La justicia reactiva la trama rusa del Proceso para sortear la amnistía
Las defensas consideran que es el preludio para añadir a la causa el delito de traición, excluido del olvido judicial
BarcelonaUn día antes de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, la justicia reactiva la trama rusa del Proceso. El titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha decidido alargar medio año más la investigación, según ha dictado en un auto que ha avanzado El Periódico ya la que ha tenido acceso el ARA. En la resolución, el juez insiste en que hay indicios claros de que afianzarían que Rusia estaba dispuesta a dar "apoyo económico y militar" al independentismo catalán para lograr la secesión de España. El país presidido por Vladimir Putin habría tenido interés en el Proceso por intentar "desestabilizar la Unión Europea", según Aguirre. Pero las defensas, que siempre han negado la veracidad de las tesis del juez, consideran que se trata de un movimiento por incorporar a la causa el delito de traición, que está explícitamente excluido ahora mismo de la amnistía. Es decir, la justicia vuelve a moverse en la línea de intentar driblar los efectos del olvido judicial.
En el auto de este lunes, el magistrado Aguirre argumenta que necesita más tiempo para investigar la trama rusa del Proceso porque tiene elementos muy "complejos" sobre la mesa. Por este motivo prorroga la investigación, que tiene abierta desde octubre del 2020. ¿Con qué argumento? Vuelve a insistir en que existen vínculos claros entre Rusia y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su mano derecha Josep Lluís Alay y otros miembros de su entorno como el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradelles. No aporta elementos nuevos, porque él mismo asegura que se ha limitado a "revisar" la "abundante documentación" para emitir el auto.
De hecho, cita toda una serie de conversaciones que ya habían salido a la luz, como por ejemplo las del empresario y exdirigente de Convergència David Madí –a quien exculpó ya en una de las piezas separadas de la causa– con Terradelles, que explica que Puigdemont tiene la intención de explorar el tema de las criptomonedas para "evitar controles de los poderes públicos" en relación al proceso de independencia y también de desarrollar una "legislación propia" desde Catalunya sobre esta cuestión.
También vuelve a reproducir conversaciones que aparecen en el móvil de Víctor Terradelles para asegurar que desde Rusia tenían "interés en establecer relaciones de influencia política y económica con el Gobierno de Catalunya si éste se independizaba unilateralmente de España". Y también insinúa que Terradelles podía tener conocimiento de que debía iniciarse una "guerra entre la Unión Europea y Rusia, con la invasión de Ucrania y la consiguiente limitación del suministro de gas en Europa como el primer paso de una estrategia de Putin [...] para desestabilizar la democracia y la UE". En este sentido, el juez vuelve a hacer referencia al viaje de Alay a Rusia y a una reunión que la exconsejera Elsa Artadi, cuando era directora general de coordinación interdepartamental, mantuvo con Terradelles y dos personas de hablaban ruso en el Hotel Colón de Barcelona en octubre del 2017.
Estas dos personas, que Artadi no identificó en su declaración, son consideradas por Aguirre emisarios de Putin. Una afirmación que hace en base a una "carta anónima" que recibió con detalles de prensa elaborados, dice, por "el equipo de investigación periodística internacional llamado OCCRP-Organized Crime and Corruption Reportin Project".
Aparte de las conversaciones anteriores, Aguirre también vuelve a poner sobre la mesa conversaciones ya publicadas entre el jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y su abogado Gonzalo Boye, en el que comentaban que era mejor que Puigdemont no criticara a Putin en relación con el disidente Aleksei Navalni o Bielorrusia. En todo caso, el propio Aguirre ya archivó una investigación contra Alay relacionada con Rusia: la que hacía referencia a la compraventa de petróleo.
Estrategia judicial
El juez Aguirre ha sido noticia en las últimas semanas por otro caso mediático que ha vuelto a tomar bastante vinculado con las cloacas del Estado. Su nombre es habitual en la agenda de José Manuel Villarejo cuando se hace referencia al intento de monitorizar al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por parte de la policía patriótica. Aguirre era el juez instructor del caso Macedonia, en el que se imputó varios cargos de la policía catalana –nunca en Trapero– y Villarejo explicaba en sus anotaciones que, a través de uno de sus confidentes, intentaban encontrar un testigo que el juez consideraba clave para poder imputar al exjefe de la policía catalana.
Ahora, con la instrucción del caso Volhov, Aguirre es uno de los dos jueces que buscan rendijas en la ley de amnistía. En su caso, las defensas están convencidas de que intenta sustentar la conexión con Rusia para poder acusar a algunos dirigentes independentistas de alta traición. El otro juez que se está moviendo a cada paso que da la amnistía es el instructor de los casos Tsunami y CDR en la Audiencia Nacional, Manuel García-CastellónEn su caso decidido a acusar de terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira, entre otros. y la justicia europea) quien diga la última palabra, pero son conscientes de que la acción de algunos jueces podría hacer estériles los esfuerzos en algunos de los casos. han mantenido tiranteces evidentes desde que estalló la operación Volhov. Los republicanos consideran un "error" el acercamiento a empresarios rusos –de los que el juez sospecha conexiones con los servicios secretos rusos– de personas vinculadas a Carles Puigdemont. "Lo valoramos como un grave error. Cualquier contacto con países que no son plenamente democráticos nos aleja de la independencia de Catalunya", dijo en su día el presidente de los republicanos. Las declaraciones que más enervaron a Junts –que siempre han negado cualquier vinculación con ninguna trama militar rusa y sólo han reconocido contactos informativos de algunas personas a título individual– fueron las del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián: "Son señoritos que se paseaban por Europa pensándose que eran James Bond".-_BK_COD_