La unidad de ciberguerra del ejército de Israel utiliza los servidores de Microsoft para almacenar una cantidad de datos de vigilancia de los palestinos captados de los teléfonos móviles de la población palestina, unos datos que ha utilizado para planificar ataques militares mortíferos en Gaza y Cisjordania. Microsoft ha puesto a disposición del ejército israelí una zona personalizada y con capacidad casi ilimitada dentro de su nube Azure, lo que ha permitido a la Unidad 8200 (especializada en el ciberespionaje) del ejército israelí construir una nueva y potente herramienta de vigilancia masiva: un sistema amplio e intruso teléfono móviles hechas todos los días por palestinos en Gaza y Cisjordania. Lo revela una investigación conjunta del diario británico The Guardian, la publicación israelí-palestina +972 Magazine y el medio hebreo Local Call.

El escándalo Pegasus parecía en un punto muerto desde que la Fiscalía pidió hace medio año en la Audiencia de Barcelona que archivara la causa contra la ex directora del CNI Paz Esteban por el espionaje de Pere Aragonès. La Fiscalía considera que el ciberataque en el teléfono del entonces presidente de Catalunya con el software espía Pegasus se hizo con aval judicial, pero la Audiencia de Barcelona ha mantenido su imputación. Y ahora el caso Catalangate toma un nuevo empuje también a través de otra causa: el centro de defensa de los derechos humanos Irídia, después de dos años y medio de trabajo, ha señalado con nombres y apellidos a los responsables de la empresa NSO Group, propietaria de Pegasus, y de dos filiales europeas (OSY Technologies y Q Cyber Technologies), que considera implicados en el espionaje en el teléfono de uno de los abogados clave de la judicialización del Proceso, Andreu Van den Eynde.

Lo que hoy se conoce como caso Pegasus, el espionaje político mediante el malware intrusivo de la empresa israelí NSO, empezó con el Catalangate. Y el Catalangate, hay que recordarlo, arrancó cuando se hizo público el espionaje en los teléfonos del expresidente del Parlamento y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y del dirigente de ERC en Barcelona Ernest Maragall. La intrusión en los móviles de Torrent y Maragall abrió una causa judicial en octubre de 2020, pero el Catalangate ha crecido con el descubrimiento de que también se espiaron a decenas de activistas, políticos, abogados y periodistas vinculados al independentismo, incluyendo al president, Pere Aragonès. Este escándalo se ha complicado todavía más, reconvirtiéndose en el caso Pegasus, con la sorpresiva admisión pública por parte del Gobierno español de que se había espiado a su presidente, Pedro Sánchez, y a los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, y que se había intentado con el responsable de Agricultura, Luis Planas.

Mientras el escándalo del Catalangate y el flirteo español con Pegasus todavía colea, el espionaje se enreda todavía más. El Grupo de Análisis de Amenazas de Google (TAG, por las siglas en inglés) ha detectado el uso durante el año pasado de otro softwareespía, denominado Predator, comprado por "actores con apoyo gubernamental" de varios países, incluyendo España. En concreto, el equipo de Google ha encontrado cinco vulnerabilidades zero day (errores o huecos en la programación desconocidos por el fabricante, y, por lo tanto, sin solución) que, según asegura "en un alto grado de confianza", se han usado para infectar teléfonos Android con un malware llamado Alien que, a su vez, instala en el teléfono el software espía Predator, capaz por ejemplo de activar el micrófono del móvil y grabar todo aquello que se diga estando cerca.

Un consorcio de 17 medios hizo pública en julio del 2021 una lista de más de 50.000 números de teléfono en más de 45 países que habían sido potencialmente señalados por vigilancia con Pegasus por parte, apuntaban, de regímenes autoritarios. The Guardian fue uno de estos medios, y este miércoles publica que, en el caso de España, los móviles seleccionados fueron más de 200, por un cliente, añade, que podría ser Marruecos.

El gobierno español empieza a quedarse solo ante el caso Pegasus. Este martes la oposición en bloque se ha aliado para forzar la comparecencia del presidente español, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso. Consideran que las explicaciones que se han dado hasta ahora son insuficientes y reclaman que el líder del ejecutivo dé la cara por el espionaje a líderes independentistas, pero también al mismo Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Los grupos independentistas, junto al PP, Ciudadanos y Vox, han votado a favor en la junta de portavoces de esta comparecencia. Solo el PSOE y Unidas Podemos se han opuesto porque consideran que antes de que el presidente español comparezca en el Congreso, primero se deberían dar "pasos previos".

Selfis y fotografías de las vacaciones, correos de trabajo, whatsapps personales –muy personales–, las contraseñas del banco y el registro de la actividad económica, las series, películas y música preferidas, las horas de sueño diarias, el número de pasos que hemos dado caminando... En el móvil lo guardamos todo. Y es el objeto que siempre tenemos cerca. De día, en el bolsillo o en la bolsa; por la noche, encima la mesilla de noche, y en el lavabo, en la mano más a menudo de lo que queremos admitir. Con un programa troyano como Pegasus, cualquier extraño puede acceder a todo lo que se guarda en el teléfono, pero también escuchar y ver todo aquello que pasa cerca a través de la cámara y el micrófono del aparato. Es una de las violaciones de la intimidad más profundas que se pueden cometer.

