Oleksandra Matvitxuk (Kiiv, 1983) es abogada ucraniana y una de las voces más destacadas en la defensa de los derechos humanos en Europa del Este. Lidera el Centro para las Libertades Civiles, una organización clave en la documentación de crímenes de guerra cometidos por Rusia. Galardonada con el premio Nobel de la Paz en 2022, se ha convertido en un referente internacional en la lucha contra la impunidad. Ha visitado Barcelona invitada por el Cidob.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decretado la apertura de una investigación en España sobre los "crímenes" de Israel en Gaza. Según avanzó la SER y confirmó la Fiscalía, las diligencias habían sido solicitadas por la fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática, Dolores Delgado, con el objetivo de determinar si las acciones pueden ser "graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes". Se trata de los delitos de genocidio, de lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

Esta semana empezó con una llamada internacional de veintiocho países de Occidente, que exigen un alto el fuego en Gaza y denuncian abiertamente las políticas -los crímenes de guerra- del gobierno israelí en la zona. La lista de los países que firman la llamada es importante e interesante, tanto por las presencias como por alguna ausencia de peso (Alemania). En cualquier caso, un pronunciamiento de estas características y de esta amplitud (hay en la lista incluso algún gobierno con simpatías sionistas, como el de Italia: atención a la habilidad de la premier Meloni a la hora de normalizar la presencia de la extrema derecha en la política internacional), es, de por sí, relevante. Pero a la vez, tiene un efecto nulo en cuanto a lo que los firmantes piden que acabe: el sufrimiento extremo y "sin precedentes" de la población en Gaza.

La guerra de Rusia contra Ucrania y el exterminio o genocidio de los palestinos a manos de Israel nos han llenado de noticias –de relatos– sobre crímenes cometidos por militares contra la población civil, bajo la siempre vaga excusa de la necesidad de defender a la patria.

La carrera del fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha terminado. Este viernes ha anunciado que se aparta temporalmente del cargo hasta que finalice la investigación por un presunto caso de acoso sexual denunciado por una empleada del tribunal. Khan fue quien promovió la orden de detención internacional del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Establecido en 1998, el TPI pasa por el momento más delicado de su historia. En las últimas semanas reina un ambiente de miedo en los Países Bajos y han dimitido a altos funcionarios de este órgano judicial que se encarga de investigar y juzgar los crímenes de guerra y de genocidio de todo el mundo.

El ministro de Exteriores ruso, el tenebroso Serguéi Lavrov, justificó la matanza del pasado Domingo de Ramos en la ciudad ucraniana de Sumi (en la que murieron treinta y cuatro civiles, y hubo más de un centenar de heridos) con el argumento de que en el edificio atacado con dos misiles rusos había una reunión oculta de militares ucranianos y occidentales. "Jefes militares ucranianos y sus colegas occidentales, que se hacían pasar por mercenarios o quién sabe por qué", describió Lavrov. Y añadió: "Allí hay militares de los países de la OTAN que mandan, eso lo sabe todo el mundo".

La semana pasada se anunció que el ejército israelí ha abierto 48 investigaciones contra soldados presuntamente implicados en la muerte de decenas de prisioneros palestinos detenidos en la Franja de Gaza durante el conflicto en curso. Pero contrariamente a lo que cabría esperar, ésta no es una buena noticia para la justicia en tiempos de guerra.

¿Por qué nos atraen los crímenes reales? ¿Por qué nos enganchamos a las desgracias ajenas? Esta última década, el género del true crime se ha popularizado considerablemente a través de plataformas audiovisuales como Netflix y HBO. En Cataluña, el programa Crímenes de Carles Porta ha reventado los audímetros de TV3 y Catalunya Ràdio. El teatro tampoco ha quedado al margen de esa tendencia. Desde el caso de Marie Colvin hasta la Manada, pasando por los asesinatos de James Bulger y Ana Orantes, varias salas programan esta primavera espectáculos sobre casos de violencia real. Asesinatos, feminicidios y crímenes de guerra que, en la mayoría de casos, sirven para hablar de la crueldad y el afán de poder que vertebran la sociedad.

La semana pasada Suráfrica denunció a Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya por los bombardeos en la franja de Gaza, que ya han dejado más de 22.000 muertos, de los que el 70% son mujeres y criaturas. El tribunal, que depende de Naciones Unidas y se encarga de dirimir las diferencias entre estados, celebrará la primera vista el jueves y el viernes de la próxima semana para decidir si aplica medidas cautelares. El fondo del caso, en el que Sudáfrica acusa a Israel de perpetrar un genocidio, se dirimirá más adelante.

