Después de casi medio siglo de vida, parece que hace falta volver a recordarlo: la huelga es un derecho reconocido por la Constitución española. Concretamente, en el apartado número dos del artículo 28, en el apartado en el que también se reconoce el derecho a la sindicación y a la existencia de las centrales sindicales. Parece mentira, pero da la sensación de que hay quien no lo recuerda. ¿O quizás es que, en caso de ganar las elecciones, pretenden reducir, recortar o incluso suprimir estos derechos?

Desde el aire, con drones y helicópteros, ya se podían distinguir con claridad. En el paseo de Gracia de Barcelona había muchísima gente. Los sindicatos de la huelga general habían convocado una manifestación unitaria, que se acabó fragmentando. Para ganar visibilidad y tener a su gente más agrupada, algunos sindicatos optaron por concentrarse unas calles más abajo, desembocando en tres manifestaciones diferenciadas pero próximas. A pesar de la multitud, los Mossos d’Esquadra detectaron desde el aire a un grupo de unas cincuenta personas, todas vestidas de negro, junto a la Casa Seat, en los Jardinets de Gràcia. En la jerga se conoce como un black bloc, y fueron ellos los que iniciaron los fuertes disturbios del miércoles. Pero, ¿cómo consiguieron recorrer el paseo de Gracia sin ser identificados? ¿Cómo se camuflaron entre la masa de gente?

Son las once y cuarto de la mañana del jueves y la gran mayoría de comercios de la calle Pelai, la plaza Catalunya y la parte baja del paseo de Gracia funcionan a medio gas. El día después de los disturbios en el centro de la capital tras la manifestación por la huelga general, muchos negocios continúan tapiados, muchos con una pequeña apertura para dejar entrar a los clientes por una puerta de cristal que en muchos casos tiene grafitis o, directamente, está rota o agujereada. “Lo han destrozado todo”, comenta un matrimonio mayor mirando los cristales, totalmente agrietados, de la tienda de Apple de la plaza Catalunya, que hoy no ha abierto. “Cuando tiraron fuego dentro decidimos marcharnos”, explica uno de los operarios que está gestionando la reparación de la tienda. Se queja de que ayer al mediodía ya estaban trabajando para proteger el comercio y que “no ha servido para nada”.

Estas son imágenes de esta mañana en el centro de la ciudad de Barcelona. Pintadas en el paseo de Gracia en las fachadas de tiendas y bancos. En la tienda de Apple, justo en la esquina del paseo de Gracia y la plaza Cataluña, con la puerta principal quemada, cristales rotos con las piedras todavía por el suelo, olor a chamusquina, trabajadores descolocados, pintadas y los primeros trabajadores intentando hacer limpieza después de una noche violenta y que ha terminado pasada por agua, porque ha llovido. Hubo semáforos quemados, como estos de la plaza Universidad, y quema de contenedores, que esta madrugada ya han sido retirados.

La huelga general de este miércoles impacta de lleno en el inicio de la campaña electoral, que tendrá lugar esta medianoche. El “éxito” de la movilización que reivindican el PSOE y los partidos a su izquierda contrasta con el “fracaso” que le atribuyen el PP y Vox, que hablan de “movilización política” y “preventiva” contra la oposición. Derecha e izquierda, sin embargo, han coincidido este jueves en señalar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde el Frente Amplio hasta Podemos y ERC le han pedido la dimisión por las cargas contra los manifestantes en lugares como Madrid y Valencia, mientras que el PP ha reprochado la falta de “orden y seguridad” ante los piquetes y disturbios posteriores a las manifestaciones y Vox ha amenazado la acción sindical. Marlaska, sin embargo, ha descartado dimitir: “No, no tengo ningún motivo para una dimisión”, ha dicho en una atención a los medios de comunicación este jueves por la noche, desde el barrio madrileño de San Blas. El ministro ha reconocido que hay imágenes que no les han gustado y que no encajan “con el principio de proporcionalidad”. Desde el ministerio se ha ordenado abrir una investigación “inmediata” sobre la actuación policial y que los agentes dejen de utilizar gas lacrimógeno en las movilizaciones.

"Con motivo de la huelga general y por motivos de seguridad, los enlaces entre líneas se realizarán por el exterior", decía una voz por la megafonía del metro este miércoles por la tarde, cuando los servicios mínimos han vuelto a funcionar. Faltaban nueve minutos para que llegara el próximo metro a la estación de La Sagrera, en la línea 5, y el andén ya estaba lleno de pasajeros. Las huelgas generales tienen esto: la falta de transporte público dificulta llegar al trabajo, pero también complica ir a manifestarse.

