La Hacienda catalana no intervendrá en la gestión del IRPF hasta 2028

BarcelonaEl pacto de investidura de PSC y ERC preveía que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) empezara a recaudar el IRPF a partir del 2026. Pero, a medida que el Govern ha ido estudiando qué cambios habría que hacer para alcanzar este objetivo, las expectativas de poder cumplir con este plazo se han ido rebajando. Ahora el plan director encargado a Indra para concretar una hoja de ruta para la futura Hacienda catalana pone nuevas fechas que están lejos de las promesas. A partir de un incremento progresivo de recursos y personal, plantea que el ATC esté en condiciones de asistir a la ciudadanía en la campaña de la renta en 2027, y que en 2028 ya participe en "la aplicación tributaria de determinadas funciones" en este impuesto. Es decir, plantea que empiece a desarrollar algunas funciones relacionadas con su gestión, pero tampoco se habla de toda la recaudación.

En declaraciones a Efe este jueves, la consellera de Economía, Alícia Romero, ha defendido avanzar "poco a poco" en la gestión del IRPF, pero de forma "sólida y segura", para evitar "fugas de fraude fiscal". En paralelo, se prevé el desarrollo de una plataforma tecnológica "propia" –pese a que se había planteado utilizar el programa informático de la Hacienda estatal– y desplegar los dos nuevos cuerpos del ATC (de profesionales tributarios y de informáticos) que el Gobierno ha pactado con los republicanos.

El informe llega justo el día que expira el plazo en el que el ejecutivo catalán se comprometió a presentarlo, después de que en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat del 14 de julio quedaran en el aire cuestiones clave sobre la nueva financiación, como la ordinalidad o el calendario para que la Hacienda catalana asuma la recaudación de todos. Según ha informado el departamento de Economía, el plan director prevé la necesidad de modificar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y la Lofca en el Congreso de los Diputados para que todos estos cambios puedan ser operativos. También la ley de régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña, que debe atribuir la competencia sobre el IRPF a la Generalidad. Esto dependerá de las mayorías que socialistas y Esquerra sean capaces de conseguir en la cámara española, donde Compromís o la Chunta Aragonesista no garantizan su apoyo y Junts avisa de que no avalará un "café para todos". Mientras, continúan las negociaciones con el ministerio de Hacienda sobre los detalles del modelo de financiación singular, que deberá pasar también por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esquerra asume la nueva fecha

El curso de estas negociaciones es el que preocupa a Esquerra, que quita hierro a que ahora se aplace hasta el 2028. Fuentes del partido validan el nuevo calendario, argumentando que es fruto de una valoración técnica, y señalan que lo importante es el desenlace de las conversaciones para reformar estas leyes. Sin eso, insisten, todo lo demás es papel mojado, también el decreto ley pactado con el ejecutivo para modificar la regulación del ATC y que se aprobará en el primer consejo ejecutivo a la vuelta de vacaciones. El líder de ERC, Oriol Junqueras, señaló este lunes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el mal curso de las negociaciones, argumentando que, si no cede a las presiones catalanas, es por no perjudicarse el futuro como candidata socialista a las elecciones andaluzas. La portavoz del Govern y consellera, Silvia Paneque, se puso de perfil ante estas críticas, asegurando que "no sería justo señalar a una sola persona" y que hay mucho "ruido político" en torno a esta cuestión. Un día más tarde, el presidente Salvador Illa sí cerró filas con la ministra y vicepresidenta española, a la que definió como una "pieza clave" para cumplir con el acuerdo de financiación.

Estas declaraciones no han gustado a Esquerra, que insta a Isla a aclarar a qué lado de la mesa quiere estar en la negociación con Madrid. En estos momentos, uno de los puntos de fricción del Govern con el Estado es el principio de ordinalidad, que tanto el PSC como Esquerra defienden. Por el contrario, el gobierno español ha evitado asumirlo, tanto durante como después de la bilateral. Entre los asuntos pendientes de concreción también hay cuánto debe contribuir Cataluña a la solidaridad interterritorial y los gastos del Estado.

La "complejidad" del proceso

Pese a haber reiterado durante meses que cumpliría los plazos del acuerdo de investidura, el Govern también admitió en público la "complejidad" que supone articular la nueva Hacienda catalana, tanto desde un punto de vista de plantilla como de los trámites para que tenga acceso a los datos que ahora están en manos de la AEAT. Fuentes consultadas por este diario ya apuntaban que era inviable recaudar el IRPF en el 2026 y que, como mínimo, serán necesarios entre tres y cinco años para que el ente pueda relevar al ente estatal en Cataluña.

Los números ilustran la magnitud de la empresa: ahora el ATC gestiona 5.000 millones de euros en ingresos, frente a los 30.000 millones que eventualmente tendrá que asumir. Por su parte, la AEAT cuenta con 1.500 informáticos en plantilla. La ATC, en estos momentos, no tiene ni uno. Para intentar ordenar las reformas que hay que hacer para poner la ATC al día, el Gobierno ha creado un nuevo comisionado para la Hacienda catalana, con el experto en gestión tributaria Santiago Ramón –de perfil técnico– a la cabeza, y que trabaja directamente bajo las órdenes de la consellera de Economia, Alícia Romero. Le acompañará un consejo asesor con expertos en comunicación, tecnología y gestión tributaria que se reunirá una vez al mes, y todavía está pendiente de nombramiento.

Agentes de refuerzo

El plan director anunciado este jueves pauta la incorporación progresiva de la ATC a la campaña de la renta, que ahora gestiona la AEAT. En el 2026 no participará todavía en la gestión, pero sí prestará asistencia e información, sumando 400 agentes de refuerzo –este año ya se han sumado otros 102 para estas tareas–. Al año siguiente, en 2027, ya asumirá la asistencia completa a los 360.000 contribuyentes catalanes, por lo que habrá que incorporar "temporalmente" a más de 700 agentes y abrir oficinas temporales. A lo largo de estas campañas se irá incorporando la identidad corporativa del ATC a la documentación, que podrá firmarse con el idCat Mòbil de la Generalitat ya desde 2026. Para asumir ya un rol en la gestión tributaria, en 2028, sí que habrá que incorporar personal con carácter estructural.

En la información facilitada por la conselleria de Economía, que no ha hecho público el documento que le ha facilitado Indra, no consta cuál es el grado de autonomía que, en esta fase, el ATC mantendrá respecto de la AEAT. Solo se apunta que la ATC "colaborará en la aplicación de tributos y revisión de actas".