Nueva derrota del gobierno español en el Congreso. La cámara baja ha aprobado la revalorización de las pensiones un 2,7% este 2026 (sólo Vox ha votado en contra), pero ha tumbado, por segunda vez, el decreto del escudo social y el decreto que ha impulsado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que preveía que el gobierno español pudiera limitar los precios de bienes. Ambas medidas se han tumbado por los votos en contra de PP, Vox y Junts. "Tengan claro que la gente tomará nota [de su decisión] y tiene memoria", ha dicho Bustinduy.

Gabriel Rufián es de las voces dentro de Esquerra que más complicidad tiene con las formaciones a la izquierda del PSOE, especialmente con Podemos, y también la que, desde el Congreso, ha hecho de enlace con formaciones como EH Bildu, Compromís o BNG. También es uno de los dirigentes que más se cree la idea de tejer un frente amplio con estas formaciones, que sea "plurinacional y de izquierdas", cara a unas elecciones generales que intente parar los pies a la derecha y la extrema derecha. Una idea que ha puesto sobre la mesa este martes desde los pasillos del Congreso: "Si no nos ponemos de acuerdo, nos matarán por separado políticamente". La posición de Rufián no agrada a varias voces de Esquerra, y tampoco ha recibido el aval de la dirección nacional, que asegura que es una cuestión que no está sobre la mesa ni tampoco se está negociando con ninguna formación política.

El gobierno español quita el polvo a la ley de secretos oficiales que había caído con el adelanto de las elecciones generales en el 2023. El consejo de ministros ha aprobado en segunda vuelta la norma, que ahora da el salto al Congreso de los Diputados, donde empezará su tramitación parlamentaria. Se trata de la norma que debe permitir desclasificar los documentos que estaban hasta ahora protegidos por la ley de secretos franquista, que todavía continuaba en vigor desde el año 1968. "[Con la ley] Damos respuesta a una de las recomendaciones sistemáticas de la Comisión Europea en cuanto al estado de derecho en España [...] La nueva ley cumple con los estándares europeos democracias avanzadas", ha defendido el ministro de Justicia, Presidencia y relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras el consejo de ministros.

La opacidad que rodea la actividad de los grupos de interés —o lobbies— en el Congreso de los Diputados está a punto de terminar. O al menos, a partir de ahora se está preparando una ley que intentará regularlos. Este martes por la tarde, el pleno debatió una propuesta del PSOE para limitar su actividad, obligándolos a inscribirse en un registro público —como ya se hace en Cataluña— y a cumplir con el código de conducta de la cámara. En caso de incumplimiento y de difusión, por ejemplo, de información falsa, se establece un régimen sancionador que podría conllevar la expulsión del Congreso. Los socios del gobierno español ya han anunciado que votarán a favor, mientras que el PP y Vox han acusado a los socialistas de promover la iniciativa cuando están "asediados por la corrupción", criticó la popular Carmen Navarro.

Hacía días que el Congreso de los Diputados no agrupaba a tantos altos directivos de algunas de las principales empresas del Estado, y también al máximo representante de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y de la española CEOE, Antonio Garamendi. De hecho, todos ellos suelen ser reacios a la hora de dejarse fotografiar en actos que van más allá de la esfera empresarial y económica, y ponen aún más trabas si entran de lleno en un espacio político.

Nuevo capítulo de esta gran comedia de España con cualquier cosa importante que tenga que ver con Cataluña. Nunca lo diría: ahora resulta que incluso el PSOE tiene sospechas fundamentadas de que Cospedal puede haber mentido en sede parlamentaria (es delito) cuando dijo que la operación Catalunya no le sonaba de nada, a pesar de que en un audio se la sentía tan tranquila celebrando con el comisario Villarejo que la fabricación de mentiras con dinero público hubiese en a para desviar dinero de contratos públicos para poder pagar las deudas con ilustres confidentes de la policía. Los socialistas se han puesto dignos: "No podemos asumir como normales los graves audios publicados [...] en los que Cospedal apunta alconocimiento por parte de Mariano Rajoyde los hechos que se juzgan".

La ley que debe regular los lobis debe pasar igual o más desapercibida que los propios lobis. Estamos hablando de los grupos de presión o interés, conocidos como lobis, que buscan incidir en la agenda legislativa de la política española tejiendo vínculos con los partidos políticos, los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados o en el Senado o el propio gobierno español.

