han optado por no posicionarse públicamente en ningún tipo de conflicto. O eso piensan. Porque no posicionarse también es una forma de hacerlo, de estar en el mundo. Cómo lo es el hecho de acatar unas normas, por injustas que sean o te parezcan. Pero cada uno tiene sus razones para decidir cómo quiere vivir y las circunstancias ajenas duelen juzgar. El sistema, que siempre es perverso, reparte más o menos autocensura según la necesidad. Procura que la protesta sea escasa y sin hinchas. Cuando se le descontrola demasiado por su gusto, es cuando se abraza a la herramienta que tiene más a mano y que no pide ningún esfuerzo intelectual: la violencia. Lo extiende con muchos de sus tentáculos y es eficaz porque es absolutamente desequilibrada. Una violencia justifica la siguiente y la de más allá y nos deja huérfanos de argumentos y sobrados de víctimas. Aunque exista una mayoría en contra de la brutalidad, por encima habrá unos intereses que permitirán ejercerla a pesar de nuestra desesperación. Recuerde las protestas mundiales contra la guerra de Irak. Los líderes que la promovieron todavía se ríen ahora de nuestro pacifismo. Ellos no han cambiado de postura, ni los ha hecho falta. ¿Pero qué hacemos con la nuestra?

"Ahora que somos juntos / Diré lo que tú y yo sabemos / Y que a menudo olvidamos" cantará siempre Raimon. De todo lo dicho sobre la carta de Pedro Sánchez publicada en las redes sociales, me quedo con un tuit del jueves de unos de los afectados por la causa contra los indignados del 15-M, tras el mal llamado cerco al Parlament . El cerco real, a criterio del abajo firmante, eran aquellos presupuestos que pasaban la sierra eléctrica de los recortes por una sanidad, una educación y unos servicios públicos que aún hoy pagan sus consecuencias y que no tenían ninguna responsabilidad en la crisis financiero-especulativa. El consejero de Interior del momento lucía, a veces, de forma macabra, un bate de béisbol. El pedagógico mensaje del ex joven indignado –que hoy es menos joven, pero mucho más indignado– iba educadamente dirigido al PSOE, a una parte del independentismo y al mundo de Podemos. Era un brevísimo recordatorio donde sostenía, en carne propia, que el barro judicial y el estercolero represivo no empezó con ninguno ni tampoco con él. Recuerden el caso, porque son ocho jóvenes condenados en prisión y once años de castigo informal, que acabarían en nada y de la forma más agónica. Porque el gobierno más progresista de la historia nunca movió ninguna pieza desde 2018. Todo se cerró de repente en mayo de 2022 por prescripción de la pena y el retraso en la resolución de un indulto que nunca llegó. Y a casa, después de cuatro mil días de tensa espera cotidiana.

La entrevista de Núria Orriols en el magistrado de la Audiencia de Barcelona Josep Antoni Rodríguez que hemos publicado este lunes es reconfortante. De tanto dar por supuesto que en las cloacas del Estado campan ratas que mordisquean nuestras vidas, inmunes a la higiene de la ley, corremos el riesgo de olvidar qué significa vivir en democracia.

“Yo he estado cerca de las cloacas porque he olido la mierda que había”. La frase la pronuncia Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como el pequeño Nicolás. Es el chico que, en plena adolescencia, supo inmiscuirse en la estructura del Partido Popular como un simple ayudante y acabó convirtiéndose en un proporcionador y negociador a la sombra de altos cargos y los servicios secretos para hacer el trabajo sucio. Los detalles de todo ello los encontraréis en (P)ícaro, que Netflix acaba de estrenar. La serie documental, de tres capítulos, apela con el título a la tradicional picaresca española, la figura del personaje insignificante que se las ingenia para vivir cerca del poder y subir en la escalera social. El juego con los paréntesis sirve para hacer referencia a la figura mitológica de Ícaro, a quien se le deshicieron las alas por volar demasiado arriba y acercarse al sol en exceso pese a las advertencias.

Oyes que en un acto del PP gritan contra el terrorismo, pero resulta que no están condenando a ETA, ni al terrorismo islamista, ni al de estado, sino que están hablando del Procés. Lees que un juez está trabajando para imputar un delito de alta traición por injerencia de Putin y la trama rusa en general, y también están hablando del Procés.

"Todas las herramientas que se utilicen para defender el Estado me parecen bien". Esta semana lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, pero en los últimos años se han expresado en términos similares dirigentes del PP, Ciudadanos y Vox. También alguno ligero de lengua del PSOE o del PSC. De este modo, con una exhibición de cinismo que convierte a los verdaderos demócratas en ilusos, el núcleo duro de la política española justifica que el gobierno central, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, los jueces y los medios afines conspiren, de forma clandestina y posiblemente ilegal, para perjudicar a sus adversarios -en este caso, independentistas catalanes-. Alterar informaciones, inventarse delitos, pinchar teléfonos o directamente espiar, con la ayuda de infiltrados, son algunas de las fórmulas que el Estado (sin conocimiento del poder legislativo) podría haber utilizado para "defenderse" de ciudadanos inocentes, y esto, en este singular estado de derecho llamado España, se reivindica con la misma soltura con la que en los años ochenta muchos justificaban la guerra sucia contra el terrorismo. Aunque cualquier comparación en este terreno sea absurda, como saben, mejor que nadie, las víctimas de ETA.

