El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado este viernes, aprovechando la conferencia de presidentes, el pistoletazo de salida al que será sin duda una de las grandes batallas del próximo año: la de la financiación autonómica. Recordamos que España lleva una década con su sistema caducado. Desde entonces ningún gobierno se ha atrevido a proponer un modelo alternativo, aunque sobre el papel todas las autonomías critican al actual, que data del acuerdo entre el conseller Antoni Castells y la ministra Elena Salgado de 2009, que había de ser revisado a los cinco años. Como ha ocurrido siempre, ha tenido que ser Catalunya la que tire del carro y ponga propuestas sobre la mesa. En ese caso, las coordenadas de la batalla se basan en dos acuerdos de los socialistas con ERC. El primero es producto del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, y marca que el Estado debe hacerse cargo del 20% de la deuda de la Generalitat. El segundo forma parte del pacto de investidura de Salvador Illa, y fija que Cataluña deberá recaudar todos los impuestos (empezando por el IRPF del ejercicio 2025) y que la solidaridad estará limitada por el principio de ordinalidad.

En Madrid ya han aprendido que nada es imposible para Pedro Sánchez. Y cuando ya se daba por sentado que no habría presupuestos para el 2025, un nuevo movimiento inesperado del PSOE ha reabierto la partida. Sánchez es sin duda un encantador de serpientes. Y ahora afronta su reto más difícil: convencer a Carles Puigdemont de que debe apoyar las cuentas después de haber colocado a Salvador Illa en el Palau de la Generalitat y de haber pactado el concierto con Esquerra.

En el tema de la financiación de la Hacienda catalana, lo que conlleva el acuerdo de investidura entre ERC y el PSC-PSOE es potencialmente muy importante. Pero no está hecho y convertir lo potencial en real no será fácil. A las dificultades inherentes a un acuerdo de gran envergadura se añade el factor desestabilizador de la retórica. Con posiciones que eran inicialmente distanciadas, cada parte de la negociación debe convencer a los suyos de que el compromiso es razonable. Pero, al hacerlo, las palabras pueden ser desquiciantes para la otra parte y pueden interferir en el proceso de una implementación efectiva y satisfactoria del acuerdo.

La votación de la militancia de ERC que ha dado luz verde a la investidura de Salvador Illa (PSC) abre una nueva etapa en la política catalana, con el concierto y la defensa de la lengua catalana en el horizonte. La decisión no era fácil, sobre todo después de la represión post-Proceso. Y, de hecho, ha dividido las bases del partido republicano (53,5% a favor y 44,8% en contra). Pero finalmente se ha impuesto la posición más pragmática, la que pedía aprovechar la ocasión para sacarle el mejor provecho posible para Catalunya y evitar el bloqueo y la repetición de elecciones. Hay que valorar en su cierta medida las cesiones programáticas del PSC y también el paso adelante de Pedro Sánchez para aceptar que sea la Agencia Tributaria de Cataluña la que recaude todos los impuestos, un punto al que el PSOE siempre se había opuesto, y que seguramente muchos le reprocharán. Sin duda el contenido del acuerdo, así como la unidad mostrada por la cúpula del partido, es lo que ha hecho decantar la balanza. El debate interno, tal y como ha subrayado la secretaria general, Marta Rovira, también ha sido ejemplar. Es posible que ERC pague un precio por la decisión, pero también lo habría pagado de lo contrario. A veces la política consiste en sacar el máximo provecho de la peor coyuntura, y eso es lo que ha hecho ERC.

Habitualmente los acuerdos de investidura o presupuestos responden a decisiones políticas anteriores. En este caso creo que puede afirmarse que la decisión política de la militancia de ERC era mayoritariamente no votar la investidura de Salvador Illa tras el batacazo del 12-M. Pero esto ha cambiado en los últimos días con el contenido del acuerdo, que ha sido clave para decantar la balanza y provocar un cambio de opiniones.

No apostaría dinero de mi bolsillo al éxito de la operación: tal es la dificultad del periplo de tramitación que espera al acuerdo para un concierto económico solidario. Sin embargo, para mí las reparos no tienen que ver con la falta de detalle, ni con la letra pequeña –creo que no puede ser de otra manera, dada la magnitud del cambio que está sobre la mesa– ni con la falta de un calendario pautado –de precisión imposible–. Puedo entender el escepticismo de muchos, pero no sobre la base de una descalificación genérica del preacuerdo con sentencias como que es más de lo mismo, que no hay cambio respecto al régimen común, que todo es un disfraz, etc.