La derrota parlamentaria del gobierno español con la caída del decreto ómnibus ha hecho descarrilar medidas como el incremento de las pensiones en 2025 en relación con la inflación o las bonificaciones en el transporte público Pero los votos en contra de Junts, el PP y Vox no sólo han provocado el adiós, por ahora, de estas políticas, sino de muchas más. Boletín Oficial del Estado (BOE) de 140 páginas (además de las medidas en sí, se incluye la modificación técnica de artículos y disposiciones). Juntos y el PP dicen estar abiertos a votar favorablemente a un decreto siempre que éste incluya pocas cosas –por ejemplo, sólo pensiones y las ayudas al transporte público–, pero el gobierno de Pedro Sánchez insiste en mantener vivas muchas más medidas.

En el Congreso nadie quiere ser menos que nadie, sobre todo cuando se trata de negociar cuestiones económicas con el gobierno español. En el caso de Junts y ERC, esto es una realidad que hace tiempo que se hace visible cada vez que hay un tema importante sobre la mesa: desde la senda de estabilidad (los objetivos de déficit y deuda), hasta los presupuestos generales del Estado para 2025.

Se mire como se mire, la aprobación de la ley que amnistía a los encausados por el Procés es un hecho histórico que marca un antes y un después en la democracia española. Por primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución se aprueba una ley de amnistía que tiene un innegable trasfondo político y que no tiene el apoyo de una parte notable de la cámara, la que representa a la derecha y a la extrema derecha. De alguna manera, con este gesto el PSOE da un paso para reconocer que no solo la respuesta judicial a los hechos de octubre de 2017 fue injusta y desproporcionada, y que por tanto es necesario implementar un perdón general, sino que en España hay un problema grave de lawfare, es decir, de utilización de la justicia con fines políticos. El hecho de que el debate sobre la amnistía haya coincidido en el tiempo con la investigación abierta a la esposa del presidente Pedro Sánchez ha terminado de decantar la balanza y desvanecer las dudas, que al principio eran muchas, dentro del PSOE. Por tanto, una vez constatado cuál es el punto débil de la democracia española, es esperable que el PSOE se decida ahora a dar más pasos para evitar que este "gobierno de los jueces" que ha declarado la guerra al ejecutivo español se salga con la suya.

Hace dos meses, pacientes de ELA –las siglas de esclerosis lateral amiotrófica– reclamaban en una jornada en el Congreso una ley específica que garantice una atención integral a las personas que la padecen. Esta enfermedad neurodegenerativa provoca la dependencia absoluta del paciente y avanza rápidamente, con una expectativa de vida de 3 a 5 años una vez diagnosticada. De ahí que los afectados y sus familiares urgieran a los parlamentarios a desplegar de una vez por todas una legislación que acelere el proceso para recibir ayudas, ya que atender a un afectado de ELA genera costes económicos elevados, y que les dé “la posibilidad de vivir dignamente antes de morir”.

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la regularización extraordinaria del medio millón de personas originarias de países extracomunitarios que residen en el Estado español (unos 100.000 en Cataluña) sin documentación. Hasta el último minuto, los promotores del texto temieron que la petición se archivara y la cámara baja fuera el final del trámite. Finalmente, PSOE y PP se han sumado a las izquierdas (Sumar, ERC, Bildu y BNG), el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque con matices, y sólo la extrema derecha n se ha quedado al margen.

La ley de amnistía continuará unas semanas más en el Congreso para negociar cambios en los delitos de terrorismo y en el de traición. Juntos ha impedido con su voto en contra que la norma camine hacia el Senado -171 a 179-, después de que el PSOE haya rechazado todas las enmiendas que quedaban vivas, incluidas las de los junteros. Principalmente, los de Carles Puigdemont proponían modificaciones con el objetivo de sortear las trabas que los jueces Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre están poniendo para que las causas de Tsunami Democrático, los CDR y Volhov queden amparadas en la amnistía. La decisión de Junts ha indignado a Esquerra y al PSOE, que constata una vez más que la dependencia del partido de Carles Puigdemont en esta legislatura será pesada.

