En medio del fuego cruzado entre el ministerio de Trabajo y la patronal española CEOE por el bloqueo a la mesa del diálogo social para la mejora de los riesgos laborales, Pedro Sánchez ha querido presidir la firma del acuerdo entre el ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública y dos de los sindicatos mayoritarios de funcionarios, UGT y CSIF, para subir más de 2 2028 (ambos incluidos). "Son los acuerdos que legitiman la acción de gobierno", ha defendido Sánchez este jueves durante la clausura del acto de la firma. También ha afirmado que pasos como éste son los que "garantizan estabilidad y capacidad de mirar a largo plazo". Por último, CCOO no se ha sumado.

El gobierno español mueve ficha en la negociación para subir los sueldos públicos y plantea un incremento salarial de un 10% para el período 2025 - 2028, según ha informado UGT en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles. El ministerio de Función Pública y los principales sindicatos de funcionarios han vuelto a reunirse este miércoles para negociar una mejora de los salarios públicos, y la intención es verse de nuevo mañana jueves. De entrada, sin embargo, el planteamiento de la cartera que pilota Óscar López (PSOE) no convence a los sindicatos por su letra pequeña.

El gobierno español no tiene, por ahora, un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026 sobre la mesa. Sin embargo, para los trabajadores públicos esto no puede ser un impedimento para acordar un nuevo incremento salarial para este 2025. Normalmente, el aumento de estos sueldos se recoge en nuevas cuentas públicas. Los funcionarios llevan días presionando al ejecutivo de Pedro Sánchez para que mueva ficha –los sindicatos mayoritarios entre los funcionarios (CCOO, UGT y CSIF) han amenazado con una huelga general este mes de diciembre–. De momento, han logrado que este miércoles se reanude la negociación con el ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, bajo la batuta de Óscar López (PSOE).

El pistoletazo de salida de un nuevo mandato municipal hace aflorar cada vez una cuestión polémica: los sueldos de los alcaldes y concejales. El Ayuntamiento de Barcelona ha subido los salarios un 4% y lo ha reivindicado porque "es una manera de valorar lo que hacemos: no queremos pedir perdón por trabajar en la política", en palabras de la teniente de alcaldía, Laia Bonet. También se han incrementado los sueldos en Badalona un 13% –aunque el del alcalde se ha mantenido igual– y en Sant Cugat un 17,2%. En cambio, otros municipios como Terrassa y Sabadell han decidido congelarlos y Girona ha optado por una rebaja del sueldo del alcalde, el cupero Lluc Salellas, de 14.000 euros. En Lleida se ha hecho una ligera actualización del sueldo del alcalde, pero con reducción del coste para el conjunto del ejecutivo.

Desde que en julio de 2008 se creara la posibilidad de acceder a la licencia por edad en el Parlament, se han concedido 62 solicitudes de este régimen especial que permite cobrar sin trabajar. Según datos entregados por la misma cámara catalana en el marco de la petición de transparencia que hizo el ARA, se autorizaron siete durante la presidencia de Ernest Benach, cuando empezó el sistema especial, y a partir de aquí han ido aumentando de forma exponencial: se dieron catorce con Núria de Gispert, once con Carme Forcadell y hasta dieciocho durante el mandato de Roger Torrent. Durante este 2021, con la presidencia de Laura Borràs, se han concedido 12, a pesar de que no se están ejecutando, puesto que la mesa ha decidido acabar con este régimen especial y estudia si las puede revertir después de que el ARA destapara el lunes que el Parlament destina 1,7 millones de euros anuales a retribuir a 21 funcionarios que ya no trabajan.

Dos comentarios sobre la licencia por edad al Parlament. Uno del año pasado, el 2021, cuando, según lo que explica la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ya se había empezado a trabajar para reformar la licencia y el Parlament concedió 12 licencias más. Se solicitaron mientras se negociaba la reforma del modelo que llevaría las condiciones para tener derecho a este permiso privilegiado. 

