El Parlament acaba de aprobar la ley 13/2026, de modificación del Código Civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas. Lo ha hecho con un consenso muy amplio. Esta ley culmina un largo proceso de adaptación del derecho civil catalán a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) y ha sido presentada como una de las transformaciones sociales más importantes de los últimos años. Es fácil, por tanto, dejarse llevar por el optimismo. Pero las grandes reformas no se miden por lo que prometen, sino por lo que consiguen transformar.Históricamente, el derecho respondió a las dificultades para conocer o respetar la voluntad de la persona con discapacidad mediante instrumentos de representación y protección. Estos instrumentos intentaban facilitar la gestión de las situaciones de la vida cotidiana que implican la toma de decisiones. Ahora bien, también es cierto que dieron lugar a menudo a prácticas demasiado restrictivas, y muchas personas quedaron relegadas a una posición pasiva en la gestión de su vida.Durante los últimos años se ha extendido, en cambio, la tendencia a identificar la autonomía con la ausencia de cualquier forma de representación, como si respetar a la persona exigiera necesariamente prescindir de toda actuación en su nombre. Sin embargo, esta manera de entender la autonomía resulta poco coherente con la Convención.La autonomía que inspira la Convención y la nueva ley es esencialmente relacional: se desarrolla a partir de la interacción entre la persona y su entorno. Las personas ejercemos nuestra autonomía también cuando otorgamos poderes, designamos personas de confianza o tomamos decisiones destinadas a producir efectos en el futuro. Una de las aportaciones más valiosas de la nueva ley es, justamente, la apuesta por los instrumentos voluntarios de apoyo, tales como los apoyos preventivos, y por las formas de asistencia constituidas por vía notarial, que permiten abordar o planificar situaciones de vulnerabilidad y anticipar quién deberá prestar apoyo y con qué criterios.Ahora bien, el éxito de la reforma no dependerá solo del diseño legal. Dependerá sobre todo de su aplicación. Precisamente este curso hemos finalizado una investigación inclusiva, desarrollada en colaboración con personas con discapacidad, sobre la percepción que tienen las personas que reciben apoyo respecto al apoyo que efectivamente reciben. Una de las primeras constataciones es tan simple como inquietante: para muchas de estas personas, el cambio legislativo iniciado con la abolición de la incapacitación judicial en el año 2021 ha sido prácticamente imperceptible.

El acto que reunió a la actual consejera de Economía y a tres exconsejeros celebrado el lunes en el Colegio de Economistas de Cataluña, y del cual informaba el martes este diario, fue una luz de esperanza por las coincidencias que expresaron políticos de diferentes partidos que pueden obtener mayorías amplias.

Se habrá puesto, tal vez, un calcetín de cada color o unas chanclas de verano en pleno invierno... Es lo que puede ocurrir si el niño tiene libertad absoluta a la hora de escoger la ropa. Una libertad que, sin duda, le ayudará a "potenciar" y "desarrollar" su autonomía (y también la autoestima). Así lo asegura Mònica González, psicóloga social. Ahora bien, sin un "límite claro" –añade esta experta– sobre la tipología de ropa que puede elegir, por ejemplo, o hasta qué punto puede haber negociación, surgirán contratiempos como éstos. "Aunque la solución rápida y sencilla sería que yo –progenitor– elijo la ropa y, así, adecuemos la vestimenta a la temperatura ya los colores, hay que valorar sus consecuencias. Educar en autonomía implica tener que negociar y asumir que los niños tomen decisiones y se equivoquen", aclara. El resultado final llevará más tiempo pero fomentaremos una autonomía que servirá tanto para la ropa como para cualquier otro aspecto de la vida cotidiana.

Los hijos deben ser progresivamente más autónomos, y aquí entra el hecho de desplazarse y quedarse en casa solos. ¿Pero a partir de qué momento son lo suficientemente grandes para hacerlo? Como casi siempre, la respuesta varía en función de cada niño, la familia y sus circunstancias. "No hay una edad concreta, depende mucho de la maduración de la criatura, de las necesidades de la familia y si previamente se han trabajado habilidades o destrezas que necesitan los hijos para ir ejercitando su autonomía y responsabilidad", asegura Sònia López, maestra y psicopedagoga. Los padres deben explicarles cómo evitar los riesgos y hacerles confianza de forma progresiva. Comenta que en aquellos casos que la criatura quizás no está preparada para ir a comer sola a casa o marcharse de la escuela para ir a extraescolares, pero necesitan hacerlo porque la familia no puede acompañarlos y no cuentan con una red cercana que les pueda echar una mano, en la medida de lo posible, se deben ir preparando para incorporar el cambio. "Esto supone dejarles su espacio para que aprendan a desarrollarse autónomamente, que adquieran responsabilidades y los adultos se queden tranquilos cuando no puedan estar con ellos", propone.

"Llevamos cincuenta años luchando por un estatuto de autonomía de pleno derecho". La afirmación la hacía el presidente del gobierno de Córcega, Gilles Simeoni, en una entrevista en el ARA en septiembre de 2022. "Este estatuto permitiría a Córcega tener las competencias plenas en todas las áreas esenciales de la vida colectiva", añadía. Dos años después, el objetivo está algo más cerca fruto del acuerdo alcanzado el lunes por la noche por las autoridades francesas y corsas. El gobierno de Emmanuel Macron ha aceptado impulsar un cambio constitucional para "reconocer un estatuto de autonomía para Córcega en la República".

Gilles Simeoni (Bastia, Córcega, 1967), presidente del Gobierno de Córcega (llamado consejo ejecutivo) desde 2015, atiende el ARA en París, donde acaba de participar en un debate sobre autogobierno con el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Simeoni lidera la coalición gubernamental corsa formada por los nacionalistas –Femu, su partido– y por los independentistas de Córcega libre. Su ejecutivo está en plenas negociaciones con el Gobierno de Francia para impulsar un cambio constitucional que permita el traspaso de competencias para que la isla pueda ejercer una autonomía política “plena”. Simeoni hará una visita institucional a Catalunya el 23 de septiembre.

Las universidades catalanas son las instituciones más bien valoradas según el Centro de Estudios de Opinión (CEO) y encabezan los rankings de los mejores centros del Estado. A escala española, en cambio, no se sabe qué prestigio social tienen porque el Centro de Investigaciones Sociológicas no las tiene en cuenta. Este es un pequeño ejemplo que evidencia que el sistema universitario catalán –y también el de investigación– siempre ha ido un paso por delante. Es por eso que las universidades catalanas han sido especialmente contrarias a los planes del ministerio de Universidades, liderado por Manuel Castells: desde la eliminación de los grados de tres años, que ya es oficial, hasta los borradores de la futura ley de Universidades.