93 pisos disponibles. Es la oferta inicial de Casa 47, la empresa estatal de vivienda, en Cataluña. Este lunes, el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha lanzado el portal donde se ofrecerán los inmuebles disponibles que gestiona la entidad pública. De momento, cuenta con una oferta inicial de 800 pisos en todo el Estado, 93 de los cuales en Cataluña, repartidos entre Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, tal como ha podido comprobar el ARA a través del portal web.

Los promotores clásicos se quejan a menudo de que hacer vivienda social es muy costoso y lento por la burocracia, y que por eso no la hacen. Tener que tramitar decenas de permisos, documentos para validar en departamentos diferentes, con criterios a veces opuestos, encadenar procesos que no avanzan si un trámite se encalla... Todo esto genera volúmenes de incertidumbre que se traducen en retrasos y, finalmente, pérdida de dinero. En vivienda libre, esto no es ninguna barrera, porque son costes que se trasladan al precio de venta. Pero en vivienda social, con precios asequibles para los inquilinos, pone en riesgo muchas operaciones. Y esto, sobre todo, a quien más penaliza es a las promotoras sociales y a los pequeños operadores. Si se tienen que hacer 50.000 pisos sociales, y no se están construyendo al ritmo esperado, quizás conviene ponérnoslo más fácil. He tenido la suerte de poder dirigir la promoción de dos edificios de vivienda social, y puedo afirmar que las actuaciones siguientes eliminarían barreras a la construcción de vivienda social:1. La gestión del suelo. En proyectos de vivienda social, la mayoría de los solares son cesiones gratuitas de los promotores a los ayuntamientos o terrenos comprados expresamente. En el primer caso, las juntas de compensación deben dejar los solares limpios, descontaminados, y urbanizar las calles de alrededor a tiempo. En el segundo, es necesario llevar a cabo los derribos, a menudo complicados por las afectaciones a fincas vecinas. Por tanto, antes de poder colocar una grúa, los proyectos de vivienda social deben esperar actuaciones que deben realizar otros agentes.2. Falta de claridad en la normativa. Hay muchas frases en las normas, decretos, ordenanzas, que dan lugar a interpretaciones diferentes. El problema no es si otorga la licencia un funcionario o una empresa privada, la barrera surge cuando quien tiene el poder de detener un determinado proyecto se lo toma siempre por el lado más restrictivo posible. Entonces el criterio profesional pierde el sentido. Y un aviso: las empresas privadas que den licencia no asumirán riesgos, e irán siempre a la interpretación más desfavorable. Es esta falta de claridad la que retrasa el otorgamiento de licencias, porque los buenos promotores lógicamente intentarán siempre defender las interpretaciones que den más margen a la buena arquitectura.3. La fragmentación administrativa. Cuando se entrega un proyecto, se acompaña de diversos anexos: la cuestión patrimonial, las afectaciones ferroviarias, telecomunicaciones, residuos, incendios, transporte... Es lógico que las ciudades del siglo XXI pidan controles sobre todas las redes, pero quizás la misma administración podría acompañar a los promotores sociales en todas estas gestiones para recordar el interés público de reducir plazos.

El Plan 50.000 es la gran promesa del gobierno de Salvador Illa. Dos años después del anuncio de la medida, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado, en una entrevista en Catalunya Ràdio este viernes, que hay "prácticamente" 10.000 pisos "acabados", y que 28.000 más están "en proyección". Los datos, sin embargo, no coinciden con las que tienen los constructores catalanes, a quienes les consta que "solo hay 3.000 pisos puestos en licitación y adjudicación", en palabras del presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Lluís Moreno, de este mismo viernes en el ARA.

El PSPV-PSOE denuncia que el Consell del Partit Popular y de Pérez Llorca ha vuelto a encarecer la vivienda de protección pública y la está situando en unos precios que la hacen cada vez más inaccesible para las familias, jóvenes y clases medias valencianas.

