El debate sobre los avales partió en dos la junta de gobierno del ICF
El consejero delegado se abstuvo en una decisión tomada gracias al voto de calidad del presidente
BarcelonaLas palabras del conseller de Economía, Jaume Giró, este miércoles en sede parlamentaria anunciando que sería el Instituto Catalán de Finanzas quien avalaría los investigados por la actividad exterior de la Generalitat fueron solo el primer capítulo de una jornada muy larga. Solo 24 horas antes se había descartado que fuera este organismo público quién lo hiciera, pero el tira y afloja entre Esquerra y Junts hizo cambiar la decisión. Para ejecutarla, a lo largo de todo miércoles se sucedieron reuniones informales de cargos gubernamentales y contactos con el ICF para intentar hacer efectiva dentro del plazo la decisión de dar el paso ante el tribunal. Cualquier operación del Instituto tenía que ser avalada por la junta de gobierno, de forma que se tuvo que convocar deprisa y corriendo para que fuera a primera hora de la tarde. Se iniciaba a las cinco y media y no acababa hasta casi las nueve del anochecer. Según ha podido reconstruir el ARA a partir de varias fuentes, el debate fue muy duro y la junta se acabó partiendo en dos a la hora de votar los avales. Tres de los miembros dieron luz verde, otros tres votaron en contra, el consejero delegado, Víctor Guardiola, se abstuvo y para que saliera adelante fue necesario el voto de calidad del presidente de la junta, Albert Castellanos. Todo ello radiografía las reticencias que había en el Instituto para actuar de avalador público.
Sin embargo, ¿quién forma parte de la junta de gobierno? ¿De dónde provienen sus miembros? Oficialmente la conforman nueve personas del mundo de la economía y representantes de la administración, y se nombran a propuesta del conseller de Economía. Se da el caso de que la cúpula actual fue designada por el ahora president, Pere Aragonès, cuando era vicepresident del Govern y conseller de Economía, y que se tenía que renovar en los próximos días. Esta situación añadió tensión: sabiendo que les quedaba poco tiempo en el cargo, los miembros de la junta tuvieron que mojarse y arriesgarse a posibles responsabilidades si todo ello acaba impugnado en la justicia. Hay miembros llamados dominicales –representantes de la administración– e independientes –provenientes del mundo financiero–. Los cargos de relevancia política, además de Castellanos (ahora secretario de empresa en la conselleria de Roger Torrent), eran Meritxell Masó, secretaria general de Salud con Josep M. Argimon; Matilde Villarroya, actual secretaria de Asuntos Económicos y Fondos Europeos con Jaume Giró, y Lluís Juncà, director general de Innovación con Torrent. Los tres primeros votaron a favor de conceder el aval y Juncà no estaba presente en la reunión. Para que fuera válida la votación tenían que ser más miembros independientes que nombramientos políticos y se decidió dejar fuera a Juncà alegando que era el de menor rango -un movimiento que también llevó a discusión-. Los tres votos en contra provinieron de miembros independientes del Instituto. En los próximos días se esperan renuncias.
A su vez, el consejero delegado de la institución, Víctor Guardiola, decidió abstenerse. Apenas hace cuatro meses que Guardiola fue nombrado en el cargo, en sustitución de Josep-Ramon Sanromà. Proveniente del sector privado, Guardiola desarrolló buena parte de su trayectoria en CaixaBank, además de tener experiencia en el mundo de la consultoría.
Fichaje de independientes
Desde la época de Artur Mas como president hasta la anterior legislatura con Pere Aragonès de conseller de Economía, el Govern había reducido el peso de los consejeros dominicales en la junta de gobierno del ICF para dar más presencia a los consejeros independientes. El objetivo respondía al intento reiterado de la Generalitat de conseguir que el ICF tenga algún día la ficha bancaria para poder operar como un banco y tener ventajas operativas. Con la reducción de consejeros dominicales se quería escenificar mejor la independencia de la entidad respecto al poder político para conseguir ablandar al Banco de España, que tiene la última palabra sobre la concesión de la ficha bancaria y que hasta ahora lo ha denegado. A la hora de la verdad, sin embargo, con la operación de las fianzas el Govern ha tenido que recorrer a los consejeros dominicales porque los independientes no lo veían claro. La ficha bancaria está más complicada.
