La Comisión Europea (CE) ha anunciado una multa de 500 millones de euros a Apple y otra de 200 millones a Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) por infringir la ley de mercados digitales (DMA) europea, que entró en vigor en marzo del 2024. Las sanciones llegan en plena guerra comercial entre Estados Unidos y el resto.

El régimen sancionador de la ley de vivienda es uno de los compromisos que el PSC adquirió con los comunes a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Cinco meses después de convertirse en el jefe de Gobierno, se ha cumplido esta condición sine qua non dentro del plazo que los comunes habían puesto, que terminaba a finales de enero, y que debía permitir negociar los presupuestos –aunque ERC se ha descolgado y el ejecutivo ya asume que este año no habrá presupuestos–. Lo ha anunciado la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa este lunes por la tarde después de celebrar una reunión en la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica con la titular del Departamento y también portavoz del ejecutivo , Silvia Paneque. Se han pactado nuevas multas "muy graves" de entre 90.000 y 900.000 euros para aquellos propietarios que esquiven de forma flagrante el tope en el alquiler que fija la ley.

Que los ciberdelincuentes intentan estafar a la gente mediante llamadas, correos electrónicos, notificaciones o SMS no es nada nuevo, pero cada cierto tiempo aparecen ciberataques que afectan a determinados usuarios. Por ejemplo, hace unos meses sufrió un grave ataque de filtración de datos al Hospital Clínic, y ya hace un tiempo que este tipo de ransomware está en auge en Cataluña.

Hace 8 años las carreteras francesas pasaron a estar controladas por un nuevo elemento: los radares autónomos. Se trata de un tipo de dispositivo móvil que está equipado con ruedas retráctiles y control remoto, y que puede operar de forma autónoma durante un máximo de 10 días sin tener que estar controlado por un agente a pocos metros.

Esta mañana se ha sabido que Shakira no iniciará el proceso judicial que debía definir cuál era su residencia fiscal. Pero sacudirse de encima el juicio tiene un precio. En el caso de la artista colombiana, el pacto de conformidad se concreta en una multa de 7,4 millones de euros por seis delitos fiscales entre los ejercicios 2012 y 2014. Hay que tener en cuenta que la cifra de la multa está condicionada por el atenuante de haber pagado ya 17,2 millones de euros antes del inicio de la vista por un fraude fiscal de 14,5 millones de euros.

Un tercio de los municipios que dependen de las cuencas internas del país se saltan los límites de consumo de agua que fijan las restricciones por la sequía. Lo advertía el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, a las puertas del verano. La situación cada vez más dramática por la falta de lluvias ha hecho que el Govern endurezca la vigilancia sobre los ayuntamientos y ya haya activado los avisos de posibles sanciones si no reducen el consumo. Esto obliga a los entes locales a hacer lo mismo sobre los consumidores finales (particulares o empresas) y vigilar mucho más de cerca todos los contadores. Muchos no tenían hasta ahora herramientas ni para sancionar ni para vigilar qué gastaban sus vecinos, pero a partir de ahora esto ya no será excusa: la Generalitat les ha enviado a todos una ordenanza modelo que contempla multas de hasta 3.000 euros para los consumidores incumplidores. El texto, al que ha tenido acceso el ARA, es una normativa marco que podrán aprobar los plenos y poner en marcha en los próximos meses.

Noemí todavía digiere lo que le pasó la noche de lunes a martes mientras volvía a casa del teatro. "Circulaba con el coche por la C-58 hacia Terrassa, venía de Barcelona y un coche de los Mossos me hizo parar para multarme, porque iba conduciendo por el carril del medio", explica al ARA por teléfono. Hasta aquí todo normal. Ella indicó a los agentes que circulaba por el carril central porque hacía poco que había adelantado a una furgoneta y se había mantenido en este porque, a esas horas y sin nadie más en la autopista, se sentía "más segura". Ellos le respondieron, dice, que no se puede conducir por el carril del medio, aunque no haya más coches en la carretera y le pusieron una multa. "Cuando me la dieron en mano la cogí les dije que de acuerdo, y añadí: «Realmente, tenéis poco trabajo», y supongo que este comentario, que lo hice educadamente, les sentó fatal", relata Noemí. Eran las 23.52 h. Le ordenaron que retomara la marcha y ella volvió a incorporarse a la circulación.

Aparcar mal y que la grúa municipal retire tu vehículo no cuesta lo mismo en todas partes, y Barcelona sale especialmente perjudicada de esta comparativa. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha detectado diferencias de hasta el 300% en este servicio municipal, que incluye la retirada con la grúa y la custodia del vehículo durante 25 horas. La ciudad más cara es Zaragoza, donde la tarifa llega a los 205,35 euros, y la segunda ya es Barcelona, con 198 euros, que cuadruplican los precios de las ciudades más baratas, como los 54,84 de Ávila o los 50,88 euros de Melilla. De media este servicio cuesta 117 euros en España. A este importe hay que sumar la multa por haber estacionado mal el vehículo, que en caso de ser solo leve cuesta 90 euros (con una reducción del 50% si se paga antes de veinte días).

