El jueves el ARA abría en portada: “La expectativa de un final rápido de la guerra anima los mercados”. Efectivamente, el miércoles el Ibex-35 había subido un 3,16% porque se había extendido la convicción de que la guerra acabaría pronto. Sin embargo, el mismo jueves el índice perdía parte de las ganancias del día anterior. Es tanto como decir que las bolsas –o sea, los financieros– no tienen las ideas claras sobre cómo impactará la guerra sobre la economía. Desde la caída de la primera bomba, el Ibex-35, igual que el Dow Jones norteamericano, solo ha caído un 5%. Para que nos hagamos una idea de lo que hace la bolsa cuando empieza una crisis de verdad, a finales de 2007, y en pocas semanas, el Ibex-35 cayó un 33%, y no empezó a recuperarse hasta siete años después. En contraste con el desconcierto de los financieros, los ingenieros muestran un sólido pesimismo. La Agencia Internacional de la Energía ha publicado un decálogo de medidas que sugiere que adopten los gobiernos para ahorrar energía, y el comisario de la Unión Europea ha enviado una carta a los gobiernos sugiriendo, entre otras cosas, racionar la gasolina, fomentar el teletrabajo e incluso prohibir la circulación de vehículos privados los domingos (una medida en vigor durante la crisis energética de los años 70). El fundamento de esta visión es que las infraestructuras energéticas del golfo Pérsico han sido tan dañadas que, aunque la guerra acabara hoy, el suministro no podría recuperar la normalidad hasta dentro de unos cuantos meses.En este contexto, es interesante comparar la respuesta del gobierno español a la del chino. El primero ha reaccionado bajando el IVA que grava a los combustibles, que ha pasado del 21% al 10%. Esto ha hecho que, a pesar de que el precio de la gasolina ha subido un 15%, el consumidor solo percibe un aumento del 4%. En cambio, el gobierno chino subió los precios un 13% el pasado día 23. El primero, implícitamente optimista, trata de ganar tiempo, mientras que el segundo –prudente– prepara a su población para lo peor, y prefiere que comience a ahorrar combustible desde el primer momento.

El conflicto en Oriente Próximo no ha pasado desapercibido en la actualización de las previsiones macroeconómicas del Banco de España a pesar del poco margen de tiempo entre el estallido de la guerra y la elaboración de un nuevo informe. El ente supervisor reconoce que el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las ramificaciones en la zona tendrán un impacto en el crecimiento de la economía española, pero sobre todo en la evolución de los precios. De hecho, si el conflicto se enquista la tasa de inflación media para este 2026 podría dispararse hasta el 5,9% por las disrupciones en el mercado energético global. Ahora bien, el organismo que preside el exministro socialista José Luis Escrivá estima que el paquete de medidas fiscales del gobierno español que este jueves validó el Congreso ayudará a "amortiguar" el choque económico de una guerra que por ahora no parece tener fin.En términos generales, el Banco de España (BdE) prevé que el producto interior bruto (PIB, el indicador que sirve para medir el tamaño de una economía) crezca un 2,3% en 2026, tal como se desprende del informe publicado este viernes. Puede parecer contradictorio, porque supone una ligera mejora respecto de las previsiones del mes de diciembre, es decir, las previsiones de antes de la guerra, cuando el ente preveía que la economía española crecería un 2,2% en 2026.

En medio de la guerra en Oriente Medio y el consiguiente impacto sobre el mercado global del gas y el petróleo, muchos países han entrado en una carrera de fondo para encontrar quién les puede garantizar el suministro de estos combustibles fósiles, o asegurarse de que el vínculo con sus principales proveedores es robusto. Es el caso de España, que acaba de anunciar el "refuerzo" de la asociación energética con Argelia, de quien depende el suministro de gas natural al Estado porque es su primera fuente. A modo de ejemplo, entre enero y diciembre de 2025 el 34,5% del gas natural que llegó a España (128.504 GWh) provino del país africano, mientras que este año el gas argelino ya supone el 29,2% de este combustible fósil (19.243 GWh). De hecho, este refuerzo se traducirá ni más ni menos que en una "ampliación" de los volúmenes de gas que llegan al Estado provenientes de Argelia. Lo mismo pasó en el año 2022, cuando la guerra en Ucrania y las consiguientes decisiones de Occidente sobre sus vínculos con Moscú, entre las cuales empezar a desligarse a largo plazo del gas ruso, ampliaron la capacidad del gasoducto que conecta España con el país argelino: de 8.000 millones de metros cúbicos a 10.000 millones.

