El president Pujol ha pasado una noche tranquila y está estable, después de que este fin de semana hubiera tenido que ser ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona.

Movimientos de la defensa de Carles Puigdemont para acelerar la aplicación de la amnistía para que el expresidente pueda regresar a Catalunya. La defensa del líder de Junts pidió este lunes, a través de un escrito de alegaciones al Tribunal Constitucional, que aplique de forma "urgente y preferente" la ley, según avanzó El Mundo y ha confirmado el ARA, considerando la resolución favorable sobre la ley del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado jueves. El aval fue en gran parte de la ley de amnistía, incluso en la aplicación para casos de terrorismo y malversación, y negando que afectara a intereses de la UE.

El independentismo se anotó un punto en su batalla jurídica contra la judicatura española cuando, en el 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) admitió la posibilidad de denegar una euroorden en circunstancias muy concretas: según declaró el Tribunal de Luxemburgo, un juez puede negarse a la entrega ante indicios de "deficiencias generalizadas" del sistema judicial y riesgo de persecución contra personas de un determinado colectivo.

El abogado del expresidente Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, atiende al ARA un año después de la aprobación de la ley de amnistía, en la que tuvo un papel clave.

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha defendido la inocencia este lunes en el juicio en el que está acusado de presunto blanqueo de capitales y falsedad documental vinculado al narcotráfico. La Fiscalía pide para él 9 años y 9 meses de cárcel por formar parte supuestamente de una red liderada por el gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, que importaría droga a España proveniente de América Latina. "Cada vez que demuestro algo me lo cambian por otro", se quejó Boye al término del interrogatorio, en el que sólo respondió a las preguntas de su defensa.

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, se sienta desde este lunes en el banquillo junto al histórico narco gallego Sito Miñanco por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de drogas. En la Audiencia Nacional se ha empezado a juzgar un caso que se remonta a 2017, cuando la policía requisó 889.620 euros en el aeropuerto de Barajas a supuestos miembros de la banda de Miñanco, cliente de Boye, cuando intentaban pasarlos hacia Colombia. "Estamos ante una acusación especulativa", criticó en declaraciones a los medios tras la primera sesión. La Fiscalía pide para el letrado de Puigdemont 9 años y 9 meses de cárcel y una multa de 2,7 millones de euros. Boye defiende su inocencia y asegura que es perseguido por desempeñar su trabajo como abogado y por sus vínculos con el independentismo.

Gonzalo Boye no es un abogado convencional. Nacido en Chile en 1965, en Viña del Mar, entró en la carrera de letrado de forma heterodoxa: tras ser condenado en prisión por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, cuyo caso siempre ha reivindicado la su inocencia, se sacó la carrera entre rejas y paulatinamente se fue forjando la imagen de abogado rebelde, antisistema. La acusación popular de los juicios del 11-M, los papeles de Bárcenas, la querella contra los seis principales asesores jurídicos de George Bush por la existencia de Guantánamo o la acusación contra el ejército israelí por los bombardeos en Palestina son sólo algunas de las causas que se destacan en el nuevo documental sobre él, Gonzalo Boye, el enemigo público, cuando se retrata su trayectoria. Éstas y, sobre todo, una última, la defensa del expresidente en el exilio Carles Puigdemont: "Sin él este documental no existiría".

Volverá septiembre y barnizará los pámpulos de los viñedos y la lista de las obligaciones pendientes volverá a hacerse muy presente sobre la mesa o en la pantalla de inicio del ordenador. Este año no podremos decir que agosto ha sido un desierto de noticias porque las guerras interpelan los límites del sufrimiento soportable; porque la extrema derecha inglesa ha intentado una revuelta racial en las periferias de las ciudades de un Reino Unido que estrenaba gobierno laborista; y porque las elecciones de noviembre en Estados Unidos no parecen trumpistamente e inevitablemente decantadas.

