El memorándum firmado el 17 de junio por Irán y Estados Unidos no acaba de consolidarse. Ataques y represalias a banda y banda continúan tensando el estrecho de Ormuz y, de rebote, el precio del petróleo, que había recuperado, efímeramente, el precio de antes del conflicto. Las previsiones apuntan a que el precio por barril se mantendrá elevado si la situación no se estabiliza. En este contexto, el Banco Central Europeo subió el tipo de interés por primera vez en casi tres años, con el objetivo de frenar una inflación que había llegado al 3,2% en la zona euro.

El coste de la vida en España se mantiene elevado este mes de junio. Los precios de bienes y servicios que consumen las familias han acelerado su crecimiento, sobre todo por el fin de las rebajas de impuestos sobre la electricidad y el gas que había aprobado en marzo pasado el gobierno español y que decayeron a partir del pasado 1 de junio.

Si el consejo de ministros convocado para el lunes 29 de junio no decide prorrogar las medidas fiscales excepcionales referentes al IVA y a los impuestos sobre los carburantes, llenar el depósito a partir del día 1 de julio será sensiblemente más caro para los consumidores españoles. La guerra en Irán y la tensión del bloqueo en el estrecho de Ormuz dispararon el precio del barril de Brent a mediados del mes de marzo, lo que hizo que el gobierno español reaccionase a través de un real decreto ley que, entre otras medidas, redujo el tipo de IVA del 21% al 10%, un movimiento que generó algunas críticas desde la Comisión Europea, que nunca ha aprobado esta decisión.La rebaja del IVA y la del impuesto sobre los hidrocarburos permitió rebajar el precio del diésel y de la gasolina, que en el momento álgido de la crisis llegó a superar los dos euros el litro, hasta los 1,42  euros el litro de gasolina y 1,47 euros el litro de gasoil que cuestan de media a estas alturas. Este movimiento también permitió controlar un poco más la tendencia inflacionista de la economía española y estabilizarla en torno al 3%.Un encarecimiento de hasta 30 céntimos

La calma provisional en Oriente Medio y la reapertura del estrecho de Ormuz han permitido que el precio del barril de Brent se haya posicionado alrededor de los 78 dólares por barril, muy lejos de los picos de 120 dólares por barril de crudo que se llegaron a pagar en los momentos álgidos de la crisis. Este escenario internacional más favorable y las presiones comunitarias para recuperar los tipos impositivos sobre los hidrocarburos previos a la guerra de Irán serían dos condicionantes decisivos para no prorrogar las medidas extraordinarias a particulares aprobadas el mes de mayo. Sin ir más lejos, Alemania ha tomado un liderazgo claro a escala europea y ya ha anunciado que no alargará las medidas fiscales temporales sobre los hidrocarburos.Con todo, esta rebaja del precio del barril Brent no se ha llegado a notar mucho en las gasolineras, que alertan de las consecuencias nefastas para la economía española en caso de eliminar estas medidas temporales. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha calculado que el retorno al IVA al 21% y el final de la rebaja en los impuestos sobre los hidrocarburos tendrán un efecto combinado que podría encarecer hasta 29 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 22 céntimos por litro en el diésel. De esta manera se posicionaría el precio medio por litro de gasolina alrededor de los 1,74 o 1,75 euros por litro en el caso de la gasolina y el diésel, respectivamente. A efectos prácticos, esto querría decir que llenar el depósito de un vehículo de 60 litros de capacidad pasaría a costar de los 85,2 euros actuales a los 105 euros, un incremento de más de 23 euros que tendría un efecto directo sobre la inflación a las puertas del verano, la época del año que, con diferencia, registra más movilidad de particulares.Los expertos apuntan que el precio del combustible tardará todavía algunos meses en regularizarse y en notar la bajada del precio del barril de Brent por el agotamiento de las reservas estratégicas que han utilizado los países como medida de emergencia para garantizar el suministro de combustible. Finalmente, conviene recordar que las diferentes administraciones no ven con buenos ojos bonificar un combustible contaminante y que hay que seguir el consejo de la Unión Europea, que apuesta por concentrar las ayudas e incentivos fiscales en los vehículos eléctricos de cero emisiones.

