La Comunidad de Madrid "va muy bien" y se reivindica como "el motor económico de España". Sin embargo, según el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, este escenario positivo se produce "a pesar de" el ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de la consejería de Economía y Hacienda madrileña denuncian ""la asfixia" a la que, a su parecer, los tiene sometidos el Estado. Desde 2019, cuando Ayuso tomó las riendas del gobierno regional, la "deuda consolidada" del gobierno español con Madrid ya asciende a 12.367 millones de euros, según el cálculo del equipo de Ayuso. "El gobierno del señor Sánchez tiene secuestrados los dineros de los madrileños que van a cuestiones tan importantes como la sanidad, la dependencia o la educación", sostiene en declaraciones a la prensa la consejera Rocío Albert, encargada de los asuntos económicos de Madrid.

El gobierno español y ERC oficializaron el acuerdo para una nueva financiación autonómica en enero, con presentación incluida por parte de la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de meses de negociaciones con los republicanos. El pacto lo llevó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde recibió el sonoro rechazo de los consejeros autonómicos del PP. El gobierno español, sin embargo, defendió durante semanas las bondades del nuevo modelo y explicó que estaba elaborando la ley que debía permitir someterlo a debate de los grupos parlamentarios del Congreso. Tres meses después y con un nuevo ministro al frente, Arcadi España, la norma aún no se ha hecho pública, no ha habido reuniones bilaterales con los consejeros autonómicos y tampoco se ha empezado a tramitar. El debate ha pasado a un segundo plano en la esfera pública, sobre todo después de la ruptura entre Esquerra y los socialistas por el traspaso de la recaudación del IRPF.

Para un mejor crecimiento hay que apostar por las baterías para almacenar las energías verdes o atraer el talento, pero la clave para el futuro es una financiación más justa. Hay coincidencia entre la consellera de Economía, Alícia Romero, y tres de sus predecesores de diferentes familias políticas, que tienen claro que hay aspectos en los que puede haber un consenso amplio.

La Generalitat ha anunciado que ha adjudicado 292,75 millones de euros de deuda nueva a largo plazo a tres entidades financieras a un tipo medio "muy ventajoso" del 2,331% e inferior al máximo fijado inicialmente. El departamento de Economía y Finanzas ha precisado que las ofertas de las entidades triplicaron el importe requerido por el Gobierno y el coste final de los préstamos se sitúa entre 5 y 10 puntos básicos por encima del Tesoro, cuando el límite fijado era el del Tesoro +20 puntos básicos (T+0,20%). Esta operación supone la vuelta de la Generalitat de Cataluña a los mercados financieros por primera vez en 14 años después de más de una década dependiendo casi exclusivamente del fondo de liquidez autonómico (FLA) para financiar el déficit.

La Semana Santa ha ofrecido un teórico receso para coger fuerzas de cara a lo que vendrá, las elecciones autonómicas de Andalucía, las más importantes de este ciclo que comenzó en enero con las celebradas en Extremadura. Esta nueva cita en las urnas es la que más interesa en Madrid, pero también en Barcelona, por sus implicaciones. Estamos hablando de un territorio con una población de 8.676.713 personas, de las cuales 6.812.861 con derecho a voto. No es solo por el peso demográfico de esta comunidad que hay mucho en juego en estos comicios. El ciclo completo ha sido y sigue siendo un banco de pruebas con la perspectiva de las próximas elecciones generales, y hoy por hoy se ha saldado sin un diagnóstico definitivo. El PP continúa alimentando la idea de que su llegada a la Moncloa está muy próxima, aunque sea con Vox como incómodo e imprescindible compañero de viaje. Para confirmarlo necesita repetir su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Todo lo que no sea eso dará pie a que se cuestionen las posibilidades de los populares para ver conseguido su principal objetivo. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esta partida es decisiva. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene, por tanto, una alta responsabilidad en esta convocatoria electoral, de la que su partido podrá salir inflando pecho o con la obligación de hacerse muchas preguntas sobre las causas del frenazo en sus expectativas.

En medio del debate por el proyecto de presupuestos que el PSC ha acabado retirando, conviene poner luz a cinco grandes carpetas económicas en las que Catalunya se juega mucho en los próximos años. Más allá de la coyuntura, lo esencial es asegurar unos sólidos fundamentos para afrontar los numerosos retos de futuro.

