El proceso que el gobierno español ha puesto en marcha por regularizar a los migrantes que viven en España de forma irregular ha dado pie a un alud de afirmaciones, a menudo falsas, que circulan en las redes sociales. Impulsadas a menudo por influencers de la órbita de la extrema derecha, estas afirmaciones quieren crear un estado de opinión contrario a la regularización, ya que afirman que los migrantes que se beneficien pondrán más presión en los servicios sociales, o que todo ello se hace para beneficiar electoralmente al PSOE. La confusión ha llenado las redes de verdades, de mentiras y, a menudo, de afirmaciones que no son ni del todo ciertas ni del todo falsas. Éste es un repaso a muchas de las dudas que deja atrás el proceso, en un tema social y políticamente muy complejo.

Un día después de que entrara en vigor el nuevo reglamento de extranjería aprobado por el ejecutivo español, el departamento de Derechos Sociales ha hecho llegar a los ayuntamientos la instrucción sobre los dos nuevos informes que deben elaborar los técnicos municipales para que los migrantes puedan iniciar los trámites de regularización. El texto del ejecutivo español contempla nuevas formas para solicitar la regularización y reducir la burocracia en el proceso, aunque también deja vacíos legales para los demandantes de asilo a los que se rechaza la petición.

El abogado de Guillermo y Silvia (nombres falsos) les aconsejó renunciar a continuar con los trámites para la protección internacional que habían iniciado en el 2021, cuando llegaron de un país centroamericano que prefieren no revelar. Instalados con su familia en una localidad de Girona, ambos habían logrado un contrato indefinido, cotizando a la Seguridad Social "desde el primer día" y confiando en poder dejar atrás años de persecuciones y penurias de un exilio forzado. Cuentan que el otoño del pasado año ya tuvieron una resolución desfavorable y que con "la amenaza del 20 de mayo" decidieron desistir de ser reconocidos con el asilo, aunque este paso supone que pasan a estar en situación irregular. Lo más duro, afirman, fue tener que informar a los responsables de las empresas que no podían seguir trabajando legalmente.

Esta mañana nos hemos levantado con la noticia de que el Ayuntamiento de Barcelona ha comprado la Casa Orsola. Como han oído muchas veces estos días, se trata de un edificio del Eixample de Barcelona, ​​situado en un chaflán por donde pasa el eje verde de la calle Consell de Cent, lo que ha disparado el interés voraz de las inmobiliarias por conseguir los pisos y destinarlos a alquiler de temporada, por el que pueden ganar cuatro veces más que el que ahora se pueda estar pagando. Por eso, no se renovó el contrato a los inquilinos que llevaban años viviendo allí. Pues bien, el Ayuntamiento de Collboni ha comprado la casa a través de un instrumento llamado "fórmula social colaborativa".

Una reforma del reglamento de la ley de extranjería que reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes que viven en España sin papeles. De la nueva norma podrían beneficiarse, según el gobierno español, unas 300.000 personas cada año durante los próximos tres años, según ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que ha dado luz verde a la medida.

Recuperado de un cáncer de colon, Yassin el Yakoubi sólo piensa ahora en tener un trabajo. Pero sus ganas y la necesidad vital de ganarse la vida, por el momento, les frena que sólo tiene una autorización de residencia, pero no se le permite trabajar. Su caso es uno de los miles que corroboran la incongruencia de la ley de extranjería española, que es capaz de hacer que un migrante reciba tratamiento médico en un centro público, pero al mismo tiempo no le permite ser un contribuyente a la hacienda. De hecho, la norma ata la suerte y los derechos de los migrantes no comunitarios a un contrato de trabajo.

“Si nos dicen que nos marchemos de aquí, okuparemos otro local. Hay muchos por aquí”. Rafael vive en una de esas tiendas cerradas por la crisis en el Guinardó. Hace tres semanas que forzó la cerradura de un comercio de jardinería vacío que apenas había cerrado y se instaló con seis miembros de su familia, entre ellos dos sobrinos menores que van a la escuela del barrio y su mujer embarazada de pocos meses. Antes de este techo habían okupado otros por la misma zona. Cogen las cuatro pertenencias que tienen y se van cuando les comunican que serán desalojados para no tener problemas. “No tenemos demasiadas alternativas y un piso tampoco nos soluciona nada porque trabajo en la chatarra”, explica con la puerta medio abierta, mientras en el interior uno de los parientes se afana en tapar con papel de colores los vidrios del escaparate “para tener un poco de intimidad”. 

La vía de la regularización de los menores que llegan solos a España no ha sido nunca fácil, pero los retrasos para conseguir la documentación y el endurecimiento de la ley de extranjería empujan todavía más a la marginalidad a los que cumplen 18 años. El Tribunal Supremo modificó los tres reglamentos que hacen referencia a los menores tutelados y les exige unos criterios durísimos para renovar el permiso de residencia. En este callejón sin salida se encuentran 1.490 menores migrantes tutelados por la Generalitat, a través de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), y 4.000 jóvenes más de entre 18 y 23 años que sigue atendiendo en centros de protección o bien ofreciéndoles recursos formativos.