El conflicto en la educación ha hecho evidente el malestar que se vive en escuelas e institutos. También las dificultades para encontrar respuestas. Una sociedad cada vez más desigualitaria aboca graves problemas sociales a los centros educativos. Desigualdades crecientes, pobreza extrema, violencia social y enfermedades mentales generan conflictos que el profesorado debe encarar sin disponer de los medios necesarios y con sensación de soledad y abandono. Los carteles en las puertas de algunas escuelas lo expresan claramente: "Nos indigna que la psicopedagoga no forme parte de la plantilla del centro"; "Nos indigna tener que formarnos en nuestro tiempo libre y con nuestro dinero en dislexia, TEA, TEL, TDAH, discalculia...".

La escuela concertada está de enhorabuena, en especial la que realiza una labor de integración social, que contra lo que algunos piensan es bastante relevante. A menudo se confunde la escuela privada de élite (sin concierto con la administración) con la concertada, donde existe una gran variedad: cooperativas de maestros, escuelas religiosas, etc. En el Raval barcelonés, donde tiene su sede el ARA, hay varios centros concertados de larga trayectoria que acogen a miles de niños de familias humildes de procedencias muy diversas.

Una de las diferencias entre la escuela concertada y la pública en Cataluña es el número de horas de clase que realizan los alumnos. A grandes rasgos, si un alumno acude a la pública, casi seguro que dará 175 horas menos de clase que si va a la concertada. El motivo detrás de esta desigualdad es la archiconocida sexta hora que se aplica a todos los centros concertados, pero que es casi inexistente en los públicos, donde la gran mayoría de alumnos realizan una jornada lectiva de cinco horas a excepción de escuelas de alta complejidad e institutos escuela. La conveniencia de recuperar esta hora en la educación pública lleva años debatiéndose en los ámbitos político y docente, pero ahora el Gobierno ha vuelto a chutar el balón adelante.

El auge del pensamiento de extrema derecha en nuestra sociedad tiene unas consecuencias que también afectan a la vida en las escuelas. Pero lo que conviene pedirnos es si desde la escuela somos suficientemente eficientes a la hora de hacer de contrapeso de esta tendencia ideológica, o bien si, sin quererlo, la estamos alimentando.

Para encontrar el primer instituto escuela que se creó en Cataluña es necesario remontarse hasta el año 1931. En ese momento la Generalitat abrió los primeros centros de secundaria que estaban vinculados a escuelas de primaria basándose en los principios de 'Escuela Nueva catalana. Este modelo fue erradicado en 1939 con la dictadura franquista y no fue hasta casi 60 años más tarde que el sistema educativo catalán público volvió a contar con un instituto escuela, un modelo de centro por el que sí apostaron desde un buen principio muchas escuelas concertadas.

El baile de plazas escolares entre la pública y la concertada en Cataluña y el miedo a no entrar en la escuela o en el instituto que se quiere, preocupan cada vez más a las familias. "Hay una clara intención de reducir las plazas públicas que no está justificada por el bajón de natalidad", ha denunciado este martes la presidenta de la AFFAC, la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Catalunya, Lidón Gasull. "Si este argumento [el de la bajada de la natalidad] fuera cierto, se estaría reduciendo en la misma proporción las plazas de la concertada y de la pública", ha criticado Gasull en la presentación del informe de inicio de curso que realiza anualmente la asociación con datos del departamento de Educación.

[...] Volveremos a la escuela / que ya debe estar triste / sola / y con los amigos de siempre / celebraremos con alegría / en septiembre [...]

Crecen las solicitudes para entrar en la escuela concertada en infantil 3 (I3) y en primero de ESO y bajan a la pública. Esto es lo que revelan los datos definitivos de solicitudes de cara al curso 2024-2025, que este viernes ha hecho públicos el departamento de Educación. Más concretamente, en I3 se han registrado 1.041 solicitudes más en la concertada en comparación con el curso pasado, mientras que ha habido 1.077 menos en los centros públicos. En el caso de primero de ESO, otras 294 familias han solicitado la concertada como primera opción, mientras que el instituto público ha perdido 936 peticiones. Así, entre primaria y secundaria, la concertada ha ganado 1.335 solicitudes, mientras que la pública ha perdido 2.014.