Aunque haya comenzado el tedio de agosto, este curso ha provocado que estos días sean intensos y expectantes. El momento es significativo y el ruido político intenso. Podemos estar ante una salida positiva e inteligente del callejón sin salida de doce años de Procés, o bien enrocarnos en un remolino perpetuo de utopía melancólica. El lógico apoyo de Esquerra a la investidura de Salvador Illa, atendiendo a los resultados electorales y al realismo político, es bombardeado por planteamientos agónicos diversos, que tienen en común la finalidad de hacerlo fracasar antes de analizar los acuerdos y preacuerdos de manera un poco rigurosa. La histeria de Junts y del independentismo digamos que de base religiosa no tiene parangón ni límites. Todo vale para desacreditar los contenidos de un acuerdo que, más bien, deberían celebrar. La ambigüedad con la que se ha expresado Lluís Llach tenía un aire amenazador. Al otro lado y para alimentar a la bestia de la irracionalidad, la derecha española, desde la más rancia hasta la que milita en el Partido Socialista, hablan del triunfo de la insolidaridad y de la liquidación de España. Resulta curioso que solo se destaque la lectura tosca del acuerdo en relación con la recaudación fiscal y la financiación, aspectos que son, como no podría ser de otra manera, los argumentos menos precisos, ya que su aplicabilidad depende de dos leyes estatales que tendrán que modificar las Cortes, y de una ley orgánica. No es poco. Aparte de lo que es factible y que será posible, en los preacuerdos con Esquerra y los Comuns existe una filosofía política de carácter federal que, a pesar de no gustar a los maximalistas, establece una buena vía de futuro para resolver la gobernanza en España.

Si en algo coinciden los dos sectores que pugnan por el control de ERC ahora mismo, los roviristas (todavía sin candidato) y los junqueristas, es en la convicción de que el resultado de la consulta del viernes sobre el preacuerdo con el PSC para investir a Isla es muy difícil de predecir y que, en el mejor de los casos, la victoria del sí será ajustada. Esto es así por muchos motivos. No en vano en los últimos años la propia ERC ha alimentado el discurso que pactar con el PSC, el partido del 155, significaba enterrar el Proceso, y por tanto ahora no será tan fácil convencer a la militancia que deben hacer lo contrario de lo que defendían hace unos meses. Ahora, sin embargo, se suma el malestar de las bases con la dirección actual del partido por la gestión del asunto de los carteles contra los hermanos Maragall.

La dirección de ERC ha anunciado finalmente un acuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa a cambio de lo que llaman "concierto económico solidario"; es decir, el compromiso para que sea Cataluña quien recaude todos los impuestos y después transfiera al Estado una parte por los servicios prestados por la administración del Estado y otra en concepto de solidaridad interterritorial. En los próximos días habrá que analizar el acuerdo y, en especial, su letra pequeña, que todavía no es pública, pero de entrada hay que decir que, de confirmarse lo anunciado por la dirección de ERC, sería histórico, porque debería logrado doblegar la resistencia del PSOE a conceder a Catalunya un sistema de financiación similar al vasco. También sería muy destacable que el PSC haya hecho suya la reivindicación del sistema de concierto para Catalunya, aunque Pasqual Maragall en su día ya le reivindicó. Cabe subrayar que los republicanos esta vez no han puesto el énfasis tanto en el dinero como en lo que llaman, de forma gráfica, la clave de la caja. Es decir, priorizan tener el control sobre la recaudación de impuestos, como los vascos y los navarros, y dejan para más adelante la negociación de lo que vendría a ser la aportación catalana al Estado, es decir, la cuota .

Núria Bosch (Bigues, 1955) es catedrática en la UB, donde dirige el área de Economía y también lidera la cátedra de Federalismo Fiscal en el Instituto de Economía de Barcelona. Recientemente ha publicado el libro Modelos de financiación (Tibidabo Edicions) a cuatro manos con la también economista Maite Vilalta.

