El Consejo General de Economistas, el organismo que agrupa los colegios de economistas del Estado, propone que el gobierno español ajuste su tramo del impuesto sobre la renta (IRPF) a los incrementos salariales de los últimos años. Según los cálculos de la entidad, un trabajador catalán con un sueldo bruto anual de 25.000 euros se ahorraría unos 252 euros anuales, mientras que en los sueldos más altos, como 400.000 euros, el ahorro superaría los 2.100 euros anuales.

Este miércoles, 8 de abril, comienza la campaña de la renta (IRPF) 2025, en la que habrá más colaboración entre las haciendas estatal y catalana, aunque lejos de la cesión de la recaudación del impuesto por parte de la Generalitat, como pretendía ERC. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha contratado para esta campaña un 49% más de personal temporal, hasta 152 personas, y se sumarán 36 oficinas distribuidas por Cataluña dedicadas a esta tarea. De estas, ocho serán plataformas temporales destinadas exclusivamente a la atención por la campaña de la renta y se ubicarán en Barcelona (tres centros), Girona, Lleida, Tarragona, la zona del Baix Llobregat y la zona del Besòs.

Solo en dos de los últimos veinte años –en 2008, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y en 2015, con el de Mariano Rajoy (PP), que en realidad fue una reforma fiscal–, Hacienda ha deflactado la tarifa del impuesto de la renta (IRPF), lo que significa ajustarla a la inflación para evitar que se tribute más a pesar de tener los mismos o menos ingresos reales. Y las dos últimas veces que se tomaron medidas similares fueron ante la convocatoria de elecciones generales, en marzo de 2008, comicios en los que Zapatero fue reelegido para un segundo mandato, y en diciembre de 2015, cuando Rajoy repitió en el cargo. Entre hacerlo y no hacerlo hay una diferencia esencial: de 2019 hasta 2024 ha supuesto unos ingresos adicionales para el Estado de entre 9.700 y 16.700 millones, según diversos estudios. Desde el espacio de las izquierdas, encabezado por el PSOE, se considera que este tipo de ajustes defendidos por el PP y que son para todas las rentas benefician especialmente a las más altas. Y, por lo tanto, abogan por medidas más selectivas y directes para las familias de ingresos bajos o medios, como las reducciones y rebajas al transporte público y otras.

El Estado cerró el 2025 con el déficit público más bajo desde el estallido de la crisis financiera del año 2008, gracias a un nuevo récord histórico de recaudación de impuestos, según ha informado este martes el ministerio de Hacienda.

La Generalitat recaudó el año pasado, un total de 6.069 millones de euros por tributos propios y cedidos, una cantidad sin precedentes, con un incremento de un 9,9%, que incluye tanto la recaudada por la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) como la que recauda el Estado y después transfiere, como es el caso del impuesto de 2025. La cantidad, que duplica la obtenida en 2015, se vio impulsada por los tributos de patrimonio y transmisiones patrimoniales, con subidas del 9,6, hasta 835 millones y del 17,6%, hasta 3.263 millones, respectivamente. Otro de los grandes tributos cedidos, el de sucesiones y donaciones, con 1.162 millones, aumentó un 0,8%.

La Agencia Tributaria (AEAT) centrará su actuación este año en los negocios digitales, los alquileres y la actividad de los influencers. Éstas son algunas de las directrices recogidas en el plan de control tributario 2026 que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves. Uno de los elementos importantes para llevar a cabo estas actuaciones es toda la nueva información financiera de la que dispone Hacienda, como por ejemplo la relacionada con el uso de Bizum o de las tarjetas. A los datos que facilitan los proveedores de pagos transfronterizos y los que remiten las plataformas de comercio electrónico se suman nuevas declaraciones informativas en el ámbito financiero.

