Déjenme empezar por una noticia que no debería serlo, pero entenderán enseguida por qué abro el análisis con ella: 50 días después del accidente mortal de Gelida, esta mañana han circulado trenes entre Ripoll y la Garriga. De momento habrá un convoy por sentido cada hora y con limitaciones de velocidad en los tramos donde todavía existen riesgos, por lo que se mantendrá el servicio alternativo por carretera que ha habido en el último mes y medio. Aplausos, y hasta ahí las alegrías.

Ayer le pregunté a un negociador de la mesa PSC-ERC cómo acabará el duelo Illa-Junqueras y me dijo: "estamos hablando…, pero es difícil que se llegue a un acuerdo."

Nueva Izquierda Nacional perdió la batalla por liderar ERC contra Oriol Junqueras, pero no da la guerra por perdida. Los críticos con la nueva dirección se arremangan de cara a la definición de la hoja de ruta del partido, que se debatirá y aprobará en el congreso del 15 y el 16 de marzo. Después de haberse desmarcado de los equipos de la dirección que redactarán las ponencias, los de Xavier Godàs y Alba Camps ya se conjuran para incidir en los nuevos documentos del partido a través de las enmiendas. Y una de ellas podría alterar los planes de la nueva dirección: Nova Esquerra Nacional quiere modificar los estatutos para que quien ocupe presidencia y la secretaría general del partido no pueda presentarse a las elecciones. y, aún más importante, impediría que Junqueras se presentara como candidato a la Generalitat, si finalmente fuera amnistiado o indultado.

La malversación y el terrorismo vinculados al Proceso podrían terminar en Europa. La Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se plantean llevar la amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por los casos de los CDR investigados por terrorismo y lo que afecta a Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga. Jové y Salvadó están acusados ​​de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por los preparativos del referéndum del 1-O (Garriga sólo por el de desobediencia) y el juez considera que se les podría aplicar la ley de amnistía, pero prefiere antes preguntar a tribunales superiores su encaje legal. De este modo, el magistrado ha pedido a las partes que se pronuncien sobre si es necesario presentar una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Jesús María Barrientos se desmarca así del movimiento que hizo el juez Manuel Marchena en la causa del 1-O en el Tribunal Supremo, cuando descartó la amnistía para los condenados por malversación, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Lo que no había forzado a la amnistía lo han hecho las elecciones del 12 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aplazado el juicio por el 1-O contra los dirigentes republicanos Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la ahora consejera de Cultura, Natàlia Garriga, para que no coincida con la campaña de las catalanas y los comicios. El juicio, fijado por el día 10 de abril y con vistas previstas hasta el 29 de mayo, queda pues aplazado y en breve se fijará una fecha que vaya más allá de las urnas.

Vistos los antecedentes, había que ser muy confiado para creer que el Supremo facilitaría dejar en nada la respuesta penal al Procés. No lo hizo cuando dictó sentencia condenando a los principales dirigentes independentistas por los delitos de sedición y malversación, y tampoco lo hizo más tarde, cuando el gobierno de Pedro Sánchez se decidió a indultarlos. El informe negativo que los magistrados de la sala de lo penal elaboraron entonces ya impidió que las medidas de gracia pudieran incluir la malversación. El indulto, por lo tanto, ya tuvo que ser parcial, conservando intacto el reproche del mal uso de los fondos públicos. Y el intento de quitar ahora esta piedra del zapato de los principales líderes del Procés ha resultado, como se podía prever, infructuoso.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha cerrado la instrucción de la causa contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por los preparativos del 1-O. El caso se había empezado a instruir en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona aprovechando la excusa de las declaraciones del juez Santi Vidal, pero por la condición de aforados de los dos diputados de ERC, la causa pasó a manos de la sala de lo civil y penal del TSJC. Hace más de un año que la juez procesó a los dos ex altos cargos del departamento de Economía por los delitos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos y desobediencia.