Lenta pero decididamente nuestro país se ha puesto al paso de una tendencia ya imparable del continente. El Congreso de los diputados fue el último en Europa en incluir partidos declaradamente xenófobos; pero los que ahora están ahí se han consolidado y el resto va sesgándose a su ritmo. Los partidos de la derecha tradicional hablaban de la inmigración con la boca pequeña hasta que han decidido decir "las cosas tal y como son". De repente, un día ponemos la radio y oímos al señor Turull construyendo frases más o menos comprensibles mezclando con calculada naturalidad los términos “delincuencia”, “inmigración”, “expulsión” y “Cataluña”. Quien tuvo la ocurrencia de prestar atención a alguno de los supuestos laboratorios de ideas de Convergència durante los inicios de la década de 2010 pudo hacerse una idea del nivel de los spin-doctors que aconsejan a Junts.

El debate de la toma en consideración de la ley de amnistía en el Congreso ha estado marcado, quiera o no el señor Alberto Núñez Feijóo, por las amenazas directas del líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Por eso todos los intentos de Feijóo de presentarse como un defensor de la democracia contra la arbitrariedad de los socialistas han chocado con el muro de una realidad mucho más oscura: la amenaza a la democracia no proviene de una ley de amnistía que sólo pretende situar en igualdad de condiciones todas las opciones políticas, sino de una extrema derecha que está socavando los cimientos de la convivencia y que busca de manera descarada un atajo para acceder al poder al margen de los procedimientos electorales.

Había mucha expectación por escuchar las palabras del rey Felipe VI hoy en la sesión solemne de apertura de la XV legislatura después de haber aparecido con semejante serio en las fotografías con Pedro Sánchez durante la toma de posesión. El monarca ha llegado a las puertas del Congreso, donde le esperaba Sánchez, con el mismo semblante serio, pero su discurso ha sido conciliador. En primer lugar, ha felicitado a Pedro Sánchez por su elección como presidente del gobierno (y éste ha asintido con la cabeza), desvaneciendo cualquier duda sobre la legitimidad del nuevo ejecutivo, y después ha hecho una defensa encendida de la Transición y la Constitución con el objetivo de dejar a las nuevas generaciones "una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos".

El "¡Sánchez a prisión!” que grita la ultraderecha es como el “Lock her up!” que gritaban los trumpistas enfurecidos refiriéndose a Hillary Clinton. Si cinco años atrás Pablo Casado llamaba ya “presidente ilegítimo” a Sánchez, ¿no parece lógico que esta semana quieran asaltar el Congreso, como los trumpistas, para impedir la investidura de Sánchez? (La última vez que se asaltó el Congreso fue también la ultraderecha, armada, eso sí, y para interrumpir una investidura).

Carles Puigdemont sabe desde la noche del 23-J que tiene la sartén por el mango. Y a partir de ahí se le abrían dos escenarios: jugar la partida de la investidura española o no jugarla. Este segundo escenario significaba adoptar una postura de no negociación, es decir, presentar unas demandas, en este caso la amnistía y la autodeterminación, y decir: esto es lo que hay, allá vosotros. Sus tuits pidiendo "paciencia, perseverancia y perspectiva", sin embargo, indican que no estamos en este escenario sino que ha decidido jugar la partida, con todo lo que esto conlleva.

Estamos en un momento tan delicado de lo que puede ser una nueva legislatura, que a las puertas del Congreso tendrán que poner un cartel similar al de los edificios sanitarios. "Silencio, hospital", suele decir uno de estos rótulos. Y tengo un amigo que dice hacer lo mismo a las puertas del Congreso para colgar un aviso de enunciado contradictorio, donde se pueda leer: "Silencio, Parlamento". La paradoja deriva, por supuesto, en que en las instituciones parlamentarias todo debería ser transparente, el reino de la palabra. Pero ahora todo el mundo está de acuerdo en que el éxito de las negociaciones para conseguir un pacto de investidura depende de que se hable con la máxima discreción. A los partidos les gusta jugar a la piedra, papel, tijera a oscuras.

Quedan siete días para que el Congreso de Diputados se constituya y, por tanto, su mesa. Aunque PP y PSOE aspiran a presidir ese órgano, los socialistas son quienes lo tienen más de cara para conseguirlo, y más después del último gesto de ERC. "Preferimos un gobierno progresista a la mesa [del Congreso de Diputados]", ha afirmado la flamante diputada Teresa Jordà, este jueves, ante las puertas de la cámara baja española, justo antes de entregar las credenciales y recoger el acta de diputada . "Eso básicamente ocurre para que la mesa la presida alguien del PSOE", ha añadido minutos después.