El caso Kitchen ha sentado en el banquillo de los acusados a la cúpula del ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, acusada de espiar a Luis Bárcenas e intentar robarle información que pudiera comprometer al PP. Durante toda la investigación, el juez Manuel García-Castellón trazó una fina pero robusta línea para circunscribir al ministerio los hechos bajo sospecha y dejar al partido al margen. Ahora bien, durante la instrucción hubo otras figuras relevantes que fueron investigadas o a quienes la Fiscalía solicitó imputar. En la lista no figura Mariano Rajoy: en septiembre de 2021 la Fiscalía apuntó a una “posible responsabilidad” del expresidente del Gobierno español, pero nunca nadie pidió formalmente que se le investigara. Como testigo, y a pesar de que hay un audio de María Dolores de Cospedal que le implica directamente en la operación, negó haber destruido pruebas de la caja B del PP. ¿Quiénes son los diez salvados?

Nuevas revelaciones del sumario del caso Leire Díaz, la supuesta fontanera del PSOE. En este caso, sobre uno de los asuntos más sangrantes de la guerra sucia contra el independentismo en pleno proceso soberanista. El sumario del caso Leire Díez incluye el audio de una conversación con el exmilitante del PSOE y ex número dos del ministro Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, donde este admite que el informe que decía que el entonces alcalde de Barcelona Xavier Trias tenía una cuenta bancaria en Suiza "era todo falso" y que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, era quien lo había filtrado a los medios de comunicación afines al PP. Martínez afirma que la persona que se encargó de redactar el informe “se lo inventó todo”, y describe un sistema de creación y filtración de dossieres contra rivales políticos.

Estos días que los Mossos vigilan las alcantarillas se encontrarán que bajan muy llenas. De grabaciones, por ejemplo, como la de un exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que admite a la exlegisladora del PSOE, Leire Díez, que el cuento de la cuenta de Xavier Trias en Andorra era falso, inventado por un policía y filtrado por el “filtrador número 1, ya te puedes imaginar quién es. A Jorge [Fernández Díaz], eso de filtrar lo volvía loco [...] eso lo hacía ella hablando con los pedrojotas”. Ellos, que querían ser como Bernstein y Woodward haciendo caer a un presidente, no pasaban, en realidad, de ser obedientes impresores de la mercancía tóxica de un ministro. Todo por la patria y por el negocio editorial, claro; nada por la verdad ni por el estado de derecho. ¿Qué deberá haber pensado el muy creyente exministro cuando ha oído al Papa diciendo que “nadie puede arrodillarse ante Dios y menospreciar al hermano”?Mientras León XIV preparaba estas palabras, Pedro Sánchez (probablemente “PS” en los papeles de la lampista) se escapaba al Primavera Sound. Cuando no pueden más del Madrid que los quiere matar, se refugian en Cataluña y nos llenan de tópicos: “Una manera de mostrar al mundo Barcelona y una España abiertas, diversas y llenas de energía. [...] Su éxito internacional habla de una sociedad plural que entiende la cultura como un espacio de encuentro, convivencia y libertad”. Si hace años que somos así. Y más que lo seríamos si no hubiéramos cargado con la guerra sucia y el desinterés premeditado de un estado inútil para hacer ir sus trenes a la hora, chupador de energías y recursos, que de vez en cuando usa el cepillo del que hablaba Tarradellas.

Esta mañana vuelve a haber reunión entre el departamento de Educación y los sindicatos de enseñanza en la sede de la conselleria. Los sindicatos no tendrán que caminar mucho para llegar a ella, porque han pasado la noche encerrados en la conselleria.

Tanto es que se le escuche despachando con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña sobre la necesidad de sacar trapos sucios de los principales líderes independentistas. Tampoco importa que hayan trascendido conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo hablando abiertamente de la operación Cataluña ("Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión haya existido", decía él en los audios). Ni tan solo que haya mensajes con su número 2 certificados por notario en los que hablan de la Kitchen. Hace años que Jorge Fernández Díaz interpreta el papel del ministro que no se enteraba de nada de lo que pasaba a su alrededor. Una estrategia de defensa que ha seguido al pie de la letra este jueves cuando ha declarado como principal investigado en el juicio sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez han enterrado el hacha de guerra y, negación tras negación, han ejecutado con luces y taquígrafos un pacto de no agresión. Después de dos meses de juicio y más de 150 testigos, los dos principales acusados del caso Kitchen han entrado en escena: han seguido el guion previsto y han negado cualquier implicación en el espionaje a Luis Bárcenas. La Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro del Interior y para el exsecretario de Estado de Seguridad. Sus declaraciones han tenido una pacificación que fue inexistente durante la instrucción, muchos puntos de conexión y una contradicción palmaria. El denominador común ha sido desentenderse de las cloacas del Estado. Jorge Fernández Díaz ha relatado que tuvo conocimiento de la Kitchen, "como el común de los mortales", a finales del 2015, cuando "empezó a aparecer" en los medios de comunicación: "Hasta entonces no había oído hablar de ella ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me había hablado de ella", ha asegurado. Francisco Martínez también ha negado que ordenara un dispositivo contra el extesorero del PP: "Jamás ordené investigaciones sobre nada", ha dicho.

