Solo en dos de los últimos veinte años –en 2008, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y en 2015, con el de Mariano Rajoy (PP), que en realidad fue una reforma fiscal–, Hacienda ha deflactado la tarifa del impuesto de la renta (IRPF), lo que significa ajustarla a la inflación para evitar que se tribute más a pesar de tener los mismos o menos ingresos reales. Y las dos últimas veces que se tomaron medidas similares fueron ante la convocatoria de elecciones generales, en marzo de 2008, comicios en los que Zapatero fue reelegido para un segundo mandato, y en diciembre de 2015, cuando Rajoy repitió en el cargo. Entre hacerlo y no hacerlo hay una diferencia esencial: de 2019 hasta 2024 ha supuesto unos ingresos adicionales para el Estado de entre 9.700 y 16.700 millones, según diversos estudios. Desde el espacio de las izquierdas, encabezado por el PSOE, se considera que este tipo de ajustes defendidos por el PP y que son para todas las rentas benefician especialmente a las más altas. Y, por lo tanto, abogan por medidas más selectivas y directes para las familias de ingresos bajos o medios, como las reducciones y rebajas al transporte público y otras.

La Agencia Tributaria (AEAT) centrará su actuación este año en los negocios digitales, los alquileres y la actividad de los influencers. Éstas son algunas de las directrices recogidas en el plan de control tributario 2026 que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves. Uno de los elementos importantes para llevar a cabo estas actuaciones es toda la nueva información financiera de la que dispone Hacienda, como por ejemplo la relacionada con el uso de Bizum o de las tarjetas. A los datos que facilitan los proveedores de pagos transfronterizos y los que remiten las plataformas de comercio electrónico se suman nuevas declaraciones informativas en el ámbito financiero.

A veces, los políticos nos sorprenden, y no sólo en nuestro país. La noticia financiera de la semana llega de Países Bajos: los rendimientos del capital –como las ganancias bursátiles– se gravarán con un impuesto del 36% aunque no se hayan materializado mediante el cierre de la posición. Esta medida supone un cambio profundo respecto al sistema tradicional, según el cual sólo se tributa cuando se venden los activos. Incluso en España, por ejemplo, las pérdidas pueden compensarse con beneficios futuros durante un período de cinco años. La aplicación de este nuevo modelo puede generar importantes desviaciones en la gestión financiera y en el comportamiento de los inversores.

Un promedio de más de 500 reclamaciones al día. Éste es el volumen de quejas que gestionan los tribunales económico-administrativos –organismos adscritos al ministerio de Hacienda–, una vía imprescindible contra la aplicación de impuestos antes de recurrir a la justicia, según la normativa. Se trata de un verdadero alud de trabajo para estas entidades. Sin embargo, en 2024 –según los últimos datos disponibles– las reclamaciones se redujeron un 17,87% respecto al ejercicio precedente, hasta situarse en 196.442. Por el contrario, los expedientes resueltos, que alcanzaron los 222.737, aumentaron un 14,20%. Los tribunales económico-administrativos de Madrid son los que encabezan las quejas, con más de 33.000; seguidos por los de Andalucía, con 31.000, y los de Catalunya, con 30.395, las tres comunidades autónomas con mayor población.

El ministerio de Hacienda analiza un posible ciberataque en sus bases de datos, lo que habría comprometido los datos personales, bancarios y fiscales de aproximadamente 47,3 millones de ciudadanos españoles. De momento, Hacienda aseguró que no hay ningún indicio de que se haya producido el hackeo, aunque los responsables de seguridad del ministerio siguen trabajando para descartarlo, según confirmaron fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero.

En plena negociación estancada para la recaudación del IRPF en el futuro, la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) incorporará a 152 personas de forma temporal para cubrir la atención durante la próxima campaña de la renta a partir del próximo mayo. Se trata de un incremento del 49% del personal de estas características respecto al pasado ejercicio. Además, se sumarán 36 oficinas distribuidas por Catalunya dedicadas a esta labor. De estas, ocho serán plataformas temporales destinadas exclusivamente a la atención de renta y se ubicarán en Barcelona (tres centros), Gerona, Lérida, Tarragona, la zona del Baix Llobregat y la zona del Besòs.

En la reunión de ayer de la vicepresidenta Montero con los consejeros de Hacienda de todas las autonomías volvimos a oír una de esas frases que van a la antología de lo que antes se llamaba anticatalanismo y ahora es más propio llamarlo catalanofobia. Le corresponde el honor a la consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España:

María Jesús Montero ha lanzado un desafío a las comunidades autónomas de régimen común y, por tanto, al PP, que gobierna en casi todos los territorios: si no quieren acogerse al nuevo modelo de financiación autonómica –en caso de que prospere–, podrán quedarse con el sistema que está ahora mismo en vigor. No es una idea nueva, puesto que la voluntariedad está prevista en la ley. De hecho, en 1996, cuando PP y CiU pactaron el modelo de financiación de entonces, algunas comunidades socialistas no se sumaron. Ahora bien, de facto, supondría renunciar al dinero adicional que les tocaría con el diseño del modelo pactado a tres bandas entre ERC, la Generalitat y el gobierno español. En el caso de Catalunya, son otros 4.700 millones de euros. "Aquí no se impondrá absolutamente nada", ha dicho Montero en rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y ha recordado que la voluntariedad también rige la condonación de la deuda autonómica, que está por votar en el Congreso.

