Martorell multará con hasta 750 euros a quien llene garrafas de las fuentes públicas

MartorellEl Ayuntamiento de Martorell ha aprobado este lunes la prohibición de llenar garrafas con agua de las fuentes públicas del municipio para evitar así que los vecinos que no tienen este servicio en casa lo cojan para uso doméstico. La medida se incluye dentro de la ordenanza de convivencia que el pleno municipal modificará con los votos favorables de los partidos del gobierno municipal, Junts y el PSC.

En concreto, se veta expresamente el uso de las fuentes para "acumular agua, utilizando garrafas, botellas o utensilios de cualquier tipo que permitan su almacenamiento". En caso de incumplimiento, se contemplan multas entre los 100 y 750 euros.

Hace días que la fuente donde cada día se abastece a Jon (nombre ficticio) no mana ni gota, así que tiene que caminar más de 500 metros para encontrar otra. "No sé qué haremos sin las fuentes, en mi blog todos estamos sin agua y tenemos que venir aquí día a día también, porque no tenemos alternativa", explica. Explica que en su edificio hay familias con niños pequeños que, como él, ocupan la vivienda porque no hay oferta asequible. "¿Qué daño hacemos?", pregunta Jaume (también nombre ficticio) al enterarse de la medida prevista mientras llena dos garrafas de 16 litros. En casa le esperan sus padres mayores. "Con esta agua bebemos, cocinamos y lavamos", explica sorprendido. "¿Ahora es un delito tomar agua?", concluye.

En el pleno, el alcalde, el juntero Xavier Fonollosa, ha admitido que el objetivo es "dificultar las ocupaciones" para "preservar la cohesión social y la convivencia", y ha hecho valer que cuenta con el apoyo del "85% de la población" para defender una medida "legítima" que debe acabar con la. "No nos gustan los empleos", ha subrayado, y ha calificado el empleo de lacra social al tiempo que ha asegurado que la medida responde a una petición de la ciudadanía. Desde el PSC, se ha justificado el apoyo a la modificación de la ordenanza para "actualizar" una norma "caduca", en vigencia desde 2006, que "pone los límites" a comportamientos incívicos que "hacen un mal uso de lo público", y ha indicado que servirá para "proteger el espacio público".

En el debate, el grupo de ERC ha pedido la retirada del punto por considerarlo "desproporcionado" por el hecho de que crea "un clima de criminalización" contra los más vulnerables que deben ocupar o viven en chabolas junto al río. El otro grupo de la oposición, Movem Martorell, ha anunciado que llevará la ordenanza a los juzgados para "detenerla" y ha criticado que el texto de la norma genere "inseguridad jurídica" porque a partir de la literalidad se podrá multar sólo "por llenar una cantimplora". También las entidades PAH y Papers para Todos han rechazado la medida por "clasista".

Negativa a empadronar

No es la primera vez que el alcalde de Martorell actúa contra las personas que ocupan viviendas. De hecho, es uno de los ediles catalanes que han admitido públicamente su negativa a cumplir con la obligación municipal de empadronar todos los residentes, y ha indicado que sólo si un juez se lo ordena accederá a registrar a los vecinos que no presentan un contrato de alquiler.

Para la PAH del Baix Llobregat Nord, cortar el agua de las fuentes se enmarca en una "guerra declarada contra los pobres, los ocupas y los más vulnerables" y acusan a Fonollosa de "usar" a la Policía Local para "asustar a las familias" que viven en una vivienda sin contrato.

Por su parte, ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social) tacha la decisión municipal de "medida ridícula y fuera de lugar" porque castiga a personas que por necesidad deben ir a las fuentes a buscar agua para cocinar, beber o lavarse, mientras que no se pone el foco "ni en el derroche", ni en el derroche. las facturas públicas, apunta Lluís Puigdemont, miembro del grupo de trabajo por el derecho a la vivienda de la entidad. "Se les ve el plumero", subraya, aduciendo que el gobierno bicolor martorellense copia las políticas de las fuerzas de extrema derecha.

Además, la iniciativa martorellense repite la que protagonizó el consistorio de Salt hace una década, cuando cerró todas las fuentes del municipio argumentando que el mal uso provocaba un fuerte gasto y suponía un riesgo para la salud pública. En aquella ocasión, el síndico de agravios aceptó las justificaciones del Ayuntamiento, en manos de CiU, en contraste con entidades sociales y la oposición de Independents per Salt, que consideraron el corte de suministro como un agravio a los vecinos más pobres.