El gobierno español trabaja en un paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, sobre todo la escalada de los precios energéticos. Mientras, patronales, sindicatos y distintos sectores de la economía ya le están poniendo sobre la mesa distintas demandas, algunas de las cuales tienen como denominador común una rebaja fiscal. De hecho, tras la ronda de contactos políticos entre el ministerio de la Presidencia y los partidos en el Congreso, este jueves por la mañana es el turno de los sindicatos mayoritarios y las patronales: CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se reunirán con las carteras económicas del gobierno español en el ministerio de Economía.

Al PP le falta una pata en la mesa de soluciones para Catalunya: la de la financiación. Aunque sabe que sin esta comunidad se le complica llegar a la Moncloa, suele jugar con el anticatalanismo, que le da réditos fuera. Que la de la financiación autonómica es una cuestión poco cómoda para la fuerza que lidera Alberto Núñez Feijóo quedó claro esta semana durante la intervención del vicesecretario de economía de los populares, Alberto Nadal, en un almuerzo organizado por Pimec.

La primera medida que tomará el PP si gobierna en España será una "primera reforma fiscal" centrada en devolver la subida del IRPF por la inflación de estos últimos años. Es lo que ha afirmado el vicesecretario de economía del PP, Alberto Nadal, en un almuerzo organizado por Pimec en Barcelona. La otra iniciativa inmediata sería "derogar las medidas legales que entorpecen el mercado del alquiler, determinadas normas medioambientales y laborales".

Si finalmente ERC avala el proyecto, Cataluña tendrá presupuestos para 2026 por primera vez en los últimos tres años. En 2024, 2025 y hasta el día de hoy les ha tenido que prorrogar por falta de apoyos. Son cerca de 50.000 millones, un umbral que se supera por primera vez en la historia, y que suma 9.100 millones más de gasto que en los últimos aprobados hace tres años y que, en aquella ocasión, suponían superar por primera vez los 40.000 millones.

Un promedio de más de 500 reclamaciones al día. Éste es el volumen de quejas que gestionan los tribunales económico-administrativos –organismos adscritos al ministerio de Hacienda–, una vía imprescindible contra la aplicación de impuestos antes de recurrir a la justicia, según la normativa. Se trata de un verdadero alud de trabajo para estas entidades. Sin embargo, en 2024 –según los últimos datos disponibles– las reclamaciones se redujeron un 17,87% respecto al ejercicio precedente, hasta situarse en 196.442. Por el contrario, los expedientes resueltos, que alcanzaron los 222.737, aumentaron un 14,20%. Los tribunales económico-administrativos de Madrid son los que encabezan las quejas, con más de 33.000; seguidos por los de Andalucía, con 31.000, y los de Catalunya, con 30.395, las tres comunidades autónomas con mayor población.

En plena negociación estancada para la recaudación del IRPF en el futuro, la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) incorporará a 152 personas de forma temporal para cubrir la atención durante la próxima campaña de la renta a partir del próximo mayo. Se trata de un incremento del 49% del personal de estas características respecto al pasado ejercicio. Además, se sumarán 36 oficinas distribuidas por Catalunya dedicadas a esta labor. De estas, ocho serán plataformas temporales destinadas exclusivamente a la atención de renta y se ubicarán en Barcelona (tres centros), Gerona, Lérida, Tarragona, la zona del Baix Llobregat y la zona del Besòs.

El 96% del coste de los aranceles a las exportaciones extranjeras a Estados Unidos lo pagan las empresas y los consumidores estadounidenses, según un estudio del think tank alemán Kiel Instituto. Esto representa que 192.000 millones de los 200.000 millones de dólares (163.600 millones y 170.400 millones de euros, respectivamente) adicionales que se recaudaron en 2025 en tarifas comerciales en las aduanas de EEUU han acabado siendo una transferencia de dinero de los ciudadanos estadounidenses a su gobierno federal presi.

