La de África a las Baleares es la ruta migratoria que más crece y convierte el archipiélago en una de las puertas de entrada de la inmigración irregular. Sin posibilidad alguna de hacerlo legalmente, y con el control militar y policial intensificado en la ruta de Canarias, cada vez más personas migrantes buscan alternativas para llegar a territorio europeo. Las pateras que llegan a las islas desde las costas de Argelia han subido en un 84% en los nueve primeros meses del año, mientras que las llegadas de embarcaciones a España decaen en un 38%: así, las Islas ya representan el 23% del total de las llegadas, cuando siete años atrás ese porcentaje era residual, un 0,4%, según los últimos datos del ministerio del Interior.

Òmnium Cultural, el ANC e Irídia mueven ficha para anular la amnistía concedida a los 46 policías nacionales procesados ​​por la violencia contra los votantes del 1-O en Barcelona. Las entidades han anunciado este jueves la presentación de varios recursos ante el Tribunal Supremo para que retire la medida de gracia a los agentes, avalada por el juzgado número 7 de Barcelona y confirmada, más adelante, por la Audiencia de Barcelona. Los escritos en el alto tribunal acusan a los policías de torturas y tratos inhumanos y degradantes y recuerdan que se trata de delitos que no pueden ser amparados por la ley de amnistía.

La asociación Irídia-Centro por la Defensa de los Derechos Humanos ha presentado este jueves un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el que advierte que ningún tribunal español ha aceptado investigar como torturas la agresión de un vigilante del metro a un adolescente en el año 2022. Hoy por hoy, el vigilante está absuelto del vigilante. Pese a que la escena quedó grabada en vídeo, la magistrada valoró que no había pruebas suficientes y las lesiones que sufría el menor se atribuyeron a una consecuencia de haberle reducido tras ponerse violento, de acuerdo con la versión de la defensa del vigilante.

Tan sólo unos minutos después de llegar a un puerto de Canarias, a Ismael Ouattara le encerraron en una cárcel, acusado de traficar con personas. Las mismas personas con las que había realizado el trayecto de 17 días entre la costa occidental africana y el archipiélago español, entre ellas su hija pequeña. Ouattara fue identificado como el patrón de la barca y estuvo encarcelado de forma preventiva 14 meses, con "la única prueba" del teléfono móvil que llevaba encima. No fue hasta tres años después de que su causa fue archivada por falta de pruebas que le incriminaran ni le identificaran como el patrón de la barca. Durante el tiempo que permaneció cerrado no tuvo ningún asesoramiento jurídico ni asistencia en su idioma para explicarle cuáles eran exactamente las acusaciones. También le separaron de su hija, con todo el dolor añadido que esto supone sobre la incertidumbre de su estado.

Tres noticias de Cataluña:

"Su infiltración tiene consecuencias imborrables, sea legal o no". Así se han manifestado las ocho mujeres que se querellaron contra el policía nacional que se infiltró en movimientos sociales de la ciudad al día siguiente de publicarse la decisión de la Audiencia de Barcelona de cerrar la investigación. Las denunciantes se han pronunciado públicamente por primera vez desde que intentaron iniciar la causa contra el agente, en enero del 2023. "Sí que fueron agresiones sexuales porque no dimos consentimiento a ese policía, sino al personaje que había creado 'Estado", explicaron este martes, "sin poner la cara pero sí las voces" para proteger su intimidad tras oír encima "todo el peso del patriarcado" a raíz de su denuncia.

En los últimos dos años en el Estado se han denunciado nueve casos en los que movimientos sociales habían detectado la infiltración de policías nacionales entre sus filas. En Barcelona se denunciaron dos en menos de seis meses de diferencia. Uno de los policías era DHP, que llegó a la ciudad en mayo del 2020, se acercó al gimnasio del centro social okupado La Cinétika, en Sant Andreu, y se convirtió en un habitual en asambleas y conciertos. Se ganó la confianza del entorno hasta el punto de que mantuvo relaciones sexuales y sentimentales con ocho activistas. Al descubrir el engaño, las mujeres se querellaron por agresión sexual, un delito contra la integridad moral o tortura, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. El juez que recibió la denuncia archivó el caso a petición de la Fiscalía, pero las acusaciones insistieron en ella presentando un recurso. Ahora, la Audiencia de Barcelona ha cerrado de nuevo la puerta a investigar el caso asegurando que no ve delito en la actuación del policía infiltrado. Una decisión que las activistas, representadas por abogadas de Irídia y la CGT, ya han anunciado que acudirán al Tribunal Supremo para que siga indagando.