Una lección de la pandemia será que habrá que revisar la cobertura legal de las medidas que se aplican para contener el virus. Primero fue el Tribunal Constitucional, que tumbó el confinamiento domiciliario y por eso las administraciones anunciaron la devolución de las multas del primer estado de alarma –el departamento de Interior ya hace meses que devuelve el dinero con intereses de las que pusieron los Mossos d'Esquadra–. Pero las sanciones por incumplir las restricciones anticovid después del primer estado de alarma, desde junio de 2020 hasta ahora, también están en cuestión, al menos las del Ayuntamiento de Barcelona –las denunciadas por la Guardia Urbana–. Así lo piensa un juez de la ciudad, que ha anulado una multa de 100 euros por no llevar la mascarilla por la falta de descripción de la infracción y porque pone en entredicho las competencias del consistorio. Este último extremo, sin embargo, abre un debate sin consenso.

Hace más de una semana que el departamento de Interior activó la devolución de las multas del primer estado de alarma, que se pusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020. Son más de 24.000 sanciones que se habían pagado y que ahora se pueden reclamar porque el Tribunal Constitucional (TC) tumbó el confinamiento domiciliario. Pero más allá de esto, las sanciones por incumplir las medidas anticovid han continuado y en este caso el departamento de Salud ya ha puesto casi 195.000 denuncias desde junio de 2020. La multa más habitual, que supone el 41% de las que se han tramitado en el último año y medio, es por no llevar la mascarilla. El 20% son por haber incumplido una orden de confinamiento comarcal o municipal y el 14%, por saltarse el toque de queda.

Las personas que recibieron una sanción por infracciones cometidas durante el primer estado de alarma ya pueden reclamar que se les devuelva el dinero. Se trata de los miles de multas que suman más de 4,6 millones de euros y que se pusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio del 2020, durante la primera oleada de la pandemia por covid-19 que comportó el confinamiento domiciliario más estricto y las restricciones de movilidad más duras amparándose en la declaración del estado de alarma que el Tribunal Constitucional tumbó este mes de julio pasado.

El Govern prevé devolver este enero los 4,6 millones de euros correspondientes a las 24.295 multas impuestas, tramitadas y pagadas por incumplimiento del primer estado de alarma, el del confinamiento. El departamento de Interior los devolverá a medida que los ciudadanos afectados llenen un formulario que se prevé activar antes de Navidad. La operación, que adelantamos en el ARA, está pendiente del gabinete jurídico e incluye un factor que Interior descarta, pero no así los expertos: el posible pago de intereses de demora. El método elegido para devolver el importe de las multas pagadas (apenas el 17% de las tramitadas) trata de responder a una de las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de julio que anulaba el artículo del decreto de estado de alarma referido al confinamiento.

Cuando hace más de 20 meses el covid se extendía como un virus desconocido que obligaba a encerrarse en casa, el gobierno español recurrió al primer estado de alarma para imponer las medidas más duras de la pandemia. Pero en verano el Tribunal Constitucional tumbó ese confinamiento domiciliario, y por eso ahora se tienen que devolver los miles de multas que se pusieron por saltarse las restricciones. Hace un mes el departamento de Interior se comprometió a hacer la devolución del dinero, y el secretario general, Oriol Amorós, explica al ARA que se prevé que el proceso empiece dentro de pocos días.

El departamento de Interior devolverá las 23.000 multas que ya había cobrado del primer estado de alarma. El conseller Joan Ignasi Elena ha anunciado que la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el confinamiento domiciliario pone “muy difícil” mantenerlas. A pesar de que también lo ve injusto, “porque ha habido incumplimientos de las personas” de las restricciones del covid, ha asegurado que la sentencia es “muy tajante”. El gobierno español ordenó el viernes devolver las multas del primer estado de alarma. Pero Elena, en una entrevista a TV3, ha admitido que era un proceso que “tiene complejidad”, motivo por el cual “ahora mismo se trabaja para ver como se gestiona”.

El primer fin de semana en el que se permitía la movilidad entre comarcas con una única burbuja de convivencia se ha cerrado con casi el doble de multas por desplazamientos dentro de Catalunya. Si el fin de semana anterior, entre el 12 y el 14 de marzo, se pusieron unas 600 denuncias por incumplir las restricciones de movilidad, este, entre el 19 y el 21 de marzo, se han puesto más de mil –unas 1.100–, según los datos de los Mossos d'Esquadra. Pero mientras aumentaban las sanciones por desplazarse, las multas a la restauración y por el toque de queda disminuían. Un hecho que indica que al final las cifras dependen del punto donde la policía pone el foco.

Un año después de la pandemia, la gestión de las multas por incumplir las medidas contra el covid sigue en un callejón sin salida en Catalunya. Si hace dos meses el ARA explicaba que hasta mediados de enero el departamento de Interior había cobrado el 5% de las sanciones del primer estado de alarma –las puestas entre marzo y el junio del año pasado–, lo que ha venido después es anecdótico. Salud, que desde finales de junio ha asumido la gestión de las denuncias por saltarse las restricciones, solo ha cobrado 150 multas, el 0,16% de las recibidas desde el verano y hasta mediados de febrero. En este periodo, el departamento ha tramitado menos del 2% de las sanciones –1.635– de las 92.032 que le han llegado.