La coyuntura es positiva. Las perspectivas de crecimiento siguen siendo buenas de cara a este recién estrenado 2026. En términos generales, las empresas españolas son más optimistas que el resto de europeas, aunque existen una serie de variables que enturbian el potencial de las compañías, como una fiscalidad y un absentismo laboral –especialmente las bajas– que consideran muy elevados, según destacan las organizaciones patronales. Son elementos esenciales, afirman, para mejorar la competitividad y la productividad.

Visiblemente satisfecha con la propuesta de financiación autonómica presentada por la vicepresidenta española María Jesús Montero, pero consciente de que no se puede obtener el 100% de lo que se quiere, la consejera de Economía, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976) recibe el ARA en el Palau de la Generalitat convencida de que Catalunya sale. Y afirmando que no ve imposible que salga adelante.

Una de las ventajas del modelo de financiación acordado entre el gobierno español y ERC está relacionada con la gestión. Y es la desaparición de los anticipos por aquellas autonomías que así lo deseen. Esto significa que pasarían a recibir lo que recaudan en tiempo real en lugar de mediante anticipos y con una liquidación hecha a los dos años. Actualmente, las comunidades reciben el 98% de los recursos a través de los anticipos estimados por el Estado y el resto a los dos años. En la liquidación definitiva, las autonomías pueden o bien recibir más recursos o tener que devolverlos, en función de si las estimaciones fueron demasiado optimistas o demasiado pesimistas. Para 2025, la liquidación se realizó con la recaudación de 2023.

A partir del 1 de enero, Hacienda intensificará el control de las transacciones a través de Bizum realizadas por profesionales y empresarios, así como de todas las operaciones realizadas con tarjeta que superen los 25.000 euros anuales. Éstas son medidas que estaban previstas en el Real Decreto 253/2025 del 1 de abril. Ahora las entidades financieras (bancos, entidades de pago y de dinero electrónico) tendrán que informar cada mes a la Agencia Tributaria de todas estas transacciones.

Ha costado y la propia consejera de Economía lo reconoció hace unos mesespero finalmente las agencias tributarias catalana y estatal, es decir, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), han firmado un convenio para la gestión compartida del impuesto especial sobre determinados medios de transporte (IEDMT) –el impuesto de matriculación–. Esta iniciativa formaba parte de los pasos de cara a la futura gestión del IRPF en el marco del nuevo sistema de financiación, que también se ha retrasado.

En el tema de la fiscalidad es muy fácil hacer demagogia. Por un lado, nadie quiere pagar impuestos voluntariamente, a pesar de saber que si todos nos negamos, probablemente todos acabaremos perdiendo. Por otra parte, las cosas a veces son bastante envueltas debido a la misma legislación que queriendo afinar resulta muy compleja, y al final algunos analistas optan por una simplificación que sirve para argumentar a favor de la supresión. A menudo lo hacen argumentando bajar los brazos ante el dumping fiscal autonómico, olvidando la existencia del impuesto estatal. Y a veces, reside algún interés oculto, ya que por el bien de la economía son propuestas que benefician siempre a las clases más poderosas. Por ejemplo, desde la idea de que los impuestos son confiscatorios, se pide la abolición del impuesto sobre el patrimonio, sin mayores consideraciones respecto de la globalidad de la fiscalidad en renta y riqueza, renta del trabajo y del capital, o de patrimonios productivos y no productivos, cuando de hecho en renta y patrimonio se limita al 60% como máximo la renta tributaria como máximo.

En un estado, el español, con un déficit cercano al 3% del PIB y una deuda que rompe recuerdos, es relevante conocer que las pérdidas en impuestos derivadas de la elusión fiscal fueron de casi 30.000 millones de euros entre 2016 y 2021. Y sí, este periodo incluye cuando estábamos comprando mascarillas y miles de personas se acogían a ERTOs. Así pues, conocemos el importe total de las elusiones, pero no la identidad de las multinacionales responsables. ¿Por qué no lo sabemos? Por la presión política de estas mismas empresas, la connivencia de algunos políticos y el asentimiento de otros.