La inteligencia es la reducción de la incertidumbre para anticipar soluciones y decisiones políticas en todos los ámbitos: desde la economía y la energía hasta la seguridad. Detrás esta definición esencial se esconde un mundo poco conocido por el secretismo que lo rodea. La eficacia es su principal objetivo y la opacidad, la señal de identidad que permite que el espionaje –como tal, un concepto ilegal, apunta el analista en seguridad experto en yihadismo Jofre Montoto– sea un recurso legítimo para los servicios de inteligencia, ahora al foco del debate a raíz del Catalangate. El CNI español, pues, no es una rara avis en este campo, pero tiene una particularidad –o una anomalía– y es que, a diferencia de otros países, actúa tanto por las amenazas interiores, de dentro de las fronteras del Estado, como por las exteriores.

A ningún líder político o social del independentismo catalán o vasco o de Podemos le puede sorprender que le espíen. Pero una cosa es eso y otra que The New Yorker presente pruebas de que se ha instalado un sofisticado material informático de espionaje israelí al que solo pueden acceder los estados, en más de 60 teléfonos. Una cosa es que sospeches que escuchan tus conversaciones y otra que aparezcan pruebas y que el gobierno acabe reconociendo que el Centro Nacional de Inteligencia seguramente esté detrás de un espionaje a todas luces ilegal.

El Lunes de Pascua, día en que muchas familias catalanas celebran la fiesta de las monas, algunos recibimos de un padrino lejano un obsequio muy especial. El padrino es una organización canadiense sin ánimo de lucro denominada Citizen Lab, y el obsequio tenía forma de descubrimiento: se nos revelaba que, después de una investigación independiente, minuciosa y seria, la conclusión era que más de cincuenta dirigentes políticos y asociativos catalanes del mundo soberanista habíamos sido espiados a través de un software que se había infiltrado en nuestros móviles.

Nueva ofensiva legal internacional del independentismo catalán a raíz del ciberespionaje a varios políticos, activistas y periodistas revelado esta semana. Desde la sede del Parlamento Europeo de Bruselas, el expresidente Carles Puigdemont, y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, han anunciado que presentarán querellas en cinco países europeos, concretamente en Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Alemania y Francia; los países donde el software de espionaje Pegasus se usó contra el independentismo y su entorno según la investigación de Citizen Lab.

Desde que se destapó el primer escándalo relacionado con el ciberespionaje de algunos gobiernos y autoridades europeas a su propia ciudadanía la Comisión Europea se ha mostrado alarmada y preocupada, pero en la práctica ha hecho muy poca cosa. Desde Bruselas, el ejecutivo comunitario lo considera "inaceptable", pero asegura que no tiene competencias para hacer nada más que reclamar a los gobiernos que investiguen los varios casos que han salido a la luz. Después de las últimas revelaciones destapadas por la revista The New Yorker a raíz de una investigación de Citizen Lab aparecen involucrados varios gobiernos europeos como el griego pero también el español, con el ciberespionaje masivo a políticos, activistas y periodistas catalanes en el centro de la polémica.

La investigación del grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto que ha destapado el Catalangate ha detectado que como mínimo 63 políticos, activistas, abogados y periodistas catalanes vinculados al independentismo han sido víctimas del programa espía de teléfonos móviles Pegasus. A algunos el programa israelí les llegó a infectar el teléfono, otros fueron objetivo de ataques que o bien fracasaron o bien no queda constancia de que tuvieran éxito. Los investigadores de Citizen Lab han documentado cómo se lo han montado los ciberespías para atacar los teléfonos móviles e instalar un programa que les da acceso total al aparato, a todo aquello que se guarda en él y que les permite incluso activar la cámara y el micrófono sin que el propietario se dé cuenta. En concreto, los investigadores han identificado dos técnicas de ataque: SMS maliciosos y cero-click exploits, que pasan desapercibidos para las víctimas.

La policía israelí habría utilizado de manera generalizada el programa espía Pegasus contra altos funcionarios del gobierno, alcaldes, líderes activistas, periodistas, familiares y asesores del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, así como testigos y acusados en uno de los tres expedientes judiciales que actualmente se ven en un tribunal de Jerusalén por presunta corrupción.

Microsoft y Citizen Lab han comunicado este jueves que han detectado a otra empresa israelí dedicada a vender programas espía a gobiernos y que se han identificado más de cien víctimas, "incluyendo políticos, activistas por los derechos humanos, periodistas, académicos, trabajadores de embajadas y disidentes políticos". Entre estas víctimas, avisa Microsoft, hay ciudadanos de Catalunya. La empresa, Candiru, tiene la sede en Tel Aviv y una estructura corporativa "deliberadamente opaca", según el informe de Citizen Lab, que añade que recluta a ex miembros de la unidad de inteligencia de señales del ejército israelí.

El martes le puso sobre aviso y le invitó a reunirse en un tercer país, el jueves hizo públicas las sanciones. 48 horas después de la conversación telefónica entre Joe Biden y Vladimir Putin, que el primero describió anoche como “sincera y respetuosa”, Estados Unidos anunció ayer una nueva ronda de sanciones contra Moscú, las segundas de la nueva administración, tras las emitidas en respuesta al envenamiento y la detención del opositor Alexey Navalni, y las primeras como reacción a los supuestos esfuerzos rusos por interferir en las elecciones de 2020 y por estar detrás, según Washington, del hackeo de la empresa SolarWinds. Igualmente se cita la sospecha de que Moscú pagó recompensas por ataques contra tropas estadounidenses en Afganistán.