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La guerra en Oriente Medio que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán ha tenido, evidentemente, un impacto económico. Después de cuatro meses, y con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, es difícil cuantificar el coste total de la guerra en términos económicos. Pero lo que está claro es que el impacto ha recaído directamente en los bolsillos de los ciudadanos y ha debilitado el crecimiento económico en muchas áreas del mundo, especialmente en Asia-Pacífico, con mayor dependencia del petróleo del Golfo.

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La economía española mantiene el pulso a pesar de la guerra en Oriente Medio, o como mínimo así lo proyecta el Banco de España. El organismo supervisor estima que crecerá un 2,3% este 2026 y un 1,7% el 2027, tal como ha publicado este jueves, de manera que mantiene intacta la previsión de crecimiento del pasado mes de marzo. Entonces, sin embargo, habían pasado pocas semanas desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Ahora bien, a pesar de parecer salvar los muebles en un contexto de fuerte incertidumbre global, hay algunos "problemas estructurales" que pueden hacer tambalear la actividad económica en el Estado y entre los cuales destaca, una vez más, el acceso a la vivienda: "Puede dar lugar a importantes efectos macroeconómicos y sociales", según se desprende del Informe Anual del 2025 publicado este jueves por el organismo supervisor.

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La vivienda y la inflación son las dos principales preocupaciones de la ciudadanía catalana y española. Así lo confirma el último Eurobarómetro del Parlamento Europeo, donde al menos uno de cada tres encuestados en el Estado identifica el acceso a un hogar y el aumento del coste de vida como los mayores quebraderos de cabeza que debe afrontar en su día a día. El encarecimiento de los alquileres y de los alimentos cambian los hábitos de consumo y suponen grandes esfuerzos para las familias –sobre todo las más vulnerables– para adaptarse a la nueva realidad. Una realidad que resta tiempo al ocio y donde cualquier imprevisto puede desajustar un presupuesto con cada vez menos margen de maniobra. Y entre los malabares de algunas familias para cuadrar cuentas, aparece el siguiente diagnóstico: el esfuerzo económico de llenar la nevera crece más que el de pagar la vivienda.

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Los supermercados reivindican su papel para contener el precio de los alimentos ante los sobrecostes derivados de la crisis en Oriente Medio. En un escenario marcado por el encarecimiento del combustible, las materias primas, los fertilizantes y los productos agrarios, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) saca pecho: "A pesar de todo, no hay evidencias de que se haya encarecido ningún producto alimentario por la crisis en Oriente Medio", asegura la organización en un comunicado publicado este viernes.

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El coste de la vida en Cataluña se moderó el pasado mes de mayo a pesar de las presiones al alza del coste de los carburantes sobre la economía de las familias ocasionadas por la crisis energética derivada de la guerra en Irán. A pesar de ello, las medidas aprobadas por el gobierno español para recortar impuestos a la electricidad y el gas natural frenaron las subidas de precios.

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El aumento del precio de la gasolina ha llevado la inflación en Estados Unidos a alcanzar el nivel más alto en tres años. Según los datos que ha publicado este miércoles el departamento de Trabajo, los precios en EE. UU. subieron un 4,2% este mayo en comparación con el mismo mes del año pasado.

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El coste de la vida de las familias ha mantenido este mes de mayo la frenada registrada el mes anterior, a pesar de la continuación de la guerra en Irán y la inestabilidad en los mercados energéticos, según datos provisionales avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Los efectos de la guerra de Irán continúan tensando la cuerda en el sector hortofrutícola, que cada vez ve más complicado contener los costes de la fruta y la verdura. Este miércoles, las empresas del ramo —a través de una encuesta de la principal asociación de fabricantes y distribuidores del Estado (Aecoc)— han advertido de la posibilidad de que se produzcan nuevos incrementos de precio en un futuro no muy lejano en caso de que el conflicto en Oriente Medio se alargue.