El mes de marzo siempre es especial para las escuelas e institutos porque es el período de puertas abiertas y de preinscripción. Ahora bien, desde hace unos años también es una época de malas noticias para muchos centros que les comunican el cierre de algún grupo de infantil 3 (I3) o de 1º de ESO debido a la bajada demográfica.

Mientras Vox practica el canibalismo en el Parlament de Baleares, y sus socios del PP tratan de quitarle importancia diciendo que esto son cosas suyas pero que no afectan al Gobierno, la sociedad civil se organiza para responder a los despropósitos que, tan sólo en medio año de mandato, ha causado el ejecutivo presidido por Marga Prohens, que fue investida presidenta en virtud del acuerdo con Vox (ahora debemos llamarlo exVox, toda vez que lo que queda del grupo parlamentario de Baleares ha sido descrito por Ignacio Garriga como “cinco sujetos” que han estado expulsados ​​del partido).

El Govern Balear aprovechó los últimos días de fiestas navideñas para modificar sustancialmente el organigrama de su Conselleria de Educación. Se ha introducido una nueva dirección general dedicada a la escuela concertada, que se convierte oficialmente, de este modo, en una de las prioridades del gobierno que preside Marga Prohens en materia educativa. Se dirá, cómo podemos leer en la noticia de Jaume Cladera en Ahora Baleares, Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados, y ha sido nombrado para dirigirla Ismael Alonso, que fue secretario general del USO, sindicato mayoritario de la enseñanza concertada, por lo que todo queda en casa. De hecho, el consejero de la materia, Antoni Vera, ha decidido hacer del apoyo a la escuela concertada una bandera de su gestión. Asistió a un foro que llevaba un nombre muy del agrado del PP: Congreso de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Baleares. Y ahí vino la escuela concertada como “la gran olvidada”, y la presentó como lo hace siempre el PP con lo que le interesa potenciar: como una víctima. Según el conseller, es una injusticia que la escuela concertada (hay 106 centros, en Baleares) no reciba las mismas ayudas que la pública. Una falacia, porque la concertada cuenta con otras fuentes de ingresos que hacen innecesaria, e improcedente, la equiparación de la inversión de los recursos públicos que recibe con los que deben invertirse en la pública. Esto, de entrada. De salida, tampoco el propósito ni el planteamiento educativo de la pública y la concertada (y la privada) son los mismos: la pública busca formar a ciudadanos libres e iguales; la concertada y la privada, miembros de unas élites comprometidas consigo mismas. Y tampoco, todo sea dicho, la calidad es la misma: la de la pública suele ser considerablemente superior, pese a los problemas y limitaciones que a menudo sufren centros y docentes.

Es una situación que se vive cada año en muchas familias cuando llega el momento de preinscribir al hijo o hija a una nueva etapa educativa. El niño acaba la guardería y tiene que pasar a la escuela o bien hace sexto de primaria y tiene que empezar el instituto. Los padres hacen la preinscripción en los centros del barrio que quedan más cerca o que les recomiendan desde la guardería y, una vez hechos todos los trámites, este niño pasa a ser un número en una lista larguísima. Todavía no se han dado los resultados definitivos, pero haciendo cuentas y preguntando en las escuelas, los padres ya ven que las probabilidades de que su hijo tenga plaza en los centros donde han hecho la preinscripción son casi nulas. La misma situación se vive cuando el cambio de etapa es entre la escuela de primaria y el instituto. El problema es que, pese a esta percepción de los padres, hasta que no se publique la oferta definitiva de plazas de cada centro no hay nada concreto que reclamar.

