Un 66,5%. Esta es la inflación acumulada que hemos sufrido entre los años 2000 y 2025. En solo dos de estos años, el valor del dinero se ha mantenido o ha aumentado. El resto del tiempo, nuestros ahorros han ido perdiendo poder adquisitivo. Y no hace falta mirar veinticinco años atrás para notarlo: solo hay que pensar en los últimos cinco. El precio de las viviendas, de los coches o incluso de los huevos se ha disparado.

Cuando se dice que algo puede pasar, es probable que acabe pasando. Esta expresión que se utiliza para referirse a las profecías autocumplidas es habitual en el mundo económico. A lo largo de la historia, la creencia de que un hecho acabará produciéndose ha precipitado los acontecimientos. La lista de ejemplos es larga: derrumbes de empresas en bolsa, compras compulsivas de los consumidores o retiradas de depósitos son solo algunos. Y las perspectivas de la ciudadanía para controlar la inflación son también un factor a tener en cuenta.

El Banco Central Europeo (BCE) mantiene la precaución. El organismo bancario ha vuelto a evitar mover ficha antes de tiempo y, a pesar de la guerra en Irán y el repunte de la inflación, ha decidido este jueves mantener los tipos de interés al 2% por séptima reunión consecutiva. De esta manera, la entidad financiera que preside Christine Lagarde se guarda la bala en la recámara en caso de que la situación empeore y, de hecho, ya ha alertado de "la elevada incertidumbre" del futuro económico de la eurozona por culpa de la guerra iniciada por Donald Trump.

Las medidas fiscales para rebajar el coste de la electricidad y los carburantes aprobadas hace un mes por el gobierno español han tenido un efecto positivo sobre los precios de bienes y servicios que consumen las familias, lo que ha permitido moderar la inflación que se había disparado en marzo como consecuencia de la crisis energética derivada de la guerra en Irán.

No se trata de que a nadie se le atragantara el desayuno esta mañana, pero el paro y la inflación han asomado la cabeza, y si la guerra de Irán continúa acabarán sacando la cabeza entera. El encarecimiento de la vida es un hecho y las perspectivas son a peor, con profecías de shock energético y disrupción del comercio internacional, incluidos los alimentos.

El encarecimiento de los carburantes provocado por la guerra en Oriente Medio hizo disparar el coste de la vida en Cataluña y España en marzo, el primer mes con los efectos de la guerra, según datos del índice de precios de consumo (IPC, el indicador que mide el coste de la vida de las familias) publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A veces, una buena respuesta social no es una buena respuesta política. Bajar el IVA de los carburantes es una de las respuestas más habituales –y mejor recibidas por la ciudadanía– cuando el coste de la vida sube, como estamos viviendo por el estallido de la guerra en Irán. Su efecto es inmediato y visible y, por ello mismo, se convierte a menudo en una de las opciones a tomar por parte de los gobiernos. Pero, como ha advertido Bruselas, que ha cuestionado la rebaja de Sánchez, no solo se ha de poner en duda su legalidad, sino también sus efectos. ¿Hasta qué punto este tipo de medidas se han convertido en una respuesta casi automática ante los episodios de inflación sin tener en cuenta sus costes y beneficios, en comparación con otras alternativas políticas menos vistosas, pero quizás más efectivas?No es difícil entender por qué las rebajas del IVA son atractivas. En un contexto como el actual, marcado por el encarecimiento de los carburantes, reducir el IVA se traduce directamente en un precio más bajo en la gasolinera. Es una medida fácil de explicar, que llega a todo el mundo y que se percibe de inmediato, lo que la hace especialmente tentadora para los gobiernos. Pero esta misma simplicidad también es su límite: no todos los hogares se benefician igual, y a menudo acaban favoreciendo más a quien más consume. Además, al abaratar artificialmente el precio, las medidas reducen los incentivos para ajustar el consumo en un contexto en que los precios energéticos se mantienen elevados y sin perspectivas claras de reducción.Esta lógica no se limita a los carburantes. En España, una parte importante del apoyo público a los hogares se articula a través del sistema fiscal, en forma de deducciones y reducciones que benefician sobre todo a las personas que tienen suficientes ingresos para poderse aprovechar de ellas. Es el caso, por ejemplo, del mínimo por descendiente, que se traduce en un ahorro fiscal solo para quien tiene suficientes ingresos para tributar. Mientras tanto, instrumentos más directes y potencialmente más redistributivos, como el ingreso mínimo vital o el bono social, continúan sin llegar a una parte importante de los hogares que los podrían necesitar. El resultado es un sistema que combina ayudas amplias pero poco precisas con otras mejor orientadas pero con problemas de acceso.No son, por tanto, casos aislados. Nuestro sistema fiscal ha ido acumulando todo un conjunto de beneficios –tipos reducidos y superreducidos de IVA, deducciones y exenciones– que, lejos de formar un sistema coherente, reducen su recaudación y la capacidad redistributiva del sistema. Son mecanismos que llegan a muchos pero que a menudo redistribuyen poco, y que acaban funcionando más como descuentos generalizados que como instrumentos de política social. En este contexto, cada vez hay más consenso sobre la necesidad de revisar estos beneficios fiscales y reforzar instrumentos más directos y mejor orientados.El problema no es la falta de instrumentos, sino cómo los usamos. Priorizamos medidas visibles que ayudan de manera difusa, mientras que las más eficaces a menudo no llegan. El reto no es añadir más ayudas, sino conseguir que las que funcionan sean las que se aplican. Tanto si son populares como si no.