El plan estrella de la Generalitat en materia de vivienda —y, seguramente, también uno de los más relevantes de la legislatura— es añadir 50.000 pisos protegidos al parque público hasta 2030. La estrategia de los de Salvador Illa pasa por identificar solares que ya estén a punto para empezar las obras y, después, ofrecerlos a ayuntamientos y promotores. Este miércoles, el Govern ha sacado a concurso público 16 de los 59 solares con capacidad para menos de 20 viviendas cada uno que el ejecutivo ha incluido en su plan. Según ha podido saber el ARA, esta semana sacará 8 más del mismo tipo, hasta llegar a los 24 solares.

Estos días Barcelona está llena de arquitectos venidos de todo el mundo. Mañana se inaugura, en las Tres Chimeneas de Sant Adrià, el congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, que a lo largo de esta semana debatirá los grandes retos y las incógnitas que tiene la profesión. Igual que hace treinta años, cuando también hubo un congreso mundial de arquitectos que casi murió de éxito –se tuvieron que hacer las sesiones en el Palau Sant Jordi–, la expectación es máxima, a pesar de que se espera que, al menos en el ámbito organizativo, los espacios se ajusten a las necesidades. Lo curioso es que los temas de debate no han variado mucho, aunque lo parezca por el lenguaje utilizado, pero el contexto sí que es muy diferente.

Una de las películas emblema de Navidad es, de siempre, Qué bonito es vivir, la tierna historia de un hombre, George Bailey, que regenta una especie de caja de ahorros que tiene una cooperativa para construir viviendas para gente humilde y que es asediado por el rico del pueblo, el señor Potter, cuyo sueño es que la ciudad lleve su nombre, Pottersville, que todo sea suyo y que los pobres vivan en la indigencia. El filme de Frank Capra representa unos valores, en el marco del capitalismo humano, similares a los del Cuento de Navidad de Dickens. La responsabilidad social, la humildad, la empatía con los desfavorecidos. Pottersville, que resuena cada vez más en el presente, es, en cambio, la gran metáfora del capitalismo salvaje y la inhumanidad.

La promesa de Salvador Isla de haber construido 50.000 viviendas en Cataluña en 2030, junto con la recuperación del Pla de Barris del tripartito, genera expectativas y preguntas. Obviamente, tendrá que revalidarse como presidente un mandato más para conseguirlo. Las políticas de vivienda no se improvisan y requieren al menos una década.

Sarah Kumnig es experta en políticas de vivienda y profesora de la Universidad de Economía y Empresa de Viena. La capital de Austria es la ciudad con el mayor parque de vivienda pública de Europa. El precio del alquiler de estos pisos públicos se sitúa en torno a 8 euros el metro cuadrado. Es la mitad de lo que debe pagarse en Barcelona, donde se superan los 16 euros por metro cuadrado.

Ha sido cuestión de días: de desconocida en primera página. Empezó a asomarse la semana pasada, tímidamente, en este análisis hasta que esta mañana ha aterrizado en nuestra portada y en la de todos los diarios.

Lo mejor del oficio de escribir es que te obliga a leer más. Tengo la suerte de que la arquitecta Marta Cervelló, autora de libros y publicaciones relevantes y mano derecha de Josep Lluís Mateo durante muchos años, me ha dejado un librito maravilloso que compró en Londres y que me ha permitido conocer una historia que utilizaré para plantear un dilema arquitectónico importante.

A principios de marzo, la prensa se hacía eco de la crítica al gobierno de la Generalitat, por parte de Foment del Treball y de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), por los acuerdos suscritos en materia de vivienda. Dichos acuerdos eran relativos al registro e impuestos a los grandes tenedores, a la ampliación del derecho de tanteo y retracto, y otros, y la crítica afeaba la limitación al libre mercado y decía que quería proteger las expectativas del negocio inmobiliario. Sin embargo, no eran habituales el tono de enfado ni la argumentación empleada, ya que estas asociaciones se atrevieron a recomendar al Gobierno, tildándolo de ignorante, que no escuchara las propuestas de ERC y los Comuns, para finalmente reclamar que se atendiera la voz de los "verdaderos profesionales del sector".

