Inhabilitación de dos años, multa e indemnización a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al Tribunal Supremo llegó este jueves, el día que se celebraban los 50 años de la muerte de Franco, cuando nadie le esperaba. Más bien de lo previsto y, de hecho, sin la sentencia todavía redactada. ¿Quiénes son los cinco jueces de la sala penal que han tomado esta decisión? ¿Y quiénes son las dos magistradas que discrepan? Repasamos los perfiles de un tribunal con mayoría conservadora y abundan los nombres propios de la judicialización del Proceso.

Este viernes ha hecho un año de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, un cumpleaños con sabor agridulce, porque si bien ya ha habido muchas personas que se han podido beneficiar de ello –un 45% de las que lo han pedido según los datos de Òmnium–, hay también muchas peticiones, que no se han concedido. están los policías que estaban acusados ​​de lesiones por el 1-O, y entre los segundos están los principales líderes políticos del Proceso. la ley en el Tribunal Constitucional. Sea como sea, la ley va haciendo camino, pero es cierto que desde el punto de vista político no habrá conseguido su objetivo hasta que el expresidente Carles Puigdemont pueda volver libremente a Catalunya. mayoría progresista debería tener este aval, pero esto no significará su aplicación inmediata, ya que el Supremo considera que la norma no es aplicable a los casos de malversación. Se abrirá entonces una segunda batalla jurídica que además puede tener también un recorrido europeo si el TS presenta una prejudicial al TJUE. sus socios independentistas se encuentra ahora empantanada y sin un calendario claro. Es posible que la amnistía no se pueda aplicar hasta el final del mandato, con el peligro real de que la legislatura acabe antes y el nuevo gobierno de las derechas busque la manera de torpedearla.

Nadie que haya asistido a la presentación del libro de Manuel Marchena este lunes habrá encontrado una disquisición jurídica o política innovadora respecto a lo que encontrará en La justicia AMENAZADA (Espasa), una visión "ponderada, prudente y no dogmática", según el escritor Lorenzo Silva, sobre cuestiones del actual debate jurídico-político. El magistrado del Tribunal Supremo cree que debería prohibirse a los partidos políticos ejercer la acusación popular y que sólo deberían estar aforados diputados, senadores, miembros del gobierno español y el rey emérito —el rey actual es inviolable—. Considera, además, que en estos momentos no se da el clima para una reforma profunda que lleve a la Fiscalía a instruir los procesos penales. Todo esto que explica en el Círculo de Bellas Artes ya queda recogido en el libro.

Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) tomó una decisión que le acompañará durante toda su trayectoria profesional. Es la renuncia en 2018 a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo cuando se publicó que el exportavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó se alababa en un mensaje que su partido controlaría la sala segunda del alto tribunal español "por la puerta trasera". Por eso, cuando Pedro Sánchez le ha citado con posterioridad a la Moncloa para volver a plantearle presidir el órgano de gobierno de los jueces, siempre lo ha rechazado. Marchena, fiscal de carrera y ahora uno de los magistrados más prestigiosos del Estado, se afana por deshacerse de una mancha que cuestiona la independencia que reivindicó en su carta de renuncia.

El Tribunal Supremo confirmaba el martes la multa de 720 euros por un delito de injurias leves en la corona impuesta por la Audiencia Nacional en el 2022 a Albert Baiges (Montbrió del Camp, 1984) por insultar a Felipe VI por redes e instar a "cortarle el cuello". Manuel Marchena fue el ponente de una sentencia que rechaza que el acusado pueda acogerse a la libertad de expresión. El juez que condenó a los líderes del 1-O y el resto de magistrados consideran que son insultos que no están amparados por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que no aportan nada al "debate político sobre la monarquía como forma de Estado".

Ya desde el principio se vio que el Tribunal Supremo pondría todos los obstáculos posibles a la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont y al resto de principales dirigentes independentistas durante el 1-O, pero especialmente al expresidente. Això ha donat peu a una batalla judicial llarga i farragosa que aquest dilluns ha viscut un nou capítol a la sala d'apel·lacions del Suprem, on tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat, juntament amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, han defensat que se li apliqui l'amnistia sense dilacions al considerar que no hi ha, tal com defensa el jutge Pablo Llarena, delicte de malversació pel mig. Boye, además, ha defendido que la causa ocurra en el TSJC y que sean los jueces catalanes los que decidan.

