Poner fin a "la cultura del subsidio" o "de la dependencia" y "premiar la cultura del esfuerzo" es una de las propuestas de Junts en su plan para rehacer a la clase media, que considera que está en vías de desaparición. La formación propuso el pleno monográfico que ha comenzado este martes, donde ha planteado dar la vuelta de arriba abajo al modelo de subsidios vigente, reformulando y limitando de manera significativa la renta garantizada de ciudadanía, que aprobó en julio del 2017 el ejecutivo que encabezaban Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. De rebote, esto también significa una enmienda al modelo del ingreso mínimo vital español.

En un año, en el 2026, la Generalitat abrirá una ventanilla única para gestionar tanto el ingreso mínimo vital (IMV), la prestación creada por el gobierno español durante la pandemia, como la catalana renta garantizada de ciudadanía (RGC). Pero después del verano ya se pondrá en marcha la nueva plataforma virtual para atender a los expedientes de esta última prestación. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha avanzado que hoy por hoy, su departamento está trabajando en cuestiones técnicas para que las personas que tienen derecho a cobrar estas ayudas sociales tengan que sufrir menos trámites y menos burocracia.

El Gobierno ha aprobado este martes, vía decreto, la condonación de la deuda a las familias vulnerables que recibieron pagos indebidos de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Así, el ejecutivo no reclamará el retorno de importe alguno a las más de 2.800 familias que recibieron ingresos por error "siempre que sea por causas imputables a la administración y que los importes no superen el 50% del indicador de renta de suficiencia (IRSC) mensual en vigor". Tampoco se exigirá la devolución de las ayudas por cantidades superiores en los casos en que las personas beneficiarias se encuentren en una situación de vulnerabilidad o hayan obtenido ingresos inferiores al doble del salario mínimo interprofesional durante el año 2023.

El miércoles, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, comparecía a petición propia en el Parlament para hablar delescándalo que ha rodeado la reclamación de la Generalitat a miles de familias de pagos indebidos vinculados a la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Esta es la última red de seguridad para las personas en Catalunya que no tienen ingresos suficientes para vivir y han agotado otras vías, como el paro o las prestaciones no contributivas, y han pedido ya el ingreso mínimo vital (IMV).

En junio Maria Ruiz (nombre ficticio) recibió una carta del departamento de Derechos Sociales de la Generalitat en la que le reclamaba que devolviera 19.886,92 euros correspondientes a ayudas sociales indebidas que había recibido desde mayo del 2020 al mes de abril. Desde entonces, la mujer sufre un cuadro de angustia: “Y ahora qué hago, ¿cómo lo pago?”. El caso de Ruiz es uno de los 9.500 beneficiarios de prestaciones sociales que la conselleria ha detectado que cobraron un dinero que, con la ley en la mano, no les correspondía y, por tanto, les pide que les devuelvan.

Hasta 8.500 familias vulnerables han recibido ya una carta del departamento de Derechos Sociales e Inclusión reclamándoles que devuelva el dinero de prestaciones cobradas por errores de la Generalitat, principalmente de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). El importe medio reclamado es de 7.500 euros, según confirmó el número dos del departamento, Raúl Moreno, quien explicó que también existen otras prestaciones sociales afectadas. Y el problema no acaba aquí, ya que se espera enviar la misma comunicación a alrededor de un millar más de familias antes de que acabe el año. En total, se espera que unas 9.500 familias estén afectadas por estas reclamaciones.

Tras meses de negociaciones, el esperado traspaso del ingreso mínimo vital (IMV) se ha oficializado finalmente este miércoles en el Palau de la Generalitat. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el consejero de Derechos Sociales en funciones, Carles Campuzano, han firmado el convenio que debe llevar a la Generalitat a gestionar esta prestación social que paga el gobierno español. ¿Cómo se concretará? ¿Cómo va a convivir con la renta garantizada de ciudadanía (RGC), la prestación que gestiona la Generalitat?

El último “capricio” que se ha hecho Marisa Aledo son un pantalón de pana blanco. Los había visto hace tiempo, pero tuvo que esperar a la “paga extra” para gastarse los 20 euros que valían. “El bolsillo no da para más”, se justifica esta barcelonesa de 69 años que recibe una prestación no contributiva (PNC) que se perciben cuando o bien no se ha cotizado años suficientes para tener una pensión o se es un adulto con una gran invalidez reconocida. En diciembre del pasado año, unos 65.000 catalanes eran beneficiarios. Son las prestaciones más básicas del sistema de protección, que hasta el incremento del 6,8% a partir de este enero, suponían menos de 500 euros al mes. El incremento dará “aire” después de dos años en los que la inflación lo ha encarecido todo, también los productos básicos.

En 2023 se terminó con dos malas noticias sobre el estado de nuestra infancia y juventud. Por un lado, UNICEF nos avisaba de los altos niveles de pobreza infantil. Somos líderes de la UE, con más de uno de cada cuatro niños y niñas que viven en situación de pobreza y no tienen acceso a las comodidades más básicas. Por otra parte, los datos conocidos a finales de diciembre sobre la última Encuesta en la juventud de Cataluña señalan que la tasa de emancipación de nuestros jóvenes no deja de caer. Sea cual sea su trayectoria personal, quieran o puedan trabajar o estudiar, o vengan de familias más o menos acomodadas, el común denominador de las personas jóvenes en Cataluña es que viven en casa sus padres. Este retraso en la emancipación afecta no sólo a su proyecto vital como adultos y decisiones tan relevantes como la maternidad, sino también a su salud mental.

