Aborto, Francisco Franco y Palestina son comodines que Pedro Sánchez recurrentemente utiliza para movilizar a su electorado y fracturar a la derecha, llevándola a marcos donde la izquierda está cómodo. Pese a que en las filas populares, como en Vox, son conscientes de esta estrategia del presidente español, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no esquiva estos temas y continúa con su cruzada en el aborto. Su negativa a crear un registro interno –no público– sobre los objetores de conciencia en ejercer abortos ya le comportó el aviso este fin de semana del ministerio de Sanidad de Mónica García que acudirían a los tribunales, lo que ha confirmado este lunes el propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez: el gobierno estatal llevará a la Comunidad de Madrid a la justicia para negarse a elaborar el registro de objetores. En un mensaje en la red social X, Sánchez ha indicado que el ejecutivo solicitará este lunes a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM): "Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales". La respuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en llegar y fue tachar a Sánchez de "dictador". "Defenderemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Sólo un dictador puede obligarles a hacer lo que no quieren hacer", ha escrito en un mensaje a X.

España tiene hoy un protagonismo central en la agenda antigénero internacional por una doble vertiente: por un lado, los movimientos locales como el Opus Dei, Hazte Oír, CitizenGo o Vox conservan el legado católico del franquismo y, por otro, han sido capaces de exportar sus estrategias a Europa, América Latina e incluso África. En pocos años, el Estado se ha convertido en un laboratorio de la ofensiva ultraconservadora global que tiene en la diana todo lo que apunte a la diversidad, ya sean los derechos de los colectivos LGBTIQ+, el del aborto o la batalla contra la educación sexual. Son conclusiones de un informe que ha impulsadoAsociación por los Derechos Sexuales y Reproductivos, firmado por varios investigadores que han analizado casos como los de España, Guatemala, El Salvador o Kenia.

En 2024 se notificaron al Estado 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, una cifra que supone un aumento del 3% respecto al año anterior y un récord en el histórico de esta prestación que este año cumple cuarenta años. En estas cuatro décadas ha habido intentos de recortar los criterios y en la reforma del PP de 2011 se condicionó los abortos de jóvenes entre los dieciséis y los dieciocho años a una autorización paterna. Sin embargo, en el 2023 el gobierno español de Pedro Sánchez sacó adelante una modificación en el 2023 en la que devolvía la autonomía a las menores y, además, eliminaba los tres días impuestos de reflexión antes de la interrupción, lo que recogía la demanda histórica de las feministas que reprochaban que la medida infantilizaba a las mujeres. Ahora bien, ninguna de las modificaciones ha logrado poner fin a las desigualdades territoriales de acceso al aborto, un derecho garantizado en la cartera de servicios sanitarios, así como tampoco la dependencia del sector privado. Hay gobiernos autonómicos que, además, se niegan a abrir el obligatorio registro de médicos objetores, útil para ayudar a planificar los equipos y que ningún centro quede desatendido por falta de profesionales.

Las mujeres hemos asumido hasta tal punto que un embarazo puede truncarse precozmente que no lo anunciamos hasta que han pasado 12 semanas, el primer trimestre de la gestación, cuando se producen la mayoría de pérdidas gestacionales. Son tan frecuentes –es la complicación obstétrica más común– que las hemos normalizado pero, de rebote, invisibilizado y silenciado. A veces, el embarazo se interrumpe abruptamente antes incluso de haberlo dado a conocer y es como si no hubiera existido. "Ya tendrás otro". "No era prácticamente nada". "Ocurre a menudo". "Es como una regla". Son frases que todas las mujeres que hemos sufrido pérdidas gestacionales hemos oído alguna vez.