El sistema de transparencia establecido en el Parlament ha quedado en entredicho cuando ha llegado una pregunta sobre las condiciones del personal laboral de la casa. En concreto, sobre las retribuciones que perciben las personas acogidas a licencia por edad, un estatus que permite a 21 funcionarios del Parlament cobrar sin trabajar, una pregunta que el ARA planteó el 8 de abril del año pasado. Durante los nueve meses que ha tardado en responder se han puesto de manifiesto las tensiones internas, que han acabado con la dimisión de los miembros del órgano de transparencia del Parlament, entre ellos el ex letrado mayor Antoni Bayona, que el pasado 23 de diciembre presentó un escrito pidiendo su sustitución porque la administración no estaba entregando la información que había indicado en su resolución. Este hecho ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que quedó abierto durante la legislatura del 2015-2017: ¿por qué razón la cámara catalana está al margen de la comisión de garantía del derecho de acceso a la información pública (GAIP)? ¿Por qué queda fuera del control de este ente independiente encargado de velar por la transparencia de la administración de la Generalitat y del mundo local?

La licencia por edad es un régimen especial para los trabajadores del Parlament que permite cobrar sin trabajar, y gracias a la cual dos ex secretarios generales de la cámara perciben más de 10.000 euros al mes sin pisar el hemiciclo, tal como ha destapado este lunes el ARA. Los dos exletrados y diecinueve funcionarios más están acogidos a este régimen, y supone un coste anual de 1,7 millones de euros. Este privilegio, introducido en 2008, se reformó en la última mesa del Parlament del 2021 después de que en el mes de abril este diario hiciera una petición de transparencia sobre el dinero público que se destinaba a pagar estas retribuciones. Ahora bien, esta reforma no pone fin a la licencia por edad, sino que reduce de cinco a tres los años durantes los cuales los trabajadores de la cámara la pueden disfrutar.

Desde hace años la transparencia de los sueldos públicos es un principio aceptado, pero hay determinados cargos que se han escapado de esta regla a pesar de que su salario supere el de los miembros del Govern y el mismo president de la Generalitat. Es el caso de los altos funcionarios de la cámara catalana –de los cuales solo se hace pública una parte del sueldo, sin la parte que corresponde a los trienios (un 5% más cada tres años)– o de los trabajadores en licencia por edad, un régimen especial del personal del Parlament vigente hasta ahora que implica mantener el salario sin ocupar el puesto de trabajo. Para conocer esta información, el ARA hizo una petición de transparencia el 8 de abril de2021 y no ha sido hasta el 14 de enero de 2022, nueve meses después, que se ha obtenido el coste público de estas retribuciones. Un proceso que ha provocado tensiones internas dentro de la administración, dimisiones en el órgano de garantía de transparencia del Parlament y varias resoluciones favorables al diario que no se ejecutaban. Aprovechando esta demora, además, se ha reformado la licencia por edad.

Dos ex secretarios generales del Parlament de Catalunya y diecinueve funcionarios más de la cámara cobran prácticamente el 100% del sueldo a pesar de que ya no ocupan su puesto de trabajo. Se trata de un régimen especial que se denomina “licencia por edad” y que existe  solo para los trabajadores del Parlament de Catalunya desde el año 2008. Un privilegio inaudito que no tiene comparación en el mercado privado común ni en la administración de la Generalitat, y que hasta ahora se podía solicitar cuando los trabajadores cumplían los 60 años y llevaban más de quince en la administración parlamentaria para disfrutar hasta la jubilación. Según ha podido saber el ARA a raíz de una petición de transparencia hecha el mes de abril del año pasado y entregada recientemente, hasta 21 funcionarios del Parlament están acogidos a esta figura, el sueldo de los cuales suma 1,7 millones de euros anuales (véase el gráfico).

Si la Moncloa fuera una empresa, sería la más grande de España. Sería la que tendría más empleados (514.514) y más presupuesto (458.970 millones de euros), pero muchas cosas tendrían que cambiar: la sede tendría que ser un rascacielos y Pedro Sánchez tendría que sentarse en un despacho en la última planta y tener un sueldo de siete cifras. Pero la Moncloa es un palacio del siglo XVII, el despacho del presidente está en la primera planta y su sueldo está muy lejos de ser el más alto. De hecho, centenares de cargos ganan más dinero que Sánchez, que cobra 84.845,16 euros anuales. Y no es en la administración, sino en el lado más empresarial del Estado donde se paga mejor: buena parte de los sueldos más elevados los ganan los ejecutivos de las empresas públicas, una tendencia que se repite en buena parte de los estados europeos.