Casos de malos tratos en detenciones policiales, en las prisiones catalanas y en los centros de menores. El Comité Europeo para la Prevención de Torturas (CPT), órgano del Consejo de Europa, ha denunciado varios casos de "uso excesivo de la fuerza" de los Mossos d'Esquadra y los funcionarios de prisiones con los detenidos. También del personal de centros de menores. Concretamente, la comitiva del ente europeo, que visitó Catalunya entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre del 2024, asegura haber "corroborado" mediante certificados médicos malos tratos como "bofetadas", "puñetazos" y "puñetazos" de las autoridades. El CPT lo ha hecho en un informe hecho público este jueves donde, sin embargo, explican que la mayoría de los presos entrevistados declaran haber recibido un trato "correcto".

Los pocos centímetros que mide un tubo de pomada antiinflamatoria son suficientes para esconder, protegido con una envoltura de plástico, uno de los objetos más preciados dentro de una cárcel: un móvil. Es pequeño, no tiene acceso a internet y en una tienda de la calle costaría pocos euros, pero aquí permite realizar llamadas y enviar mensajes desde un lugar donde las comunicaciones están en cuentagotas. Los trabajadores de las prisiones se encuentran con ingenios de todo tipo para conseguir hacer entrar y esconder todo lo prohibido. También las drogas, muchas veces dentro del cuerpo, pero también es frecuente que se escondan en la suela de los zapatos o entre las costuras de la ropa. "Hay auténticas obras de arte cosidas a mano ya máquina", dice uno de los funcionarios consultados.

Un año después de el asesinato en Mas d'Enric, el refuerzo de seguridad no ha llegado a muchos rincones de las prisiones de Catalunya, según alertan varios trabajadores consultados por el ARA. El primer movimiento del nuevo gobierno para las prisiones fue apartar a los internos condenados por delitos de sangre puestos de trabajo donde pudieran tener contacto con herramientas peligrosas. Más allá de las cocinas, el veto se extendió, entre otros, a los talleres de producción y trabajos fuera de los módulos como los servicios de mantenimiento y jardinería. En cambio, las restricciones en los trabajos que puede realizar un preso según sus antecedentes no incluyeron los cursos de formación que los internos pueden seguir en la misma cárcel. Esto ha permitido situaciones como que un preso pueda estudiar un curso de soldadura o de cocina, pero después no pueda ejercer este oficio en prisión.

El departamento de Justicia se comprometió a cumplir una de las reivindicaciones históricas entre los sindicatos de funcionarios de prisiones: que se les reconozca la condición de agentes de la autoridad. Una petición que viene de lejos ya la que el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha respondido desde el Parlament la víspera del primer aniversario del asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d'Enric.

Vox hizo una demostración de fuerza cuando el jueves de la semana pasada dio una rueda de prensa en el Parlament con sindicatos y asociaciones de los funcionarios de prisiones como CSIF, Marea Azul y Acaip para denunciar la situación de "abandono" en la profesión. Una exhibición de las alianzas que la formación de extrema derecha va tejiendo en sectores económicos y de la sociedad civil. ¿Es una puerta abierta a la normalización en más ámbitos? ¿Cuáles son los tentáculos de Vox más allá de su conexión con asociaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional?

La edad media de los trabajadores de las prisiones catalanas ronda los 50 años. Es, pues, una plantilla envejecida, que no ha crecido mucho en los últimos años y que ve, desesperada, cómo el relevo generacional se hace con cuentagotas. Muchos de los trabajadores, los sindicatos calculan que unos 700, tendrían ya la edad para poder acogerse a un trabajo que evitara el desgaste, sobre todo físico, que supone el contacto con los internos, pero no hay suficientes plazas de este tipo y, por tanto, se mantienen activos en primera línea hasta la jubilación. Ésta es, según las fuentes consultadas, una de las razones que explicarían que desde el 2018 se hayan triplicado las bajas laborales entre los funcionarios de prisiones. Los datos, obtenidos a través de transparencia, llegan sólo hasta octubre de este año, y demuestran que en 2024 ha habido incluso más bajas que en los mismos meses de los años 2020 y 2021, que fueron los más fuertes de la pandemia y en los que, por tanto, hubo un alud de bajas.

Hasta el 31 de octubre de este año, entre los funcionarios de prisiones de Catalunya se han registrado 4.497 bajas laborales, casi el triple que en el mismo periodo del 2018, cuando hubo 1.544. Son datos a los que ha tenido acceso el ARA mediante una petición de transparencia y que muestran un aumento constante de las incapacidades temporales entre estos profesionales, hasta el punto de que los primeros 10 meses de este año ha habido más que en la misma franja de 2020 y 2021, los años más marcados por la covid, que causó un alud de bajas.