El lunes Francia introdujo el derecho al aborto en su Constitución, un movimiento que logró apoyo transversalmente en muchos partidos de ambas cámaras a pesar de algunas reservas. De los 902 parlamentarios franceses, 780 votaron a favor del proyecto de ley, 72 votaron en contra y 50 se abstuvieron, durante la sesión extraordinaria de votación en Versalles. Aunque la izquierda francesa llevaba años deseando añadir una salvaguarda constitucional al aborto, hasta el 2022 la mayoría parlamentaria consideraba esta medida innecesaria por las garantías existentes para las mujeres francesas que querían abortar. Desgraciadamente, el retroceso de derechos de las mujeres en general y en particular la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar a Roe v. Wade, dando luz verde a los estados individuales para prohibir el procedimiento, ha promovido la reforma constitucional francesa.

En un banco del paseo de la Bonanova hay cinco mujeres que rezan para conseguir "el fin del aborto", un derecho reconocido a todas las gestantes de Catalunya. Están a unos cien metros de una clínica en la que se realizan interrupciones voluntarias del embarazo desde hace más de treinta años. Hasta ahora se concentraban en la acera delante del centro, pero una resolución de la consejería de Interior se lo prohíbe y, a partir de ahora, deben manifestarse a una distancia prudencial. "Hemos sufrido unos diez años de acoso organizado para detener abortos", explicaron fuentes de la clínica al ARA, que lamentan que la medida llega muy tarde. Ésta afecta a diferentes organizaciones religiosas, como la campaña 40 Días por la Vida, que dos veces al año promueve concentraciones para desalentar a las mujeres que acuden al centro a interrumpir su embarazo. Las organiza coincidiendo con los períodos de la Cuaresma y de Adviento, antes de Navidad: en total, son cuarenta días ininterrumpidos de movilizaciones, de doce horas cada una, de ocho de la mañana a ocho de la tarde.

El Tribunal de Cortes de Andorra [el equivalente a la primera instancia] ha absuelto Vanessa Mendoza Cortés, la activista que defiende el derecho de las mujeres al aborto voluntario, prohibido en el Principado en todos los supuestos, incluso cuando existe riesgo para la vida de la madre y el feto es inviable. "Ha ganado la libertad de expresión", ha dicho este miércoles Mendoza una vez en la calle después de haber asistido a la lectura del veredicto y rodeada de otras compañeras de lucha que le han apoyado durante los cinco años que ha durado el litigio. "Nadie ha demostrado aunque he mentido", ha afirmado para reclamar dimisiones de quienes le han puesto en la picota judicial, entre ellas la del presidente andorrano, Xavier Espot.

¿Qué es la no maternidad por circunstancias? Supongo que para cada mujer significa una o muchas cosas diferentes, pero lo que compartimos todas las no madres por circunstancias, sin duda, es que somos mujeres que hemos deseado ser madres y por alguna razón no lo hemos sido. Circunstancias como la infertilidad, causas socioeconómicas (infertilidad social), menopausia precoz o enfermedades incompatibles con un embarazo, por ejemplo, son las responsables de que cada vez más mujeres no materialicen su (deseada) maternidad.

"Éramos mujeres normales y corrientes que intentábamos salvar la vida a otras mujeres. Queríamos que cada mujer que nos contactaba fuera la heroína de su propia vida. Nos sentíamos tan unidas y tan empoderadas al decir «Lo conseguiremos» que queríamos compartir este sentimiento de poder personal con las mujeres que se suponía que no sentían un gran empoderamiento en sus propias vidas. [...] Nos reunimos para hacer lo que hacía más falta en un determinado momento, lo hicimos y después fue el momento de hacer otras cosas. Habíamos acabado. Así que... ¡Adiós, Jane!" El discurso es de una de las antiguas integrantes de The Janes, un grupo de mujeres jóvenes que practicaba abortos en el Chicago de finales de los 60 y principios de los 70, cuando esta práctica era ilegal en la inmensa mayoría de Estados Unidos. Mujeres que se organizaron para asegurarse de que otras mujeres recibían la atención sanitaria y emocional que convenía en esta situación, sin ánimo de lucro, en una época en la que muchas morían víctimas de intervenciones chapuceras a cambio de mucho dinero. La historia la encontraréis muy bien explicada en el documental The Janes de la plataforma HBO Max. Algunas de las mujeres que integraban esta organización hablan ahora delante de cámaras, valorando aquella misión cincuenta años después de haberla llevado a cabo. El nombre The Janes provenía de la palabra clave para contactarlas. Un nombre simbólico y cercano: “¿Embarazada? Llama a Jane”, decían los anuncios caseros que dejaban donde podían. Prepararon una estructura de apoyo médico, psicológico y económico secreto. Entre el 1968 y el 1973 practicaron más de once mil abortos.

