En marzo del 2007, hace 19 años, cientos de representantes de la llamada sociedad civil catalana llenaron a rebosar el Iese en un acto que se convirtió en un verdadero hito reivindicativo sobre la necesidad de acercar al territorio la gestión de una infraestructura clave como el aeropuerto de Barcelona. Han transcurrido prácticamente dos décadas de aquel momento y la cuestión, que ha ido resurgiendo a lo largo de los años, vuelve a estar sobre la mesa, ahora con un gestor centralizado publicoprivado, Aena. No se han resuelto aún temas que hace mucho que se plantean, como las cuentas de cada uno de los aeropuertos de la red –se presentan como un todo, sin detalle de las partes que lo conforman ni lo que ganan unos y pierden los otros, o cuáles subvencionan los otros, etcétera.

El presidente Illa ha asegurado que el acuerdo sobre la gobernanza aeroportuaria de Cataluña es inminente y que la presencia del Gobierno en la toma de decisiones y en la planificación de grandes infraestructuras está asegurada. Buena noticia, ya que los precedentes no son muy halagüeños. El gobierno español y el vasco acordaron a finales de marzo la participación de Euskadi en la gestión de los aeropuertos de Euskadi. Si bien, según el lehendakari, el acuerdo recogía la creación de un órgano bilateral como "instrumento de colaboración, coordinación y gestión" y la capacidad de hacer informes vinculantes, el ministerio de Transportes se apresuró a desmentirlo. Hoy mismo, el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha dicho ante la junta general de accionistas que de traspasos nada y que la cogestión es una demanda “imposible”.En realidad, la creación de un ente formado por el gobierno español y el catalán con capacidad de gestión de los aeropuertos de interés general no presenta ningún problema técnico, sino de voluntad política. Como ha recordado el Tribunal Constitucional (STC 68/1984, 204/2002), sería ideal que se hiciera mediante una ley orgánica de transferencia, ya que este tipo de aeropuertos son competencia exclusiva del Estado. José María Aznar se limitó a modificar una ley ordinaria como la de puertos del Estado de 1992 para ceder la gestión de los puertos y crear un órgano de gestión compartida (Ley 62/1997), y nadie se exclamó.Que es una cuestión política lo demuestra también el hecho de que los aeropuertos son más un negocio lucrativo que una infraestructura de transporte: son un factor de desarrollo económico y de dinamización territorial de primer orden, cuyo impacto se estima entre el 2 y el 3% del PIB y en 3.000 puestos de trabajo directos por cada millón de pasajeros. Por ello, no solo los territorios sino también las ciudades muestran un interés creciente en tener un papel relevante en su gestión. Por el contrario, el modelo de gestión aeroportuaria español, diseñado en 1990 con la creación de Aena, continúa siendo un modelo radial que gira en torno a este ente fuertemente centralizado, que ejerce funciones de gestor aeroportuario, de proveedor de servicios e incluso de regulador.Así, mientras que lo que funciona en el mundo son fórmulas para que los aeropuertos operen como empresas competidoras, en España, con el pretexto de que son de interés general, están en red. El ministro Óscar Puente insistió en ello anteayer en un debate en el Congreso. Este hecho quizá tenga alguna lógica en Finlandia, donde el aeropuerto de Helsinki concentra más del 90% del tráfico, pero no en España, donde el aeropuerto con más volumen (Barajas) concentra cerca del 20%.

"La posición es muy clara", no paran de repetir los ministros de Hacienda, aunque lo más caliente en cuanto a la recaudación del IRPF esté en el aire. Primero era María Jesús Montero quien cerraba la puerta a los traspasos pactados entre ERC y el PSC y ahora este papel lo ha asumido su sucesor. Arcadi España asegura que el gobierno español no se moverá del acuerdo que se firmó entre la Moncloa y la Generalitat en la reunión de la Comisión Bilateral de julio pasado: "Para el conjunto de comunidades autónomas y también para Cataluña, tenemos la voluntad de incrementar la capacidad de gestión, siempre dentro del marco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)". ¿Qué significa? Básicamente que el traspaso a Cataluña de la recaudación del 100% del IRPF no es un compromiso que haga suyo el ejecutivo estatal y que, en todo caso, será la AEAT la que tendrá las competencias en gestión y recaudación. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) debería conformarse a colaborar en "un modelo de gestión tributaria en red", como se especificaba en el documento de la Bilateral.