¿Dónde está Carles Puigdemont? Ésta es una pregunta que desde este jueves por la mañana, después de que pronunciara un discurso de cinco minutos en Barcelona y desapareciera, se mantiene sin respuesta. Este viernes por la noche el expresidente ha asegurado que estaba en Bélgica: "Hoy estoy en Waterloo después de unos días extremadamente difíciles", ha dicho en sus redes sociales sin acompañarlo de ninguna prueba. Por la mañana, Jordi Turull también afirmó que Puigdemont estaba yendo hacia Bélgica. "No descarto que este señor esté en Barcelona", aseveró, en cambio, el jefe de los Mossos, Eduard Sallent, tras las palabras de Turull. El comisario ha dicho que no se creía las palabras de una persona que había colaborado en la fuga. Y "el hoy estoy en Waterloo" de Puigdemont tampoco ha hecho cambiar de parecer a la policía: fuentes implicadas directamente en la búsqueda del líder de Junts afirman que hasta que no tengan una prueba objetiva que demuestre que no está en Catalunya no le dejarán de buscar.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, así como su abogado, Gonzalo Boye, y el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, han presentado este martes una querella por los delitos de prevaricación y malversación contra el magistrado Joaquín Aguirre, el juez que instruye el caso Volhov. Todo después de que Aguirre moviera ficha de nuevo y abre una pieza separada del caso Volhov e implicara a Puigdemont, Boye y Alay, además de una decena de ex altos cargos de la Generalitat y colaboradores del expresidente, entre ellos el expresident Artur Mas, imputándoles un delito de alta traición, supuesto que no incluye la ley de amnistía. En el escrito de 39 páginas presentado ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al que ha tenido acceso el ARA, los demandantes piden apartar cautelarmente al magistrado de la investigación.

Con la amnistía ya en vigor, el juez Joaquín Aguirre mueve ficha de nuevo para implicar al expresidente Carles Puigdemont y también al expresidente Artur Mas en la llamada trama rusa del Proceso imputándoles por traición. Un movimiento que busca complicarles la amnistía, ya que este delito está excluido de ellos en determinados supuestos. Ahora bien, el juez va más allá porque implica también al entorno directo de Puigdemont en esta investigación: su abogado, Gonzalo Boye; su jefe de la oficina de expresidente, Josep Lluís Alay; la exconsejera Elsa Artadi, al tiempo que amistades del líder de Junts que hasta ahora habían sido ajenas a causas judiciales, como el periodista Carles Porta o el empresario gerundense Miquel Casals. También constan en el auto, al que ha tenido acceso el ARA, Natalia Boronat, Zeus Borrell y Aleksander Dmitrenko, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que cree que ejerció influencia en la supuesta trama tanto cuando estaba en la Generalitat como cuando salió.

Corría abril del 2018 y Carles Puigdemont se sentaba en Berlín en una cafetería de un hotel con Gonzalo Boye e Isabel Elbal. La pareja de abogados le esboza los siguientes pasos a seguir –ya le habían detenido un mes antes en Alemania– cuando el expresident levanta la vista y pregunta:

El resurgimiento de la supuesta trama rusa del Procés coincidiendo con el tramo final de negociaciones de la ley de amnistía ha tenido esta semana consecuencias políticas fuera de las fronteras españolas. El Parlamento Europeo ha instado a investigar las relaciones de la Generalitat con Rusia, que "preocupan" a la Eurocámara por la posible injerencia del Kremlin en Europa. Lo cierto es que ya hay una investigación en curso: la comandada por el juez Joaquín Aguirre desde Barcelona y que deriva de una instrucción abierta en el 2018 para investigar si se desviaron dinero de la Diputación de Barcelona para pagar la estancia expresidente Carles Puigdemont en Waterloo.