Este jueves el célebre magistrado Manuel Marchena dejará de ser presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, la sala penal, que es la sala más famosa de aquel tribunal porque, por así decirlo, es donde juzgan a los políticos (cuando los juzgan). Deja el cargo no porque él quiera ni para que se lo obliguen, sino sencillamente porque ha llegado al final de su segundo mandato y ahora, por ley, no le es posible renovar para un tercero. A veces la alta magistratura española la respeta incluso la ley.

Este jueves, el célebre magistrado Manuel Marchena dejará de ser presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, que es la sala más famosa de aquel tribunal porque, por así decirlo, es donde juzgan a los políticos (cuando los juzgan). Deja el cargo no porque él quiera ni para que se lo obliguen, sino sencillamente porque ha llegado al final de su segundo mandato y ahora, por ley, no es posible renovar por un tercero. A veces, la alta magistratura española la respeta incluso la ley.

El Tribunal Supremo no aplicará la amnistía a ningún encausado por cuestiones relacionadas con el Proceso a corto plazo. No sólo los impulsores del 1-O condenados o acusados ​​por malversación –Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros– han visto cómo Manuel Marchena y Pablo Llarena les negaban beneficiarse de la norma, sino que también correrán esa suerte otros afectados por delitos menores como pueden ser el de desobediencia, desórdenes públicos, lesiones y atentado contra la autoridad. Es incontrovertible que la amnistía es aplicable en estos supuestos, pero el Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el conjunto de la norma por el caso de un activista de Girona condenado por las protestas postsentencia y que servirá para todas las carpetas que vaya abriendo.

La decisión del Tribunal Supremo de aceptar la querella presentada contra el fiscal general del Estado puede ser correcta jurídicamente, pero resulta escandalosa políticamente. Son dos afirmaciones aparentemente contradictorias pero que cuadran a poco que uno entre en los detalles.

La política española ha entrado en los últimos años en una espiral de polarización que, lamentablemente, se ha filtrado a las principales instituciones del Estado, como la justicia. En condiciones normales, la imputación de un fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo debería ser motivo para su cese inmediato: ¿cómo puede alguien que marca la línea de todos los fiscales de España al mismo tiempo ser un presunto delincuente? ¿Cuál será el posicionamiento de la Fiscalía cuando el Supremo le pida su parecer sobre el caso que afecta a su superior, Álvaro García Ortiz? Pero la realidad es que las condiciones no son normales. La realidad es que la sala segunda del Supremo, que preside Manuel Marchena, hace ya tiempo que le ha declarado la guerra al gobierno de Pedro Sánchez, en concreto desde que aprobaron los indultos a los condenados por el Proceso. Por eso se oponen ahora a aplicar la ley de amnistía y hacen todo lo posible por ayudar al PP en su labor de desgaste del gobierno.

Por mucho que siga siendo verdad lo que “España nunca falla”, atrás han quedado (o deberían haber quedado) los días en los que la evidencia de las limitaciones democráticas del estado español con Cataluña actuaba de suplemento euforizante cargador de razones para las aspiraciones independentistas.

La oposición de Manuel Marchena a la amnistía permanece inalterable, aunque en su tribunal haya alguna voz discrepante como la de la magistrada Ana Ferrer, que vuelve a emitir un voto particular contra la decisión mayoritaria de confirmar la inhabilitación de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. En el caso del candidato a la presidencia de Esquerra, hasta el 2031. Los jueces que los condenaron por el 1-O vuelven a negarles la aplicación de la ley por el delito de malversación y abren el camino del Tribunal Constitucional. Tras tumbar el recurso de súplica que habían presentado, tienen vía libre para acudir en amparo al órgano de garantías, que ya tiene sobre la mesa varios expedientes relacionados con la amnistía. "Una vez más, el poder judicial actúa por encima de la democracia, y vulnera la ley de amnistía", ha lamentado el exlíder republicano en un tuit a X.

Cuando Pedro Sánchez le escogió para que ocupara el ministerio de Justicia de su primer gobierno de coalición, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961) era reconocido incluso por sus rivales políticos por la experiencia y la solvencia de su carrera anterior como magistrado. Miembros del PP veían en su figura a un ministro moderado. Sin embargo, le acabarían señalando para sacar adelante una de las medidas que la dependencia de las fuerzas independentistas obligó a tomar: la aprobación de los indultos a los presos políticos. Quien les había condenado, el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, es su amigo –se refería a él en una entrevista en el 2019 en la que alababa el trabajo de Manolo en el Supremo–. Los indultos fueron prácticamente el único que pudo cumplir como ministro, porque su paso por el gobierno español fue más bien corto: en cuanto se aprobó la medida de gracia, el presidente español le destituyó. Otros 18 días duró en el cargo.