Este miércoles se celebra la huelga general más transversal desde la Transición. Sindicatos mayoritarios –CCOO y UGT–, las organizaciones de la Mesa Sindical –CGT, IAC, Co.bas, CNT, COS, SO– y entidades del mundo de la vivienda –como el Sindicato de Inquilinas– han hecho un llamamiento a la movilización con el fin de detener los centros de trabajo del Estado. La jornada, que pretende "pararlo todo", reclama propuestas estrictamente laborales, tales como subidas de salarios y detener la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Y, por primera vez, una huelga general a escala española también pide intervenir el mercado de la vivienda. Hace ya 14 años que no se realiza una huelga general de 24 horas con el consenso de los sindicatos mayoritarios.

A partir de este martes por la noche se vivirá una situación inédita en el Estado: arrancará una huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas y también los mayoritarios de UGT y Comisiones Obreras en contra del aumento del coste de la vida y, sobre todo, por el precio de la vivienda. La cita, sin embargo, no está exenta de polémica, ya que llega después de ocho años de gobierno de Pedro Sánchez y a las puertas de unas elecciones que pueden cambiar las mayorías en el Estado a favor del PP y Vox. ¿Es contra el gobierno español, la huelga? ¿O, por el contrario, es la palanca de movilización que busca el ejecutivo para movilizar a la izquierda de cara a las urnas?

La entrevista de anoche en La revuelta le salió mucho mejor a Abascal que a Broncano. El líder de Vox escuchó, calló, no interrumpió y respondió cuando le tocaba. Y respondió con un tono razonablemente responsable. Broncano, en cambio, hizo intervenciones larguísimas con aclaraciones que nadie le estaba pidiendo y que sonaban a excusa, y ni consiguió hacer un programa divertido (estamos hablando de un programa de entretenimiento) ni supo hacer una entrevista punzante. Por decirlo en términos deportivos, ganó Abascal. Y ganará algún voto, gracias a esta entrevista, porque la vio mucha gente: fue la emisión más vista de la historia del programa en número de espectadores, cerca de cinco millones de personas, 428.000 espectadores más que la de Pedro Sánchez.

El actor Eduard Farelo es el protagonista del spot de la huelga general del 11 de noviembre que el Sindicato de Inquilinas ha hecho público 24 horas después de que diera a conocer la canción Estimada Valentina, compuesta expresamente para la protesta. Según el sindicato, el tema acumula más de un millón y medio de visualizaciones en las plataformas digitales.

Los servicios mínimos de Cataluña durante la huelga general del miércoles serán más restrictivos, en general, que los del resto del Estado, según han ido informando las diversas administraciones públicas que han negociado con los sindicatos. En este sentido, la semana pasada las patronales Fomento del Trabajo y Pimec expresaron “sorpresa” por unos servicios mínimos en Cataluña que calificaron de “extremadamente bajos”.

Es un "cóctel complejo". La huelga general de este miércoles coincide con unas elecciones a la vuelta de la esquina y con muchas reivindicaciones diversas sobre la mesa, empezando por la vivienda –seguramente la principal–, pero también pasando por las demandas de los maquinistas –y las consecuencias que ya se ven en la red viaria– y de otros colectivos movilizados como los del sector educativo. Hay otros elementos del contexto que tampoco auguran una jornada tranquila, como las movilizaciones estudiantiles en toda Europa, la efímera pero sorprendente y violenta llegada de Blocus a Cataluña o los avisos cada vez más constantes de una guerra híbrida con ciberataques a estructuras esenciales o alertas de bombas en los aviones. Todo esto está sobre la mesa de los Mossos d'Esquadra para intentar prever cómo será la huelga general.

La huelga general del próximo 11 de noviembre ha servido para marcar los perfiles de los agentes sociales del país. Mientras los sindicatos laborales y de vivienda han aprovechado la convocatoria para presionar al ejecutivo y afilar sus argumentos en el ámbito del trabajo –desde el SMI hasta la reducción de jornada o la distribución de los beneficios empresariales–, las patronales han reconocido la crisis residencial, pero no la herramienta que se ha elegido para darle respuesta. El presidente de la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas Pimec, Antoni Cañete (Barcelona, 1963), habla con el ARA sobre una protesta que considera "un error" y sobre una tensión en el mercado de compra y alquiler que apela a "la sociedad en general".