La cárcel de Sing Sing está a menos de cincuenta kilómetros de la ciudad de Nueva York y tiene una larga historia. La construyeron en 1826 y arrastra mala fama por caótica y violenta. los profesionales que trabajan en ella. El estadounidense Ted Conover (Okinawa, 1958), colaborador de New York Times Magazine, The Atlantic y New Yorker, lo pidió muchas veces sin éxito. Finalmente, decidió infiltrarse. Realizó un curso de siete semanas y entró a trabajar como guardia de seguridad. Nunca desveló que era periodista.

La violencia y la conflictividad en los centros penitenciarios catalanes aumenta cada año. EL AHORA ya avanzó que entre 2017 y 2023 las agresiones de presos a funcionarios se habían triplicado. En lo que llevamos de este 2024, la media mensual ya es superior a la de años anteriores. Hasta el 1 de septiembre de este año, hubo 36 incidentes y 50 funcionarios agredidos de media cada mes, según explicó el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, en varias respuestas parlamentarias. En 2024, además, empezó con la trágica muerte de Núria, la cocinera de la cárcel de Mas de Enric, que es el primer caso de una trabajadora asesinada por un preso en la historia democrática. El crimen empujó a cientos de funcionarios de prisiones a protestar ante los centros penitenciarios, bloqueando el acceso de miles de reclusos y trabajadores, y obligó al Gobierno a endurecer los requisitos para que los internos puedan trabajar en prisión.

Cambios relevantes en la política de seguridad de la prisión de Mas d'Enric después del trágico asesinato de la cocinera del centro a manos de un preso que trabajaba con ella, hace dos meses y medio. El lunes, la dirección de la cárcel ubicada en El Catllar (Tarragonès) aprobó una normativa interna que regula las ocupaciones laborales de los internos y que ya ha entrado en funcionamiento este martes. Una de las principales novedades es que se han clasificado los destinos laborales en cuatro niveles de seguridad según riesgo. Así, la mayoría de los trabajos en la cocina, la panadería o en zonas de carga y descarga serán de muy alto riesgo. Otras tareas menores en la cocina serán de riesgo alto, así como las tareas en la lavandería, tienda o polideportivo. La mayoría de los talleres están clasificados como riesgo medio, según informa el ACN.

El crimen de la cárcel de Mas de Enric cogió a todos por sorpresa: ha sido el primer caso de la historia penitenciaria catalana en el que un recluso mata a una trabajadora. No era un preso recién llegado. ISO había entrado en el centro ocho años antes de matar a navajazos a la cocinera de la cárcel y suicidarse en el mismo lugar donde trabajaban los dos juntos. ISO había ingresado en Mas de Enric de forma provisional el 26 de abril del 2016 por el asesinato a cuchilladas de otra mujer, un crimen por el que le condenaron el 1 de junio del 2018. Durante los seis años que pasaron entre la sentencia y el segundo crimen, sólo tuvo otra conducta violenta, apenas cuatro meses antes de que matara a la cocinera: dio un puñetazo en la cara a otro preso. Sin embargo, parece poco importante, según ha podido saber el ARA, cuando cometió esta agresión la cárcel incumplió el protocolo de reincidencia.

El asesinato de la cocinera de la cárcel de Mas de Enric provocó una revuelta de los funcionarios de prisiones que todavía no está cerrada. La herida sigue abierta, y el miedo a que vuelva a ocurrir algo similar se mantiene. La única manera de suturarla del todo, aunque siempre quedará cicatriz, es aclarar completamente qué ocurrió y tomar las medidas necesarias para prevenir en lo posible una situación parecida. En este caso, según ha descubierto el ARA, se incumplió un protocolo ante un incidente causado por el mismo preso sólo 68 días antes del crimen. Es difícil afirmar que, si se hubiera cumplido el protocolo que correspondía, el preso no habría podido cometer el asesinato, o lo habría hecho en otro momento. Pero el protocolo de reincidencia existe precisamente para evitar situaciones como la que acabó ocurriendo.

Las cámaras de seguridad captan a la perfección como ISO, cumpliendo una pena de cárcel en Mas d'Enric por haber asesinado a una mujer, se preparaba para cometer el crimen. Revelan cómo condujo a Núria, la cocinera del centro, hasta la cámara frigorífica, donde ninguna cámara podía verlos. La próxima escena ya la captan los vigilantes, que encuentran a Núria e ISO tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. Él le había asesinado con un cuchillo de la misma cocina donde ambos trabajaban y después se había suicidado. Este crimen, el primero de la historia penitenciaria catalana que tiene como víctima a una trabajadora y como verdugo a un preso, inició un ciclo de movilizaciones de los funcionarios de prisiones sin precedentes. Durante las primeras semanas se bloquearon centros penitenciarios, los presos se quedaron encerrados en las celdas y la desescalada fue condicionada a una exigencia: que dimitieran la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó . Todo cuando la precampaña electoral ya había comenzado.

