Cuando Ferrovial anunció que quería salir de España, Nadia Calviño, entonces ministra de Economía, cargó contra la decisión argumentando, entre otras cosas, que si la constructora de Rafael del Pino había crecido tanto era "gracias a la obra pública ya la contribución de cada uno de los españoles durante décadas". Sin embargo, Ferrovial no es la excepción. Todas las grandes constructoras españolas se han hecho mayores a la sombra de la contratación pública, incluyendo a Acciona, la multinacional fundada y controlada por la familia Entrecanales (tiene un 55,12% del capital social) y que desde esta semana vuelve a estar en el epicentro del huracán del caso Cerdán, lo que le ha costado casi un 7% del valor en bolsa en los últimos cinco días.

Las novedades en torno al caso Cerdán se han multiplicado en las últimas horas. El motivo es que el juez que investiga la presunta trama de corrupción en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, levantó este martes el secreto de sumario de el último informe de la Guardia Civil, que aprieta el cerco sobre el ex número tres del PSOE. La importancia que el magistrado da a las pruebas recogidas y el hecho de que haya desaparecido el riesgo de que se destruyan le han llevado incluso a poner en libertad provisional Santos Cerdán, encerrado en Soto del Real desde hace más de cuatro meses.

La corrupción sigue amenazando al gobierno de Pedro Sánchez. La Guardia Civil ha elaborado un informe en el que Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, aparece como el enlace entre el gobierno español (concretamente del ministro Ábalos, que era el de Transportes) y la empresa constructora Acciona.

La Guardia Civil y el Tribunal Supremo avanzan en la investigación del caso Cerdán. Mientras el exsecretario de Organización del PSOE lleva casi cinco meses en prisión de Soto del Real, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) le sitúa como "enlace" entre el ministerio de Transportes y Acciona, la constructora presuntamente implicada en adjudicaciones irregulares de obras públicas. Como "contraprestación", él o su entorno obtenían un "lucro personal" procedente de Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán (según UCO, compró el 45%, una versión cuya defensa niega), que tenía un estrecho vínculo económico con Acciona. El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso el ARA, fue el detonante de los registros de la semana pasada en diferentes sedes de Acciona y de la imputación de tres directivos vinculados a la compañía, que han sido citados a declarar el próximo 3 de diciembre.

Primer movimiento importante en Acciona después de que su nombre haya aparecido en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del llamado caso Cerdán y que involucra al hasta ahora número tres del PSOE, Santos Cerdán; el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, en una trama por cobrar, presuntamente, comisiones ilegales. La constructora que preside José Manuel Entrecanales ha informado del cese del máximo responsable del área de Construcción en España, Justo Vicente Pelegrini, así como de la resolución de los contratos vigentes con la empresa Servinabar 2000, que aparece también en el informe de la UCO.

Acciona, la multinacional creada y controlada por la familia Entrecanales, ha estado en el punto de mira desde este miércoles por su aparición en el informe de la UCO sobre el caso Cerdán. En concreto, los focos se han puesto sobre el negocio de Acciona que se dedica a la construcción; presuntamente, la trama formada por Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán recibía comisiones ilegales a cambio de favorecer que la compañía ganara contratos de obra pública.

Desde hace cinco años la Silence S01, una motocicleta que se fabrica en la planta de la marca en Zona Franca, en una parte de las antiguas instalaciones de Nissan, es la moto eléctrica más vendida de Europa. Ahora la marca de movilidad de Acciona quiere ir más allá con una serie de novedades mecánicas y estructurales de su producto estrella con las que quiere seguir liderando el segmento de las motocicletas eléctricas en el continente.

El Govern y Acciona han cerrado finalmente el acuerdo para poner punto y final al conflicto abierto por la fallida privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), según ha avanzado este viernes La Vanguardia y ha podido confirmar el ARA de fuentes del Govern. Así, la Generalitat pagará a la constructora controlada por la familia Entrecanales algo más de 100 millones de euros (de los que 95 millones son la indemnización y unos 8 millones los intereses).

La Generalitat y la compañía Acciona están negociando para cerrar definitivamente el conflicto por la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), según ha avanzado este jueves La Vanguardia y han confirmado al ARA fuentes del Govern. La negociación se centra en cuánto debería pagar el Gobierno a la empresa por el lucro cesante.