Parece que hay cambios en el mercado de la vivienda. Las compraventas con hipotecas ganan peso, y en agosto ya llegaron a ser la mitad de las 12.442 operaciones cerradas en Cataluña, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este lunes. Es una proporción que no se veía desde 2011, en plena crisis económica.

“Hay propietarios que tienen miedo porque, si un ocupa entra en su casa, con un papel que acredite que ha pedido una pizza nadie lo puede echar hasta al cabo de unos cuantos años”. El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, lo ha dicho este miércoles en un acto en Sevilla, en el cual ha desgranado las propuestas de su partido en materia de vivienda. Según el líder conservador, una persona podría acreditar su residencia en una vivienda con lo que se ha popularizado como "el método de la pizza".

“La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden continuar campando a sus anchas en la Puerta del Sol”. El gobierno de la Comunidad de Madrid, capitaneado por Isabel Díaz Ayuso, eleva el tono y exige a la Moncloa que desaloje la acampada que se instaló el sábado en la Puerta del Sol, justo delante de la Real Casa de Correos, la sede de la presidencia madrileña. Después de que los concentrados hayan pasado allí la tercera noche, el ejecutivo madrileño ha enviado un requerimiento a la Delegación del gobierno español para que los expulse en un plazo máximo de 48 horas.

La Puerta del Sol de Madrid se ha despertado esta mañana con el bullicio habitual de turistas, pero con una imagen inédita que no se veía desde hacía quince años: las tiendas de los manifestantes por el derecho a la vivienda están plantadas desde este sábado por la noche en medio de la plaza, emulando al 15-M de 2011. Pretenden quedarse allí al menos hasta el martes, que es cuando reclaman que el consejo de ministros presidido por Pedro Sánchez apruebe un decreto ley que resuelva el problema de la vivienda.

El miércoles Maricarmen Abascal fue obligada a salir de la que había sido su casa durante más de setenta años. Salió en una camilla de emergencias, sin poder recoger sus pertenencias y agotada y con altos niveles de ansiedad después de haber vivido cuatro intentos de desahucio a los 87 años. Los movimientos sociales han convertido el caso de esta mujer madrileña en un símbolo del grave problema de la vivienda que afecta a España. También el Defensor del Pueblo ha asegurado que su historia ilustra las carencias en la protección de personas vulnerables ante la expulsión residencial, especialmente en las grandes ciudades. Este viernes, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, el fondo propietario del inmueble, ha presentado una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para que pueda volver a su piso. La propuesta, sin embargo, la ha rechazado el consistorio madrileño porque "no cumple los requisitos legales" y se ha ofrecido a mediar.

Causa una profunda vergüenza que haya sido necesario el desahucio de esta señora mayor de Madrid para que ahora sí, corramos todos. Primero, porque no es serio y, después, por los que dicen que ellos ya hace tiempo que avisaban, porque un decreto antidesahucios parará el golpe, pero no es la solución al problema de la vivienda.

El desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años de Madrid que va en silla de ruedas, ha sido el catalizador de una riada de protestas en el conjunto del Estado. Cientos de personas han salido a las calles de once ciudades para mostrar su malestar y su hartazgo ante la falta de políticas de vivienda que protejan casos como el de esta mujer. En Barcelona unas 1.200 personas, según datos de la Guardia Urbana, se han concentrado ante la delegación del gobierno español para reclamar soluciones urgentes y enviar un mensaje de solidaridad a Maricarmen: "¡No estás sola!".

Recibir la vivienda en herencia, especialmente de padres a hijos, ya no es una anécdota o un fenómeno coyuntural, sino estructural, relacionado con el relevo generacional en una sociedad donde crecen los jubilados y la gente de la tercera edad que son propietarios de inmuebles y pierde peso una juventud que no gana lo suficiente para poder tener casa propia. Hasta junio, este tipo de transmisiones ha continuado en niveles elevados, aunque con más fuerza en el conjunto del Estado que en Cataluña, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El tope de los alquileres se ha llevado prácticamente toda la atención mediática, pero la declaración de zona de mercado residencial tensionado (ZMRT) prevé otros instrumentos para facilitar el acceso a la vivienda. Este miércoles el gobierno español ha anunciado subvenciones directes a estos territorios, tal como establece la ley estatal de vivienda: quiere distribuir 90 millones de euros entre las cinco comunidades autónomas que han aplicado la medida. De esta cifra Cataluña se llevará 60 millones, ya que concentra el 75% de la población que vive en una zona donde el mercado de la vivienda está tensionado, y el 85,5% de los ayuntamientos.

La Guardia Civil de Altea y la Policía Local de La Nucia, en la demarcación de Alicante, han auxiliado a una mujer atrapada en un incendio en su vivienda. La densidad del humo y la envergadura de las llamas impedían a la mujer salir del domicilio y los agentes consiguieron forzar la reja de una ventana, acceder al interior y evacuarla mientras llegaban los bomberos.

