Una de las canciones de la etapa final de los Beatles fue The long and winding road (El largo y sinuoso camino), en el disco Let it be, el último publicado, aunque se grabó antes de Abbey Road. Seguro que a la consejería de Economía de Alícia Romero le vienen a la cabeza el título y partes de la letra: "Me dejaste aquí plantado. Hace mucho, mucho tiempo. No me dejes esperando. Guíame hacia tu puerta". No solo por las dificultades que tiene para aprobar los primeros presupuestos de la legislatura de Salvador Illa, que también, sino por las trabas para conseguir otro objetivo perseguido por los diferentes gobiernos catalanes, que es hacer del Institut Català de Finances (ICF) un verdadero banco público para cubrir espacios a los que las entidades financieras privadas no llegan, o a duras penas.

El Institut Català de Finances (ICF), la banca pública de la Generalitat, ha concedido hasta el día de hoy 846 préstamos a jóvenes de 18 a 35 años para obtener la entrada para un piso. La media otorgada es de 36.332 euros y un precio medio de la vivienda de 189.908 euros con una media de edad de los beneficiarios de 29,4 años, según los datos presentados por el secretario general de Economía y presidente de la junta de gobierno del ICF, Juli Fernández y la consejera delegada de la entidad Vanessa Servera.

El Institut Català de Finances (ICF), banca pública de la Generalitat, aumentará su plantilla en 29 personas para hacer frente a su plan de destinar 600 millones anuales a financiar viviendas sociales. La novedad es que la entidad podrá por primera vez atender a particulares. En concreto, a jóvenes de hasta treinta y cinco años que pidan el 20% de la entrada de su primera vivienda, en el marco del llamado fondo de emancipación, dotado con 100 millones anuales. En la actualidad, el ICF cuenta con 108 profesionales.

"El ICF no necesita obtener la ficha bancaria". El nuevo consejero delegado del Instituto Catalán de Finanzas, Jordi Òliva, ha asegurado que esta entidad no volverá a intentar obtener la licencia que permitiría a Cataluña tener un banco público. Este cambio se produce después de que el año pasado el ICF intentara conseguirla presentando la solicitud correspondiente al Banco Central Europeo y el Banco de España.

El Banco de España ha desestimado la petición del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de contar con licencia bancaria para operar en el mercado minorista por motivos técnicos y por la falta de un informe favorable de la Comisión Europea sobre las ayudas de estado. Tener una ficha bancaria para poder operar como banco público de la Generalitat era una de las aspiraciones históricas del ICF, el instituto de crédito público del Govern creado por una ley del Parlament de 1985. Fuentes del Govern han asegurado al ARA que este objetivo de contar con un banco público se mantiene.

Después de solo nueve meses en el cargo, el conseller delegado del Institut Català de Finances (ICF), Víctor Guardiola, será relevado por Jordi Òliva, hasta ahora director de negocio institucional de CaixaBank, según ha podido saber el ARA. El Govern aprobará este mismo martes el nombramiento de Òliva.

El psicólogo Florian Kaiser habla del "decir que no como último bastión de la libertad de decisión". En el Kurier austríaco, Guido Tartarotti describe el fenómeno de la época anterior a los navegadores en coches y móviles: cuanto más tiempo se lleva yendo en la dirección equivocada, menos predisposición se tiene a dar media vuelta –incluso si cada vez hay más y más dudas sobre el camino elegido—. El motivo: se ha invertido tanto tiempo, nervios y combustible, 'y todo esto no se puede perder a lo loco! El efecto es conocido en psicología y por el mismo motivo hay personas que se aferran a relaciones personales tóxicas y que les hacen infelices, ven una película mala hasta el final o siguen fieles a su grupo de música, incluso cuando ya hace tiempo que el cantante ha perdido la voz. Lo mismo es aplicable a los antivacunas: cuantas más pruebas hay de que se equivocan, más tercos son. En Catalunya, muy bien podríamos hablar de los partidarios de la República de Ítaca. Es más fácil repartir premios al botifler del año que reconocer que el largo camino no lleva a ninguna parte. A finales del 2017 Laura Fàbregas reflexionaba en The Objective sobre "la traición". "Mi pueblo tiene un alcalde de la CUP [...] y mi patria sentimental es Catalunya, [...] pero no soy independentista". Desde otros lugares de España se nos pregunta "¿Por qué habéis tardado tanto tiempo a hablar?" Pero es que con las políticas identitarias y con el nacionalismo una persona se siente "parte de un colectivo, se siente catalana", y entonces "es muy difícil debatir desde los sentimientos; no hay un punto de encuentro, porque cada cual tiene los suyos y todos son legítimos".