Con la confirmación del juez Pablo Llarena de no amnistiar a Carles Puigdemont, la resolución de un eventual recurso del expresidente de la Generalitat recaerá en la sala que preside Manuel Marchena. El magistrado que condenó a los líderes del 1-O, sin embargo, no será uno de los que participarán de la decisión: serán Susana Polo, Eduardo de Torres y Vicente Magro, los integrantes de la sala de apelaciones que desde que se inició la causa del Proceso se encarga de las impugnaciones que los encausados ​​presentan contra los escritos de Llarena. El último servicio de Marchena a la lucha judicial contra los impulsores del referendo habrá sido, probablemente, la negativa a extinguir la inhabilitación de los exconsejeros Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. ¿Por qué? En menos de dos meses termina su mandato.

La mejor decisión de los últimos siete años por parte de los dirigentes independentistas ha sido la de aquellos que después de los hechos de octubre de 2017 y la aplicación del artículo 155 optaron por irse al exilio. Se trata de una decisión que ha permitido internacionalizar el conflicto de fondo entre Catalunya y el Estado, así como constatar las carencias liberal-democráticas de la cúpula judicial española. El reiterado ridículo de los jueces del Tribunal Supremo frente a los tribunales de la Unión Europea, el Consejo de Europa y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido constante. Se ha constatado la inexistencia del estado de derecho español en relación al independentismo. El centro de gravedad de ese proceso de internacionalización ha pivotado en los exiliados y, sobre todo, en el president Puigdemont. Y el tema no ha terminado.

La oposición a la ley de amnistía cuando está en manos de los tribunales tiene nombres y apellidos. ¿Quiénes son los magistrados que firman las resoluciones que ponen trabas a la aplicación de la norma?

Un error grosero de García-Castellón con algo tan nimio como una prórroga extemporánea de la instrucción del caso Tsunami ha puesto fin a una investigación delirante por terrorismo. Buena noticia. Pero todavía quedan algunos frentes abiertos. El lector quizás recordará que, en estas mismas páginas, hice referencia a que la guerra de guerrillas del Tribunal Supremo (TS) por no aplicar la ley de amnistía podía chocar con otro obstáculo inesperado: la decisión de los magistrados de no plantear ninguna cuestión prejudicial a escala europea –lo que sí que hará la Audiencia Nacional en el caso de los CDR– y verter toda la litigiosidad en el propio TS y después en el Tribunal Constitucional (TC), para dilatar y hacer ilusorios los beneficios de la norma o para evitar un nuevo correctivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a la vista de cómo han tenido que retorcer el delito de malversación: la independencia de Catalunya habría afectado a los intereses de la UE porque la aportación económica de España a los presupuestos comunitarios habría disminuido. Y eso que la sentencia del Proceso decía que la independencia era un “ensueño”, “un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana”.

Mientras la amnistía se abre paso con penas y trabajos por los distintos juzgados salvo para los líderes del Proceso, lo ocurrido con la causa de Tsunami Democrático que se investigaba en la Audiencia Nacional supera todos los límites del descrédito judicial. Todo el mundo sabía que las acusaciones por terrorismo no tenían ninguna base, pero que al final la causa haya caído por un error de forma (pedir la prórroga de la instrucción fuera de plazo) y no por efecto de la amnistía o por la corrección de una instancia superior hace pensar que, o bien Manuel García-Castellón es una persona incapacitada técnicamente para hacer de juez, o bien considera que ya ha cumplido la misión que tenía encomendada, que no era otra que torpedear el pacto de gobierno entre Pedro Sánchez y los independentistas. La consecuencia más directa del archivo es que posibilitará el regreso a Catalunya de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de seis años en el exilio suizo. Y también de una serie de activistas como el periodista Jesús Rodríguez o Josep Campmajó, que se vieron implicados a última hora en ese montaje judicial.

"Mi amigo Cándido", bromea alguna vez el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en referencia al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido. Es fiel a su ironía y consciente de que en los círculos judiciales son conocidas las tiranteces que mantienen. "Son dos personalidades con un ego impresionante y debían chocar forzosamente", dice una fuente vinculada a la cúpula judicial del Estado. Tras compartir una época en el Supremo, Conde-Pumpido accedió al TC en 2017. Las tensiones en las deliberaciones en el alto tribunal pasaron a una suerte de choque implícito desde instituciones diferentes y que próximamente podría reproducirse a raíz de la ley de amnistía.