Tenemos problemas serios en Cataluña y España. Y hemos llegado donde estamos por no haber movilizado soluciones identificadas. Planificar los problemas no los resuelve, pero crea una esperanza de solución; cambia la percepción de ellos. Hacemos una lista de problemas presentes:Vivienda: precio y accesibilidad. Enseñanza: deterioro de la calidad y conflicto con los docentes. Cercanías: mal servicio y problemas de gestión no resueltos, sindicalismo excesivo y falta de inversión. Medio ambiente y campesinado: cambio climático, incendios, cadena de suministro de alimentos anticuada, exceso de burocracia. Reparto de la financiación pública entre las comunidades autónomas y el gobierno central: recursos insuficientes para las comunidades autónomas con la mayor parte del gasto corriente. Poder judicial: en conflicto con el ejecutivo y el legislativo. Para estos problemas hay soluciones.Vivienda. Los ayuntamientos deberían poder ceder suelo a las comunidades autónomas por 30 años, con posibilidad de compra al final de la cesión. Una empresa publicoprivada (al 50%) construye y alquila. El capital público hace un préstamo a 30 años al 3%. El capital privado, una inversión con una remuneración al 5%, indexada. Una vivienda de 80 m² o 100 m² construido en suelo cedido por un ayuntamiento cuesta unos 150.000 €. Los costos anuales de una vivienda de estas condiciones ascenderían a 7.500 €: los 1.250 € del interés del préstamo; 2.500 € del retorno del capital, y 3.750 € del dividendo del inversor privado.La renta anual de una familia con renta media-baja, una vez descontado el IRPF, es de 25.000 €. El coste de la vivienda debe ser menos del 30% de la renta: 7.500 €/año. Encaja. Es la solución adoptada en Austria –hace 100 años– y en Holanda –hace 40.Enseñanza. Resolver el conflicto requiere gestión y dirección, y no prácticas funcionarias. El problema no es el dinero –ha habido un incremento de la remuneración de los docentes– ni la reducción de ratios profesor-alumno, que han disminuido. El problema es la gestión de los centros y la mejora de la formación de los profesores: hay que aumentar su componente científico para promover un aumento de vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Hoy, estos estudios suponen el 18% de estudiantes universitarios, cuando deberían representar, como mínimo, el 21%, para mantener un desarrollo armónico con las políticas de I+D y la modernización de la economía. Y los alumnos deciden qué estudiar mientras cursan la secundaria.El curso 2024-2025 había en Cataluña unos 39.000 profesores de infantil y primaria, y unos 43.000 de secundaria y enseñanzas postobligatorias. Después de las reformas pactadas esto supone un gasto anual de 5.900  millones de euros, a los que hay que añadir 2.200  millones para la enseñanza concertada. El problema no es económico: nunca ha habido tanto dinero. La negociación ha sido sindical y no profesional. La autoridad de los directores de centro se reduce mientras la selección y promoción de los profesores se hace más rígida; lo contrario de lo que hace falta. Tener el profesorado como funcionarios, y descontentos, es un error. Nos estamos perjudicando en una cuestión que es nuestro futuro. La fortaleza de Cataluña, España y Europa es nuestra gente, y no sobresalir en la enseñanza tiene un coste alto. Lo estamos viendo.Cercanías. El servicio es malo. En Cataluña hay dos redes, con dos anchos diferentes que facilitan la desagregación: el ancho UIC –que, al comunicar Cataluña con España y Francia, debe ser responsabilidad del gobierno central– y el ancho ibérico. Por esta segunda red solo circulan Cercanías y regionales (y mercancías que en un futuro dejarán de circular por ella). Hay un déficit de inversión de 15.000 millones de euros en esta red en 40 años. Si añadimos la nueva línea de la costa –la actual es precaria–, y los garajes y talleres, la inversión necesaria es de 20.000 millones de euros. Un gasto de 2.000 millones de euros durante diez años es asumible.Renfe y Adif deben eliminarse de Cercanías y regionales. Son empresas públicas del gobierno central, controladas por un sindicato corporativo y en las que el mantenimiento del poder sindical será siempre superior a la mejora del servicio. Se ha visto en los últimos meses. Este sindicato, que defiende sus intereses en detrimento de los de la ciudadanía, tiene en Cataluña menos de 1.000 afiliados. Vencer esta resistencia para constituir una empresa nueva que gestione los trenes regionales y de Cercanías es factible, a pesar de la oposición sindical. Es mejor contratar nuevo personal que “convertir” el actual. Los que no quieran, que se queden en Renfe y Adif.Una iniciativa fácil y urgente es un servicio de información sobre la circulación de los trenes que llegue al móvil de los usuarios y les permita conocer, en tiempo real, los horarios reales de los trenes ese día. Ahorraría miles de horas a la ciudadanía y reduciría la molestia de no saber cuándo llegarán los trenes a las estaciones. Con la tecnología actual, el coste es prácticamente nulo.Medio ambiente y agricultura. Necesitamos un cambio en la producción de alimentos para mejorar la eficiencia y reducir el impacto en el medio ambiente. Hay que aumentar la producción vegetal sobre la animal, que consume más agua y contamina más. Los hábitos alimentarios no se pueden cambiar de repente, pero sí de manera progresiva con una política a 20 años.Financiación. El nuevo plan de financiación de las CCAA, pendiente de aprobación, supone una transferencia de 21.000 M€/año del gobierno central a las comunidades. No es suficiente, pero es un paso en la buena dirección. Si no lo hacemos, será por razones de política de “vía estrecha”.Poder judicial. Hay más de 5.000 jueces en España. ¿Cómo puede ser que apenas haya sanciones por conductas inapropiadas? A pesar de que la mayoría sean competentes y hagan su actividad de manera profesional, no es posible que todo el mundo lo haga todo siempre bien en un colectivo de esta dimensión. Hace falta una reforma del sistema que, hoy, es políticamente imposible.Dejo para otro artículo la cuestión de la sanidad –un servicio de alta calidad, pero sobrecargado e insostenible, un problema futuro al que conviene poner remedio ahora– y el turismo –concentración excesiva en meses pico, necesidad de reorientar la oferta hacia una menor cantidad y mayor calidad–. Para el resto, queda patente que en muchos ámbitos –no en todos– se puede hacer lo que hace falta. La política ha de servir para resolver problemas, no para pelearse. Los electores lo han de tener claro.