La guerra en Irán no impacta en nuestra economía por nuestras relaciones económicas y comerciales con la zona, sino por el efecto sobre los mercados energéticos, especialmente petróleo y gas, que tiene y tendrá en el futuro próximo. Lo que pesa de verdad no es Teherán en nuestro comercio y nuestros precios, es Ormuz. Solo hay que recordar el dato avanzado del IPC de marzo, del 3,3%, un punto superior al de febrero, sin variación de la subyacente y, por tanto, a causa del aumento de los precios energéticos, en un contexto de crecimiento débil de Europa y de una desaceleración no despreciable del orden de un punto en España y Cataluña, donde las mejoras del crecimiento el ciudadano medio no las percibe, la renta per cápita no varía, y donde Hacienda será una de las beneficiadas por esta mayor inflación dado que no corrige la progresividad impositiva (esencialmente el IRPF).

La economía de EE. UU. ya nota desde hace tiempo los efectos de la guerra en Oriente Medio y la escalada del precio del petróleo. El índice de precios de consumo (IPC) en marzo así lo constata y revela cómo está llegando el impacto del conflicto y el cierre del estrecho de Ormuz al bolsillo de los estadounidenses, ya que se disparó hasta el 3,3%, el nivel más alto desde mayo de 2024. Esta subida coincide con las previsiones del mercado, que ya esperaban una escalada considerable respecto del 2,4% de febrero a consecuencia de los elevados precios de la gasolina.

El Consejo General de Economistas, el organismo que agrupa los colegios de economistas del Estado, propone que el gobierno español ajuste su tramo del impuesto sobre la renta (IRPF) a los incrementos salariales de los últimos años. Según los cálculos de la entidad, un trabajador catalán con un sueldo bruto anual de 25.000 euros se ahorraría unos 252 euros anuales, mientras que en los sueldos más altos, como 400.000 euros, el ahorro superaría los 2.100 euros anuales.

Hasta 2022, y durante más de 10 años, una cadena de hamburguesas vendía una de las suyas por 1 euro. Hoy, una vale 1,85. Este es uno de los ejemplos más claros de la inflación. ¿Y tu sueldo, ha subido un 85% en 3 años? Este es uno de los mejores ejemplos de la pérdida de poder adquisitivo.

Solo en dos de los últimos veinte años –en 2008, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y en 2015, con el de Mariano Rajoy (PP), que en realidad fue una reforma fiscal–, Hacienda ha deflactado la tarifa del impuesto de la renta (IRPF), lo que significa ajustarla a la inflación para evitar que se tribute más a pesar de tener los mismos o menos ingresos reales. Y las dos últimas veces que se tomaron medidas similares fueron ante la convocatoria de elecciones generales, en marzo de 2008, comicios en los que Zapatero fue reelegido para un segundo mandato, y en diciembre de 2015, cuando Rajoy repitió en el cargo. Entre hacerlo y no hacerlo hay una diferencia esencial: de 2019 hasta 2024 ha supuesto unos ingresos adicionales para el Estado de entre 9.700 y 16.700 millones, según diversos estudios. Desde el espacio de las izquierdas, encabezado por el PSOE, se considera que este tipo de ajustes defendidos por el PP y que son para todas las rentas benefician especialmente a las más altas. Y, por lo tanto, abogan por medidas más selectivas y directes para las familias de ingresos bajos o medios, como las reducciones y rebajas al transporte público y otras.