Imagina que tus ingresos mensuales son de 710 euros y pagas 280 por un piso de alquiler. Puede parecer difícil, no sólo haber encontrado un alquiler tan asequible, sino llegar a fin de mes con poco más de 400 euros. Con esto tienes que cubrir el agua, la calefacción, la comida, la factura del móvil y, si te llega, alguna actividad de ocio para olvidar lo complicada que tienes la vida. Pero, por difícil que te lo parezca, un 7% de la población de Catalunya vive así o peor; es decir, por debajo del umbral de ingresos de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Y, de ellos, casi la mitad sufren de sobrecarga financiera de la vivienda, destinando más de un 30% de sus ingresos al alquiler o hipoteca.

Las prestaciones sociales como la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital no sacan de la pobreza a las pocas familias que llegan a recibirlas. Lo constatan cada día las entidades sociales, que llevan tiempo reclamando un cambio en el modelo de ayudas, primero para que lleguen a todo el mundo simplificando sus criterios y trámites, y después para garantizar su eficiencia. Con uno de cada cinco catalanes en riesgo de exclusión sociales, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña –que reúne a 35 federaciones y grandes organizaciones que representan a 3.000 entidades sociales contra la pobreza– propone aumentar entre 100 y 200 euros el importe mensual de la renta garantizada.

Un paso más para conseguir que la renta garantizada de ciudadanía (RGC) pueda ser compatible con el ingreso mínimo vital (IMV). La proposición de ley de los comunes para modificar esta prestación y hacerla más flexible ha superado el debate en el Parlamento, y ahora continuará la tramitación. PSC-Unidos, ERC, Junts y la CUP-NCG también han apoyado al nuevo texto. De hecho, los dos socios del Govern han retirado la enmienda a la totalidad que habían interpuesto, de forma que no ha hecho falta ninguna votación en el pleno de este miércoles. El objetivo de la proposición de los comunes es "resolver vacíos" legales de la norma para facilitar la complementariedad de la RGC con el IMV estatal, "maximizar las posibilidades de llegar a colectivos no atendidos hasta ahora por la renta garantizada", sobre todo para aquellas familias que tienen hijos a cargo, y la creación de una nueva prestación complementaria para cubrir las necesidades básicas de acceso a la vivienda.

Solo el 28% de las personas que viven en situación de pobreza en Catalunya reciben la renta garantizada de ciudadanía (RGC) del Govern. La ayuda estatal del ingreso mínimo vital (IMV) apenas cubre el 13% de los catalanes que sufren pobreza severa y no llega ni al 6% si se coge a las personas que están bajo el umbral de ingresos que da derecho a cobrarlo. El colchón social para hacer frente a la emergencia en que se encuentran cada vez más hogares (solo hay que ver los últimos datos de la Fundación Foessa) no está llegando a todo el que lo necesita, y los motivos, según un informe presentado hoy por la Mesa de Entidades del Tercer Sector, son una mezcla de falta de proactividad para dar a conocer las ayudas a los beneficiarios, saturación administrativa, brecha digital en el acceso y embrollo burocrático para acreditar que se cumplen los requisitos.

La Sindicatura de Comptes ha publicado un informe demoledor sobre el fracaso en la gestión de la renta mínima garantizada, aprobada hace cuatro años y valorada como un gran adelanto para luchar contra la pobreza, en el que señala que solo ha llegado a una mínima parte de la población que tenía derecho a ella. “Se puede concluir que la ley de renta garantizada de ciudadanía ha sido insuficiente para asegurar una vida digna a las personas que estaban en situación de pobreza”, concluye la Sindicatura. La cantidad de incompatibilidades que se incluyeron hicieron que de las 90.000 solicitudes presentadas en 2018 se rechazaran 60.000, el 66% del total. Pero es que de las 30.000 que superaron el trámite, solo 13.500 salieron adelante. El resto quedaron para el año siguiente.

Cuatro años después de su puesta en marcha, y a las puertas de los primeros planes piloto para una renta básica universal, las primeras evaluaciones oficiales sobre el funcionamiento y la gestión de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) califican con un suspenso esta prestación catalana. La ayuda, que se puso en marcha en septiembre del 2017 –y que en 2020 se desplegó del todo con un importe de 664 euros mensuales–, tenía que garantizar unos ingresos mínimos y, por lo tanto, una vida digna a todos los ciudadanos de Catalunya, dando un airbag a aquellas familias que se situaban por debajo del umbral de la pobreza. En cambio, ahora el informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (la institución que depende del Parlament y que se encarga de fiscalizar la gestión económica y la eficiencia de la Generalitat) ha puesto cifras a lo que los beneficiarios y los trabajadores del tercer sector ya hace años que denuncian: que la RGC se gestionó con deficiencias y ha resultado del todo “insuficiente”.