La ocasión de la presentación, este miércoles, del libro de Josep Reyner sobre el déficit fiscal (Dèficit fiscal, benestar dels ciutadans i competitivitat de l’economia catalana: una situació a revertir, Fundació Vincle) me ha empujado a reflexionar sobre los resultados del modelo foral de financiación del País Vasco y Navarra. Por supuesto, de ahí se salta a la propuesta del gobierno de la Generalitat de financiación singular y a la de disponer de un modelo de financiación inspirado en el concierto económico vasco. Desde Madrid se suele descartar de raíz la hipótesis de un concierto económico para Catalunya con un argumento que podemos sospechar que no será el principal, pero sí es el que más les gusta porque lo deben de ver menos conflictivo y menos complicado: el País Vasco es muy pequeño y su excepción no se podría generalizar.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, Cristina Herrero, ha puesto voz este jueves al gran argumento de que en Madrid siempre se pone sobre la mesa para negar el concierto económico en Catalunya: que es demasiado grande –representa un 19% del PIB español– y eso descuadraría las cuentas del Estado. Sin embargo, este argumento tiene tres puntos débiles. Lo primero es que resulta injusto negar a los catalanes lo que tienen vascos y navarros por una cuestión de volumen y potencia económica, porque los números no deben dar miedo. El segundo es que la infrafinanciación y la falta de inversiones puede gripar el motor económico catalán, lo que repercutiría negativamente en el conjunto. Y el tercero es que Catalunya no ha dicho en ningún caso que no esté dispuesta a participar en algún mecanismo de solidaridad con el resto de territorios.

ERC ha puesto sobre la mesa como condición para investir a Salvador Illa que Catalunya disponga de un sistema de financiación propio que incluya la recaudación del 100% de los impuestos, es decir, algo muy parecido al concierto vasco. Y como ya ha ocurrido en otras ocasiones cuando los socialistas han necesitado el apoyo de los independentistas, el PSOE se ha abierto a negociar, eso sí, con pies de plomo y calibrando las palabras al máximo. La versión oficial que trasladan tanto desde la Moncloa como desde el PSOE es que es compatible un acuerdo multilateral entre todas las comunidades autónomas, como una financiación que tenga en cuenta la "singularidad" de Catalunya. La realidad, sin embargo, es que lo que está pidiendo ERC (y también Junts en su acuerdo de investidura con Pedro Sánchez) no es una simple mejora de la financiación, es decir, más dinero, sino tener lo que coloquialmente es llama "la clave de la caja", es decir, recaudar todos los impuestos aquí y después pactar una aportación solidaria para el resto de territorios. Y esto es imposible que se pueda llevar a cabo sin una reforma de la Lofca, ya que obligatoriamente situaría a Catalunya fuera del régimen común.

A la dificultad política de un acuerdo para que Cataluña tenga un sistema propio de financiación que suponga recaudar todos los impuestos, debería sumarse, si finalmente se llega, la oposición de los inspectores de Hacienda, el cuerpo de funcionarios que controla la Agencia Tributaria. Fuentes de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que reúne al cuerpo superior de inspectores, es decir, los de máxima categoría funcionarial (A1), advierten al ARA que a ellos no les corresponde opinar sobre temas de financiación autonómica, pero sí se opondrán a "cualquier medida que suponga partir la Agencia Tributaria". Los funcionarios A1 representan a la élite de la administración del Estado y ya hace tiempo que están en guerra contra los planes del gobierno español para flexibilizar el acceso a su categoría. De hecho, desde el IHE reconocen que tienen mayor "influencia" en el gobierno cuando gobiernan las derechas que cuando lo hacen las izquierdas, que están mejor representadas en los escalafones inferiores, por ejemplo, entre los técnicos de Hacienda, que son A2 y se reúnen en el sindicato Gestha.

ERC se presentó en las elecciones con cuatro condiciones irrenunciables para formar gobierno: el referendo, el concierto económico, la defensa de los servicios sociales y de la lengua catalana. A raíz del batacazo electoral, los republicanos anunciaron su paso a la oposición, pero la aritmética hace que su concurso, junto al de los comunes, sea una de las opciones más probables para que el socialista Salvador Illa, indiscutible ganador de las elecciones, sea investido. Ante este panorama, ERC ha enseñado cuál es la condición, no para formar un tripartito, sino para votar una eventual investidura del candidato socialista y después condicionarlo desde la oposición: la soberanía fiscal, es decir, una fórmula de financiación similar al concierto económico. La propuesta ha sido recibida con frialdad por los socialistas. "Hay que tener los pies en el suelo", ha afirmado Illa, insinuando que ésta es una propuesta de máximos e inviable en estos momentos. Sin embargo, convendría que el PSC hiciera una reflexión profunda sobre la oferta de Esquerra.