El gobierno español quiere aprobar "lo antes posible" un paquete de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, y que ya se está traduciendo en una presión sobre los precios energéticos, en particular sobre el diesel y la gasolina. Aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este jueves por la mañana que algunas medidas se aprobarán ya en el consejo de ministros de la próxima semana, en la Moncloa reina la prudencia. "Trabajamos para que sea lo antes posible", indican fuentes gubernamentales. Y el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha referido públicamente a ello tras un encuentro con los sindicatos y las patronales para abordar, precisamente, el impacto económico del conflicto: "La prioridad es cerrar un texto, y no puedo avanzar el día de su aprobación", ha dicho Cuerpo en rueda de prensa.

El gas natural que entra en el Estado sigue siendo en gran parte de origen ruso. Entre enero y julio el gas natural licuado (GNL) proveniente de Rusia ha supuesto el 22,7% del combustible fósil que se ha importado, lo que sitúa a este país detrás de Argelia, que sigue siendo el principal proveedor de gas natural en el Estado pese a la tensión vivida en 2022 por el posicionamiento de España sobre el Sáhara: un 36,5% de lo que llegó en los primeros siete meses del año proviene del país africano, según datos de Enagás.

El gobierno español mantiene la máxima de no precipitarse a la hora de retirar las medidas desplegadas desde hace meses para ayudar a familias y empresas a afrontar las consecuencias económicas derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, que han dado alas a la crisis energética y de precios. Ahora bien, la normalización de ambos choques económicos, así como el retorno de una política fiscal más restrictiva marcada por la reactivación de las reglas fiscales, empuja al ejecutivo de Pedro Sánchez a mover ficha.

Desde que comenzó la guerra en Ucrania hace más de dos años, la llegada de gas natural de origen ruso a Europa ha ido disminuyendo paulatinamente. Pero eso que ahora se puede leer como una victoria (se depende menos de Rusia), al principio hizo saltar todas las alarmas. El Viejo Continente, en particular países como Alemania, había confiado gran parte de su mix energético en Rusia y, por tanto, la idea de un cese de las importaciones de gas natural de origen ruso despertaba fantasmas como el de cortes eléctricos. Hoy, pasado el momento más grave de aquella crisis energética, aparece la pregunta de si el combustible fósil que hace dos años suponía más del 40% de las importaciones en el conjunto de Europa (en el caso español, un 9%) encamina hacia un papel marginal. De hecho, la Comisión Europea ha adquirido el "compromiso" de poner fin a la relación comercial gasista con Rusia en 2027. "La solución sería incluirlo [el gas ruso] en las sanciones", ha llegado a decir la comisaría europea de Energía, Kadri Simson, aunque rápidamente asumía la falta de unanimidad entre los líderes europeos.

En verano de 2021, y ante el incremento de los precios de la energía, el gobierno español decidió tocar la fiscalidad del recibo de la luz para aliviar su impacto. Lo que el ejecutivo de Pedro Sánchez no preveía era que meses después el estallido de la guerra en Ucrania sólo empeoraría la situación y se vería obligado a prorrogar una medida anunciada como "excepcional". Ahora, más de dos años después, parece haber llegado a su punto final, al menos en la rebaja del IVA de la factura de la luz.

En 2023, España ha salvado los muebles en términos macroeconómicos, sobre todo si se compara con algunos socios europeos como Alemania y se tiene en cuenta la crisis energética y de precios y la consiguiente subida de los tipos de interés. El crecimiento de la economía española en 2023 fue de un 2,5%, según ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de uno de los crecimientos más vigorosos de entre las grandes economías, sobre todo después de una recta final de año que, pese a mostrar signos de "debilitamiento", ha sido mucho mejor de lo esperado –entre octubre y diciembre el producto interior bruto (PIB, el indicador que mide la actividad económica de un territorio) creció un 0,6%, según datos adelantados también por el INE–. Tanto el crecimiento del conjunto de 2023 como el del cuarto trimestre se confirmarán más adelante.

La crisis energética y de precios que pasan España y el resto de estados miembros de la Unión Europea ha obligado al gobierno español a prorrogar por tercera vez un plan excepcional de medidas económicas para aligerar las consecuencias económicas de la inflación causada, sobre todo, por la guerra en Ucrania. El último consejo de ministros del año ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas de hasta 10.000 millones de euros para afrontar la crisis energética y de precios. Entre las novedades principales hay medidas para contener los precios de los alimentos y de la vivienda como la supresión del IVA para la comida de primera necesidad y la limitación durante medio año del aumento de precios del alquiler.

