La Audiencia de Barcelona obliga al juez a poner fin a la instrucción de la trama rusa del Proceso

BarcelonaEl juez Joaquín Aguirre deberá poner punto y final a la instrucción de la supuesta trama rusa del Proceso. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Barcelona, ​​que ha estimado un recurso de la defensa del exconseller de ERC Xavier Vendrell, investigado en la causa, y ha dejado sin efectos toda la instrucción y las diligencias ordenadas desde el agosto de 2023, que quedan anuladas. La prórroga de seis meses decretada a contar desde entonces, explica la sala de magistrados, fue irregular porque el juez incumplió los requisitos legales para establecerla: no concretó por qué motivos necesitaba tirar de la investigación ni qué diligencias le quedaban pendientes. Son dos requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para evitar que las investigaciones se alarguen en el tiempo y se conviertan en prospectivas, como habían argumentado las defensas, y que el polémico titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona se saltó en una resolución genérica, que dictó justo después de regresar de las vacaciones de verano. "Ha finalizado, por tanto, el plazo de instrucción de la causa", expone la Audiencia de Barcelona, ​​que matiza que sí todavía pueden considerarse incluidas las diligencias que se acordaron dentro del plazo, pero que se recibieron en el juzgado más tarde. Exactamente lo mismo decide con la prórroga decretada en otra rama del caso, la que afecta a la recalificación de los terrenos de Villa Bugatti.

En esta causa se investigaba el supuesto contacto del entorno del expresidente Carles Puigdemont con personas vinculadas al régimen de Vladimir Putin para conseguir apoyos en la causa independentista. Todo empezó con los registros en la Diputación de Barcelona en el 2018 a raíz de la sospecha de que el ente supramunicipal pudo desviar fondos hacia Waterloo a través de subvenciones irregulares a entidades de la órbita soberanista, según la policía judicial. En 2019, el juez abre una pieza separada a partir de lo que la policía extrajo del móvil del exconvergente y presidente de la Fundación CATMón Víctor Terradellas, donde encontraron grabaciones de conversaciones con el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el empresario y exasesor convergente David Madí. Allí se hablaba de los famosos "10.000 soldados" que el Kremlin habría ofrecido al Gobierno antes de la declaración unilateral de independencia a cambio de que Catalunya impulsara una legislación procriptomonedas, unas palabras que el propio Vendrell y Madí cuestionaron ya en ese momento. Entre los investigados se encuentran también el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el informático Jaume Cabaní, que también están afectados por el caso Tsunami Democrático.

"Seis meses de inactividad"

La investigación de la supuesta trama rusa continuó su curso con nuevas detenciones en el 2020; los informes de la Guardia Civil sobre el material requisado llegaron en verano de 2022, y en 2023 los agentes entregaban al juez un último expediente sobre el contenido de un pendrive entregado por un testigo. La causa entró entonces en un punto muerto y, de hecho, la propia Audiencia de Barcelona reprocha a Aguirre que acordara una prórroga en agosto del 2023 tras "seis meses de completa inactividad".

En definitiva, concluyen los magistrados, Aguirre ya había "dispuesto de tiempo suficiente para el estudio, durante el plazo de instrucción y las prórrogas, de esta pieza separada", que ahora el instructor deberá decidir si envía a juicio o (contra todo pronóstico) archiva. No es el único toque de atención que los magistrados de la Audiencia hacen en el juzgado de instrucción: la sala también critica los errores en la tramitación del recurso de la defensa contra la prórroga (llegaron a enviar CD en blanco) y que han retrasado meses y meses su resolución. Ni la Fiscalía ni Vox, personado en la causa, se posicionaron sobre el recurso ante la Audiencia de Barcelona.

La situación de Puigdemont

Todo ello se produce pocos días antes de que la ley de amnistía entre en vigor, una vez que la norma se publique en el BOE, y que también debería afectar a todos los investigados por Volhov. En cualquier caso, el error de Aguirre le puede salir bien a la defensa de Puigdemont. Fuentes de las defensas consultadas por el ARA interpretan que la decisión de la Audiencia de Barcelona de liquidar la instrucción del caso deja fuera al expresidente y candidato de Junts a la Generalitat, a quien Aguirre trató de implicar en la causa a principios de este año haciendo planear sobre la causa la acusación de un posible delito de traición, excluido de la amnistía. El instructor la trató de reavivar entonces, coincidiendo con el tramo final de las negociaciones sobre la ley que debería permitir el regreso del expresidente, que ya ha anunciado que quiere someterse a un debate de investidura para volver a la Generalitat . El archivo de Volhov le facilitaría las cosas, aunque el principal obstáculo para el regreso sigue siendo la imputación de terrorismo en el caso de Tsunami Democrático, que en su caso ha asumido el Tribunal Supremo por su condición de aforado. La oposición de los fiscales del Proceso a aplicar el olvido judicial también será un hándicap.