La misma mañana que su fiel escudera desde principio de legislatura –María Jesús Montero– pasaba el relevo a su sucesor –Carlos Cuerpo–, Pedro Sánchez se reunía con Imanol Pradales para complacer las demandas que hace tiempo le hace el PNB e insuflar un poco de oxígeno a la legislatura a través de avances en el Estatuto de Gernika. "Como saben, el Estatuto sigue sin cumplirse íntegramente. Hay un acuerdo político, y hemos insistido en la necesidad de hacerlo con celeridad", ha verbalizado el lehendakari a la salida. El encuentro, acompañado de una nueva reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi, llega exactamente dos meses después de la última cita y cumpliendo con la exigencia de celebrarse antes de Semana Santa. En aquella ocasión, a pesar de haber conseguido el traspaso de cinco competencias, Pradales se marchó frustrado con los "incumplimientos" del gobierno español. Pero ahora vuelve a Bilbao "razonablemente satisfecho" después de haber suscrito un "acuerdo político" para la transferencia de siete nuevas materias. Queda pendiente, entre otras cosas, el traspaso de las pensiones. Lo más sustantivo es que se ha abierto la puerta para que el País Vasco pueda participar en la gestión de los aeropuertos "por primera vez en la historia".

53.800 millones de euros hasta 2043 para evitar el colapso de las infraestructuras en Catalunya. Éste es el cálculo hecho por la Cámara de Comercio de Barcelona a través del nuevo Observatorio de las infraestructuras y que ha elaborado el estudio Proyectos estratégicos por Cataluña, que afecta a los aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, puertos, logística y transición hídrica. "Hay que duplicar la inversión actual", ha resumido el vicepresidente de la Cámara, Miquel Martí. Sin remontar el déficit de inversiones, "el sistema colapsará", ha dicho. El representante de la Cámara ha reclamado un pacto de país en la materia liderado por la Generalitat.

Aena, gestor aeroportuario, aprovecha el buen momento de la demanda de vuelos. La compañía cerró los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 1.579 millones de euros, con un incremento de un 8,9% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

Un ciberataque contra un proveedor europeo de servicios de los sistemas de facturación y embarque ha alterado sus operaciones en varios aeropuertos importantes de Europa, incluidos el de Heathrow –en Londres–, el de Bruselas y el de Berlín. Hay retrasos y cancelaciones. El aeropuerto de El Prat funciona con normalidad, según informan fuentes de Aena.

En lo que va de año el Aeropuerto de Reus ha registrado un 12,4% más de pasajeros respecto al mismo periodo del año pasado, lo que confirma la tendencia al alza del turismo en nuestro país. La llegada de más vuelos implica más oportunidades económicas y una mayor visibilidad del territorio, pero también acentúa el debate sobre qué tipo de turismo queremos fomentar. El reto, por tanto, es encontrar el equilibrio entre cantidad y calidad, y apostar por un modelo turístico que valore el patrimonio, la cultura y la identidad locales.

El anuncio de Ryanair de que reducirá drásticamente operaciones en varios aeropuertos españoles vuelve a poner el foco en cómo funciona realmente el modelo de las compañías de bajo coste. La noticia no sorprende: cada vez que suben las tasas aeroportuarias, la compañía amenaza con retirar rutas. Y esta vez, con un aumento en el horizonte, parece que va en serio.

Con la intensa ola inversora prevista para los próximos años, Aena ha aprobado la mayor subida en los últimos diez años de las tasas aeroportuarias, uno de los elementos que configuran los precios de los billetes de avión. Para 2026, el gestor aeroportuario quiere cobrar otros 68 céntimos por pasajero, un 6,5% más, hasta un máximo de 11,03 euros por viajero.

Ahora que ya hay un nuevo proyecto de ampliación sobre la mesa, el futuro de El Prat vuelve a estar en el centro del debate. Pero en Catalunya también existen otros aeropuertos que quieren aprovechar la nueva etapa para crecer. Tanto Girona como Reus esperan desde hace tiempo desarrollar conexiones ferroviarias como palanca de desarrollo para no quedarse atrás ante las perspectivas de crecimiento de El Prat, que lleva años acumulando récords y superando los 55 millones de pasajeros el año pasado. El paquete de inversiones previsto en los próximos años por el gobierno español contempla avanzar en esta dirección, con nuevas estaciones que mejor comuniquen los aeropuertos y atraigan a más pasajeros.

Cuando el Gobierno ya tiene sobre la mesa el proyecto para ampliar El Prat y empieza a dar los primeros pasos, los diferentes grupos políticos no han logrado ponerse de acuerdo sobre el futuro del aeropuerto en un debate monográfico sobre las infraestructuras que se ha celebrado a lo largo de esta semana en la cámara catalana. Una de las propuestas más claras era la de Esquerra, donde se criticaba que el proyecto de ampliación "resulta incompatible con una política pública comprometida con la protección de la salud", tal y como se ha encargado de recordar el diputado Jordi Albert a la consejera de Salud, Olga Pané.

Después de presentar el proyecto de ampliación acordado entre la Generalitat y el gobierno español hace algunas semanas, el ejecutivo de Salvador Illa empieza a dar los primeros pasos para materializarlo. El impacto sobre espacios naturales protegidos es uno de los principales arrecifes, teniendo en cuenta el rechazo que ha generado la afectación que tendrá en la laguna de la Ricarda, y el primer trámite que ha puesto en marcha incide de lleno.

