15 años sin nuevos traspasos a la Generalitat para ejercer competencias

BarcelonaHasta el 2010, Cataluña era la comunidad autónoma que acumulaba más traspasos del Estado en comparación con el resto. De hecho, desde 1980 es la que todavía encabeza el ranking de todas las autonomías, con 192 transferencias, de acuerdo a los datos del ministerio de Política Territorial. Ahora bien, después de la sentencia del Estatut del 2006, cuando se inicia la época de lo que fue el Proceso, esta actividad se frena en seco. Tanto es así que la última vez que se reunió la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat (el órgano para transferir al gobierno catalán todos los medios necesarios para hacer efectivas las nuevas competencias) fue en noviembre del 2010, cuando se acordó la transferencia de servicios ferroviarios regionales de transporte de viajero –una especie de traspaso parcial de Cercanías–. Ese mismo año también se había traspasado la Inspección de Trabajo a la Generalitat. Tal y como explican fuentes de Presidencia, tras ello la comisión mixta no se ha reunido más y sólo se han producido ampliaciones de transferencias anteriores por "empoderamiento" (sin reunir a la comisión). En 2011 se amplía la Inspección de Trabajo y en 2020, 2021 y 2022 se hacen ampliaciones en materia de la administración de justicia. Es decir, hace quince años que la Generalitat no recibe nuevos traspasos.

Esta comisión solía funcionar de la siguiente forma: se hacían grupos de personas de diferentes departamentos que enumeraban los traspasos pendientes y, posteriormente, hablaban con las personas del mismo ámbito designadas por los respectivos ministerios. que constata la lentitud de los procesos. Y es que las transferencias acaban dependiendo de las relaciones entre el Estado y la Generalitat, que en los últimos años han estado marcadas por la tensión.

Sólo recientemente se ha firmado con el gobierno español un convenio que rompe esta dinámica en materia de traspasos. Se trata del ingreso mínimo vital –que ya logró el País Vasco– en el marco de la negociación del PSC y Izquierda para la investidura de Salvador Illa. Ahora bien, este acuerdo todavía no es efectivo y no se ha vehiculado a través de la comisión mixta, sino con un convenio que no entrará en vigor hasta esta primavera. En todo caso, fuentes jurídicas señalan que, pese a que el gobierno catalán será quien gestione la prestación, la seguirá pagando el Estado.

También siguen sin aplicarse los traspasos que se acordaron recientemente en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. Este organismo, a diferencia de la comisión de transferencias, es más político y es donde se toman las decisiones antes de ponerlas en práctica con el traspaso del dinero y del personal. A raíz del Proceso, estas relaciones bilaterales también quedaron congeladas y no se reactivaron hasta la época del presidente Quim Torra, el 1 de agosto de 2018 (en la que sólo consta como acuerdo la aprobación del acta de última reunión, del año 2011). Siguieron con Pere Aragonès, jefe del ejecutivo a partir del 2021, con otras dos reuniones: en la primera se crea un grupo de trabajo para estudiar los traspasos pendientes (que sólo se ha reunido dos veces) y en la última acuerdan una serie de traspasos –en febrero del 2022–, como la titularidad del Observatorio del Cerro del Hombre o de las autovías B-23 y B-30, que aún deben hacerse efectivos, según fuentes jurídicas.

Asimismo, hay una serie de temas que se derivan directamente del Estatut y que se han ido arrastrando en los últimos años. Ejemplos: la participación de la Generalitat en los paradores de turismo –una medida que, aunque puede parecer menor, siempre ha costado mucho, según fuentes implicadas–; la formación sanitaria especializada (los exámenes MIR); salvamento marítimo, o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del empleo y de la formación profesional. Otra reivindicación histórica es el traspaso de la comisaría de la Via Laietana para realizar un centro de memoria histórica.

El nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tiene la voluntad de reactivar los mecanismos previstos en el Estatut para desarrollarlo, y fuentes de Presidencia confirman que hay una lista de temas pendientes para abordar –el propio presidente Illa ha cifrado 50–. Lo más inmediato, y que forma parte del acuerdo de investidura con Esquerra, es el traspaso de Cercanías, que el ejecutivo quiere acelerar este mes de enero para dar señales de cumplimiento del pacto a los republicanos, que de momento alejan su apoyo a los presupuestos. Tanto es así que este martes se prevé que haya alguna novedad en el consejo ejecutivo.

En cuanto a la financiación singular, no está claro cómo vehicular, aclaran las fuentes jurídicas consultadas, aunque si la Generalitat debe asumir la gestión de más impuestos –señalan estas mismas fuentes– será necesario un traspaso de medios provenientes de Hacienda. También deberá reactivarse la Comisión Mixta si finalmente el PSOE y Junts pactan una nueva ley de inmigración que traspase facultades a Cataluña a través del artículo 150.2 de la Constitución.

La diferencia con el País Vasco

El frenazo que se produce en Cataluña en el 2010 contrasta con la situación del País Vasco. Según los datos del ministerio de Política Territorial, acapara el 60% de traspasos realizado por el presidente español, Pedro Sánchez, desde que aterrizó en la Moncloa, en el 2018, con la moción de censura contra Mariano Rajoy, tal y como ya detalló Europa Press en unos datos sobre la autonomía vasca.

En 2018 Sánchez transfirió al gobierno vasco la autopista AP-1, la línea de ferrocarril Basurto Hospital-Ariz e Irauregi- Lutxana- Barakaldo, la autopista AP-68, los medios adscritos a la gestión de prestaciones sanitarias de el seguro escolar, la ejecución de la legislación laboral en términos de ayudas previas a la jubilación a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo, la legislación sobre productos farmacéuticos, el traspaso de la gestión de las prisiones, la gestión del ingreso mínimo vital, el transporte de viajeros por ferrocarril de Cercanías y la homologación y la declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superiores extranjeros, entre otros.

Un excargo de la Generalitat consultado quita hierro a estas cifras asegurando que algunas de las transferencias que ha asumido el gobierno vasco en los últimos años, Catalunya ya las tenía previamente, como la gestión de las prisiones. Mientras que otra fuente jurídica valora positivamente el trabajo realizado por los vascos: considera que han ido haciendo sin hacer ruido y eso ha beneficiado a su autogobierno. Otro de los consultados matiza que, pese a que no haya habido nuevos traspasos, la Generalitat a veces ha optado por tirar por el derecho y ejercer sus competencias antes de que le llegaran los medios por parte del Estado, y estas decisiones comportan que se deba sufragar directamente con el presupuesto del gobierno catalán.

Las demás autonomías

Sea como fuere, en términos históricos, el País Vasco no es de las más beneficiadas, ya que es la sexta autonomía con más transferencias. La segunda es Andalucía con un total de 155 traspasos, empatada con Galicia. País Valenciano con 134 y las Islas Canarias con 128. En cualquier caso, como Cataluña, la mayoría de estas autonomías que históricamente han sido líderes en transferencias en los últimos años no han contado con muchos acuerdos, según los datos del ministerio de Política Territorial. naturaleza. En Galicia el último traspaso también hace más de diez años. costas que prevé su Estatut, mientras que en la Comunidad Valenciana hace un par de años también se le transfirieron facultades en materia de conservación de la naturaleza y de patrimonio arquitectónico En total, desde el año 1978 se han producido un total de 2.017 transferencias del Estado a las comunidades, por el reparto competencial marcado en la Constitución, el Estado o las leyes orgánicas de delegación a través del 150.2 de la carta magna. En todo caso, la mayoría de los traspasos de poder se concentran en las primeras décadas de la democracia, que es cuando hubo la mayor parte del desarrollo autonómico.