"Hoy hay más alumnas que pueden compartir aula con compañeros de su barrio que en el pasado". Es una de las conclusiones que ha puesto sobre la mesa este jueves el director de la Fundación Bofill, Ismael Palacín, en la presentación del estudio La escuela concertada hoy. A diferencia de lo que mostraban los datos hace sólo una década, hoy, seis años después del Pacto Nacional contra la Segregación, el sistema comienza a ver una mejora importante, sobre todo con el cambio de papel de gran parte de la escuela concertada.

El fundador del Centro Unesco de Catalunya y primer director de la Fundación Bofill, Fèlix Martí, ha fallecido este martes. Nacido en Barcelona en 1938, Martí fue filósofo y profesor y estuvo vinculado a diversas organizaciones dedicadas al trabajo por la paz, el diálogo, la libertad y el respeto entre religiones. Su trayectoria estuvo marcada por la oposición democrática al franquismo, hasta el punto de ser encarcelado durante mes y medio y condenado por haber facilitado la edición de publicaciones democráticas.

Una de las muchas reivindicaciones del sector educativo es la aplicación de medidas para evitar una excesiva rotación de docentes que cambian de escuela. Después de años de oposiciones constantes, de falta de docentes en diversas materias y de cambios en la bolsa de docentes, este martes la Fundación Bofill ha hecho pública una cifra que muestra la magnitud de la inestabilidad en los centros educativos catalanes: la mitad de los docentes de los claustros de escuelas de primaria han sido sustituidos en cinco años (con datos de 2018 a 2023).

Ser hijo de una familia de raíces inmigrantes supone una dificultad añadida para poder cursar una trayectoria educativa satisfactoria, con título de secundaria y estudios postobligatorios reglados. En Cataluña, por ejemplo, 3 de cada 10 adolescentes de origen migrante abandonan los estudios prematuramente, el triple que los jóvenes de nacionalidad española, y especialmente flagrante es el caso de los alumnos del colectivo gitano, con una tasa que supera el 80% de abandono. camino de los alumnos en la escuela. Miguel Jiménez, Hatim Azahri y Déguène Eufemia Seck son tres jóvenes que han vivido estos agravios de primera mano, pero, a pesar de las dificultades, han conseguido salir adelante: han cursado estudios universitarios y ahora trabajan como activistas para que las nuevas generaciones disfruten de más oportunidades. el alumnado gitano como problemático, lo que hace que ya no se dediquen con el mismo esfuerzo, ya los gitanos nos genera frustración y una autopercepción muy baja, que reproduce este estigma", explica Miguel Jiménez, miembro de la Fundación Secretariado Gitano. Y, a propósito de su experiencia, añade: "Soy de Terrassa, 4º de ESO, un profesor me miró a los ojos y me dijo y hacer notar que estaba aquí, en clase, y desde entonces empecé a estudiar, primero un grado superior y entonces integración social en la universidad". Sin embargo, Jiménez señala que todavía hay mucho trabajo por hacer porque ahora, al querer matricular a su hija en la escuela, ha constatado como la comunidad.

La educación en Catalunya no pasa por su mejor momento. Los informes y los datos de los últimos años apuntan a un declive de los resultados educativos y entidades como la Fundación Bofill señalan que los recursos "no consiguen dar respuesta a las necesidades reales" del profesorado y alumnado catalanes. Con el cierre de año, Bofill ha publicado el Anuario 2024 y lo presenta como "un antídoto contra las visiones catastrofistas" con un seguido de propuestas para ayudar a revertir la situación, como cuatro horas semanales de atención individualizada para los alumnos con bajo rendimiento y 600 tutores de acogida nuevos.

En Cataluña la mayoría de investigaciones en cuanto al abandono escolar prematuro (AEP) casi siempre se han centrado en identificar el número de alumnos que dejan sus estudios en la etapa de educación obligatoria, es decir, en la ESO y hasta los 16 años. Sin embargo, ahora un informe de la Fundación Bofill hace una radiografía de cuál es la incidencia del abandono escolar entre los alumnos de bachillerato y formación profesional en Cataluña. El estudio El abandono en el bachillerato y en los ciclos formativos de grado medio indica que más de 13.000 alumnos dejan cada año el bachillerato y los ciclos formativos.

Hace unos 25 años que, alarmados por la aparición de grupos de niños durmiendo por las calles de Barcelona en situación de desamparo, la Fundació Jaume Bofill (que en ese momento dirigía Jordi Sànchez Picanyol) convocó a un grupo de expertos en la masía de Can Bordoi para tratar de comprender el fenómeno de los menores que migraban solos de Marruecos a Europa. La primera publicación que surgió de aquellos trabajos la firmaba el constitucionalista Eliseo Aja, dejando bien claro que el derecho superior de la infancia está por encima de la ley de extranjería y que el Estado tiene el deber y la responsabilidad de amparar a cualquier menor sin tener en cuenta el país de origen.