Después de que los estados miembros de la Unión Europea acordaran hace unas semanas permitir a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha posicionado también en esa dirección. El TSJM ha suspendido cautelarmente las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo en las aerolíneas Ryanair y Norwegian, que podrán mantener su política de equipaje actual hasta que exista una sentencia firme. Aprobadas a finales del pasado año, las multas por prácticas abusivas fueron de 107 millones de euros para Ryanair, la más alta, y de 1,6 millones para Norwegian. Otras compañías low cost como Vueling, EasyJet y Volotea también fueron sancionadas.

Una vez encendida la luz verde por la ampliación del aeropuerto de El Prat surgen dudas que quizá deberían haberse resuelto antes. Y no todos son de color verde, es decir, ambientales, que sin duda son también esenciales. El primero tiene que ver con la gobernanza. ¿Quién gestionará esta instalación? ¿No deberían participar, de algún modo, los agentes económicos y sociales? Y para saber exactamente de qué hablamos ¿el gestor, Aena, no debería facilitar los datos financieros sobre cada uno de los aeropuertos, empezando por el de la capital catalana?

A través de una proposición de Más, el Parlamento de las Islas Baleares quiere poner límites a la utilización que hace Aena de los aeropuertos de Baleares, hoy tratados como si fueran el patio trasero particular de su casa. Desde el monopolio que ejercen, en favor de sus accionistas, multiplican entradas de visitantes y capacidades instaladas, que les dan ingresos tanto de los slots que cobran como de los equipamientos que alquilan. A costes desmedidos, estos alquileres se trasladan, después, dentro de los recintos, a mercancías con precios prohibitivos. No se puede entrar, por ejemplo, agua por los filtros de seguridad aeroportuarios, y una vuelta dentro de los espacios no es de extrañar pagar cuatro euros –o más– por una pequeña botella de agua; tal es el coste fijo a repercutir por unas instalaciones que son el gran negocio de Aena. Al igual que las entradas y salidas de los aviones. Al no pagar el coste ambiental completo de su huella de carbono, las compañías pueden permitirse pagar lo que se les pide para el uso de las pistas, haciendo menos atractivos los equipamientos territoriales alternativos, que desconcentrarían la demanda y se convertirían en competitivos. Esta forma de entender el interés público como conseguir rendimiento para los accionistas casa mal, hoy, con las aspiraciones de los ciudadanos. El Estado no debería comportarse, por eso, como un accionista más, ni hacer caja como el resto. Le toca ser sensible a las demandas de unos sitios como Barcelona o las Islas Baleares, que han dicho bastante. Y, a falta de esa sensibilidad por parte de la dirección actual de Aena, quizás no queda más remedio que acoger la demanda de los gobiernos por la plena gestión o cogestión de sus aeropuertos, y no dejar en manos de accionistas el deseo de alcanzar unos niveles de turismo más razonables que los actuales.

El cierre del aeropuerto de Heathrow, en Londres, por culpa deun corte de electricidad causado por un incendio, ha obligado a cancelar 17 vuelos con origen o destino en el aeropuerto de El Prat, según ha informado este viernes Aena en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Jornada negra en los aeropuertos alemanes. Más de 500.000 pasajeros se vieron afectados por la huelga de personal de los trece principales aeropuertos del país. El paro convocado por el sindicato público Verdi ha provocado la cancelación de 3.400 vuelos, según una primera estimación de la asociación de aeropuertos ADV. El sindicato convocó una huelga de 24 horas para este lunes en trece aeropuertos, entre ellos los de Múnich, Frankfurt, Colonia, Hamburgo y Berlín-Brandenburgo. El paro masivo empezó pasada la medianoche y acabará a las 23.59 horas.

El accidente aéreo que ha costado la vida a 67 personas sobre el río Potomac, en Washington, se ha producido a pocos centenares de metros de la cabecera de la pista del aeropuerto nacional Reagan. Se trata de un aeropuerto con una localización insólita: a veinte minutos en coche de la Casa Blanca. Está tan cerca de la ciudad que los pasajeros que están a punto de aterrizar disfrutan de un paseo turístico gratis mientras sobrevuelan el obelisco del Mall, los tejados del Memorial Lincoln o del Capitolio y la residencia presidencial misma.

Salían desde Cuba hacia Serbia en avión y después eran trasladados por carretera hasta Grecia, desde donde volaban a España a cambio de unos 10.000 euros. Al menos 67 ciudadanos cubanos han entrado ilegalmente en España, como mínimo, en los últimos dos años utilizando documentación robada, según una investigación de la Policía Nacional y Europol. La policía ha desarticulado un grupo criminal que se encargaba de facilitar el acceso de decenas de migrantes a España y ha detenido a 36 miembros en todo el Estado, seis de ellos en Barcelona. Entre ellos se encuentran los cuatro líderes de la trama, que ya han entrado en prisión provisional. Vivían en Alicante y Málaga, donde guardaban 7.500 euros en efectivo y abundante material informático y documentación que les incriminaba.