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El sector petrolero ha perdido la esperanza de que la guerra en Irán sea corta. Tres meses después del inicio del conflicto, los futuros del crudo han abandonado la etapa reactiva –de fuertes subidas y bajadas diarias a raíz de las declaraciones de los implicados– y se han instalado en una estabilidad excepcional de precios disparados. La nueva normalidad ha dejado esta semana el Brent en torno a los 110 dólares, un incremento en torno al 50% respecto a las últimas jornadas de febrero. La sacudida ha tenido efectos divergentes: las empresas con capacidad de refino –las Repsol, Moeve o BP– han salido reforzadas; hasta el punto de que las acciones de la multinacional que preside Antoni Brufau se han revalorizado en más de 3 euros respecto al día anterior a la ofensiva. Las petroleras independientes, desde operadores mayoristas hasta pequeñas estaciones de servicio, han tenido que encontrar la manera de adaptarse para mantener el ritmo de negocio. Y, aun así, se hace difícil hacer previsiones claras a medio plazo. "De certezas no hay ninguna", reconoce el director general del grupo Meroil, Miguel Payá, en declaraciones a ARA.

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Un 66,5%. Esta es la inflación acumulada que hemos sufrido entre los años 2000 y 2025. En solo dos de estos años, el valor del dinero se ha mantenido o ha aumentado. El resto del tiempo, nuestros ahorros han ido perdiendo poder adquisitivo. Y no hace falta mirar veinticinco años atrás para notarlo: solo hay que pensar en los últimos cinco. El precio de las viviendas, de los coches o incluso de los huevos se ha disparado.

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Cuando se dice que algo puede pasar, es probable que acabe pasando. Esta expresión que se utiliza para referirse a las profecías autocumplidas es habitual en el mundo económico. A lo largo de la historia, la creencia de que un hecho acabará produciéndose ha precipitado los acontecimientos. La lista de ejemplos es larga: derrumbes de empresas en bolsa, compras compulsivas de los consumidores o retiradas de depósitos son solo algunos. Y las perspectivas de la ciudadanía para controlar la inflación son también un factor a tener en cuenta.

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El Banco Central Europeo (BCE) mantiene la precaución. El organismo bancario ha vuelto a evitar mover ficha antes de tiempo y, a pesar de la guerra en Irán y el repunte de la inflación, ha decidido este jueves mantener los tipos de interés al 2% por séptima reunión consecutiva. De esta manera, la entidad financiera que preside Christine Lagarde se guarda la bala en la recámara en caso de que la situación empeore y, de hecho, ya ha alertado de "la elevada incertidumbre" del futuro económico de la eurozona por culpa de la guerra iniciada por Donald Trump.

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Las medidas fiscales para rebajar el coste de la electricidad y los carburantes aprobadas hace un mes por el gobierno español han tenido un efecto positivo sobre los precios de bienes y servicios que consumen las familias, lo que ha permitido moderar la inflación que se había disparado en marzo como consecuencia de la crisis energética derivada de la guerra en Irán.

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No se trata de que a nadie se le atragantara el desayuno esta mañana, pero el paro y la inflación han asomado la cabeza, y si la guerra de Irán continúa acabarán sacando la cabeza entera. El encarecimiento de la vida es un hecho y las perspectivas son a peor, con profecías de shock energético y disrupción del comercio internacional, incluidos los alimentos.