El acuerdo entre Gobierno y sindicatos, al que se ha llegado al límite del inicio del período electoral –el ejecutivo ha querido evitar acusaciones de electoralismo o aplazar el entendimiento dada la delicada situación–, cierra el período de inestabilidad en el interior de las prisiones catalanas que estalló a raíz del asesinato de una trabajadora del centro de Mas d'Enric el pasado 18 de marzo. De hecho, las negociaciones venían ya de antes, pero seguramente no habrían tenido el mismo desenlace sin las tumultuosas semanas de huelgas y protestas que se han vivido en los centros penitenciarios. La sacudida ha sido fuerte; el resultado final supone un adelanto.

Nueva tregua en el conflicto en las prisiones. El Gobierno y la mayoría de sindicatos (UGT, CCOO, IAC-CATAC y la Intersindical) han llegado esta madrugada a un acuerdo para desconvocar las huelgas previstas para este viernes y el 11 de mayo. El pacto llegó pocos minutos antes del inicio de una nueva tanda de protestas y tras cinco jornadas de negociación entre las partes, la última de las cuales fue maratoniana: acabaron a las cinco de la madrugada. Según ha informado el departamento de Justicia en un comunicado, el acuerdo alcanzado implica mejoras laborales y de seguridad en los trabajadores penitenciarios por valor de unos 30 millones de euros, un paquete de medidas y un nuevo convenio que ya se estaba negociando antes del asesinato de la cocinera de Mas de Enric.

Marzo ha sido un mes convulso en las cárceles. El 14 de marzo de 2024 será un día especialmente recordado en la historia penitenciaria catalana: en la cárcel de Mas de Enric un interno asesinó a la cocinera del centro, el primer trabajador penitenciario fallecido en manos de un preso en cuarenta años. Bajo el lema "Todos somos Núria", el nombre de la trabajadora asesinada, la plantilla y los sindicatos iniciaron unas movilizaciones inauditas –que todavía duran–, bloquearon las cárceles y encerraron a los presos en las celdas más de 24 horas . Para los trabajadores, el crimen de Mas de Enric fue la gota que colmó un vaso que hacía tiempo que se estaba llenando de un aumento exponencial de las agresiones. Y el mes más convulso en las cárceles también ha sido uno de los que ha registrado más agresiones: según ha podido saber el ARA, este marzo se han cometido 79 agresiones de presos a funcionarios, el doble que en febrero y 28 más que en marzo de 2023. Es la cifra más alta de los últimos doce meses.

Que los cuchillos en las cocinas o cutters en los talleres estén atados a las mesas con una cadena para que el preso no pueda utilizarlo fuera de su zona de trabajo. O que en las neveras de las prisiones cada vez haya más comida de cuarta gama. Es decir, verduras, frutas y otros alimentos ya cortados para que los internos no tengan que manipularlos tanto. Éstas son algunas de las medidas, según ha podido saber el ARA, que el departamento de Justicia ha propuesto este viernes a los sindicatos de prisiones en una reunión para mejorar la seguridad en los centros penitenciarios; unas negociaciones que detonaron después del asesinato de la cocinera de Mas d'Enric, que murió apuñalada por un interno que trabajaba en la cocina hace un mes.

La reunión de este martes, la primera entre los sindicatos de prisiones y el departamento de Justícia desde el asesinato de la cocinera de Mas de Enric a manos de un interno, se había mantenido en secreto. Tanto que ni la propia plantilla, según fuentes de los funcionarios de los centros penitenciarios, lo sabía. Después de que durante tres semanas los sindicatos hayan plantado sistemáticamente a la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, y al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, y sólo hayan accedido a reunirse con la vicepresidenta, Laura Vilagrà, el relevo del director de Mas de Enric significó un punto de inflexión. El cambio se ha materializado este martes, cuando a las 9.30 h los representantes de los trabajadores han entrado por la puerta de la sede del departamento y se han encontrado con el secretario general de Justicia, Jordi Martinoy, y representantes de la secretaría de Administración y Función Pública.

Contrariamente a lo que muchas veces se piensa, las cárceles son unas instituciones relativamente modernas. Al principio sólo cumplían la función de segregar y custodiar a los presos hasta que se ejecutaran otras penas, como las torturas físicas o la pena de muerte.

En la foto de Pere Virgili publicada por este diario se ve en primer término al futbolista violador Dani Alves saliendo de la cárcel de Brians 2 acompañado de su abogada. Al fondo se ve la protesta de los funcionarios de prisiones exigiendo dimisiones a la conselleria de Justícia por la muerte, hace dos semanas, de una cocinera de este mismo centro penitenciario a manos de un recluso que también trabajaba en las cocinas y que se suicidó tras cometer el crimen.