Es una de las preguntas que más se ha hecho en las jornadas de puertas abiertas de escuelas e institutos que se han celebrado en las últimas semanas: "¿Aquí pones deberes?" Como suele ocurrir en la mayoría de debates educativos, la solución no se reduce a un simple sí o no.

Irene Psifidou lleva casi 20 años dedicada a analizar y supervisar las estrategias educativas que se implantan en Europa para luchar contra el abandono escolar de la mano del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop). Antes trabajó en la sede del Banco Mundial en Washington DC analizando las políticas de educación secundaria de países en desarrollo. Recibe a ARA pocos minutos antes de participar en las jornadas Trazando caminos hacia el #CeroAbandonamiento, de la Fundació Bofill.

Oriol Malet (Martorell, 1975) publica el cómic Ombres de colors (Comanegra), un encargo de la Fundación Bofill a partir de su estudio sobre abandono escolar. "Me dijeron que hiciera un Malet total", dice el ilustrador, que se ha hecho suya la historia de testimonios reales que representan a los 97.000 jóvenes que dejaron los estudios prematuramente el año pasado en Cataluña, sin tener ninguna titulación más allá de la ESO.

Catalunya es uno de los siete sistemas educativos de la OCDE con más peso de la educación concertada: estas escuelas, de titularidad privada, pero con financiación pública, escolarizan a un tercio del alumnado del país (y la mitad de Barcelona), pero a pesar de su importancia en el sistema educativo, se regulan por el mismo decreto de hace casi 30 años. "Es inexplicable, es una chapuza. El modelo está caducado y cuesta entender por qué nadie ha entrado a revisarlo", dice el director de la Fundación Jaume Bofill, Ismael Palacín. El anterior gobierno anunció un nuevo decreto de conciertos, pero ha quedado en un cajón y Bofill ha aprovechado los limbos actuales para denunciar que el modelo vigente genera desigualdades y para reclamar que la nueva regulación exija más corresponsabilidad, más control financiero y más transparencia.

El departamento de Educación incumple el pacto que impulsó, junto con el Síndic de Greuges, ahora hace dos años contra la segregación escolar, uno de los principales problemas del sistema educativo. A pesar de que el acuerdo deja claro que la administración tiene que proteger los centros de complejidad, que son los que tienen una composición social más desfavorecida y menos demanda, bloqueando la llegada de alumnos a medio curso, la Generalitat asignó 6.101 niños a centros segregados a lo largo del curso 2019-20. En concreto, uno de cada tres alumnos que pidieron plaza con el curso empezado (lo que se conoce como matrícula viva) fue a parar a una escuela gueto, es decir, en la que ya había una concentración de alumnado extranjero muy superior a la de su entorno. El incumplimiento es tan grande que el 83% de escuelas e institutos segregados en Catalunya recibieron matrícula viva, cosa que está explícitamente prohibida en el pacto y agrava la situación de estos centros, según ha constatado un estudio de la Fundació Bofill.

En Catalunya uno de cada cuatro centros recibe más recursos porque es socialmente desfavorecido. En total se trata de 755 escuelas o institutos de complejidad, una etiqueta con un efecto perverso, porque si bien es cierto que los estigmatiza a la vez permite a la administración añadir más maestras o profesores a la plantilla estructural de estos centros con alumnos desfavorecidos, familias de origen inmigrante o con un nivel bajo de estudios. Se trata, dicen los centros implicados y los expertos, de compensaciones económicas y de recursos que no son nada más que "pedazos". Es por eso que la Fundació Jaume Bofill ha propuesto a la Generalitat cambiar el modelo e implementar lo que denominan una financiación por fórmula que permita dar más recursos a los centros que más lo necesiten, y hacerlo de manera estable en el tiempo.

Hace diez años una investigación financiada por el ministerio de Ciencia e Innovación analizó si los modelos pedagógicos de las escuelas rurales, en las que las aulas son multinivel y se mezclan los alumnos tengan la edad que tengan, son transferibles a otros tipos de centros. Las conclusiones del estudio apuntaban que sí era posible, a pesar de que con matices y con algunas dificultades. Aún así, en la práctica la mayoría de centros educativos del Estado siguen separando por clases según la edad de los alumnos. Algunos se han atrevido a dar el paso en plena pandemia como solución de urgencia para bajar las ratios, pero, a pesar de la satisfacción general, falta por ver si esta práctica educativa ha llegado para quedarse. Este es solo un ejemplo de la gran desconexión que hay entre la investigación en educación y la aplicación práctica y que más de 150 expertos piden revertir. En el manifiesto "Más investigación para mejor educación. Conectemos la política con las evidencias" reclaman al Govern y al Parlament que del 0,27% de inversión actual en investigación educativa se pase al 1% del presupuesto del departamento de Educación y así se pueda mejorar el sistema educativo desde la evidencia científica. Es decir, que los 14 millones de euros en I+D en educación, una "cifra ridícula" según los impulsores, crezcan hasta los 56 millones en 4 años. Para comparar, la inversión que el departamento de Salud destina a la investigación supone el 3,2% de su presupuesto.