Uno de los grandes misterios que se guarda con cerradura y cerrojo en el ministerio de Hacienda es el de la población ajustada. Es la gran herramienta para determinar lo que le corresponde a cada autonomía con el modelo de financiación, pero calcularla se convierte en todo un galimatías. Las personas tienen un valor u otro en función de su edad, de si viven en un pueblo o en una ciudad, de si están en paro o de si viven en una isla –entre otras–. Hay autonomías que salen más beneficiadas gracias a la población ajustada, como Extremadura, La Rioja y Cantabria, y otras a las que les saldría mucho mejor si se utilizara la población real, como Cataluña. Por eso cada vez que se presenta una propuesta de modelo de financiación se abre un baile de cifras, en función de lo que se esté intentando comparar. A continuación hacemos un repaso a las principales cifras antes de la reunión este miércoles de los consejeros de Economía autonómicos con la ministra de Hacienda.

María Jesús Montero hace tiempo que tiene una cruzada contra el "dumping fiscal" de Madrid. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda no se ha escondido que es "partidaria" de desincentivar esta práctica y este viernes, en el marco de la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, lo ha vuelto a poner sobre la mesa. "Es importante poner topes y [aprobar] mecanismos para que no se produzcan vaciados fiscales", ha dicho.

Hay contribuyentes que a estas alturas, una vez superado el año en el que se presentó la declaración de la renta (IRPF) de 2024, todavía no han recibido la devolución que solicitaron. De hecho, es dinero pagado de más a la Agencia Tributaria y por el que ésta no paga intereses.

Una de cada cinco personas en España prefiere pagar en efectivo en lugar de utilizar un medio electrónico. Es poco. De hecho, es el porcentaje más bajo de Europa. Así lo afirma un estudio de la consultora PwC recién salido del horno. Y todo indica que esta tendencia sólo puede crecer, con la explosión del uso de Bizum y de su futuro despliegue a escala europea.

Existe un motor que impide que la capacidad de gestión del gobierno español se paralice. Es la recaudación de impuestos, que hasta noviembre supera por primera vez los 300.000 millones de euros. Se trata de un nivel sin precedentes, a tan sólo un mes del cierre del ejercicio. Así pues, esta cifra anticipa que 2025 ha sido un nuevo año de ingresos récord.

Era un clamor. Lo pedían las pymes y los autónomos y también era uno de los puntos exigidos por Junts en el gobierno español. Por último, el sistema de verificación de facturas electrónicas Verifactu retrasará un año su entrada en vigor obligatoria, que será en 2027 en lugar del próximo 1 de enero para las sociedades y el 1 de julio para autónomos.

La última vez que Pedro Sánchez logró aprobar unos presupuestos generales del Estado fue en el 2022, en la pasada legislatura. Eran las cuentas públicas para el 2023. Desde entonces, pese a arrancar una nueva legislatura, el gobierno español no ha logrado sacar adelante ninguna de nuevas y, de hecho, se aboca a agotar el mandato –Pedro Sánchez mantiene que la legislatura durará hasta el 2027–, sin conseguirlo.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, prevé hacer un all in el primer trimestre de 2026. La número dos de Pedro Sánchez lleva tiempo peleándose con tres cartas: la de la condonación de la deuda autonómica, la del modelo de financiación singular y, por último, la carta de los presupuestos generales del Estado. Si sus cálculos salen, las tres cartas se pondrán sobre la mesa entre febrero y marzo. Esto supondría que los tres temas, no poco espinosos, coincidirían a su vez. Pese a que la expectación política –y también mediática– será máxima, no le preocupa. "Hay que hacer", sintetizan fuentes de Hacienda.

El gobierno español planteará unos presupuestos generales del Estado para el año 2026 –siguen prorrogadas las cuentas públicas del 2023– con un gasto e ingresos por las nubes. A pesar de la dificultad de aprobarlos en el Congreso de los Diputados después de que Juntos haya roto la relación con el PSOE, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene intención de intentar aprobarlos y, de momento, ya ha dado un paso adelante con la aprobación del techo de gasto y la vía de estabilidad. "Serán unos presupuestos expansivos y responsables", anticipó Montero en rueda de prensa este martes.

Lluvia de millones para las comunidades autónomas del régimen común. El ministerio de Hacienda ha informado a los gobiernos autonómicos de que el próximo año contarán con unos recursos récord del sistema de financiación de hasta 157.731 millones de euros (un 7% más que en 2025) en concepto de entregas a cuenta o anticipos. Se trata de una cifra ligeramente superior a la anunciada en verano. De ese dinero, Catalunya recibirá un récord de 30.207 millones, un 6,9% más que en el 2025, tal y como ha informado Hacienda este lunes, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Entre enero y febrero del próximo año. Éste es el plazo que ha fijado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para presentar el nuevo modelo de financiación autonómica. Por primera vez, Montero se ha mojado con las fechas y lo ha hecho después de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que ha desgranado las líneas maestras del futuro sistema. Un modelo que todavía está negociando con ERC y la Generalitat. Es éste, de hecho, el motivo principal por el que Montero ha retrasado la convocatoria de la reunión del CPFF de este lunes.

La Autoridad Fiscal (Airef) ha vuelto a cargar contra el hecho de que el gobierno español todavía no haya presentado un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026. "No presentar presupuestos no permite el debate, y el hecho de no debatir implica que no es posible el control [en el gobierno español]", ha criticado la presidenta del Airef, rodina de Herr. Herrero ha dicho que es "decisivo" poder realizar este ejercicio de control para ver si la actuación del ejecutivo se ajusta a lo prometido, sobre todo en términos fiscales.