Las huelgas generales son un instrumento fundamental de articulación de las sociedades democráticas. Las huelgas generales, las huelgas sectoriales y, por supuesto, el derecho de huelga en sí mismo. Hemos llegado a un punto en el que tal vez hay que empezar por aquí. Esto no impide que muchos hayamos cuestionado en alguna ocasión la idoneidad de la convocatoria de una huelga general u otra. Pero ahora estamos en otro momento de la historia de la democracia en el que lo que se pone en cuestión no es el contenido o el sentido de una huelga concreta, sino el hecho de la huelga e incluso el derecho a convocarla y a secundarla. Es una exigencia de aquellos que desean llegar a la posdemocracia, o de aquellos que ya viven instalados en ella. Los derechos y las libertades fundamentales deben retroceder, deben minimizarse o deben abolirse. Trump puede haber sufrido una derrota en las elecciones de mitad de mandato, pero los Alex Karp, los Chris Olah, los Elon Musk y los Mark Zuckerberg siguen trabajando en un nuevo orden de las grandes corporaciones digitales que diluye y aspira a sustituir los mecanismos y las instituciones de las democracias liberales como forma de organización del poder en nuestras sociedades.

Enric Aragonès (Reus, 1991) llega directamente de trabajar —en un empleo que no tiene nada que ver con el activismo— al espacio de la sede central de la Universidad de Barcelona desde donde el Sindicato de Inquilinas organiza la huelga general del 11 de noviembre. Entre fotografía y fotografía, agradece que hagamos una entrevista en profundidad para discutir sobre la convocatoria a las puertas de las elecciones, en un mundo veloz en el que la actualidad acostumbra a ir a golpe de declaraciones.

Anna Puigdevall (Barcelona, 1968) ha trabajado toda su vida profesional en el ámbito de la empresa, después de estudiar física y, desde hace menos de dos años, forma parte de laasociación de propietarios Som Habitatge. Aseguran que se financian a partir de las cuotas de los socios y de donaciones, y que no reciben recursos de ninguna gran gestora inmobiliaria.

La crisis económica de 2008 terminó, al menos teóricamente, en 2013. Fue el último año en que la economía española registró un crecimiento negativo. Las consecuencias de la recesión todavía perduran hoy en día, y se agravan por el encarecimiento más reciente de un grupo muy determinado de productos de la cesta de la compra. Son fundamentalmente dos: la vivienda y la alimentación, según deja claro la Generalitat en el Informe Social 2025.

El próximo miércoles estamos llamados a una huelga general para reclamar mejores salarios, una vivienda asequible y medidas contra el encarecimiento de la vida. Y esto en un momento en que Cataluña registra una de las tasas de paro más bajas desde 2008, el salario mínimo ha aumentado casi un 66% desde 2018 y la pobreza monetaria se ha reducido en los últimos años. Y, sin embargo, muchas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes. ¿Cómo se explica?

Siempre que se convoca una huelga general, uno mira atrás para poder seguir mirando hacia adelante. La vida en común –y la de cada cual– religa y se entrelaza con las huelgas generales que hemos vivido. La primera que recuerdo, espejo retrovisor de niño absorto, es con el abuelo Saturnino –encarcelado en la inmediata posguerra durante años y pasando de las huelgas contra la dictadura a los paros de los años ochenta por una democracia económica y social que no llegaba nunca y que todavía no conocemos–. Aquel 14-D de 1988 con la ciudad parada contra un PSOE que tomaba el poder con la izquierda y lo tocaba con la derecha, en la reestructuración del capitalismo en el estado español ordenado por la CEE después de la oscuridad del franquismo. Eran los tiempos Solchaga en los que el ministro decía: "España es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de toda Europa". La siguiente fue la de 1994 contra la precariedad laboral –y también contra el PSOE, y ya se hablaba de una generación de jóvenes a la deriva neoliberal–. Con más nitidez retengo la de 2002 contra José María Aznar. Y después, para dar el salto, la de 2012 –con la memoria imborrable de la dignidad infinita de Ester Quintana–. Sin olvidar nunca las dos huelgas generales feministas de 2018 y 2019, la última fue la general categórica más desbordante que he visto jamás: la del 3 de octubre de 2017, en protesta unánime contra una represión vergonzosa e infame. Recuerdo fuentes patronales hablando de un seguimiento del 92% y que en el barrio no hicieron falta ni piquetes. Urge añadir que el último exiliado llegará a casa antes de Navidad. Nueve años después.

A las puertas de la huelga general convocada en todo el Estado para el próximo 11 de noviembre, los parados crecen en Cataluña por cuarto mes consecutivo. En concreto, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Trabajo, en el Principado hay 8.174 desempleados más en octubre que en septiembre, una cifra que supone una subida del 2,48%. En comparación con octubre pasado, el paro aún crece con más fuerza: sube un 4,24%, lo que equivale a 13.751 personas más sin trabajo que hace un año. En total, en Cataluña hay 338.246 personas en el paro. Esta tendencia contrasta con el resto del Estado, donde el paro disminuye en términos interanuales.