Primero fue el gesto inédito de todos los directores de centros públicos de Barcelona sumándose a la primera jornada de huelga en el mes de marzo para denunciar su "malestar por la gestión comunicativa y de recursos". Después, y ante la nueva tanda de movilizaciones, las direcciones mandaron una carta al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, avisando de que la situación en las escuelas es "insostenible" y alertando de que "hay riesgo real de que todo el sistema educativo público se colapse". Y ahora, habiendo acabado uno de los cursos más difíciles en las aulas, los directores se vuelven a organizar para hacer evidente su descontento con la conselleria. Según ha sabido el ARA, las direcciones de Barcelona se concentrarán el miércoles 29 de junio a las 9 h en la sede del departamento, y llaman al resto de direcciones catalanas a hacer lo mismo ante sus servicios territoriales.

Hace cuatro años en Barcelona se registró un cambio educativo muy significativo: por primera vez en la historia, la demanda de plazas de P3 fue mayor en los centros públicos que en los concertados. Aquel año la diferencia fue por la mínima (50,5% en la pública y 49,5% en la concertada), pero desde entonces cada año la tendencia no solo se ha consolidado, sino que la distancia se ha ido ampliando. Para el curso que viene se ha detectado un nuevo récord: el 56% de las familias han elegido un centro público para sus hijos en P3. De las 10.752 solicitudes, un 3,11% menos que el año pasado, 5.977 quieren una escuela pública y 4.775 una de concertada.

Uno de cada cinco alumnos que el curso que viene harán P3 tendrá una plaza reservada porque tiene necesidades educativas específicas de apoyo educativo (NEE), sea porque es un niño afectado por una discapacidad o trastorno o, sobre todo, porque es socialmente desfavorecido. El 21,3% del total de alumnos que se incorporarán a infantil responden a este perfil, más del doble que hace un año (10,1%), hasta el punto que el 22% de las plazas de P3 en la escuela pública estarán ocupadas por alumnos NEE, y lo mismo pasará en el 18% de plazas escolares de las escuelas concertadas. El salto más grande, sin embargo, se produce si se tienen en cuenta solo a los alumnos vulnerables socialmente: el año pasado eran el 7% del total y este año casi se ha triplicado la detección, hasta llegar al 17,9%, tal como explicó el ARA hace unos días, cosa que acerca al departamento de Educación al objetivo del 22%. Habrá 9.966 niños de P3 y 10.885 de 1.º de ESO con plaza reservada por vulnerabilidad: en total, cerca de 21.000. Todos estos alumnos entrarán al sistema con un dinero bajo el brazo para compensar económicamente los centros –384,66 euros por alumno en la pública y 988,1 en la concertada– que servirán para pagar material, colonias o excursiones, pero no está previsto que se incorporen nuevos perfiles profesionales para atenderlos en las aulas.

Las medidas que se han tomado para revertir la segregación escolar funcionan pero ni son suficientes, ni van lo bastante rápidas, ni se aplican igual por todo el territorio. Hace ya tres años que el departamento de Educación, los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y las patronales de la escuela concertada firmaron un gran acuerdo de país, impulsado por el Síndic de Greuges, para avanzar hacia un reparto más equitativo del alumnado vulnerable y solucionar uno de los principales problemas del sistema educativo catalán. Desde entonces, se han sacado adelante algunas medidas, como el decreto de admisión que ahora ha entrado en vigor, que ha permitido reducir la segregación escolar un 10%. Un dato positivo, que evidencia que hay más implicación y predisposición de las administraciones para hacer frente a este problema, pero que todavía no es suficiente, según ha expresado el Síndic de Greuges, en un informe de balance del acuerdo.

En Barcelona hay suficientes plazas escolares para todos los alumnos pero la oferta todavía presenta "desequilibrios" según el barrio, hasta el punto de que las plazas son insuficientes en más del 40% de las zonas de escolarización. Y, a pesar de que la mayoría de los centros son financiados con fondos públicos y por primera vez hay más alumnos matriculados en la escuela pública que en la concertada, la escolarización no es gratuita para la mayoría de familias, que de media pagan 281 euros anuales en P3 y 443 euros anuales en 1º de ESO, unas cantidades a las que se tienen que añadir las aportaciones al AMPA y otros gastos como colonias y extraescolares. Estos costes asociados, que en algunos casos pueden llegar a los 1.000 euros al año, limitan la oferta efectiva a la que pueden acceder las familias con menos recursos.