El juez Aguirre imputa a Puigdemont por alta traición por frenar la amnistía
Abre una nueva investigación en la que también investiga a Boye, Alay y el periodista Carles Porta, pese a que la Audiencia de Barcelona ordenó cerrar la instrucción
BarcelonaCon la amnistía ya en vigor, el juez Joaquín Aguirre mueve ficha de nuevo para implicar al expresidente Carles Puigdemont y también al expresidente Artur Mas en la llamada trama rusa del Proceso imputándoles por traición. Un movimiento que busca complicarles la amnistía, ya que este delito está excluido de ellos en determinados supuestos. Ahora bien, el juez va más allá porque implica también al entorno directo de Puigdemont en esta investigación: su abogado, Gonzalo Boye; su jefe de la oficina de expresidente, Josep Lluís Alay; la exconsejera Elsa Artadi, al tiempo que amistades del líder de Junts que hasta ahora habían sido ajenas a causas judiciales, como el periodista Carles Porta o el empresario gerundense Miquel Casals. También constan en el auto, al que ha tenido acceso el ARA, Natalia Boronat, Zeus Borrell y Aleksander Dmitrenko, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que cree que ejerció influencia en la supuesta trama tanto cuando estaba en la Generalitat como cuando salió.
Aguirre sigue investigando, pues, la trama rusa del Proceso a pesar de que recientemente laAudiencia de Barcelona le ordenó cerrar ya la instrucción y archivarla o enviarla a juicio. Una decisión del tribunal que le impedía, de hecho, investigar a Puigdemont por traición, porque no le había imputado durante la investigación, o llevar a juicio a Alay, ya que no le había tomado declaración todavía como investigado después de cuatro años de haber abierto el caso. Para driblar esta decisión de la Audiencia, Aguirre abre una nueva pieza separada sobre la trama rusa, a partir de una causa original, que no tiene que ver con Rusia y de la que salió toda la operación Volhov: la investigación sobre las subvenciones de la Diputación de Barcelona iniciada en 2016, en las que estaban investigados el exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas (también presente en la nueva investigación) y el diputado de Junts Francesc de Dalmases. Para investigar tanto a Puigdemont como a Dalmases, como que son diputados y aforados, Aguirre pide permiso al "superior competente", que puede ser el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o el Tribunal Supremo.
El abogado Gonzalo Boye ya ha reaccionado al movimiento de Aguirre: "Esto es un problema del estado de derecho", ha dicho a Por las mañanas de TV3. Se ha reafirmado en que está protagonizando una investigación "prospectiva contra el independentismo" desde hace nueve años y que pretende "saltarse" la decisión de la Audiencia de Barcelona y también "deslegitimar" las decisiones del poder legislativo , en alusión a la amnistía. "Lo que está haciendo es una malversación de fondos públicos", ha sentenciado Boye, quien ha dicho que Aguirre "no debería estar capacitado para ser juez". "A ciertas edades ya ciertas horas, los psicotrópicos son peligrosos. Producen delirios como éste", ha añadido el abogado en RAC1. El expresident Mas también respondió en un comunicado tildando de "febril" la tesis de Aguirre.
¿Qué dice la amnistía sobre el delito de traición? Como ocurre con el de malversación o el de terrorismo, aparece en el apartado de exclusiones en determinadas circunstancias. En ese caso, no quedaría amparado cuando "se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España". El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha subrayado desde Zaragoza que la norma es "clarísima en relación con los delitos de esta causa", y se ha mostrado convencido de que los jueces "aplicarán la literalidad y lo que quería el legislador" .
¿En qué se basa Aguirre?
En el auto, la tesis de Aguirre es que las personas implicadas habrían llevado a cabo "relaciones internacionales que tendrían como finalidad obtener apoyo internacional, ayuda económica, reconocimiento internacional y apoyo financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta república catalana escindida del Reino de España y, con ello, facilitar la injerencia extranjera en territorio español y el uso de fondos públicos destinados a financiar estas actividades”. Entre otras cosas, para argumentar la necesidad de esta investigación Aguirre cita las resoluciones de la Eurocámara promovidas por el PP, Ciutadans y Vox para investigar "ingerencias rusas" en Catalunya. Es más o menos la misma tesis que ha defendido desde hace años y que, en teoría, la Audiencia de Barcelona le dijo que no debía seguir investigando porque no estaba suficientemente justificada.
Hay que tener en cuenta que el delito de alta traición, que puede llegar a los veinte años de cárcel, está definido en el Código Penal como la "inducción a una potencia extranjera a declarar la guerra a España oa concertarse con ese mismo fin". Y, por este motivo, Aguirre dedica varias páginas de su auto a intentar encajar este redactado con lo que investiga sobre el Proceso. Afirma que el concepto de "guerra" del Código Penal ha quedado "obsoleto" y ha evolucionado desde la Segunda Guerra Mundial. "En el siglo XXI la guerra ya no es lo que era", dice, y añade: "En la última década, Rusia ha utilizado la confrontación informativa como herramienta para realizar operaciones de desestabilización". Obvia que precisamente Rusia está protagonizando una de las principales guerras –en el sentido tradicional de la palabra– en Ucrania.
Esta confrontación informativa sostiene que también se llevó a cabo en Cataluña y, por ello, recurre al delito de alta traición y al nuevo concepto "guerra híbrida". "Rusia contó con la cooperación de un elemento subversivo interno, que buscaba ansiosamente el apoyo de una potencia que le ayudara a pagar su deuda y le diera ayuda política en un momento clave para segregarse del estado español ", dice. En el nuevo auto también aprovecha para opinar sobre la causa de Tsunami Democrático, que se instruye en la Audiencia Nacional, y valora que la plataforma "podría calificarse como la sección terrorista de todo el entramado secesionista desarrollado por los investigados".
Cree que los investigados establecieron "contactos con individuos cercanos a la inteligencia rusa", y que la supuesta intervención de los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont "facilitó y reforzó considerablemente el proceso de injerencia rusa". Según la tesis de Aguirre, para Rusia el Proceso era "una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus propios objetivos contra Occidente", tanto si prosperaba como si no, porque le favorecía tanto un conflicto en un país de 'OTAN como un aliado en Europa. El juez cree que los investigados planeaban crear un sistema de criptomonedas que "burlaría los controles de las autoridades monetarias españolas y europeas".