Los cuarenta y seis agentes de la Policía Nacional que estaban siendo procesados ​​por las agresiones durante el referendo del 1-O fueron amnistiados. El juez que instruía la causa considera que las agresiones cometidas quedan amparadas por la ley de amnistía y extingue su responsabilidad penal. La norma aprobada definitivamente a finales de mayo incluía el perdón judicial a las acciones policiales que se estuvieran investigando, a excepción de actos de tortura o tratos inhumanos o degradantes graves. El magistrado Francisco Miralles, titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, ​​descarta que se produjeran durante la jornada del referendo y acuerda el sobreseimiento de la causa contra los agentes.

La Audiencia de Barcelona ha reabierto la investigación contra dos agentes de los Mossos d'Esquadra por la muerte de Antonio, un vecino de Badalona que recibió el impacto de seis descargas eléctricas con una pistola Taser. Los hechos se remontan a noviembre del 2021, cuando el hombre, con problemas de salud mental, se encerró dentro de una habitación de su casa con dos cuchillos. Su madre llamó al 112 y hasta el domicilio acudieron efectivos del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y de los Mossos d'Esquadra. Según denuncia la defensa de la familia, pilotada por Irídia, agentes y sanitarios sabían que Antonio sufría esquizofrenia y ya se habían encontrado con esta situación con anterioridad. Sin embargo, sigue Irídia, sólo accedieron al domicilio agentes de los Mossos y le llevaron a cabo seis descargas eléctricas, dos cuando el hombre ya estaba reducido y no tenía los cuchillos en sus manos, según denuncia la entidad. Antonio entró en paro cardiorrespiratorio y fue trasladado al hospital, donde murió al día siguiente.

"Me amenazaban con pegar a mi hermana si no hablaba y me hacían mirar por una ventanilla y ver cómo le pegaban. Yo sabía que ella era más dura que yo y que no hablaría. Estuvimos encerrados 32 días en Via Laietana", explica Pepus Ferrándiz. Pepus y Maribel son hermanos gemelos y tenían tan sólo 17 años cuando los detuvieron. Los torturaron de todas formas posibles y, después de 32 días en los calabozos de Via Laietana, los enviaron a la cárcel. Pepus estuvo en la Modelo durante 13 meses, los mismos que Maribel pasó a la cárcel de mujeres de la Trinidad, donde las monjas de la Cruzada Evangélica la sometieron a un nuevo calvario de adoctrinamiento moral y castigos. Ahora, más de 50 años después, los hermanos tienen la oportunidad de querellarse contra los policías que les torturaron: Vicente Juan Creix, Rafael Núñez Valverde, Genuino Nicolás Navales y Atilano del Valle.

La entidad de derechos humanos Irídia asegura que los cuerpos policiales continúan poniendo trabas a la identificación de los agentes investigados por agresiones o malas praxis. En la actualidad, los abogados de esta plataforma llevan 56 casos judiciales –la mayoría, por una denuncia de violencia policial– y aseguran que solo en cinco de estos casos el cuerpo implicado ha facilitado la identidad de los agentes bajo sospecha. "Es especialmente preocupante", según recoge el informe del servicio de atención y denuncia ante situaciones de violencia institucional de Irídia, que se ha presentado este jueves.

“Las lesiones son compatibles con un impacto a gran velocidad de un objeto compatible con un proyectil de foam”. Es el informe del médico forense sobre la lesión de un chico a quien el 18 de octubre de 2019 le reventaron el ojo izquierdo en la calle Trafalgar de Barcelona durante una de las protestes post-sentencia. Irídia ha denunciado que es la tercera persona que ha perdido un ojo o la visión por un proyectil de foam de los Mossos d'Esquadra, y de momento no se ha identificado a ninguno de los escopeteros que dispararon este tipo de armamento. La víctima de la calle Trafalgar es un joven extutelado por la Generalitat que aquel día había ido a Barcelona para celebrar que cumplía 18 años y que cuando volvía a casa recibió el impacto del foam en el ojo, según Irídia.

Un juzgado de Barcelona investiga a dos mossos d'esquadra por la chica de 19 años a la que vaciaron el ojo hace tres meses, en la primera noche de protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Son los escopeteros que dispararon balas de foam el 16 de febrero alrededor de las ocho y media de la tarde en el cruce de la calle Bosch y la Via Augusta. El juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ha admitido a trámite la querella presentada por la víctima y ha citado a declarar para el próximo 14 de junio a la chica, un testigo y los dos antidisturbios -los agentes lo harán con la condición de investigados-.