Las residencias de mayores tienen la gran responsabilidad de garantizar una vida digna para miles de ciudadanos, muchos de los cuales llegan para pasar los años más frágiles y desvalidos de sus vidas. Su trabajo es imprescindible, tal y como reivindica el propio sector cuando denuncia la falta de recursos humanos y materiales con los que afronta esta tarea, en un país en el que, viendo que la esperanza de vida no deja de crecer, serán cada vez más necesarios estos equipamientos y servicios.

El DNI de Andrés Hinajeros es atípico por partida doble. Por un lado, es permanente –sin fecha de expiración– desde veinte años antes de cumplir los 70 y, por otro, no tiene su firma. Es una concesión extraña de la administración hacia Hinarejos, sin fuerza ni movilidad en brazos y manos desde aquel mayo de 1974 que, cuando era un joven en la veintena, quedó parapléjico. Fueron cuatro años de hospitalización durísimos en los que confiesa que sólo tenía el deseo de morir, pero se ha rehecho y hoy dice sentirse satisfecho con la vida hasta el punto de que celebra el cumpleaños biológico y el del 17 de mayo –que, como dice él: "El día que volví a nacer"–. "Soy feliz, vivo con la tetraplejía, pero la tengo asumida".

Los enfermos con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de Cataluña podrán pedir la prestación de la esperada ley ELA a partir de la próxima semana, año y medio después de su aprobación en el Congreso de los Diputados. El Govern dará luz verde a su despliegue en la reunión semanal del martes 17 de marzo y los pacientes ya podrán acogerse a ella esa misma semana. Una vez reciba la solicitud, el ejecutivo catalán tendrá un plazo máximo de tres meses para darle respuesta, reconocer el grado de discapacidad y hacer efectiva la ayuda. El departamento de Derechos Sociales estima que hay unas 200 personas que pueden pedir el grado III+ de dependencia extrema -creado específicamente para esta enfermedad-que debe garantizar el derecho de los enfermos de ésta enfermedad neurodegenerativa incurable a recibir un servicio especializado de hasta 24 horas al día si lo necesitan.

Reducir las listas de espera para acceder a una residencia y aumentar los recursos contra la pobreza infantil y el riesgo de desamparo. Estos son los principales ejes defendidos este miércoles por la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, en la presentación del proyecto de presupuestos para su departamento. La partida destinada a Derechos Sociales crece un 28% respecto a 2023 hasta los 4.248 millones de euros, y según la consellera, tiene como objetivo reforzar el estado del bienestar. En este sentido, si se aprobaran los números, el Govern prevé la creación de un millar de nuevas plazas en residencias –eminentemente para personas mayores, pero también para personas con discapacidad– para ese mismo año.

Cinco años lleva el Sindicato de Madres en la Diversidad Funcional batalla por los derechos de las personas con discapacidad y de las cuidadoras. El colectivo –que reúne a madres y también hermanas de varias generaciones– denuncia maltrato sistemático de la administración por la burocracia y un infrafinanciación de servicios y actividades. Sin embargo, en este lustro se han ganado ser interlocutoras directas de la conselleria y una gran entidad social.

El Gobierno se plantea la creación de un fondo económico para financiar a los ayuntamientos en función de la población migrada que tienen para ayudar a mejorar su acogida y facilitar que los consistorios dejen de depender de subvenciones. Es una de las propuestas del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS) del departamento de Derechos Sociales, que este lunes ha presentado un informe en el que radiografía a los 1,4 millones de extranjeros que viven en la Cataluña de los 8 millones.

Más de dos millones de catalanes reciben atención de entidades reunidas en la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social que confía en que el Parlamento apruebe, después de tres años, la ley del tercer sector que debe reconocer el trabajo que realizan profesionales y voluntariado. Desde mayo de 2025, Xavier Trabado Farré es su presidente en sustitución deEnric Morist, muerto repentinamente.

Las entidades sociales se integrarán en el circuito para la regularización de inmigrantes en Cataluña que se prevé que comience en el mes de abril y que en Cataluña podría beneficiar a entre 120.000 y 150.000 personas migrantes. Ésta es una de las principales conclusiones de la cumbre que se ha celebrado este miércoles entre el Gobierno, la Delegación del gobierno español, representantes de sindicatos y patronales, administraciones locales y el tercer sector social. El objetivo del encuentro era poner las bases para "una alianza" de país que pueda acompañar a los ciudadanos que necesiten completar este proceso.