Las respuestas a esta pregunta pueden ser diversas, y sin embargo yo aventuro una: sin presupuestos se puede administrar, pero no gobernar. La distinción entre estos dos conceptos no es menor. Administrar equivaldría a garantizar el funcionamiento ordinario de los servicios públicos y la continuidad de las políticas públicas ya iniciadas. En cambio, gobernar comporta marcar prioridades, transformar el presente y preparar al futuro. Para administrar no es necesario un gobierno, es suficiente con los empleados públicos. Para gobernar en el sentido que he mencionado sí es necesario un gobierno.

España no tiene solo un problema de financiación autonómica. Tiene un problema de modelo. Y mientras se siga evitando el debate de fondo, cualquier reforma será un parche más en una estructura que lleva años mostrando grietas.

Me sorprende que Miquel Puig, con quien he compartido análisis y diagnósticos tantas veces, se oponga a argumentos que él mismo ha defendido enérgicamente.

El PIB de las economías catalana y española lleva unos años duplicando las tasas de crecimiento de las principales economías europeas, el paro se reduce y la inflación tiende a converger con el objetivo del 2%. Está claro que las cifras macroeconómicas describen una economía que va bien. Sin embargo, existe una percepción cada vez más generalizada, de la ciudadanía y el empresariado, que a pie de calle las cosas no van tan bien como parece; más bien existe un estado de opinión de que los problemas económicos y sociales se agolpan y que, pese a las buenas cifras, esto no acaba de funcionar y, lo que es más importante, que hay que reaccionar para que no vaya peor.

Recientemente conocimos el acuerdo alcanzado entre ERC y el gobierno español sobre el tema siempre controvertido de la financiación. De entrada resulta muy relevante hacer notar que se trata de un pacto entre un solo partido y el gobierno de Pedro Sánchez. Teniendo en cuenta que este partido, ERC, sólo tiene siete diputados en Madrid, la primera conclusión de todo aparece como bastante evidente: si otros partidos no se suman, el acuerdo quedará en papel mojado. Partiendo de la base de que ni el PP ni Vox se añadirán, la partida queda abierta a otras formaciones políticas, fundamentalmente todas aquellas que hicieron posible el gobierno del presidente Sánchez.

Salen los datos del paro derivados de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025. Todos los celebran como una excelente noticia: el paro cae en España por debajo del 10% por primera vez desde hace dieciocho años. Vuelvo a leer la noticia y no me he equivocado. Con toda la inmigración que llega desde hace años a casi todas las comunidades autónomas del Estado, la tasa de paro acaba de bajar del 10%. Datos del trimestre anterior en otras economías vecinas y comparables son Grecia (récord europeo en muchas ocasiones), 8,2%; Italia, 5,7%; Francia, 7,7%. Sólo nos supera, entre las economías de dimensión media/alta, Suráfrica, líder mundial desde hace décadas, 31,9%. En Europa, el área euro está en el 6,3%; Reino Unido al 5,1%. O sea, seguimos teniendo un problema inmenso con el paro.

Una nueva rebaja fiscal en Madrid para responder a la propuesta de modelo de financiación acordada entre ERC y el PSOE. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este lunes que su comunidad bajará a partir del próximo año medio punto los tramos del IRPF autonómico, que ya eran los más bajos del Estado. El tipo mínimo pasará a ser del 8% y el máximo del 20%, cada vez más lejos de Catalunya, que oscila entre el 9,5% para las bajas rentas y el 25,5% para los contribuyentes que ingresan más de 175.000 euros anuales.

Con el modelo de financiación acordado –pero pendiente de reunir los apoyos en el Congreso para que vea la luz–, la patata caliente de la legislatura catalana se sitúa ahora sobre una asignatura que sigue sin acuerdo: la recaudación del IRPF. Se trata de una cuestión que ERC y PSOE arrastran desde la investidura de Salvador Illa. De hecho, ambos equipos negociadores ya aparcaron este tema en verano cuando constataron la distancia que los separaba. Los republicanos exigen amparar legalmente a la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) como un primer paso para que pueda recaudar el 100% del IRPF dentro de dos años, mientras que los socialistas se resisten. Tras dejar esta cuestión en un segundo plano, ahora Esquerra ha aumentado la presión a los socialistas para que se avengan a cumplir lo que firmaron. Así, los republicanos han condicionado abrir la negociación de presupuestos a dar pasos al respecto. Ahora bien, en estos momentos las posiciones siguen tan alejadas como en verano.