La guerra en Ucrania ha unido a los países europeos como pocas veces se ha visto en la historia de la Unión Europea. Los Veintisiete han conseguido una respuesta común para apoyar a Kiev y sancionar a Rusia. Pero en la sala de máquinas de la política comunitaria empieza a oírse un ruido que indica que no todo va tan bien: el conflicto está provocando fisuras en el eje franco-alemán. Las relaciones entre París y Berlín habían funcionado perfectamente cuando no había guerra y Alemania estaba dirigida por la cancillera Angela Merkel, pero las cosas han cambiado. Con el canciller Olaf Scholz y el estallido del conflicto, las relaciones entre Francia y Alemania se han tensado.

El Líbano e Israel, dos países formalmente en guerra, han llegado este martes a un acuerdo histórico para delimitar sus fronteras. El pacto entre los dos archienemigos responde a un interés mutuo: explorar las reservas de gas de dos nuevos yacimientos que se han encontrado en el Mediterráneo oriental.

El gobierno español hace días que tiene encima de la mesa el plan de contingencia energética que tiene que enviar a Bruselas. Después de semanas de reuniones con diferentes sectores, así como con los partidos políticos en el Congreso y las comunidades autónomas, está previsto que por fin llegue al consejo de ministros de este martes, según confirman fuentes del ministerio de Transición Ecológica al ARA, después de que la semana pasada se acabara prorrogando la aprobación porque habría coincidido con la de los presupuestos generales del Estado para el 2023.

Los guardacostas suecos han detectado un cuarto agujero en el gasoducto Nord Stream 2, según informa el diario Svenska Dagdbladet. Dos de los agujeros están dentro de las aguas de la zona económica exclusiva de Suecia y otros dos dentro de la danesa, pero ninguno dentro de sus aguas territoriales. El agujero se encuentra cerca de otro que se ha detectado en el Nord Stream 1 y se había encontrado hace días. La UE considera que se trata de un acto de sabotaje contra la infraestructura que debe servir para llevar gas de Rusia hasta Alemania sin pasar por la Europa central, y ha prometido una respuesta "contundente".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aprovechó el discurso sobre el estado de la Unión para marcar las líneas estratégicas de lo que ha de ser el futuro del continente en un momento decisivo como el actual. A grandes rasgos detalló las propuestas que hacía tiempo que se estaban cocinando dentro de la Comisión Europea y que trasladará a los estados para que los avalen: un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las compañías de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón y refinamiento) y un tope de 180 euros el megavatio hora de electricidad generada por las renovables o la nuclear. Con estas dos medidas, más el aumento de recaudación previsto de las energías renovables, la Comisión confía a poder destinar 140.000 millones a rebajar la factura de la luz de las familias europeas.

Los detalles del plan de choque energético que la Comisión Europea presentará a los Veintisiete van saliendo a la luz con cuentagotas y los estados miembros van mostrando sus posiciones. Después de que ayer se supiera que Bruselas propondrá a los Veintisiete que la reducción de consumo energético sea en parte obligatoria, hoy la titular de Energía española, Teresa Ribera, ha dicho que España está a favor a la espera de la letra pequeña. "Sí, somos partidarios, depende de cómo se sugiera en términos precisos esta obligación y de qué margen nos den a los estados para ajustarlo a la manera más justa y razonable de cumplirla", ha respondido en una entrevista a TV3.

Hace días que Unión Europea y los estados miembros discuten sobre qué medidas tiene que incluir el plan de choque energético que quieren aprobar de forma urgente antes de que llegue el frío a Europa. Finalmente, el viernes pasado, en el consejo extraordinario de los ministros de Energía de los Veintisiete, se firmó un acuerdo de mínimos y, entre otros, se convino la necesidad de reducir la demanda de consumo eléctrico de forma coordinada. A pesar de que esta medida, según apuntaban la semana pasada fuentes diplomáticas, no gustaba mucho a algunos estados si era de cumplimiento voluntario, hoy se ha filtrado un borrador interno de la Comisión Europea en Bloomberg que señala que Bruselas propondrá a los estados que sea de carácter obligatorio.

Europa está en guerra y tardaremos en llegar a un armisticio acordado y equilibrado. Mientras tanto, la política energética queda supeditada a las necesidades de la guerra y no podremos mantener en todos sus detalles las agendas definidas antes de que estallara. Tenemos, sin embargo, una circunstancia favorable: la guerra refuerza el objetivo de París. Las fuentes de energía que nos podemos proponer activar son más verdes que las que ahora vienen de Rusia.