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El encarecimiento de los carburantes provocado por la guerra en Oriente Medio hizo disparar el coste de la vida en Cataluña y España en marzo, el primer mes con los efectos de la guerra, según datos del índice de precios de consumo (IPC, el indicador que mide el coste de la vida de las familias) publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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A veces, una buena respuesta social no es una buena respuesta política. Bajar el IVA de los carburantes es una de las respuestas más habituales –y mejor recibidas por la ciudadanía– cuando el coste de la vida sube, como estamos viviendo por el estallido de la guerra en Irán. Su efecto es inmediato y visible y, por ello mismo, se convierte a menudo en una de las opciones a tomar por parte de los gobiernos. Pero, como ha advertido Bruselas, que ha cuestionado la rebaja de Sánchez, no solo se ha de poner en duda su legalidad, sino también sus efectos. ¿Hasta qué punto este tipo de medidas se han convertido en una respuesta casi automática ante los episodios de inflación sin tener en cuenta sus costes y beneficios, en comparación con otras alternativas políticas menos vistosas, pero quizás más efectivas?No es difícil entender por qué las rebajas del IVA son atractivas. En un contexto como el actual, marcado por el encarecimiento de los carburantes, reducir el IVA se traduce directamente en un precio más bajo en la gasolinera. Es una medida fácil de explicar, que llega a todo el mundo y que se percibe de inmediato, lo que la hace especialmente tentadora para los gobiernos. Pero esta misma simplicidad también es su límite: no todos los hogares se benefician igual, y a menudo acaban favoreciendo más a quien más consume. Además, al abaratar artificialmente el precio, las medidas reducen los incentivos para ajustar el consumo en un contexto en que los precios energéticos se mantienen elevados y sin perspectivas claras de reducción.Esta lógica no se limita a los carburantes. En España, una parte importante del apoyo público a los hogares se articula a través del sistema fiscal, en forma de deducciones y reducciones que benefician sobre todo a las personas que tienen suficientes ingresos para poderse aprovechar de ellas. Es el caso, por ejemplo, del mínimo por descendiente, que se traduce en un ahorro fiscal solo para quien tiene suficientes ingresos para tributar. Mientras tanto, instrumentos más directes y potencialmente más redistributivos, como el ingreso mínimo vital o el bono social, continúan sin llegar a una parte importante de los hogares que los podrían necesitar. El resultado es un sistema que combina ayudas amplias pero poco precisas con otras mejor orientadas pero con problemas de acceso.No son, por tanto, casos aislados. Nuestro sistema fiscal ha ido acumulando todo un conjunto de beneficios –tipos reducidos y superreducidos de IVA, deducciones y exenciones– que, lejos de formar un sistema coherente, reducen su recaudación y la capacidad redistributiva del sistema. Son mecanismos que llegan a muchos pero que a menudo redistribuyen poco, y que acaban funcionando más como descuentos generalizados que como instrumentos de política social. En este contexto, cada vez hay más consenso sobre la necesidad de revisar estos beneficios fiscales y reforzar instrumentos más directos y mejor orientados.El problema no es la falta de instrumentos, sino cómo los usamos. Priorizamos medidas visibles que ayudan de manera difusa, mientras que las más eficaces a menudo no llegan. El reto no es añadir más ayudas, sino conseguir que las que funcionan sean las que se aplican. Tanto si son populares como si no.

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La guerra en Irán no impacta en nuestra economía por nuestras relaciones económicas y comerciales con la zona, sino por el efecto sobre los mercados energéticos, especialmente petróleo y gas, que tiene y tendrá en el futuro próximo. Lo que pesa de verdad no es Teherán en nuestro comercio y nuestros precios, es Ormuz. Solo hay que recordar el dato avanzado del IPC de marzo, del 3,3%, un punto superior al de febrero, sin variación de la subyacente y, por tanto, a causa del aumento de los precios energéticos, en un contexto de crecimiento débil de Europa y de una desaceleración no despreciable del orden de un punto en España y Cataluña, donde las mejoras del crecimiento el ciudadano medio no las percibe, la renta per cápita no varía, y donde Hacienda será una de las beneficiadas por esta mayor inflación dado que no corrige la progresividad impositiva (esencialmente el IRPF).

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