El conflicto bélico en Oriente Medio ya impacta en los bolsillos de los ciudadanos europeos. El coste de la vida durante el mes de marzo se ha disparado en la eurozona, y ha situado la tasa de inflación interanual al 2,5%. El dato supone una aceleración de seis décimas respecto a febrero (1,9%), cuando los precios aún no se habían visto afectados por la escasez de materias primas fruto del corte del estrecho de Ormuz. El repunte de seis décimas supone el mayor salto de los precios en la región desde octubre de 2022, momento en que se dispararon los hidrocarburos por culpa de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La guerra en Irán ha vuelto a poner la inflación en el centro del debate económico. Como ya ocurrió con la invasión de Ucrania, el repunte de los precios energéticos empieza a trasladarse al resto de la economía y vuelve a tensionar el coste de la vida. La OCDE anunciaba esta semana un aumento de la inflación alrededor del 3% para este 2026.

Nadie podía imaginar, cuando EE.UU. e Israel lanzaron los primeros ataques contra Irán el sábado 28 de febrero, que especialmente Washington y, en concreto, el presidente estadounidense, Donald Trump, no habían previsto las consecuencias. La evolución de los acontecimientos lo deja cada vez más claro: no había estrategia. Si acaso, por parte de EE.UU. Otra cosa es el gobierno de Benjamin Netanyahu, que aprovecha la coyuntura para alcanzar sus metas expansionistas, sin ningún tipo de respeto al derecho internacional y los derechos humanos.

El conflicto en Oriente Próximo no ha pasado desapercibido en la actualización de las previsiones macroeconómicas del Banco de España a pesar del poco margen de tiempo entre el estallido de la guerra y la elaboración de un nuevo informe. El ente supervisor reconoce que el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las ramificaciones en la zona tendrán un impacto en el crecimiento de la economía española, pero sobre todo en la evolución de los precios. De hecho, si el conflicto se enquista la tasa de inflación media para este 2026 podría dispararse hasta el 5,9% por las disrupciones en el mercado energético global. Ahora bien, el organismo que preside el exministro socialista José Luis Escrivá estima que el paquete de medidas fiscales del gobierno español que este jueves validó el Congreso ayudará a "amortiguar" el choque económico de una guerra que por ahora no parece tener fin.En términos generales, el Banco de España (BdE) prevé que el producto interior bruto (PIB, el indicador que sirve para medir el tamaño de una economía) crezca un 2,3% en 2026, tal como se desprende del informe publicado este viernes. Puede parecer contradictorio, porque supone una ligera mejora respecto de las previsiones del mes de diciembre, es decir, las previsiones de antes de la guerra, cuando el ente preveía que la economía española crecería un 2,2% en 2026.

La guerra en Irán y el encarecimiento de la energía que se ha derivado han impactado en la inflación en España. Así, el coste de la vida de las familias este mes de marzo se ha encarecido notablemente respecto a febrero, fruto de la subida de precios de los carburantes y la electricidad.

El petróleo vuelve a tensarse. El Brent se mueve en la zona de los 110 dólares y ha llegado a rozar los 120. No es un pico puntual. Es un salto que puede permanecer meses.

Por tercer año consecutivo, la realidad supera las previsiones sobre la economía española. De media, 25 instituciones y servicios de estudios calcularon que el producto interior bruto (PIB) español aumentaría en torno al 2,1% y finalmente aumentó el 2,8%, otras siete décimas. Ceprede-UAM (Centro de Predicción Económica-Universidad Autónoma de Madrid) y CEEM-URJC (Centro de Estudios Economía de Madrid-Universidad Rey Juan Carlos) fueron las que más se acercaron al resultado final, con un 2,5%, es decir, con una desviación de tres décimas respecto al crecimiento real.

Los ataques de EE.UU. e Israel en Irán ya se notan en los bolsillos. La situación será peor cuanto más dure el conflicto y más se tarde en solucionar el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasan la quinta parte del petróleo y el gas mundiales. "Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero sí sabemos que el riesgo es muy alto", afirma Javier Díaz-Giménez, profesor del Iese. El problema es que nos encontramos en un contexto de incertidumbre y volatilidad, añade Pedro Aznar, profesor de Economía de Esade.