La batalla por la nueva financiación es una partida larga en la que varios actores pugnan por tomar parte y pasar el balón al tejado del otro. Es lo que ocurre con Junts y ERC a raíz del pacto de los republicanos con el gobierno español. Pese a la presión de los ejecutivos catalán y español para que los junteros validen el nuevo modelo –lejos de un concierto, con algunas singularidades generalizables y 4.700 millones adicionales para Catalunya–, los de Carles Puigdemont ya se han movido para activar eloperación concierto que se intensificará en los próximos días y que cuenta con factores como el tiempo, el margen de maniobra de PSOE y ERC y el acercamiento a los actores económicos que ha pedido el expresident Artur Mas.

Quisiera ofrecer una valoración analítica, alejada de apriorismos, sin entrar en detalles, pero sí considerando los rasgos estructurales más básicos de la nueva propuesta de financiación. No creo que puedan anticiparse totalmente sus efectos en resultados finales, a pesar de los importantes trabajos relativos a cifras y rankings de ordinalidad elaborados por ejemplo por FEDEA y por este mismo diario a partir de fuentes gubernamentales. Nos faltan algunos detalles sobre qué existen en los denominadores de los ratios y cómo se han hecho los cálculos del acuerdo. Las cifras finales son malas de garantizar, más allá del dinero que uno puede creer que de una forma u otra (y si quiere el gobierno español actual), hará llegar a cada comunidad. Pero no creo que la nueva fórmula, en manos de algún otro gobierno, garantice la ordinalidad. Y está claro que no es lo mismo situarse tercera en el orden de recursos per cápita con un euro por debajo de la segunda que con un euro más per cápita que la cuarta. Creo que es por eso que, en relación con la ordinalidad, la ministra no se ha mojado más allá de asegurarla voluntariosamente para Cataluña en 2027.

Esta mañana se ha reanudado el servicio de Cercanías, no en todas las líneas con la misma frecuencia después de dos días en que los maquinistas detuvieron el servicio en todo el país. Ayer se presentaron en el trabajo 6 de 140. Los maquinistas que no han detenido el servicio en Andalucía sí que lo han detenido en Catalunya. En las primeras horas de la mañana, los trenes han circulado pero con retrasos y sin muchos pasajeros. Normal: si el miércoles los trenes no van, si el jueves tampoco van, ¿cómo creer que el viernes funcionarán?

El acuerdo PSOE-ERC-PSC para un supuesto nuevo modelo de financiación es un ejemplo insuperable de cuál es la actual realidad política catalana. O, dicho con mayor rigor: del estado actual de . En primer lugar, porque en nuestro país, tanto desde la centralidad mediática como desde quienes siempre priorizan la estabilidad —incluso por encima del interés económico particular—, el acuerdo se ha presentado como un hecho consumado, cuando en realidad no es más que una posibilidad altamente improbable. Dicho de otro modo, ERC y el PSOE han vendido la piel del oso antes de cazarlo, contando con que quien lo denuncie pagará un alto precio.

"El nuevo modelo cumplirá la ordinalidad en el caso de Catalunya". Hace días que esta frase se siente de boca de los principales responsables políticos implicados en la negociación de la financiación autonómica. La ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la consejera de Economía, Alícia Romero, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Hasta ahora, sin datos públicos que lo corroboraran. El ARA ha podido acceder a las proyecciones del nuevo modelo elaboradas conjuntamente por todas las partes, y que sirvieron para que Montero presentara hace dos semanas la propuesta. El resultado confirma la ordinalidad en el caso catalán y apunta a las comunidades que más posiciones ganarían con el cambio: la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Baleares.

Cuanto más se profundiza en los datos del nuevo sistema de financiación puesto sobre la mesa por el gobierno español más se ve la cantidad de variables que se han tenido que incorporar. El objetivo de ERC era poder decir que Catalunya salía beneficiada de forma considerable, y el de la vicepresidenta María Jesús Montero que pudiera venderse como un modelo más solidario que el anterior, ya que ésta es la bandera de los socialistas meridionales como ella. Vistos los números, parece que el sudoku aparentemente irresoluble se ha resuelto con éxito. Sin duda el nuevo sistema beneficia a Catalunya mucho más que el anterior, al tiempo que se puede decir que es más equitativo, es decir, que garantiza de forma más efectiva la igualdad de los españoles en el acceso a servicios públicos como la salud y la educación.