Cuando el acceso a la vivienda es difícil o imposible para una buena parte de la población, como ocurre desde hace tiempo, surgen fenómenos que nos pueden transportar al pasado. El ritmo de crecimiento de las rentas mensuales en los alquileres y unas entradas para comprar un piso que muchos ciudadanos ven astronómicas, especialmente los jóvenes pero también muchos asalariados a los que los ingresos mensuales se les quedan cortos, incrementan la desigualdad. La dificultad de acceso a la vivienda ha devenido el principal problema para reducir los desequilibrios sociales. Al contrario, el constante encarecimiento de los pisos no hace más que ampliar el número de expulsados del mercado.

El Ayuntamiento de Barcelona prevé sortear 598 viviendas de protección oficial (HPO) durante 2026, más del 80% de las cuales de alquiler. Según ha podido saber el diario ARA, están repartidas en doce promociones, y el consistorio hará un sorteo para cada una. De momento, Barcelona ya ha hecho cinco, que han servido para repartir 246 pisos, el 41,13% del total. Hay previsto un sorteo para este mismo mes de mayo, uno en junio, uno en septiembre, un par en noviembre y dos más en diciembre.

El ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa una propuesta de ley planteada por fundaciones sin ánimo de lucro que gestionan la vivienda social, como Hàbitat3 o Provivienda. Las entidades –agrupadas bajo el paraguas de ALIVAS– quieren crear una nueva figura jurídica con el objetivo de ampliar este segmento del mercado residencial en España, los "proveedores de vivienda social". Según explican a el ARA fuentes del gobierno español, la intención es que la norma llegue al Congreso "cuanto antes mejor", y que la tramite el grupo socialista porque el proceso es "más rápido" y tiene "menos procedimientos" si se hace vía partidos.

El Euríbor diario a un año, la principal referencia de las hipotecas a interés variable, ha cerrado abril con una nueva subida, hasta el 2,848%. La media mensual se ha situado en el 2,747%, frente al 2,143% de hace un año y un nuevo incremento que se suma al de marzo. A consecuencia de esta evolución, que sitúa esta referencia a los niveles de septiembre de 2024, la hipoteca media (173.280 euros, según el INE con datos de febrero, a 25 años) aumentará su cuota mensual en 55,94 euros o 671,28 anuales, hasta 890,60 euros al mes o 10.687,2 euros al año.

El gasto de la vivienda es ya un agujero para la inmensa mayoría de la población catalana. Más de un 80% deben dedicar más del 30% de sus ingresos para hacer frente al pago del alquiler y hasta un 36% deben reservar la mitad del sueldo. Este sobreesfuerzo es sensiblemente inferior entre los propietarios con hipoteca pendiente, con porcentajes que representan el 62% y 20%, respectivamente. Son datos del informe La vivienda, cemento de desigualdades, que ha publicado Oxfam Intermón, en el que se incide en que el pago de un techo por vivir se ha incrementado en un 56% desde 2014 sin que esto vaya acompañado de una subida salarial.

El conflicto bélico en Oriente Medio también tiene una derivada financiera. El Euribor, la referencia de las hipotecas de interés variable, ha registrado este martes la mayor subida diaria en casi 20 años. Este indicador a un año ha escalado hasta el 2,552%, 0,185 puntos. Habitualmente, esta referencia se mueve a diario sólo unas milésimas, pero esta vez ha experimentado un alza del 7,8% en un solo día.

Los intereses de la extrema derecha y del gran capital suelen ir de la mano: bajar los impuestos, subir los beneficios empresariales, privatizar las pensiones y, en definitiva, adelgazar el Estado forman parte de su ADN. Pero hay veces que estos intereses chocan, especialmente cuando hay medidas proteccionistas de por medio. Es en este marco donde debe entenderse la última gran estrategia de la extrema derecha a nivel internacional: hacer asequible el acceso a la vivienda, uno de los principales problemas de la población. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre camino con medidas intervencionistas que declaran la guerra a los grandes inversores. La más llamativa: la prohibición anunciada de la compra de viviendas unifamiliares a las grandes corporaciones como método para conseguir la rebaja de los precios de alquiler. En España, Vox es un alumno aventajado, aunque hasta ahora, ha sido la connivencia con grupos que se encargan de desocupar viviendas lo que más ha caracterizado a la extrema derecha española. Ahora, en una nueva vía para captar voto obrero, en Cataluña y en todo el Estado, Vox se suma a esta corriente internacional, que también siguen otras formaciones integradas dentro de los Patriotas por Europa, que cuentan en sus filas con figuras destacadas de la extrema derecha como la francesa Marine Le Pen, el húngaro Viktor Orbán y el italiano Matteo Salvini.