Cataluña vuelve a situarse una vez más entre las comunidades donde el Estado destina menos recursos. Según los informes que el ministerio de Hacienda ha enviado este viernes a los partidos políticos y al Congreso, y a los cuales ha tenido acceso el ARA, el gobierno español gastó en Cataluña el 8,6% de toda la inversión que ejecutó durante el año 2025 en las comunidades autónomas. Es el año en que recibe el trozo de pastel más pequeño de los últimos diez años, un periodo durante el cual Cataluña ha recibido entre el 9% y el 13% de las inversiones llevadas a cabo por el ejecutivo central.

El ministerio de Hacienda, capitaneado por Arcadi España, envió ayer por escrito a todas las comunidades autónomas un primer borrador de la propuesta de la nueva financiación, al cual accedió el ARA, y que mantiene lo que el gobierno español pactó con la Generalitat y Esquerra, que han negociado hasta última hora con el equipo del ministro. Se trata de la primera vez que el gobierno español detalla los pilares de la propuesta, ya que hasta ahora solo se había introducido de viva voz en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de enero. Es, pues, un paso adelante para enfilar realmente el proceso para aprobar el modelo.

Mientras la legislatura española tenga vida, el gobierno español mantiene los pasos para intentar que el nuevo modelo de financiación autonómica vea la luz. ¿Con qué calendario trabaja? Una vez superadas las elecciones andaluzas –en las que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentó de candidata–, el ejecutivo estatal ha reactivado la maquinaria y ha fijado para el miércoles 29 de julio una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debería servir para poner sobre la mesa el nuevo sistema de financiación que los socialistas pactaron con ERC (y presentaron en enero). Previamente, el 14 de julio el gobierno español hará una reunión técnica preparatoria con todas las autonomías y esta semana ya distribuirá a todas las comunidades la propuesta concreta. El siguiente paso ya será que el consejo de ministros apruebe la propuesta para después enviarla al Congreso, probablemente en septiembre. Y allí, todavía ha de ganar los apoyos necesarios para que este nuevo modelo vea la luz.

Avalis, la sociedad publicoprivada impulsada por la Generalitat que ofrece avales a pymes y autónomos, se alía con la firma de servicios de banca Kenta Capital y lanza un fondo de deuda para financiar pequeñas y medianas empresas (pymes) catalanas. El instrumento, presentado este miércoles en Barcelona, nace con un volumen inicial de 50 millones de euros y ofrece unas condiciones de financiación hasta ahora poco habituales para las pymes: a diferencia de un préstamo común, las empresas tendrán acceso a una estructura conocida como "bullet".

