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Sociedad  /  Emergencia Social 30/12/2021

La renta garantizada suspende como herramienta para asegurar una vida digna

Un informe de la Sindicatura de Comptes concluye que se tramitó muy lentamente y sin suficientes mecanismos de control

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El Gobierno  asegura que la renta garantizada de ciudadanía tendrá una partida garantizada en los próximos presupuestos del 2017.

BarcelonaCuatro años después de su puesta en marcha, y a las puertas de los primeros planes piloto para una renta básica universal, las primeras evaluaciones oficiales sobre el funcionamiento y la gestión de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) califican con un suspenso esta prestación catalana. La ayuda, que se puso en marcha en septiembre del 2017 –y que en 2020 se desplegó del todo con un importe de 664 euros mensuales–, tenía que garantizar unos ingresos mínimos y, por lo tanto, una vida digna a todos los ciudadanos de Catalunya, dando un airbag a aquellas familias que se situaban por debajo del umbral de la pobreza. En cambio, ahora el informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (la institución que depende del Parlament y que se encarga de fiscalizar la gestión económica y la eficiencia de la Generalitat) ha puesto cifras a lo que los beneficiarios y los trabajadores del tercer sector ya hace años que denuncian: que la RGC se gestionó con deficiencias y ha resultado del todo “insuficiente”.

“Se puede concluir que la ley de renta garantizada de ciudadanía ha sido insuficiente para asegurar una vida digna a las personas que estaban en situación de pobreza”, concluye la sindicatura. De hecho, el informe, publicado este noviembre pasado, hace evidente las dificultades para sacar adelante esta herramienta. A pesar del consenso social y político para sacar adelante la nueva norma, el organismo subraya que las barreras de acceso a la ayuda –por la multitud de incompatibilidades que se establecieron en la misma ley– tumbaron muchas de las solicitudes y que aquellas que sí que se concedieron llegaron tarde: fuera del plazo establecido a la misma ley.

Así pues, desde que entró en vigor hasta diciembre del 2018, el Govern tramitó un total de 89.471 expedientes, de los cuales más de 61.000, el 82%, se denegaron. Solo 13.533 solicitudes salieron adelante (el 18% de los casos resueltos) mientras que 14.858 peticiones más quedaron pendientes a fecha de 31 de diciembre de aquel mismo año. En su informe, la sindicatura también destaca que una de cada cuatro peticiones de la RGC se tramitó demasiado lentamente, fuera de los plazos que prevé la misma ley. Todavía tardaron más los complementos de pensiones estatales y no contributivas: más del 88% se completaron tarde.

Tampoco fue mucho mejor el control y la revisión que, según el redactado de la norma, tenía que hacerse cada dos años. En septiembre del 2019, el entonces departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias no había revisado el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios del 67,3% de las prestaciones con más de dos años de vigencia, apunta el documento. “Algunas resoluciones de denegación de las solicitudes de RGC y de complementos de pensiones y algunas resoluciones de modificación y de extinción de estas prestaciones hacían referencia a causas genéricas y no especificaban los motivos concretos que, en cada caso, dieron lugar a las resoluciones denegatorias, modificativas y extintivas”, concreta el informe. Y todavía más: la sindicatura también ha constatado que se aprobaron complementos vinculados a planes de inserción laboral sin que los beneficiarios se subscribieran a ningún plan; en otros casos no se comprobó que figuraran como demandantes de empleo, no se comprobaron bien las nóminas o no se miró si recibían alguna otra prestación incompatible.

Falta de control y evaluación

¿El motivo del lío? Según la sindicatura, el Govern “no disponía de sistemas de control y evaluación mediante indicadores” que permitieran hacer un buen seguimiento del funcionamiento de la ley, a pesar de que cuando se anunció su puesta en marcha también se hizo pública la contratación de 400 nuevos trabajadores para llevar su gestión. A finales del 2018 el 24,7% de la población catalana estaba en riesgo de pobreza o exclusión social y solo el 1% de la población percibía la RGC, o alguno de sus complementos.

La contundencia de los datos, sin embargo, no sorprende al tercer sector. "Hace años que denunciamos la situación. Nosotros recibimos la ley de la renta garantizada como una buenísima noticia, pero los años han demostrado que no ha cumplido su objetivo principal", lamenta Sira Vilardell, vicepresidenta de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya, que aglutina a más de 3.000 entidades sociales. "No solo no ha ayudado a mejorar, sino que ahora estamos peor –añade Vilardell–. Ahora la tasa de pobreza y exclusión social ya supera el 26% y la renta garantizada solo llega a un 10% de las personas a quienes pretendía ayudar, que es más de un millón y medio de personas". A pesar de esto, Vilardell considera que la ley ha mejorado respecto al principio, pero "demasiado lentamente".

Desde la Mesa remarcan "las grandes dificultades de acceso" que hay para recibir la prestación. "Hay demasiados condicionantes", se queja Vilardell. "No puede ser, por ejemplo, que recibir una ayuda para pagar la vivienda sea excluyente de recibir la renta garantizada", insiste. Las complicaciones burocráticas y de incompatibilidades han sido el gran debate de esta ley. De hecho, tal como explicó el ARA, incluso hubo una cincuentena de solicitantes que acusaron a la administración de engañarlos, provocando que la ayuda se parara a decenas de familias con necesidades económicas urgentes que cumplían los requisitos. En aquel momento, el departamento alegó que la puesta en marcha de la RGC, en 2017, había coincidido con un contexto económico y político muy convulso, por el 1-O y las restricciones impuestas por el 155.

Ahora la dura evaluación que hace la Sindicatura de Comptes de la RGC llega cuando el Govern intenta encarar un reto todavía más grande, la renta básica universal: un derecho basado en un ingreso individual y sin condicionantes, para todo el mundo. El ejecutivo ya planifica un plan piloto. "No son herramientas comparables y, por lo tanto, no se puede comparar lo que ha pasado con la renta garantizada con lo que podría pasar con una eventual renta básica universal: es un cambio de paradigma demasiado grande para compararlos", concluye Vilardell.

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