¿Qué hay detrás de la supuesta trama rusa del Procés?

BarcelonaEl resurgimiento de la supuesta trama rusa del Procés coincidiendo con el tramo final de negociaciones de la ley de amnistía ha tenido esta semana consecuencias políticas fuera de las fronteras españolas. El Parlamento Europeo ha instado a investigar las relaciones de la Generalitat con Rusia, que "preocupan" a la Eurocámara por la posible injerencia del Kremlin en Europa. Lo cierto es que ya hay una investigación en curso: la comandada por el juez Joaquín Aguirre desde Barcelona y que deriva de una instrucción abierta en el 2018 para investigar si se desviaron dinero de la Diputación de Barcelona para pagar la estancia expresidente Carles Puigdemont en Waterloo.

Esta primera causa explota en mayo del 2018 con la llamada operación Estela, un operativo de la UDEF –luego sucede en la Guardia Civil– que se salda con una treintena de detenidos. Uno de los registros tiene lugar en la Fundació CATmón, presidida por el exresponsable de relaciones institucionales de Convergència Víctor Terradellas. Los agentes sospechaban que la entidad había desviado 14.000 euros de una subvención de la Diputación hacia Waterloo y requisaron el móvil de Terradellas, donde encontraron grabaciones de conversaciones con el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el empresario y ex asesor convergente David Madí –a quien el juez ha exculpado y dejado fuera de la investigación–. Empieza así el caso Volhov, que estalla en el 2020 con una veintena de detenciones a empresarios, cargos públicos y personas vinculadas con el independentismo y con Puigdemont.

Los 10.000 soldados rusos

En esas conversaciones que Terradellas guardaba en el móvil –ante el juez dijo que al menos una la grabó "por error"– explica que el 24 y el 25 de octubre del 2017, dos días antes de la declaración de independencia, Puigdemont va mantener dos encuentros en la Casa dels Canonges con personas vinculadas al Kremlin, a propuesta de los rusos. A la del 24 de octubre asiste Serguei Motin, que se presentó como ex general ruso, que ofrece 10.000 soldados para defender el territorio a cambio de que Catalunya impulse una legislación pro criptomonedas. En la reunión también participa un empresario catalán, Jordi Sardà (denunciado por Gas Natural por hacerse pasar por su enlace en Ucrania).

Cuando lo recuerda con Vendrell, Terradellas reconoce que Puigdemont se asustó porque no quería ninguna muerte (episodio del que, en el interrogatorio judicial, Aguirre hará mofa recordando que Terradellas dijo que "se cagó en las bragas"). "Necesitas 100 muertos", le comenta el exconvergente a Vendrell, que se pregunta qué habría hecho la OTAN en caso de una intervención y añade: "¿Cómo les entraríamos, 10.000 tíos, aquí?" Tanto Vendrell como Madí reaccionan con incredulidad y advierten a Terradellas de que todo ello puede tratarse de una estafa.

Los 500.000 millones de dólares

El encuentro del 25 de octubre en Palau es con Nikolai Sadovnikov, emisario del Kremlin –estatus que nunca se confirmó–, y también asiste Elsa Artadi. Según Terradellas, Sadovnikov ofrece a Catalunya hacerse cargo de la parte de la deuda catalana en caso de independencia y aporta un documento bancario por valor de un crédito de 500.000 millones de dólares.

Terradellas ha reconocido que también se ofreció a Puigdemont hizo una videollamada con Putin que nunca llegó a producirse. Previamente, en el 2017, él se había citado tres veces con Sergei Márkov, exdiputado de Rusia Unida, a quien ofreció el reconocimiento de la anexión de Crimea a cambio de su apoyo a la independencia, según explicó este exmandatario ruso a El Periódico. ¿Conocía a Puigdemont estos contactos? Terradellas siempre ha defendido que actuaba por libre. Probablemente, poniendo más pan que queso. Cuando habla con Madí de criptomonedas, en cambio, sugiere que Puigdemont sí se implicó desde Waterloo. Es lo que sospecha ahora el juez instructor, que defiende que Rusia quiso poner mano al Proceso para desestabilizar a la UE a través de España. Las defensas temen que esta tesis acabe concretando en una imputación por traición, excluida de la amnistía.

El papel de Alay

Otro nombre clave en la supuesta trama es el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, que domina el ruso y en el 2019 realizó varios viajes a Moscú en el punto de mira de los investigadores. En uno de ellos, se reunió con el periodista Evgeni Primakov, designado en 2020 director de Relaciones Internacionales del Kremlin, para cerrar una entrevista al expresidente en Waterloo. Otro encuentro fue con Andrei Bezrukov, exespía ruso que, junto a su esposa, Ielena Vavilova, inspiró la serie The Americans. Alay tradujo la novela autobiográfica de Vavilova La mujer que sabe guardar secretos y, de hecho, en uno de los registros la policía confundió lo que era su primera página traducida al catalán con supuesta información de espías.

El caso reaviva mediáticamente cuando el New York Times publica, citando fondos de inteligencia europea, que los contactos rusos de Alay y de Gonzalo Boye tenían interés en desestabilizar la UE y, con esa intención, podrían haber financiado a Tsunami Democrático, línea de investigación que descartaría posteriormente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Tres días después de la movilización en el aeropuerto, Alay se reunió en Barcelona con el coronel ruso Sergei Sumin y Artiom Lukoianov, hijo de un consejero de Putin; un encuentro que ha desvinculado de Tsunami.

En esta cita estaba también Aleksandr Dmitrenko, empresario ruso residente en Catalunya al que España rechazó nacionalizar por supuestos vínculos con los servicios secretos de su país, y que también conocía a Terradellas y Madí. El juez Aguirre investigó si con el dinero de una compraventa de gas entre Rusia y China se financió ilegalmente el independentismo, pero archivó el caso al no detectar indicios de criminalidad. Cierra el círculo el empresario Oriol Soler por presuntamente haber mediado entre los gobiernos ruso y catalán y sus vínculos con Edward Snowden y Julian Assange, según los investigadores. Sea como fuere, el entorno de Puigdemont siempre ha negado ninguna conjura para que el Kremlin interviniera en Catalunya y limita sus contactos al activismo político. Sin embargo, el juez quiere ver una gran conspiración internacional que, además, torpedearía la amnistía para Puigdemont.