El juicio del caso Kitchen ha arrancado este lunes con un nombre en boca de todos, pero ausente en el banquillo de los acusados: el Partido Popular. La Audiencia Nacional está juzgando la presunta operación que se orquestó en el seno del ministerio del Interior, presuntamente auspiciada por Jorge Fernández Díaz, para robar a Luis Bárcenas información comprometedora para el PP. La Fiscalía pide penas de hasta diecinueve años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero ha dejado fuera del perímetro de la causa al PP y a María Dolores de Cospedal, que fue secretaria general de los populares de 2008 a 2018. Durante la primera sesión, en el trámite de cuestiones previas, el PSOE –que está personado en el caso como acusación popular– ha querido poner énfasis en la "conexión política" y ha conminado al tribunal a juzgar también al PP como partícipe a título lucrativo –o responsable civil subsidiario– alegando que se benefició de la operación parapolicial, que pretendía ocultar las pruebas del caso Gürtel, que es lo que desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Los socialistas también han solicitado que se suspenda el juicio para reabrir la investigación sobre Cospedal y su exmarito, Ignacio López del Hierro.

Año 2013. Mariano Rajoy gobierna España con mayoría absoluta y salen a la luz los papeles de Luis Bárcenas, que revelan la existencia de una caja B en el PP. A raíz de esto, el ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, diseña y –según el relato de la Fiscalía– pone en marcha una “ilícita operación policial de inteligencia” con la voluntad de robar a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, información y pruebas que incriminen a dirigentes populares en el marco del caso Gürtel. El objetivo final es “impedir” que lleguen a manos de los investigadores. Cinco años más tarde, aquel juicio por corrupción acaba con la sentencia que propicia la moción de censura que lleva a Pedro Sánchez a la Moncloa. Y ahora, trece años después, la cúpula de la policía patriótica se sienta en el banquillo de los acusados, con peticiones de quince años de prisión por parte de la Fiscalía, en un juicio que arranca el lunes en la Audiencia Nacional y que deberá arrojar luz a las maniobras de las cloacas del Estado para proteger al PP. Los principales delitos de los que están acusados son encubrimiento, malversación, soborno, revelación de secretos y tráfico de influencias.

Esta semana comienzan en Madrid dos juicios que con toda seguridad tendrán un fuerte impacto en la política española. Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Kitchen, y el martes en el Tribunal Supremo se juzgará al exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos por el primer caso que le afecta, el de una supuesta trama para cobrar comisiones por vender mascarillas a diferentes instituciones del Estado.

El año pasado, la justicia española puso trabas a la investigación judicial andorrana de la operación Catalunya con un archivo de la comisión rogatoria. El Mundo ya la que ha tenido acceso el ARA se vuelve a activar la causa en la que se pretende la imputación del expresidente español Mariano Rajoy y los ex ministros del Interior y de Hacienda Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro. La juez Stéphanie Garcia ha vuelto a emitir las comisiones rogatorias en España, a la autoridad judicial competente, para citar a los responsables políticos y judiciales de la rama andorrana de este supuesto entramado contra el independentismo.

Si Jorge Fernández Díaz es capaz de mentir diciendo que no reconoce esa conversación con Villarejo que todos hemos oído ("Negaré, incluso bajo tortura, que esa reunión haya existido"), no es raro que ayer mintiese diciendo que no existió la operación Catalunya. Al fin y al cabo, también dice que no sabe nada del caso Kitchen (los papeles de Bárcenas), por el que el fiscal pide para él 15 años de prisión y la causa de que esté suspendido de militancia por su propio partido.

"No tengo ningún conocimiento de la existencia de una denominada operación Catalunya". Es lo que ha asegurado Mariano Rajoy en la comisión que investiga la guerra sucia contra el independentismo en el Congreso. El expresidente del gobierno español y del PP ha negado ser conocedor de nada, tal y como hizo cuando fue interrogado como testigo en el juicio del caso Gürtel, en el verano del 2017, y en la cámara baja en otra comisión de investigación sobre la operación Kitchen a finales del 2021. "No puedo convertirme en un comentario. no pinto nada aquí, aunque estoy muy a gusto", ha remarcado con su particular estilo.

Desde hace más de una década, la democracia española ha dado muchas muestras de que no supera con éxito la prueba del algodón. Si lo frotamos por encima de las reglas más elementales del estado de derecho, sin duda que saldrá enmascarado. El rosario de escándalos que hemos vivido es inacabable, pero quizás es aún más escandaloso ver que quedan impunes y justificados los abusos de poder que se han cometido por parte de los aparatos del Estado a la hora de perseguir a enemigos y adversarios. Nos hemos acostumbrado al escándalo por agotamiento y nos hemos acostumbrado a la impunidad ante la impotencia que supone ver cómo todo se tapa, minimiza o cambia.