Hoy he comparecido, por videoconferencia, en la comisión de investigación del Parlament de Catalunya sobre el espionaje a representantes políticos a través de Pegasus y Candiru. Ha sido una buena ocasión para, respondiendo a las preguntas de los representantes de la ciudadanía catalana que han querido participar en la comisión, abordar algunos de los grandes problemas que aquejan a nuestro dañado sistema democrático.

Desde hace más de una década, la democracia española ha dado muchas muestras de que no supera con éxito la prueba del algodón. Si lo frotamos por encima de las reglas más elementales del estado de derecho, sin duda que saldrá enmascarado. El rosario de escándalos que hemos vivido es inacabable, pero quizás es aún más escandaloso ver que quedan impunes y justificados los abusos de poder que se han cometido por parte de los aparatos del Estado a la hora de perseguir a enemigos y adversarios. Nos hemos acostumbrado al escándalo por agotamiento y nos hemos acostumbrado a la impunidad ante la impotencia que supone ver cómo todo se tapa, minimiza o cambia.

1. Operación Catalunya. El expresidente valenciano Ximo Puig decía, en el ARA, que la operación Catalunya es "lo más grave que ha pasado en democracia". Y Pedro Sánchez añadía: “Como no se une a España es con recortes, corrupción y la guerra sucia de Rajoy”. Ahora veremos en qué queda todo esto. Los papeles comienzan a estar sobre la mesa, resultado de varias investigaciones (y filtraciones) periodísticas y no fruto de actuaciones ordenadas de los poderes del Estado. Documentan una verdadera guerra sucia, en tiempos de Rajoy y del inefable Fernández Díaz, el hombre que considera que en nombre de Dios todo le está permitido.

El PSOE ahora se pone las manos en la cabeza con la operación Catalunya como no lo había hecho antes, pese a que la retahíla de pruebas de la existencia de la policía política se remonta a muchos años atrás. La publicación esta semana de notas informativas de José Manuel Villarejo en La Vanguardia y Eldiario.es, la mayoría de las cuales con contenido ya difundido anteriormente en audios y agendas del excomisario, así como del supuesto conocimiento de Mariano Rajoy de la guerra sucia –aunque no existen pruebas–, ha provocado un cambio de posición en los socialistas. Bautizan el caso como "el Watergate del PP", en referencia al escándalo de escuchas del expresidente estadounidense Richard Nixon en los años 70 y que acabó provocando su dimisión. Fuentes de Ferraz reclaman ahora "investigaciones judiciales inmediatas" sobre la operación Catalunya.

Intenté seguir el debate en el Parlamento Europeo, forzado por las derechas espanyolistas, sobre las amenazas al estado de derecho que alegan. No sé si Europa los mira –porque la historia todo le da la vuelta, el marketing todo lo zampa y los tiempos líquidos todo lo giran–. En cualquier caso, en las últimas semanas hemos visto de todo y todo lo contrario. El PP recurriendo a la internacionalización del conflicto ante la UE, Feijóo reclamando poner las urnas, la extrema derecha bramando «las calles serán siempre nuestras», Vox convocando una huelga general y el nacionalismo inquisitorial de estado preocupado por la calidad democrática, el estado de derecho y la independencia judicial. Vivir para ver. Sería para reír si no fuera que llora. Síntesis: la típica dictadura a la que vas a un plató televisivo en prime time a denunciar que vives bajo una tiranía y ve que al día siguiente no te pasa nada. Y sigues siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pobre Berlanga.

Los periodistas Ferran Casas (Barcelona, 1977) y Joan Rusiñol (Tona, 1979), ambos con pasado en el ARA y actualmente en Nació Digital y Catalunya Ràdio respectivamente, reflexionan sobre el inmovilismo del Estado en el libro España no se toca (La Campana).

Hay un tema de Sabina que romantiza a tipos como Villarejo. Seguramente ustedes lo conocen; se llama El caso de la rubia platino. La canción tiene estrofas memorables: Yo era un huelebraguetas sin licencia / Quemado en la secreta por tenencia / Extorsión y líos de faldas / Estaba, como buen ex-policía / A sueldo de un pez gordo, que sabía / Cubrirse las espaldas.

El exjefe de la Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega ha denunciado este martes ante la Fiscalía al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo a raíz de la operación Catalunya. La denuncia, firmada por el abogado Jordi Pina y que también se dirige contra el exsecretario de estado de Seguridad Francisco Martínez, los acusa de presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación y revelación de secretos. El documento hace referencia a las informaciones y audios publicados últimamente en varios medios sobre la operación Catalunya. Una trama que, según la denuncia, consistía en "obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, extorsionar y/o desprestigiar a personas que eran cercanas o estaban vinculadas con el movimiento independentista catalán".

Al Reino de España las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no le hacen ni frío ni calor. Cada vez que el Tribunal de Estrasburgo condena al Estado por una vulneración de derechos fundamentales se produce un tipo de apagón informativo, de forma que el hecho pasa desapercibido para la gran mayoría de la gente. Contrariamente a lo que sería esperable de una democracia plena (sic), el estado español no cree que tenga nada que mejorar cuando la más alta instancia europea pone de manifiesto que su sistema judicial ha vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos.