La gestión del riesgo por parte de las instituciones públicas se mueve en una zona de intersección incómoda y a la fuerza incierta, que va de la prudencia razonable a la sobreactuación destinada sólo a cubrirse mezquinamente los hombros, a consecuencia de escarmentos recientes. Cuando la semana pasada la Generalitat de Catalunya decretó medidas preventivas ante la previsión de fuertes ventoleras, algunos sectores consideraron que se había ido demasiado lejos: fenómenos como aquel, o incluso peores, se han visto muchos, aunque nunca se había actuado de forma tan radical. Otros, en cambio, consideraron que la crisis se había gestionado proporcionadamente en relación a las amenazas meteorológicas previstas. El debate, en cualquier caso, no es nuevo: forma parte de una cuestión más profunda sobre hasta dónde resulta legítimo que llegue el Estado en la protección de los ciudadanos.

Seguir la pista de las partidas económicas entre el Estado y el Govern no es fácil. Y menos cuando cuecen desde hace años o incluso décadas, como es el caso de las partidas para hacer mejoras en infraestructuras. En el 2023 –coincidiendo con los pactos por la investidura de Pedro Sánchez– la Generalitat arañó dos pactos clave en este sentido: una partida de 914 millones de euros pendientes para hacer mejoras en las carreteras y el pacto de la B-40 o Ronda Norte, que suponía 200 millones de euros más. Hacía tiempo que la Generalitat trabajaba un modelo parecido al vasco para garantizarse ese dinero, las encomiendas o pedidos de gestión, y este lunes se ha explicado cómo se está invirtiendo ese dinero y en qué punto están las obras.

Hace veinte años participé en la obra colectiva ¿Qué nos mueve? Seis valores a debate (Mina), que coordinó el añorado Josep Maria Terricabras. A mí me tocó la parte de los valores democráticos. En una conversación salió un ensayo de Kenichi Ohmae publicado hacía entonces una década, en 1995, en la que se analizaba el declive del estado nación. Terricabras me dijo: "Es muy interesante, pero a nosotros [a los catalanes] no nos aporta nada". Creo que tenía razón. end of the nation state generó un considerable debate que, hoy en día, no sé si todavía sigue siendo pertinente. Ponía sobre la mesa una cuestión importante: la perdurabilidad y relevancia, o no, del estado nación en un mundo globalizado. El estado nación se ha percibido a menudo como una entidad inmutable, olvidando que su formación es históricamente muy reciente. Aunque fue un pilar para superar el feudalismo e impulsar los ideales ilustrados, la idea podía ser problemática. Adherirse ciegamente al concepto conducía a ideas jacobinas oa cosas aún peores. Sin embargo, según Ohmae, la cuestión no era exactamente si el estado nación es bueno o malo en sí mismo, sino si todavía sigue siendo una estructura funcional y razonable.

No es que este lunes esperáramos la solución a la infrafinanciación de la sanidad o la educación, porque ya sabemos que España no puede vivir sin Cataluña (en todos los sentidos), pero existía una expectación justificada en torno al acuerdo Estado-Generalitat. Expectación decepcionada.

Había un tiempo en el que la relación entre la Generalitat y el gobierno español estaba casi monopolizada por el Tribunal Constitucional (TC). La conflictividad entre ambas administraciones alcanzó máximos históricos durante el Proceso, en el que el gobierno del Estado no sólo impugnaba leyes sectoriales –en las que el conflicto ha sido habitual– sino también declaraciones políticas del Parlamento e incluso impedía que se celebraran determinados debates. También el gobierno catalán, a su vez, batallaba en el alto tribunal las leyes de ámbito estatal que, consideraba, invadían los poderes de la Generalitat. Ahora estos tiempos parecen superados si se observan las cifras de conflictividad constitucional que publicita la propia Generalitat. En los últimos años, ya durante el mandato del presidente Pere Aragonès, los litigios cayeron bajo mínimos y ahora, con Salvador Illa al frente del gobierno catalán, sólo quedan dos: el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el ejecutivo de Aragonés contra la ley de vivienda estatal por invasión de competencias, y otro conflicto de competencia interpuesto por la Generalitat por un decreto estatal sobre formación profesional. Nada más, puesto que desde hace meses se ha practicado una política de acuerdos extrajudiciales.

El Govern ha aprobado este martes los primeros trámites para iniciar el traspaso efectivo de Cercanías del Estado hacia la Generalitat. Y lo hará empezando por la línea R1, la que recorre el Maresme hasta Maçanet-Massanes. Así lo ha anunciado la consejera de Territorio, Silvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión de Govern. Pero ¿cómo se hará exactamente ese cambio de titularidad y qué implicará para los usuarios? Estos son los cinco puntos clave del traspaso más esperado a Cataluña:

Promesas ha habido muchas, pero realidades, en los últimos 15 años, muy pocas. Durante este tiempo, la Generalitat no ha recibido ningún nuevo traspaso del Estado para ejercer las competencias previstas en el Estatuto y como mucho ha habido la ampliación de algunas transferencias anteriores. Aunque hasta el 2010 Cataluña era la comunidad autónoma que acumulaba más traspasos, y en el ranking global sigue siendo la que aún tiene más, lo cierto es que desde la sentencia del nuevo Estatut, en el 2006, esta dinámica se detuvo . La demanda de más autogobierno, que siempre ha sido un clamor en Catalunya, no ha tenido respuesta desde las posiciones autonomistas, y el Proceso, con el que directamente ya se pedía la independencia, no sirvió para incentivar más traspasos, sino todo el contrario. Como resultado de todo esto hemos vivido un tiempo de parálisis en el que, como ocurre también con la financiación, se ha hablado mucho, pero no ha habido concreciones.

Hasta el 2010, Cataluña era la comunidad autónoma que acumulaba más traspasos del Estado en comparación con el resto. De hecho, desde 1980 es la que todavía encabeza el ranking de todas las autonomías, con 192 transferencias, de acuerdo a los datos del ministerio de Política Territorial. Ahora bien, después de la sentencia del Estatut del 2006, cuando se inicia la época de lo que fue el Proceso, esta actividad se frena en seco. Tanto es así que la última vez que se reunió la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat (el órgano para transferir al gobierno catalán todos los medios necesarios para hacer efectivas las nuevas competencias) fue en noviembre del 2010, cuando se acordó la transferencia de servicios ferroviarios regionales de transporte de viajero –una especie de traspaso parcial de Cercanías–. Ese mismo año también se había traspasado la Inspección de Trabajo a la Generalitat. Tal y como explican fuentes de Presidencia, tras ello la comisión mixta no se ha reunido más y sólo se han producido ampliaciones de transferencias anteriores por "empoderamiento" (sin reunir a la comisión). En 2011 se amplía la Inspección de Trabajo y en 2020, 2021 y 2022 se hacen ampliaciones en materia de la administración de justicia. Es decir, hace quince años que la Generalitat no recibe nuevos traspasos.

¿Si prohibimos la familia con la que la sustituimos? El periodista Antoni Bassas lanza esta pregunta a Serena Olsaretti, filósofa política e investigadora ICREA de la Universidad Pompeu Fabra. Es una de las últimas cuestiones del debate "Primero, la familia. Derechos y deberes de los menores y de las familias", con la que se cierra el 8º ciclo Diálogos de Pedralbes, dirigido por el profesor de filosofía moral y política de la Universidad Autónoma de Barcelona Daniel Gamper, organizado en colaboración con el ARA y que ha tenido lugar en las últimas semanas en el monasterio de Pedralbes. Sin embargo, la respuesta no es fácil.

El mundo contenía la respiración ante el avance sin freno de la covid hace cuatro años. En unas pocas semanas, un minúsculo patógeno causó la emergencia sanitaria más devastadora de la época moderna y evidenció, por un lado, que los científicos que alertaban de la llegada de una pandemia tenían razón; por otro, que los países más desarrollados ignoraron estas advertencias y no prepararon suficientemente sus sistemas sanitarios para una eventual amenaza de salud pública. Cada país actuó en solitario y siguiendo la estrategia de la prueba error; por desconocimiento, pero también por falta de previsión.

Un 16%. Solo 370 millones sobre los 2.276 millones previstos. Es lo que el Estado ejecutó durante los primeros seis meses del año 2023 en Cataluña, tal y como se desprende del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) correspondiente a este período, en el que ha tenido acceso el ARA. Aunque es una ejecución ligeramente más elevada que la del mismo período de 2022 o la del 2021, cuando el gobierno español ejecutó un 15,7% y un 13%, respectivamente, sigue mostrando con toda su crudeza la crónica falta de ejecución de las de inversiones estatales en Cataluña.

Cualquier reunión de infraestructuras entre el Estado y la Generalitat implica hablar del traspaso de Cercanías, una de las exigencias históricas de los partidos independentistas. Sin embargo, este miércoles, en una reunión entre la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, y la consellera de Territori, Ester Capella, esta materia casi ni se ha abordado. De hecho, ni formaba parte del orden del día. A las puertas de una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente español, el traspaso "integral" de Cercanías es uno de los temas que se quiere desarrollar a cambio de apoyar a Sánchez, como mínimo por parte de ERC, por lo que en esta ocasión ninguna de las dos partes ha querido hacer sangre.

La ola de calor extremo que asola Europa debido a una demasiada de aire proveniente del Sáhara está dejando temperaturas récord en Catalunya: en Lleida se ha registrado una máxima de 41,4 grados en Sant Romà d'Abella –en el Pallars Jussà– y en Seròs –en el Segrià–, y en Barcelona, donde no se ha bajado de los 27 grados, el mercurio ha llegado hasta los 31,5 grados. Hace cinco días que el país se enfrenta a uno de los episodios de calor con más gravedad de las últimas dos décadas, lo que ha obligado a la Generalitat a decretar restricciones severas en las actividades en el medio natural para tratar de minimizar el riesgo de incendios. De hecho, la situación es crítica en varios puntos de España y, según los datos recopilados por el Instituto de Salud arlos III, en todo el Estado se han producido 360 muertos entre el 10 y el 15 de julio atribuibles a las altas temperaturas, 123 de las cuales se produjeron el viernes. Cuatro de ellas se han computado en Catalunya, según informa el ministerio de Sanidad.

El gobierno español propone crear un nuevo sistema de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) permanentes post-covid llamado Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo con trámites más simplificados, según han informado varios medios y han confirmado a la ACN fuentes conocedoras de la negociación. Este mecanismo se podrá activar en caso de imprevistos que impidan la actividad de la empresa y busca facilitar las reducciones de jornada y evitar los despidos.

Horas antes de que el gobierno español y los agentes sociales firmaran el acuerdo de la reforma de las pensiones, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha mandado un mensaje directo a la generación conocida como baby-boomers, la nacida entre los años 50 y mediados de los 70. En una entrevista en TVE, Escrivá les ha avisado de que o "trabajan algo más" (más años) o sufrirán un "ajuste bastante moderado" de sus pensiones con el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que prevé la reforma. Este mecanismo, que todavía se tiene que definir con los agentes sociales, sustituirá el polémico factor de sostenibilidad (el que recogía que las nuevas pensiones se ajustaran a la baja si aumentaba la esperanza de vida) de la ley que se deja atrás y que, de hecho, nunca se ha llegado a aplicar porque se aplazó su entrada en vigor hasta 2023.

De 90 a 1.220 euros al mes. Esta es la propuesta sobre las nuevas cuotas de autónomos que propone el gobierno español y que ya ha enviado a los agentes sociales (patronales y sindicatos) para negociarlas