1. Operación Catalunya. El expresidente valenciano Ximo Puig decía, en el ARA, que la operación Catalunya es "lo más grave que ha pasado en democracia". Y Pedro Sánchez añadía: “Como no se une a España es con recortes, corrupción y la guerra sucia de Rajoy”. Ahora veremos en qué queda todo esto. Los papeles comienzan a estar sobre la mesa, resultado de varias investigaciones (y filtraciones) periodísticas y no fruto de actuaciones ordenadas de los poderes del Estado. Documentan una verdadera guerra sucia, en tiempos de Rajoy y del inefable Fernández Díaz, el hombre que considera que en nombre de Dios todo le está permitido.

Poca sorpresa, però sí un cert confort, davant de les informacions publicades per eldiario.es i La Vanguardia. Poca sorpresa perquè era de domini prou públic la utilització dels cossos i forces de seguretat de l'estat espanyol com a instrument de persecució política contra l'independentisme català, i fins i tot Pedro Sánchez i Grande Marlaka havien fet esment de l'existència de l'anomenada policia patriòtica (i també Villarejo, de qui mai se sap si es mou per salvar la pell o per afany de protagonisme). I un cert confort perquè les informacions publicades tornen a posar l'escàndol de l'Operació Catalunya a primera línia, i a més hi aprofundeixen. D'acord amb elles, l'Operació Catalunya implica directament l'exministre Jorge Fernández Díaz amb tota la cúpula del ministeri d'Interior dels anys del PP, el president Mariano Rajoy i tot el consell de ministres. Rajoy, segons el que s'ha conegut, rebia actualitzacions dels progressos de l'operació en informes que li arribaven en sobres blancs, seguint una vella tradició pepera. A més dels ja esmentats, hi surten especialment esquitxats Hisenda (i el ministre del ram, Cristóbal Montoro) i la cúpula judicial. Una menció a part per al conjunt de mitjans i periodistes que feien la feina bruta de la difamació i la posada en circulació de notícies falses. La festa, naturalment, la pagàvem entre tots els contribuents, amb càrrec als fons reservats de l'Estat.

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una nueva investigación sobre la participación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la operación Catalunya. El ministerio público ha decidido iniciar diligencias a raíz de la denuncia presentada la semana pasada por el ex jefe de la Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega, que también apuntaba contra el excomisario José Manuel Villarejo y el ex secretario de estado de Seguridad Francisco Martínez como responsables de la trama para "obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, extorsionar y/o desprestigiar personas que eran cercanas al movimiento independentista catalán o estaban vinculadas a él".

El exjefe de la Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega ha denunciado este martes ante la Fiscalía al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo a raíz de la operación Catalunya. La denuncia, firmada por el abogado Jordi Pina y que también se dirige contra el exsecretario de estado de Seguridad Francisco Martínez, los acusa de presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación y revelación de secretos. El documento hace referencia a las informaciones y audios publicados últimamente en varios medios sobre la operación Catalunya. Una trama que, según la denuncia, consistía en "obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, extorsionar y/o desprestigiar a personas que eran cercanas o estaban vinculadas con el movimiento independentista catalán".

El Congreso creará una comisión de investigación sobre la rama andorrana de la operación Catalunya de cara al próximo periodo de sesiones, después de las vacaciones de verano. La junta de portavoces ha dado luz verde este martes, con el voto favorable del PSOE y Unidas Podemos, a la solicitud que hace dos semanas registraron las formaciones soberanistas de la cámara baja. Tendrá que ser el pleno quien dé el visto bueno final, pero el portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez, ha dado por hecho que saldrá adelante. "Esperemos que se ponga en marcha cuanto antes mejor", ha anotado en rueda de prensa.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a pagar una indemnización de 4.200 euros en concepto de "daño moral" a cada uno de los jueces catalanes que denunciaron en Estrasburgo –después de que el caso se archivara en el Estado– la filtración al diario La Razón de datos personales –la foto del DNI– de los 33 magistrados catalanes que habían firmado un manifiesto a favor del derecho a decidir en febrero del 2014, unos meses antes de la consulta del 9-N. El diario publicó un amplio artículo con los nombres y las fotos del DNI de los magistrados.

Ahora parece mentira, pero hubo un tiempo en el que Jorge Fernández Díaz y la familia Pujol tenían buena relación. La noche electoral del 20 de noviembre del 2011, cuando el escrutinio ya ofrecía la certeza de una mayoría absoluta del PP, Oriol Pujol fue de los primeros en llamar al teléfono del dirigente popular para felicitarlo con una efusividad y una confianza que sorprendió a los presentes. Aquella acabaría siendo una de las últimas conversaciones cordiales entre ellos. Al cabo de pocas semanas, Fernández Díaz sería nombrado ministro del Interior, y aquella sintonía que venía de lejos –en 1984 el entonces líder de Alianza Popular en el Parlament votó a favor de la investidura de Jordi Pujol en plena crisis de Banca Catalana– quedaría atrás hasta el punto que, tal como han confirmado los audios publicados por El País esta semana, el popular se tenía que convertir en el hombre que azuzaría las cloacas del Estado contra el expresidente de la Generalitat. La X de la operación Catalunya.