Rectificación del gobierno del Ayuntamiento de Martorell. El pasado noviembre el ejecutivo formado por Junts y el PSC aprobó la prohibición de llenar garrafas con agua de las fuentes públicas del municipio para evitar que los vecinos que no tienen este servicio en casa cogieran de ellos para uso doméstico. Ahora, tras las críticas de entidades sociales y la oposición, así como de la intervención de la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, el gobierno liderado por el juntero Xavier Fonollosa ha decidido rebajar la medida: el Ayuntamiento solo multará a quien coja más de 25 litros de agua de las fuentes municipales.

La información sobre la CUME, una prestación que reciben los progenitores que deben cuidar de menores con enfermedades graves, circula entre las familias como información reservada. El gobierno español la tiene en la cartera de la Seguridad Social desde el 2011, pero estas familias se quejan de que en los hospitales o en los servicios sociales desconocen a menudo que pueden acogerse a una reducción de la jornada laboral de al menos el 50% cobrando el sueldo íntegro para poder dedicarse a acompañar a la criatura al médico o estar pendientes. También denuncian que las mutuas laborales les presionan para que se incorporen al trabajo lo antes posible y que tienen la última palabra, incluso pasando por encima de un informe médico.

En los nueve primeros meses de este año, cada día han muerto en Catalunya de media 25 personas dependientes en lista de espera por ser valoradas o recibir una prestación. Según datos que el Observatorio estatal para la dependencia ha publicado este viernes, hasta el 1 de octubre, 6.851 catalanes han muerto sin respuesta institucional alguna a sus necesidades, cifra que supone uno de cada cuatro de los 25.000 dependientes fallecidos en todo el Estado.

El trabajo y, sobre todo, la vivienda son los dos grandes factores que marcan la desigualdad social. También en el caso de la población migrante en Barcelona, ​​que sufre mayor exclusión residencial que la nacida en el Estado. Primero, porque la mayoría debe vivir de alquiler, a merced de los aumentos salvajes de los precios del mercado, y después porque ocupan los trabajos peor pagados, según las conclusiones del primer informe del Observatorio de las Migraciones y el Refugio del Instituto Metrópoli, con datos de 2022 y 2023. ~BK_S00 un contrato de alquiler, frente al 20% de los autóctonos. Esta diferencia les hace más vulnerables a la presión residencial, puesto que el gasto medio del alquiler se sitúa en mil euros al mes, el doble que en el caso de la propiedad. Además, como los migrantes ingresan de media unos 9.000 euros menos anuales, deben hacer un mayor esfuerzo por hacer frente a los gastos. De hecho, destinan un 41,6% de sus ganancias a la vivienda, más del doble que las nacidas en el Estado (18,5%). Por régimen de tenencia, el informe revela que, aparte del 70% que viven de alquiler, un 11% de los extranjeros tienen una vivienda propia pagada por completo, por el 57% de los autóctonos. El resto hacen frente a las facturas de la hipoteca.

Poco antes de cumplir los 18 años, Nico (un seudónimo) pidió la prestación para la emancipación a la que los jóvenes extutelados tienen derecho cuando hacen la mayoría de edad para facilitarles el aterrizaje en la edad adulta, teniendo en cuenta que la mayoría no tienen el apoyo emocional ni económico de las familias. El trámite se prolongó más de un año, hasta el punto de que, sin otra fuente de ingresos, tuvo que aparcar los estudios y ponerse a trabajar.

La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha admitido que el departamento que ella dirige funcionaba hasta 2023 con una gran carencia de recursos, tanto humanos como técnicos, que han propiciado parte de la problemática en relación con las prestaciones económicas que denunció la Sindicatura de Cuentas y que este jueves la síndica Maria Àngels Cabasés ha detallado en el Parlament. "Las prestaciones se gestionaban con un software equivalente a un bloc de notas, el ámbito de las prestaciones se ha diseñado sin suficiente rigor técnico", ha señalado Martínez Bravo, quien ha aprovechado su intervención en la comisión parlamentaria para anunciar que impulsarán la condonación de la deuda a los jóvenes extutelados que recibieron una prestación económica de forma indebida. Un anuncio de la consellera después de que Cabasés presentara 27 conclusiones que derivan de la fiscalización de las cuentas del departamento y que concluyó que se pagaron casi 168 millones indebidamente entre el período 2016-24. Sin embargo, según la consellera, 70 de esos 168 millones ya se han recuperado y la mayoría –hasta un 90%– acabarán devolviéndose.