El 6 de julio el consejo ejecutivo dio luz verde al decreto que autorizaba al Institut Català de Finances (ICF) a avalar las fianzas de la causa del departamento de Exteriores en el Tribunal de Cuentas. Tres meses después se ha agotado el plazo para que el gobierno español lo impugne y, por lo tanto, se suspenda de manera automática para la admisión a trámite del Tribunal Constitucional. Ayer, jueves 7 de octubre, era el último día para que la Moncloa pidiera un dictamen al Consejo de Estado y lo llevara al TC para intentar invalidar el movimiento que hizo la Generalitat, que tenía como objetivo evitar que una treintena de ex altos cargos tuvieran que embargar su patrimonio para hacer frente a un pago de 5,4 millones de euros. Por ley, el ejecutivo del Estado tiene tres meses para impugnar y a estas alturas ya se ha acabado el plazo para suspender la norma –el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicó el decreto el día 7 de julio– e impedir que se aplique a corto plazo.

Avalar a los encausados por el Tribunal de Cuentas por la actividad exterior de la Generalitat fue la primera decisión crítica del nuevo Govern. La determinación de hacerlo a través del Institut Català de Finances (ICF) estuvo rodeada de dimisiones y miedo a las posibles consecuencias judiciales. El temor a la judicialización constante no era infundado. A pesar del aval del Consell de Garanties Estatutàries a la decisión de la Generalitat, la Fiscalía ha puesto en marcha la investigación contra el ICF y, según ha podido saber el ARA, ha citado a declarar a los miembros independientes de la junta de gobierno que participaron en la reunión para conceder los avales.

Antes de acabar el periodo de sesiones y que empiecen las vacaciones de verano, el Parlament acogerá un último pleno con carga política: este jueves convalidará el decreto que regula el fondo complementario de riesgos y que ha servido para que el ejecutivo avale a través del Institut Català de Finances a los encausados en la causa del Tribunal de Cuentas.

La decisión que fuera el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) quién presentara los avales para las fianzas de la causa de Exteriores abierta por el Tribunal de Cuentas ha generado en los últimos días ruido en el Govern y en la misma junta de la entidad financiera. El motivo era el miedo que situar al ICF en medio de esta operación pudiera comportar consecuencias penales para sus integrantes y para miembros de la Generalitat. No era un miedo infundado: este viernes, dos días después de que el ICF tomara la decisión de presentar los avales, Cs ha formalizado una denuncia por malversación y prevaricación ante la Fiscalía Superior de Catalunya. El destinatario es el ejecutivo catalán, pero también los miembros de la junta de gobierno de la entidad financiera.

Las palabras del conseller de Economía, Jaume Giró, este miércoles en sede parlamentaria anunciando que sería el Instituto Catalán de Finanzas quien avalaría los investigados por la actividad exterior de la Generalitat fueron solo el primer capítulo de una jornada muy larga. Solo 24 horas antes se había descartado que fuera este organismo público quién lo hiciera, pero el tira y afloja entre Esquerra y Junts hizo cambiar la decisión. Para ejecutarla, a lo largo de todo miércoles se sucedieron reuniones informales de cargos gubernamentales y contactos con el ICF para intentar hacer efectiva dentro del plazo la decisión de dar el paso ante el tribunal. Cualquier operación del Instituto tenía que ser avalada por la junta de gobierno, de forma que se tuvo que convocar deprisa y corriendo para que fuera a primera hora de la tarde. Se iniciaba a las cinco y media y no acababa hasta casi las nueve del anochecer. Según ha podido reconstruir el ARA a partir de varias fuentes, el debate fue muy duro y la junta se acabó partiendo en dos a la hora de votar los avales. Tres de los miembros dieron luz verde, otros tres votaron en contra, el consejero delegado, Víctor Guardiola, se abstuvo y para que saliera adelante fue necesario el voto de calidad del presidente de la junta, Albert Castellanos. Todo ello radiografía las reticencias que había en el Instituto para actuar de avalador público.

El Institut Català de Finances (ICF) no es un organismo conocido por el gran público, pero en los últimos años ha ganado peso en el terreno político y mediático. El motivo es que los partidos soberanistas se han marcado el objetivo de conseguir que obtenga la ficha bancaria, es decir, que pueda operar como un banco. Esto le permitiría, sobre todo, acceder al crédito en mejores condiciones y recibir depósitos, básicamente de instituciones públicas y empresas. En el acuerdo de investidura entre ERC y la CUP se habla de convertir la ICF en la "banca pública de Catalunya". El problema es que se necesita el permiso del Banco de España, que históricamente siempre se lo ha negado. ¿La operación de las fianzas del Tribunal de Cuentas puede ser un nuevo freno?