Los constructores catalanes han asegurado que la Generalitat solo ha licitado 3.000 pisos del famoso Plan 50.000, y han matizado así al presidente del Gobierno, Salvador Illa, que dijo que había 31.041 "en marcha" durante una intervención en el Parlament en octubre. Además, han advertido que "no hay ninguno acabado". El ejecutivo catalán se comprometió a incorporar al mercado 50.000 pisos de alquiler asequible, que deben estar construidos en 2030.

El gobierno español endurecerá las restricciones para construir en zonas inundables. El ejecutivo quiere aprobar una normativa nueva para que las viviendas que se creen en estos espacios no puedan tener garaje ni sótano. El proyecto de real decreto de gestión de los riesgos de inundación que saldrá este jueves a información pública establece que las nuevas viviendas que se construyan en zonas inundables deberán levantarse al menos un metro por encima de la cota de agua. La nueva norma también prohíbe que estas construcciones nuevas tengan garajes subterráneos, sótanos o cualquier edificación bajo rasante.

Casi una década después de presentarse el ambicioso proyecto para convertir la nave central del complejo industrial de Can Batlló en una gran ágora abierta a los vecinos y en la sede única de todos los archivos de Barcelona, el gobierno municipal ha dado un paso adelante para desbloquear una infraestructura largamente reivindicada. "Con este anuncio, lo que hemos tenido que esperar tantos años hacemos que pase. El primer trimestre del año que viene comienzan las obras", ha destacado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Habitación a 350 euros más 300 euros de padrón. La fórmula se repite en webs de anuncios y ejemplifica hasta qué punto es complicado empadronarse sin un contrato de alquiler. Ángela (no quiere decir el apellido) estuvo dos años intentando que el propietario que le alquilaba una habitación compartida en un piso del barrio barcelonés de Horta la empadronara y, desesperada por las negativas, entró en Facebook y enseguida se le abrió un abanico de posibilidades para empadronarse en otra vivienda sin vivir allí. Dice que pagó 300 euros, y dos años después tuvo la "sorpresa" de que le pedían 150 más por la renovación. "La desesperación hace que acabes pagando lo que te piden", constata esta mujer colombiana con trabajo fijo y sin expediente en los servicios sociales.

Hace pocos días, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, avisó que la vivienda es una verdadera emergencia nacional. No le falta razón. Esta problemática, que supone una preocupación creciente para los ciudadanos, se ha convertido en la principal fuente de crecimiento de la desigualdad social. Se cojan los datos que se cojan, el diagnóstico siempre es el mismo: hay más demanda que oferta, cara y prácticamente inaccesible para una buena parte de la población. Y de la oferta que hay, una parte está en manos de no residentes o son pisos que se utilizan para alquilarlos a turistas. En total son unos 900.000 en todo el país, según los datos del Banco de España.

El gobierno español saca pecho de la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). España ha comenzado a edificar el número más alto de viviendas de VPO en un primer trimestre desde 2012, en un contexto de precios a niveles máximos y el acceso a la vivienda entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. En paralelo, también ha alcanzado el número más alto de VPO terminadas desde entonces.

El precio de compraventa de la vivienda en Cataluña durante el primer trimestre ha subido un 10,5% respecto al mismo período del año pasado, por debajo de la media estatal, del 12,9%, según el índice de precios de la vivienda publicado por el INE este lunes.

Cuando el acceso a la vivienda es difícil o imposible para una buena parte de la población, como ocurre desde hace tiempo, surgen fenómenos que nos pueden transportar al pasado. El ritmo de crecimiento de las rentas mensuales en los alquileres y unas entradas para comprar un piso que muchos ciudadanos ven astronómicas, especialmente los jóvenes pero también muchos asalariados a los que los ingresos mensuales se les quedan cortos, incrementan la desigualdad. La dificultad de acceso a la vivienda ha devenido el principal problema para reducir los desequilibrios sociales. Al contrario, el constante encarecimiento de los pisos no hace más que ampliar el número de expulsados del mercado.

El Ayuntamiento de Barcelona prevé sortear 598 viviendas de protección oficial (HPO) durante 2026, más del 80% de las cuales de alquiler. Según ha podido saber el diario ARA, están repartidas en doce promociones, y el consistorio hará un sorteo para cada una. De momento, Barcelona ya ha hecho cinco, que han servido para repartir 246 pisos, el 41,13% del total. Hay previsto un sorteo para este mismo mes de mayo, uno en junio, uno en septiembre, un par en noviembre y dos más en diciembre.

El ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa una propuesta de ley planteada por fundaciones sin ánimo de lucro que gestionan la vivienda social, como Hàbitat3 o Provivienda. Las entidades –agrupadas bajo el paraguas de ALIVAS– quieren crear una nueva figura jurídica con el objetivo de ampliar este segmento del mercado residencial en España, los "proveedores de vivienda social". Según explican a el ARA fuentes del gobierno español, la intención es que la norma llegue al Congreso "cuanto antes mejor", y que la tramite el grupo socialista porque el proceso es "más rápido" y tiene "menos procedimientos" si se hace vía partidos.