Existe un amplio consenso político y social en el sentido de que la crisis de la vivienda es una prioridad. Estamos en un momento de urgencia residencial. El incremento de población –en veinte años hemos pasado de 6 a 8 millones de habitantes– y el sector turístico y servicios han tensionado al máximo el mercado de la vivienda. Los precios están disparados, tanto de compra como de alquiler. En especial, para los jóvenes resulta muy difícil emanciparse. La media de edad en la que se marchan de casa está en los 30 años, muy por encima de la europea. El problema de la vivienda es muy grave en Barcelona y toda su área metropolitana, pero en realidad afecta ya al conjunto de Catalunya, con muchas ciudades pequeñas o medianas con coyunturas también complicadas. Basta con ver el caso de El Vendrell que explicamos hoy, ciudad que ha doblado a la población en dos décadas y que ya empieza a generar gentrificación en sus vecinos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido construir 50.000 viviendas públicas en Catalunya antes de 2030. Pero detrás de las grandes cifras surgen algunas preguntas. Una de ellas es si la administración tiene la capacidad de gestionar todo ese parque público. El ARA ha visitado durante los últimos cuatro meses una cuarentena de promociones del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB), que suman más de 2.800 pisos. Una muestra que aflora algunos de los problemas de esta oferta pública: pisos y aparcamientos vacíos; quebraderos de cabeza con la construcción y el mantenimiento de los edificios, y dificultades para gestionar los conflictos habituales del día a día de los vecinos.

Este fin de semana, en el dossier, nos fijamos en el reto de gestionar la vivienda pública. El ARA ha visitado una cuarentena de promociones del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) que suman unos 2.800 pisos. La selección supone una pequeña muestra del conjunto del parque público municipal.

La Agencia Catalana de la Vivienda ha dado este miércoles un dato que ilustra la crisis de la vivienda en Cataluña. Entre 2021 y 2022 la administración sólo cubrió un 4% de las solicitudes de acceso a su parque de viviendas. En este período, el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial contó con una media de 85.600 inscritos, mientras que se asignaron una media anual de 3.450 viviendas. Son los datos más recientes disponibles, según el informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

En Cataluña, el 94% del territorio es suelo no urbanizable, lo que es un activo desde el punto de vista ambiental, y también un indicador de que el suelo edificable es escaso y, por tanto, caro. El artículo 47 de la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y el Estatuto de Autonomía de Cataluña dice que "las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, para lo que los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho".

Cuentan Nicholas Dagen y Matthew Gordon que, entre 1930 y 1970, la ciudad de Nueva York encontró "espacio y recursos" para construir "cientos de miles de viviendas por debajo de precio de mercado, de formas y tamaños muy diferentes, así como para varios poderes adquisitivos". Hoy, medio millón de neoyorquinos viven en viviendas públicas, y un millón más viven en apartamentos asequibles promovidos por el sector privado gracias a subsidios estatales, federales o locales.

A las puertas de la manifestación por la vivienda de este sábado, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona cerraron una batería de acuerdos para acelerar, entre otras medidas, la ampliación del parque público de pisos. La Generalitat aportará 120 millones de euros para la construcción de vivienda pública en la capital catalana. En los últimos tiempos, las instituciones se están empezando a poner las pilas ante una crisis de la vivienda que amenaza con romper la cohesión social. Pero partimos de una situación tan precaria que el horizonte de posibles soluciones parece muy lejano. Mientras, el malestar ciudadano, con los jóvenes como el colectivo más afectado, está empezando a desbordarse.

La vivienda asequible, además de dibujarla, debe construirse, lo que tiene un impacto centenario. En la Europa de las guerras, la vivienda pública se construyó sobre todo allá donde habían caído las bombas. También en Barcelona, ​​a través del Plan General de 1953, se concretaban planes de reforma interior para reconstruir zonas destruidas por la Guerra Civil. Visto en perspectiva, hace sólo cincuenta años que las leyes del suelo y de ordenación urbana regulan la participación de la colectividad en las plusvalías generadas por el urbanismo, por lo que es difícil encontrar parcelas en el interior de las ciudades consolidadas (barrios viejos y ensanches) para la construcción de vivienda pública. Éste era fundamentalmente el propósito de la obligación del 30%, que ahora parece que se flexibilizará.