Un juzgado de Barcelona tendrá la última palabra sobre el desahucio de un inquilino del barrio de Gràcia de Barcelona. El fondo de inversión propietario del piso ha llevado el caso a la justicia para forzar el desalojo con el objetivo de convertir la vivienda en un coliving. Se trata del número 14 de la calle Sant Agustí, donde ya hay cuatro pisos que son colivings. Varios expedientes y multas hace tiempo que constataron que las obras para trocear los pisos se habían hecho de forma ilegal.

La vivienda es una de las pocas carpetas que ha logrado aglutinar bajo un mismo paraguas todas las fuerzas de izquierdas en el Parlament. Pese a las distancias que marcan con los socialistas en clave nacional y económica, incluso los cuperos se han sumado a ERC ya Comuns para pactar con el PSC medidas como la regulación del alquiler de temporada o el blindaje de la vivienda de protección oficial. La apuesta de los socialistas por la intervención en este mercado les ha alejado aún más de Junts y del sector inmobiliario, que pone el grito en el cielo ante "la actividad legislativa enfermiza" del Gobierno del PSC, en palabras de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya y del Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial. De entrada, Junts se ha unido al PP y ha anunciado que también llevará la regulación del alquiler de temporada en el Consejo de Garantías Estatutarias, lo que aplaza su votación como mínimo por un mes.

Esta semana Zohran Mamdani ha dado la vuelta al mundo cuando ha ganado en la ciudad de Nueva York en tiempo de Donald Trump. Este estadounidense, declarado socialista, de 34 años, de origen musulmán, ha logrado conectar con el voto joven y dar una brizna de esperanza al Partido Demócrata, aunque sería un error pensar que se pueden extrapolar los resultados a todo Estados Unidos. A través de recursos que también utiliza la extrema derecha –redes sociales, mensajes simples y promesas difíciles de cumplir– se ha llevado la victoria, pero la clave de su discurso ha sido poner de nuevo en el centro las condiciones materiales de la población, sobre todo de la vivienda. Una cuestión que en los últimos años no ha ocupado el discurso central del Partido Demócrata, porque si no se explica por qué Trump ganó las elecciones como lo hizo. Mamdani ofrece una fórmula para luchar contra la extrema derecha, que es hablar de asequibilidad.

El 80% de las denuncias que reciben los Mossos d'Esquadra y las policías locales por ocupaciones de viviendas corresponden a pisos vacíos propiedad de grandes tenedores o fondos de inversión. Según los datos que publica este sábado el ACN, las ocupaciones han caído en torno a un 18% durante los primeros 10 meses de este año en comparación con el mismo periodo del anterior, si bien se han registrado más intentos frustrados.

Gobierno y Comunes han sellado este lunes un acuerdo para desbloquear dos compromisos pendientes desde la negociación de los suplementos de crédito, en primavera. Son, por un lado, la unidad antidesahucios, que tendrá un presupuesto de casi 40 millones de euros entre 2026 y 2030. Esta unidad acompañará a las personas en riesgo de ser expulsadas de su casa por no poder pagar el alquiler o la hipoteca, y el Gobierno la aprobará este mismo martes en el consejo ejecutivo. La otra medida es el registro de grandes tenedores, en el que deberán inscribirse todas las personas jurídicas o físicas con más de cinco viviendas: las que no lo hagan se expondrán a multas de entre 9.000 y 90.000 euros, amparadas en la regulación de la ley de vivienda. Tal y como explicó el AHORA, la previsión es que el registro se apruebe en noviembre y entre en funcionamiento en diciembre.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que las políticas de vivienda, en especial las que afectan al alquiler, han creado "cuellos de botella" en el mercado que explican en parte el encarecimiento de precios en el sector. Guindos ha elogiado el hecho de que la economía española crezca, en gran medida, gracias a la llegada de inmigración extranjera, pero lo ha contrapuesto con que "la oferta de vivienda es muy limitada".

Ambos salieron del mismo sitio, Marruecos. Abdunur, de 23 años, subió a bordo de una patera y recorrió el estrecho de Gibraltar. Un trayecto que no quiere recordar ni describir. Marwan, de 29 años, compró un billete de avión para ir hasta Turquía. Y desde allí empezó a andar. Una ruta a pie que duró meses hasta llegar a Barcelona, ​​una ciudad donde vislumbraban un futuro mejor, donde esperaban "encontrar trabajo", pero que les ha llevado a ser vecinos de tiendas de campaña en el Parc Joan Miró. Este martes por la mañana, cuando el sol todavía no había salido, las luces policiales les han despertado. Los agentes pidieron que recogieran todas sus pertenencias y se marcharan. "¿Dónde iré? En el banco de enfrente, o en otro parque", dice Abdunur, quien explica que aún le quedan ocho meses de espera para poder acceder a una cama de un albergue.

