Amnistiados los 46 policías nacionales investigados por las agresiones del 1-O

BarcelonaLos cuarenta y seis agentes de la Policía Nacional que estaban siendo procesados ​​por las agresiones durante el referendo del 1-O fueron amnistiados. El juez que instruía la causa considera que las agresiones cometidas quedan amparadas por la ley de amnistía y extingue su responsabilidad penal. La norma aprobada definitivamente a finales de mayo incluía el perdón judicial a las acciones policiales que se estuvieran investigando, a excepción de actos de tortura o tratos inhumanos o degradantes graves. El magistrado Francisco Miralles, titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, ​​descarta que se produjeran durante la jornada del referendo y acuerda el sobreseimiento de la causa contra los agentes.

La resolución justifica la concesión de la amnistía por considerar las actuaciones policiales investigadas “de duración individual escasa, enmarcadas en un objetivo policial definido, que no continuaron cuando se logró” el objetivo, y que se van limitar a maniobras de “entrada y salida de los colegios electorales”. En este sentido, el magistrado resuelve que ningún hecho investigado superó la gravedad necesaria para ser excluido de la aplicación de la norma y descarta que se produjera lesión grave alguna durante las actuaciones.

La resolución de la causa coincide con la petición que hizo la Fiscalía, que pedía amnistiarlos por considerar que los agentes se podían amparar en la ley, ya que su actuación para impedir el referéndum se enmarcó, como máximo, en un delito de lesiones, lesiones leves o maltrato de obra leve. El ministerio fiscal defendía que no incurrieron en discriminación o en un delito contra la integridad moral, a diferencia de la acusación particular que ejercía Irídia, que se opuso a esa petición al considerar que los policías podrían haber cometido delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes contra los votantes.

Instrucción compleja

La instrucción del caso ha sido larga y complicada, de más de cinco años, y dejó a los policías a las puertas del juicio en enero del 2023. Los agentes ahora amnistiados actuaron sobre todo en la Escuela Mediterránea, el Institut Pau Claris y la Escuela Ramon Llull. Durante la instrucción, el juez advirtió que en estos puntos de votación la actuación policial fue "totalmente desmedida". "En algunos casos se procedió a hacer uso de la fuerza de forma claramente innecesaria teniendo en cuenta la presencia de personas, sin actitud agresiva alguna y con personas de avanzada edad entre ellos", valoró el magistrado en su resolución de enero del 2023. También criticó que en algunas situaciones no hubo ningún intento de mediación ni de negociación con los votantes y que ni siquiera les avisaron de que iban a cargar.

Los delitos de lesiones por los que se investigaba a los agentes podría haber condenado a los policías a hasta 5 años de cárcel, como recuerda el auto, y el delito contra la integridad moral a hasta 4 años de cárcel, pero el tribunal extingue completamente la responsabilidad penal a los investigados por la causa con la amnistía.

Las acusaciones recurrirán y Jupol celebra su aplicación

Irídia, que ejerce la acusación particular, y Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, que ejercen la acusación popular en el caso, recurrirán contra la decisión del juzgado. Las tres entidades anunciaron que alegarán que la brutalidad policial de los policías contra la sociedad civil "contraviene el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales". Consideran que amnistiarlos implica una vulneración del convenio por parte del Estado y defienden que la norma no debe beneficiar a los responsables de la "violencia policial". A su juicio, los hechos investigados sí pueden representar algunos de los supuestos que excluye la ley, como delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes, que superan el umbral de gravedad "de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos" . También Amnistía Internacional expresó la voluntad de que la Audiencia de Barcelona corrija la decisión porque recuerdan que la asociación documentó "casos de uso excesivo de la fuerza", que podrían no ser protegidos por la ley.

Por su parte, el sindicato policial Jupol, que siempre se opuso a la aprobación de la amnistía, celebró el perdón a los cuarenta y seis agentes: "Finaliza el calvario judicial", afirman en un comunicado. Pese a que recuerdan que "desde el primer momento" se han opuesto a la ley de amnistía, "ya que con ésta se procedía a igualar a los policías nacionales con los promotores de un intento de golpe de estado en Catalunya y con los responsables de actos de terrorismo callejero y graves disturbios en las calles de Catalunya", manifestaron su "comprensión" por la posición de los agentes que pidieron ser amnistiados y poner fin así a un "excesivamente largo procedimiento judicial".