La modernización de las residencias geriátricas, para personas con discapacidad y de salud mental tendrá que esperar. La Generalitat da a los centros un año más para demostrar que sus instalaciones y servicios cumplen los estándares necesarios para poder ofrecer plazas a los beneficiarios de la ley de dependencia. En principio, este proceso de acreditación debía finalizar el mes que viene, pero el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha pospuesto el plazo hasta octubre de 2026 para facilitar la subsanación de las deficiencias que actualmente les impiden obtener la aprobación y evitar su cierre.

Hasta hace poco más de un año, la renta básica universal (RBU) era una de las propuestas que estaban en el centro del debate en cuanto a políticas sociales innovadoras. Su universalidad generaba división: los favorables la consideraban una política transformadora e interesante precisamente por ese factor, mientras que los detractores esgrimían que las prestaciones sociales deben discriminar positivamente según los ingresos. El gobierno de Pere Aragonès se hizo suya la universalidad e impulsó un proyecto piloto sobre la renta básica, encarado a un grupo reducido de personas para poder estudiar hasta qué punto puede mejorar la vida de las personas que la reciben. Aunque una de las condiciones de ERC para apoyar la investidura de Salvador Illa era justamente mantener esta prueba piloto, en estos momentos el proyecto está detenido, según explican varias fuentes al ARA.

Discapacidad y dependencia de la mano, complementariedad de ayudas y más apoyo en casa. Éstas son algunas de las novedades que presenta el proyecto para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que el consejo de ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta. Ahora le quedará el trámite parlamentario. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido las iniciativas como las "de gran alcance" de la legislatura porque, por una parte, blinda contra la discriminación a las personas con discapacidades y, por otra, proyecta hacia el futuro el nuevo modelo de cuidados asumiendo las elevadas tasas de envejecimiento de la población en los próximos años.

A los prejuicios que señalan las mujeres feministas, las personas inmigrantes, pobres, gitanas o el colectivo LGBTIQ, hay que sumarle el impacto que representa la desinformación, las mentiras que se esparcen como la pólvora a través de perfiles virtuales. No es que las informaciones falsas sean un escenario moderno, pero en la última década se ha producido "un punto de inflexión", a partir del Brexit y de las primeras elecciones en las que se impuso Donald Trump en EE.UU.

El departamento de Derechos Sociales pagó 167,56 millones de euros indebidamente a través de prestaciones económicas durante el período 2016-2024. Así lo constata un informe de la Sindicatura de Cuentas hecho público este miércoles en el que se apunta que estos pagos indebidos "no responden sólo a errores administrativos", sino a problemas "estructurales de transparencia y gobernanza". Parte de estos pagos, no reclamados y prescritos por la inacción de la administración a la hora de realizar un seguimiento y control, han producido un "menoscabo efectivo a la hacienda" pública y, por tanto, podrían dar lugar "a hechos perseguibles administrativa y judicialmente". En este caso, que afecta sobre todo a la renta garantizada de ciudadanía ya las prestaciones de dependencia, la vía judicial podría abrirse contra los responsables que autorizaron indebidamente estos pagos. Por su parte, Derechos Sociales mantiene que 156 de los 167 millones ya han sido reclamados a los beneficiarios de estas ayudas.

Estrena la adolescencia y Amina S. sueña con poder entrar en la academia y ganar una plaza en los Mossos d'Esquadra o en la Policía Local. Antes, sin embargo, tendrá que conseguir "los papeles" e incluso adquirir la nacionalidad española. De momento con 17 años, después de cuatro en Catalunya, está a la espera de que se resuelva su expediente, una vez que su padre se ha regularizado y puede iniciar los trámites del llamado arraigo familiar de sus dos hijos, mientras que la madre debe seguir otro procedimiento por separado. "¡No tener papeles te hace sentir diferente, porque sientes tantas veces que hay una invasión de ilegales!", afirma esta joven que solo piensa "en el futuro" y que nunca ha podido volver a su país de origen, ni siquiera cuando murió una abuela. "No habríamos podido volver", apunta.