Fue un debate con una conclusión previsible: el encontronazo entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda. El primero, defensor a ultranza del nuevo modelo de financiación pactado entre el PSOE y ERC; el segundo, representante del PP, como detractor de la propuesta. Y en medio, Imanol Pradales, lehendakari vasco, que lo miraba desde la barrera defendiendo su concierto económico como una "rara avis" en el Estado. Todo ello, en una mesa redonda en las jornadas de este año del Círculo de Economía. "No quiero ninguna ventaja ni ningún privilegio para Cataluña, pero tampoco que se nos deje atrás", ha argumentado Illa, para después añadir que Cataluña "no pedirá permiso para liderar y para hacer propuestas respetuosas". "Yo tampoco pediré permiso a nadie, pero se tiene que llegar a un acuerdo", le ha replicado Rueda.

Ahora ya se sabe que el final de la legislatura española será un calvario judicial para el PSOE. Tal como explicamos hoy, hay hasta siete frentes judiciales abiertos contra miembros del partido o del gobierno, y eso si no hay causas secretas en marcha que puedan aparecer en cualquier momento. Se pueden decir muchas cosas, pero lo único cierto es que la legislatura comenzó con protestas de la derecha en la calle y manifestaciones de los jueces contra la ley de amnistía, y acaba con un asedio judicial a un partido como no se recordaba al menos desde el final del felipismo.

La Comunidad de Madrid "va muy bien" y se reivindica como "el motor económico de España". Sin embargo, según el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, este escenario positivo se produce "a pesar de" el ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de la consejería de Economía y Hacienda madrileña denuncian ""la asfixia" a la que, a su parecer, los tiene sometidos el Estado. Desde 2019, cuando Ayuso tomó las riendas del gobierno regional, la "deuda consolidada" del gobierno español con Madrid ya asciende a 12.367 millones de euros, según el cálculo del equipo de Ayuso. "El gobierno del señor Sánchez tiene secuestrados los dineros de los madrileños que van a cuestiones tan importantes como la sanidad, la dependencia o la educación", sostiene en declaraciones a la prensa la consejera Rocío Albert, encargada de los asuntos económicos de Madrid.

El gobierno español y ERC oficializaron el acuerdo para una nueva financiación autonómica en enero, con presentación incluida por parte de la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de meses de negociaciones con los republicanos. El pacto lo llevó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde recibió el sonoro rechazo de los consejeros autonómicos del PP. El gobierno español, sin embargo, defendió durante semanas las bondades del nuevo modelo y explicó que estaba elaborando la ley que debía permitir someterlo a debate de los grupos parlamentarios del Congreso. Tres meses después y con un nuevo ministro al frente, Arcadi España, la norma aún no se ha hecho pública, no ha habido reuniones bilaterales con los consejeros autonómicos y tampoco se ha empezado a tramitar. El debate ha pasado a un segundo plano en la esfera pública, sobre todo después de la ruptura entre Esquerra y los socialistas por el traspaso de la recaudación del IRPF.

Para un mejor crecimiento hay que apostar por las baterías para almacenar las energías verdes o atraer el talento, pero la clave para el futuro es una financiación más justa. Hay coincidencia entre la consellera de Economía, Alícia Romero, y tres de sus predecesores de diferentes familias políticas, que tienen claro que hay aspectos en los que puede haber un consenso amplio.

La Generalitat ha anunciado que ha adjudicado 292,75 millones de euros de deuda nueva a largo plazo a tres entidades financieras a un tipo medio "muy ventajoso" del 2,331% e inferior al máximo fijado inicialmente. El departamento de Economía y Finanzas ha precisado que las ofertas de las entidades triplicaron el importe requerido por el Gobierno y el coste final de los préstamos se sitúa entre 5 y 10 puntos básicos por encima del Tesoro, cuando el límite fijado era el del Tesoro +20 puntos básicos (T+0,20%). Esta operación supone la vuelta de la Generalitat de Cataluña a los mercados financieros por primera vez en 14 años después de más de una década dependiendo casi exclusivamente del fondo de liquidez autonómico (FLA) para financiar el déficit.

