El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado una sentencia que da la razón a la justicia española por restringir los derechos políticos de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras por su encarcelamiento por el referendo del 1-O y durante las elecciones de diciembre del 2017. La decisión del tribunal de Estrasburgo, 9 juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena violara varios artículos de la Convención Europea de los Derechos Humanos y sus protocolos, y coincide con el Tribunal Constitucional español en que le avaló para apreciar la concurrencia de indicios razonables de delitos graves. Y eso que, como dijo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los dirigentes habían llamado a los ciudadanos para manifestarse pacíficamente y los actos violentos aislados no se les podían atribuir.

La sentencia del jueves del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala que el Tribunal Constitucional pueda vetar, en algunos casos, la tramitación de mociones a favor del derecho a la autodeterminación o contra la monarquía ha sido un cubo de agua fría, y habrá tiempo de analizarlo. En este artículo me centro en otra cuestión relativa al TEDH. En el marco de las negociaciones entre Junts per Catalunya y el ejecutivo de Pedro Sánchez en Suiza, el lunes se conoció que el consejo de ministros español aprobaría la adhesión de España al Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH; Tratado No. 214) de forma inmediata. Este protocolo, que entró en vigor en agosto de 2018, introdujo una innovación significativa en el sistema judicial de protección de los derechos humanos en Europa. En concreto, permitir a las altas instancias de los tribunales estatales designadas por los Estados miembros solicitar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una opinión consultiva sobre cuestiones de principio relacionadas con la interpretación o aplicación de los derechos y libertades definidos en el Convenio. Las solicitudes pueden realizarse en el contexto de casos pendientes ante los tribunales domésticos competentes, y el TEDH tiene la facultad de aceptar la solicitud y emitir un dictamen que, formalmente, no es vinculante. Aunque la innovación es significativa, no es comparable con la repercusión del procedimiento de remisión prejudicial del derecho de la Unión Europea (UE) debido a la diferente estructura jurídica del procedimiento del Protocolo núm. 16 en comparación con el procedimiento de referencia prejudicial en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) –la llamada cuestión prejudicial, que sí es vinculante porque el objetivo es garantizar la supremacía del derecho de la UE.

Tres cuestiones de la actualidad del día. Mazón es ya un cadáver político, silbado en las calles y en los actos, que ahora, como medida desesperada de autodefensa, ha enseñado la captura de una cámara de seguridad del centro de emergencias que determina que, en efecto, llegó hacia las ocho y media de la noche del día de la DANA, como una manera de sacudirse las responsabilidades que no se habría enviado antes la alerta por los móviles porque él no estaba. Da igual, desde que anteayer la juez determinó claramente que la mayoría de los 227 muertos no recibieron ninguna alerta oficial que probablemente les habría salvado, todos los que tuvieron que ver con esta decisión están bien entrampados, y el jefe de los entrampados es Mazón.

Que sea un tribunal que se llama "de Derechos Humanos" lo que establezca que es proporcionado vetar un debate y una votación en sede parlamentaria sobre el derecho a la autodeterminación y la monarquía es lo más parecido a una contradicción. Seguro que, para avalar su sentencia, los jueces europeos han encontrado fundamentos de derecho más sólidos en la Constitución de un estado preexistente y en la jurisprudencia de su máximo órgano interpretador que en las pretensiones de desconexión de un Parlamento regional con disimuladas genes intenciones constituyentes. Pero la paradoja se mantiene: existe el derecho a que la autodeterminación o la monarquía puedan ser votadas por los ciudadanos en un programa electoral pero no que puedan ser votadas por sus representantes, aunque esté a favor una mayoría parlamentaria surgida de las urnas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) seguramente ha establecido, en serio, una referencia histórica al haber condenado al gobierno de Suiza por su inacción contra el cambio climático. El alto tribunal de Estrasburgo ha dado por buena la argumentación de que una política poco diligente en materia medioambiental puede comportar vulneraciones de los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. Así lo presentaba la demanda presentada por la asociación KlimaSeniorinnen Schweiz, a la que ha dado la razón el TEDH. Esta asociación está formada por más de 2.500 abuelas suizas (la mayoría de ellas, cómo podemos leer en la noticia de Laia Forès en este diario, pasan de los setenta y cinco años), pero el aire simpático de este dato no debería despistarnos de la importancia del hecho: existe una sentencia firme de un tribunal europeo que dice que gobernar sin tener en cuenta el cambio climático, o sin dedicarle la atención y los esfuerzos suficientes, atenta contra los derechos humanos. La jurisprudencia que se establece es importante ahora, y lo será aún más si, como todo hace prever, las elecciones europeas de junio llevan un significativo aumento de los partidos de extrema derecha y negacionistas en el Parlamento Europeo. Y es importante, también, porque es preciso recordar que las sentencias de los tribunales europeos son de aplicación a los estados miembros de la Unión Europea, exactamente igual que si fueran sentencias emitidas por los tribunales de esos estados. Esto hay que subrayarlo en un país como España, cuya magistratura tiende a olvidar, cuando le interesa, sus obligaciones con el derecho comunitario. Y con un sistema autonómico actualmente lleno de gobiernos del PP y Vox, que encuentran un placer especial en legislar desde el negacionismo climático y contra los objetivos marcados por la Agenda 2030.

Cuando el Tribunal Constitucional (TC) niega el amparo a los condenados por la sentencia del 1-O, se abre el camino para ir a presentar un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Es un paso que ya han dado algunos de los líderes independentistas encarcelados en su día y que este jueves ha anunciado la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC). "Inicio con evidente satisfacción el camino de la justicia europea. Espero encontrar la justicia que no he encontrado en España", ha dicho en rueda de prensa desde el Colegio de Periodistas. El objetivo es, aunque sea muy a posteriori, encontrar en Europa lo que no concedieron ni el Constitucional ni el Supremo: que los hechos de octubre de 2017 no constituían delito.

El filántropo y activista turco Osman Kavala no ha sido nunca condenado, pero lleva casi cuatro años entre rejas, por varios cargos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, pidió la liberación en 2019, al dictaminar que ha sido objeto de un proceso político, pero las autoridades turcas han encadenado una serie de causas para mantenerlo en prisión. En septiembre de 2017 el Consejo de Europa, el organismo político que agrupa a 47 estados del continente, emitió un dictamen final pidiendo que fuera puesto en libertad y amenazando a Ankara de abrir un procedimiento de infracción si no queda en libertad antes de finales de noviembre. Él es el origen de la crisis diplomática abierta entre Turquía y varios países europeos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya tiene dos recursos contra la sentencia del Procés. El primero lo presentó ayer miércoles el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y este jueves lo ha hecho el ex conseller Jordi Turull, que fue el primero en obtener la sentencia del Tribunal Constitucional avalando su condena. El abogado del extitular de Presidencia durante el 1-O; Jordi Pina, ha registrado esta mañana el escrito en Estrasburgo acompañado del ex president Carles Puigdemont -que se ha desplazado gracias a la restitución de su inmunidad como eurodiputado- y el ex conseller y coordinador de las defensas de JxCat, Francesc Homs.