En su primer debate de política general, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quiso atar el apoyo de sus dos socios parlamentarios con un anuncio que, de hecho, venía ya de los acuerdos de investidura: habilitar 50.000 pisos protegidos en cinco años para intentar poner manos a la obra al problema de la vivienda. Con 7.000 de estos pisos ya en producción, ahora el Govern quiere acelerar al máximo el proceso para transformar el suelo en solares para edificar vivienda de la mano del sector privado. De ahí que Isla quisiera repetir la jugada anunciando, en su segundo debate de política general, un plan para impulsar 214.000 pisos públicos y privados. Tuvo menos éxito que el pasado año: el Parlament tumbó la propuesta que el grupo socialista llevó al pleno, con la abstención de ERC y Comuns. Pero ¿por qué los socios parlamentarios del gobierno del PSC se desmarcaron de esa propuesta?

Las casas prefabricadas hace tiempo que irrumpieron en el mercado inmobiliario y han alcanzado ya un espacio importante en la actividad constructora catalana. La metodología que tiene patentada desde hace dos décadas la empresa leridana Grupo PMP (que responde a los términos Proyectos Modulares Prefabricados) aspira a ser pronto líder de España en esta modalidad. Y es que su forma de construir casas es como la de un Lego: preparan todas las piezas en su fábrica, desde paredes, puertas y ventanas, hasta los detalles más pequeños de los interiores, y después lo montan in situ en muy pocos meses. Toda una revolución que no ha hecho más que emerger, incluso en épocas de crisis.

"Sólo tenemos tres noches de hostal, ¿después qué?". Esta pregunta persigue a Maria Isabel y Jose Manuel desde que el lunes les desalojaron de su casa junto con las más de 160 personas que vivían en el camping ilegal de las Cinco Sénias de Mataró. La de mañana miércoles es la última noche alojados, después habrá que buscar la vida. Ambos están enfermos, ella tiene insuficiencia renal crónica, hace diálisis tres veces por semana y está a la espera del trasplante de un riñón. Él apenas puede andar, tiene artrosis y está pendiente de que un tribunal médico decida si merece o no una prestación social. Hasta ahora han subsistido con los 500 euros de la pensión de discapacidad de Maria Isabel, pero tienen claro que no podrán alquilar nada antes de que acabe la escasa solución que les ha ofrecido el Ayuntamiento de la capital del Maresme. "Ya estoy buscando cosas, pero necesito más tiempo, no tengo alternativas. O me quedo en la calle o ocupo", explica resignada.

El Euribor a un año, la referencia de las hipotecas de interés variable, cerró mayo en una media del 2,081%, frente al 2,143% de abril. De esta forma cae al nivel de agosto del 2022, pocos meses después de salir del terreno negativo al que estuvo durante seis años. El abaratamiento de este índice, que podría continuar hasta situarse por debajo del 2% hacia finales de año, según las estimaciones de los expertos, tiene la vertiente positiva de rebajar las cuotas de aquellos vinculados y también el interés al que se ofrecen los nuevos préstamos a conceder. El efecto más inmediato es que una hipoteca tipo de 156.698 euros a veinticinco años (la recogida por el Instituto Nacional de Estadística para marzo) con un diferencial del Euribor más un punto, pasará de tener una cuota mensual de 887,07 euros a otra de 749,70 euros con una rebaja de 1 1.648,44 euros.

CaixaBank se ha lanzado a captar clientes mayores de 60 años, un segmento creciente de la población. La entidad, que cuenta con más de cuatro millones de clientes en todo el Estado de más de 65 años y gestiona un 34% de las pensiones de jubilación, ha decidido lanzar al mercado una gama de productos y servicios destinados a esta población, siguiendo las directrices marcadas en el plan estratégico 2025-2027. La propuesta incluye alternativas para la planificación financiera, pero también opciones de ocio, formación y cuidados asistenciales.

A los vecinos del blog Venus del barrio de la Mina les irrita saber que sehan mejorado las condiciones económicas para expropiar sus viviendas. Hace 20 años que el edificio tiene una sentencia de derribo que por ahora no se sabe cuándo se ejecutará ni tampoco saben dónde irán a parar las 243 familias que resisten a la dejadez, la suciedad, las grietas de la fachada, los cortes de suministro y el tráfico de drogas en algunos de los pisos. "Son demasiados años de malvivir porque cuando la administración abandona un lugar todo se hace más difícil", explica Paqui Jiménez, una pequeña mujer que pone voz a las demandas y quejas de los vecinos y una de las que han liderado las movilizaciones populares y la lucha judicial por un mejor acuerdo. Ahora dice que "no puede haber satisfacción total" y avanza que una veintena de residentes mantendrán el contencioso administrativo para que se les reconozca en los años de abandono.