Una constante ha prevalecido durante los casi 50 años de aborto universal en Estados Unidos. Una mayoría clara de los norteamericanos (un 60%) ha estado y está a favor de este derecho en la mayoría de los casos. El apoyo es, incluso, más grande en interrupciones de embarazos producto de una violación o que suponen un peligro para la vida de la mujer.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, quiere obligar por ley a todos los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia a ofrecer abortos quirúrgicos. La interrupción voluntaria del embarazo será una prestación sanitaria más del sistema en la reforma de la ley del aborto que diseña el ministerio de Igualdad, que no solo quiere forzar a los centros hospitalarios públicos a contar con profesionales que no sean objetores de conciencia, sino que eliminará la obligación del período de reflexión de tres días y acabará con la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años que quieran abortar, un requisito que introdujo el gobierno del PP en 2015. Montero ha presentado este miércoles en comisión en el Congreso los principales cambios que desea implementar para garantizar el derecho al aborto. El texto del proyecto de ley todavía no es público y deberá debatirse en el gobierno español antes de que se pueda aprobar en el consejo de ministros, pero el propósito es "blindar el derecho a interrumpir el embarazo de forma gratuita, libre y segura", según ha dicho la ministra.

Gratuito por ley desde el 2010, el aborto voluntario continúa siendo una asignatura pendiente porque no a todas las regiones sanitarias de Cataluny las mujeres tienen la opción de elegir el método que quieren usar para abortar. El departamento de Salud ha intentado corregir este déficit, pero para las entidades feministas los pasos que se han hecho en este sentido todavía son insuficientes para evitar que centenares de mujeres cada año tengan que desplazarse para una interrupción voluntaria del embarazo (IVE): 1.200 en los últimos dos años.

“Soy el relevo de la una”. Una chica muy joven, móvil colgado en el cuello y rosario azul en la mano, llega al lugar en el que una asociación pro vida (anti derechos, para entidades a favor de los de las mujeres) se concentra diariamente frente a una clínica acreditada para practicar abortos. Y en silencio, la joven empieza la letanía, a ratos con los ojos cerrados y la mascarilla en la barbilla, que dejan al descubierto el ritmo de la oración. A su lado, Guillermo García, que está a punto de acabar su turno, no tiene ningún problema en explicar la motivación que lo ha llevado a gastar parte de sus vacaciones en pasarse una hora “rogando”. Está plantado con un cartel con un bebé sonriente y con la leyenda “Mamá, ayúdame a vivir. Mami, te quiero” y también lo acompaña un rosario, en este caso de color marrón, que guarda para explayarse. Asegura que tiene “muy buenas amigas” que “desgraciadamente” han tenido que abortar y por eso dice que sabe que el paso de las mujeres que entran en el centro médico “no debe ser fácil ni cómodo”, pero rechaza categóricamente que su presencia incomode a las pacientes antes de atravesar la puerta de la clínica.

A partir del próximo lunes, 4 de octubre, las mujeres de Lleida tienen el derecho garantizado de un aborto instrumental gratuito sin tener que salir de la demarcación. La intervención se podrá hacer en la clínica MiNova Aliança, un centro concertado que ha recibido la acreditación para hacer las interrupciones entre las semanas nueve y catorce de gestación. Hasta ahora las 800 leridanas que abortan cada año solo tenían al alcance el método de la pastilla abortiva, pero para la cirugía se tenían que desplazar a Barcelona o Tarragona, porque en la zona de Lleida todos los médicos se han declarado objetores de conciencia y han dejado a las mujeres sin poder acceder a una prestación pública y universal. Salud ha anunciado también que pronto se podrán hacer interrupciones quirúrgicas en las Terres de l'Ebre.