No hay abogado más influyente ahora mismo en política. Gonzalo Boye es uno de los artífices de la ley de amnistía y, en consecuencia, una de las personas que desde fuera de Junts per Catalunya ha influido más en el giro del partido para investir a Pedro Sánchez. No sólo porque ha sido uno de los principales negociadores, desde el punto de vista técnico, sino porque hace meses, incluso antes de las elecciones españolas del 23 de julio, que trabajaba en el escenario de un posible olvido judicial, sobre todo ante la posibilidad de que la justicia europea no garantizase la inmunidad en Puigdemont. Ahora bien, a lo largo de la negociación entre el PSOE y Junts, el abogado no siempre ha dado su visto bueno a las distintas versiones del articulado que se han ido produciendo y su influencia ha ido variando en función del momento. Por eso, más allá de los movimientos de los jueces de Tsunami y Volhov, que Junts ha cambiado de criterio en las últimas semanas.

En las últimas horas ha aparecido un obstáculo en la investidura de Pedro Sánchez que no es menor: Junts no ve bien el pacto al considerar que no existen garantías de que la amnistía englobe todas las causas del Procés. Ahora bien, ¿cuáles son las causas del Procés? Este es el quid de la cuestión y es lo que ahora mismo impide que haya un consenso entre socialistas, republicanos y Junts, que quiere ampliar el perímetro de la amnistía. "No dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para vips", aseguraba este viernes el secretario general de JxCat, Jordi Turull, en un mensaje enviado a la ejecutiva del partido. Ahora bien, el PSOE echa el freno, pues cree que según se plasme en la ley de amnistía no pasará el filtro del Tribunal Constitucional, imprescindible para ellos para sacar adelante el acuerdo. A continuación desgranamos causas que quedan en el perímetro de la amnistía, unas más discutidas que otras, que desde Junts consideran "contaminadas" por el Procés:

Josep Miquel Arenas Beltran, más conocido como Valtònyc, vuelve del exilio. Este sábado a primera hora de la mañana ha sorprendido con el anuncio en su cuenta de X (antiguamente Twitter) tras pasar cinco años y medio en Bélgica: condenado por injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas por las letras de sus canciones, se marchó en 2018 a Bruselas para evitar una condena de prisión de tres años y medio. Fue allí donde se encontró con los ex consellers de la Generalitat también exiliados por el 1-O y con quienes estos años ha tejido un vínculo importante. Este sábado se ha hecho evidente: ha sido el ex president Carles Puigdemont quien ha cogido el coche en la madrugada para llevar a Valtònyc en dirección a España.

Las declaraciones del portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, tildando de "James Bond" y "señoritos" al entorno del expresident Carles Puigdemont por sus contactos rusos todavía traen cola. Este lunes el ex líder republicano en el Congreso Joan Tardà las ha ratificado en una entrevista en El Cafè de les Idees, de RNE y TV2 –"Agradecí la rotundidad de sus palabras", ha dicho–, y desde Junts per Catalunya han atribuido las declaraciones a la voluntad de "romper el Govern" para aliarse con el PSC. El portavoz de JxCat, Josep Rius, se ha preguntado en rueda de prensa si detrás de las palabras de los dos dirigentes republicanos hay una "voluntad constructiva" o "tratar de romper el gobierno con el apoyo de los socialistas".

El New York Times publica este viernes un extenso reportaje sobre presuntos vínculos del jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, y el abogado del expresident, Gonzalo Boye, con Rusia. Explica una serie de viajes a este país en 2019 y en 2020 y una serie de encuentros con personajes vinculados al Kremlin y a los servicios secretos rusos. Esta información, de la que también se hace eco El Periódico, es fruto de una larga investigación y bebe de informes "de inteligencia europeos" y de investigaciones de la Guardia Civil en la causa que hay en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, pilotado por Joaquín Aguirre, por la que el octubre del año pasado se detuvieron a 21 personas, entre las cuales a Alay.

¿El Tribunal de Cuentas tiene que pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder exigir una fianza al ex president Carles Puigdemont? Los consejeros del órgano fiscalizador creen que no y, en cambio, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, asegura que el ex president no tiene que pagar nada hasta que el Tribunal de Cuentas pida permiso a la Eurocámara. Este es el principal argumento de la defensa del ex president en un recurso presentado contra la resolución del organismo, que pide una fianza de más de 5,4 millones por la acción exterior del Govern. En el caso concreto de Puigdemont, son más de 2 millones de euros.