La Semana Santa ha ofrecido un teórico receso para coger fuerzas de cara a lo que vendrá, las elecciones autonómicas de Andalucía, las más importantes de este ciclo que comenzó en enero con las celebradas en Extremadura. Esta nueva cita en las urnas es la que más interesa en Madrid, pero también en Barcelona, por sus implicaciones. Estamos hablando de un territorio con una población de 8.676.713 personas, de las cuales 6.812.861 con derecho a voto. No es solo por el peso demográfico de esta comunidad que hay mucho en juego en estos comicios. El ciclo completo ha sido y sigue siendo un banco de pruebas con la perspectiva de las próximas elecciones generales, y hoy por hoy se ha saldado sin un diagnóstico definitivo. El PP continúa alimentando la idea de que su llegada a la Moncloa está muy próxima, aunque sea con Vox como incómodo e imprescindible compañero de viaje. Para confirmarlo necesita repetir su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Todo lo que no sea eso dará pie a que se cuestionen las posibilidades de los populares para ver conseguido su principal objetivo. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esta partida es decisiva. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene, por tanto, una alta responsabilidad en esta convocatoria electoral, de la que su partido podrá salir inflando pecho o con la obligación de hacerse muchas preguntas sobre las causas del frenazo en sus expectativas.

En medio del debate por el proyecto de presupuestos que el PSC ha acabado retirando, conviene poner luz a cinco grandes carpetas económicas en las que Catalunya se juega mucho en los próximos años. Más allá de la coyuntura, lo esencial es asegurar unos sólidos fundamentos para afrontar los numerosos retos de futuro.

Las respuestas a esta pregunta pueden ser diversas, y sin embargo yo aventuro una: sin presupuestos se puede administrar, pero no gobernar. La distinción entre estos dos conceptos no es menor. Administrar equivaldría a garantizar el funcionamiento ordinario de los servicios públicos y la continuidad de las políticas públicas ya iniciadas. En cambio, gobernar comporta marcar prioridades, transformar el presente y preparar al futuro. Para administrar no es necesario un gobierno, es suficiente con los empleados públicos. Para gobernar en el sentido que he mencionado sí es necesario un gobierno.

España no tiene solo un problema de financiación autonómica. Tiene un problema de modelo. Y mientras se siga evitando el debate de fondo, cualquier reforma será un parche más en una estructura que lleva años mostrando grietas.

Me sorprende que Miquel Puig, con quien he compartido análisis y diagnósticos tantas veces, se oponga a argumentos que él mismo ha defendido enérgicamente.

El PIB de las economías catalana y española lleva unos años duplicando las tasas de crecimiento de las principales economías europeas, el paro se reduce y la inflación tiende a converger con el objetivo del 2%. Está claro que las cifras macroeconómicas describen una economía que va bien. Sin embargo, existe una percepción cada vez más generalizada, de la ciudadanía y el empresariado, que a pie de calle las cosas no van tan bien como parece; más bien existe un estado de opinión de que los problemas económicos y sociales se agolpan y que, pese a las buenas cifras, esto no acaba de funcionar y, lo que es más importante, que hay que reaccionar para que no vaya peor.

Recientemente conocimos el acuerdo alcanzado entre ERC y el gobierno español sobre el tema siempre controvertido de la financiación. De entrada resulta muy relevante hacer notar que se trata de un pacto entre un solo partido y el gobierno de Pedro Sánchez. Teniendo en cuenta que este partido, ERC, sólo tiene siete diputados en Madrid, la primera conclusión de todo aparece como bastante evidente: si otros partidos no se suman, el acuerdo quedará en papel mojado. Partiendo de la base de que ni el PP ni Vox se añadirán, la partida queda abierta a otras formaciones políticas, fundamentalmente todas aquellas que hicieron posible el gobierno del presidente Sánchez.

Salen los datos del paro derivados de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025. Todos los celebran como una excelente noticia: el paro cae en España por debajo del 10% por primera vez desde hace dieciocho años. Vuelvo a leer la noticia y no me he equivocado. Con toda la inmigración que llega desde hace años a casi todas las comunidades autónomas del Estado, la tasa de paro acaba de bajar del 10%. Datos del trimestre anterior en otras economías vecinas y comparables son Grecia (récord europeo en muchas ocasiones), 8,2%; Italia, 5,7%; Francia, 7,7%. Sólo nos supera, entre las economías de dimensión media/alta, Suráfrica, líder mundial desde hace décadas, 31,9%. En Europa, el área euro está en el 6,3%; Reino Unido al 5,1%. O sea, seguimos teniendo un problema inmenso con el paro.

Una nueva rebaja fiscal en Madrid para responder a la propuesta de modelo de financiación acordada entre ERC y el PSOE. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este lunes que su comunidad bajará a partir del próximo año medio punto los tramos del IRPF autonómico, que ya eran los más bajos del Estado. El tipo mínimo pasará a ser del 8% y el máximo del 20%, cada vez más lejos de Catalunya, que oscila entre el 9,5% para las bajas rentas y el 25,5% para los contribuyentes que ingresan más de 175.000 euros anuales.