La incógnita generada por Pedro Sánchez en torno a su continuidad en el gobierno español ha monopolizado la atención de estos primeros días de campaña, pero todavía hay cuestiones que, tarde o temprano, están destinadas a ser protagonistas hasta las elecciones . La amnistía es claramente una de ellas y la mayoría de los catalanes, un 58% según la encuesta del ARA elaborada por YouGov, están a favor. Los votantes independentistas que la defienden son la amplísima mayoría (por encima del 90%), pero también son partidarios mayoritariamente tanto los votantes de los comunes (79%) como los del PSC (52%). Entre los socialistas, sin embargo, hay una fuerte división porque el 48% están en contra de la amnistía, lo que ha provocado más de un quebradero de cabeza en el equipo de campaña de los de Salvador Illa, conscientes de que es un tema que les interesa mantener en segundo plano.

Cuando intentas ponerte en medio del conflicto catalán, y de buscar soluciones donde ambas partes cedan, las posibilidades son múltiples: puedes remitirlo todo a la sentencia del Estatut (y, por tanto, tratar de hacer uno de nuevo, o de crear un “estatus especial”); puedes, en cambio, circunscribirlo al debate sobre la financiación (que fue la gota que colmó el vaso de Artur Mas); puedes tener en cuenta la Declaración de Independencia de 2017 (es decir, partir de la base de que la ruptura es real) o puedes proponer un referéndum de autodeterminación (que en ningún caso es una propuesta de máximos, como dice Pedro Sánchez, normalmente una solución del medio donde ambas partes pueden ganar). Todas estas zonas grises, donde las cesiones pueden ser mutuas, pueden ponerse sobre la mesa y desarrollarse como propuestas de solución a corto oa largo plazo (siempre que la población las avale). Incluso se pueden combinar todas ellas, como pasos paulatinos, o como árbol de posibilidades según la evolución de la ruta. Ahora bien, hay algo que deben tener en cuenta mientras piensen en todas ellas: éste no es un conflicto administrativo. Ni competencial. Ni de financiación, o de modelos federales más perfectos o imperfectos. Es un conflicto nacional.

La historia se repite. Pasan las décadas, cambian los gobiernos, hemos transitado de la desafección al Procés, y de este a la represión y al supuesto diálogo. A la práctica, sin embargo, el resultado acaba siendo el mismo: sea cual sea la promesa de inversión presupuestaria, al final la ejecución de lo que estaba previsto siempre se queda corta en Catalunya. No hay manera de que el Estado cumpla. Este 2021 ha vuelto a pasar, y no precisamente por un margen estrecho. Un estado responsable, preocupado realmente por dar un trato justo a una región especialmente relevante en términos económicos y, además, con una situación política potencialmente rupturista, tendría que ser el primer interesado en dar un trato justo a Catalunya. Pues no. No es así y, si nos atenemos a los datos, no parece que se tenga que corregir. Según un estudio de la Cámara de Barcelona del año 2020, desde el 2001 y hasta aquella fecha el Estado ya dejó de invertir en nuestro territorio el 25% de lo que había presupuestado. En total, 8.000 millones de euros.

1. En relación al concierto económico, el nacionalismo vasco se siente cómodo y legitimado dentro de Euskadi –donde nadie impugna la fórmula–, pero incómodo y cuestionado de cara afuera porque, visto desde el exterior de los confines vascos, el concierto resulta un privilegio flagrante e incluso abusivo. Estando así las cosas, un buen argumento de defensa consiste en decir que otros también habrían podido tenerlo, pero no lo quisieron. Y estos “otros”, claro, no podían ser los andaluces o los murcianos; tenían que ser los catalanes.

Ayer el president Jordi Pujol se presentó a un debate organizado por el ARA, un debate sobre la infrafinanciación de la Generalitat de Catalunya.