“Un segundo antes de la explosión oí algo. El misil impactó en el vehículo y volcamos. Yo iba en la parte trasera y pude salir deprisa del coche. Notaba que me ardía todo el cuerpo: la cara, las piernas, los brazos”. Ruben Mawik no puede evitar sentirse culpable. Él sobrevivió, aunque arrastrará lesiones toda su vida, pero sus compañeros, la barcelonesa Emma Igual y el canadiense Anthony Tonko Inhat no pueden contarlo. Murieron el 9 de septiembre cuando el coche con el que evacuaban a civiles de la primera línea de frente en el Donbass recibió el impacto de un proyectil. Rubén no tiene ninguna duda de que fue un ataque deliberado: “Los rusos nos atacaron, no fue un accidente”, remarca con la voz entrecortada.

El día que huyó de su casa con las pocas cosas que llevaba encima, Liliia llevaba tres semanas conviviendo con el ruido de las bombas y el fuego de artillería constante. Y llevaba más de dos incomunicada del resto del mundo, sin cobertura telefónica; tampoco tenía electricidad, ni gas, ni agua corriente. Aquel 17 de marzo del 2022, junto a su familia y sus vecinos, decidió abandonar Mariúpol, una ciudad sitiada por las fuerzas rusas que aún debería sufrir un ensañamiento salvaje durante dos meses más.

Los juzgados de Estocolmo celebran desde este martes un juicio histórico, en el que dos ex directivos de una empresa petrolera sueca están acusados de ser cómplices de crímenes de guerra cometidos entre 1999 y 2003 en Sudán. En ese momento, la compañía, que entonces se llamaba Lundin Oil –ahora Orrön Energy–, tenía licencia para explorar y explotar una gran reserva de crudo en una zona que ahora corresponde a Sudán del Sur. En plena guerra civil, la empresa pidió al gobierno sudanés que garantizara la seguridad de este área, conocida como Block 5A, para poder realizar su actividad. Y esa supuesta protección condujo al asesinato de 12.000 personas y a la existencia de al menos 160.000 desplazados, según las cifras de organizaciones humanitarias.

Para Andrí Kulchitski existe un episodio de la Guerra Civil Española que refleja lo que Putin hace cada día contra la población civil ucraniana: el bombardeo de Guernica. Y cuando recuerda aquella tragedia, inmediatamente le sale gritar “¡No pasarán!” Ésta es, de hecho, una de las expresiones antifascistas que se han recuperado en Ucrania desde la invasión rusa a gran escala. “Yo soy de otra generación. He leído y seguido mucho la dictadura de Franco. Me gustaba mucho Dolores Ibárruri”, dice este ucraniano. Con el bombardeo de Guernica se buscaba atemorizar a la población y perpetrar una masacre, lo mismo que hace el Kremlin contra la sociedad ucraniana, apunta Kulchitski. Esta estrategia del terror, la de lanzar bombas de forma indiscriminada en Ucrania, ha sido la respuesta rusa a la pérdida de territorio ocupado y al apoyo creciente que Zelenski ha ido recibiendo de Occidente.

Conmoción en Australia. El soldado vivo más condecorado de la historia de las fuerzas armadas, Ben Roberts-Smith, de 44 años, ha visto desestimada una demanda por difamación con la que pretendía defenderse, y sacar rédito económico, por la publicación de seis artículos periodísticos en diferentes diarios del país en los que había sido acusado de haber cometido crímenes de guerra mientras servía en Afganistán.

Al entrar en esta calle de Bucha, con el ajetreo del tráfico, hay sensación de una normalidad aparente, pero tras las rejas que separan las viviendas residenciales hay encerrado un doloroso relato que pide ser escuchado. En esta misma calle permanecieron durante un mes los cadáveres de 14 vecinos dispersados entre las aceras y la carretera. En los patios de las casas habían quedado abandonados –y quemados– los tanques que habían disparado a todo lo que se moviera. Los soldados rusos aplastaban las casas y se llevaban todo lo que querían, mientras las familias atemorizadas se quedaban en los sótanos racionando los víveres. Es por eso que, ahora, los vecinos de esta calle la han rebautizado como la calle de la Muerte.

El gobierno ucraniano ha impuesto restricciones de consumo eléctrico en todo el país, después de los ataques rusos, que han destruido buena parte de la infraestructura de luz y calefacción. Por primera vez desde el inicio de la invasión, se ha limitado el suministro en todas las regiones entre las 7 y las 11 de la mañana. El operador Ukrenergo pidió a la población que la noche pasada cargaran aparatos y baterías, tuvieran a punto mantas y abrigos y prepararan reservas de agua. Si el consumo no baja lo suficiente se pueden producir cortes, ha advertido la oficina del presidente Volodímir Zelenski.

Nada ni nadie puede consolar a Olga. Destrozada y abatida, esta madre ucraniana de 67 años tan solo tiene fuerzas para llorar y gritar al viento que ha perdido a su hijo. Vestida de negro y acompañada por su marido, que no puede pronunciar palabra, esperan al equipo de fiscales y forenses que investigan posibles crímenes de guerra en la región de Járkov. En los últimos días, este grupo ha localizado más de trece cuerpos de civiles supuestamente asesinados por las tropas rusas. Temen que la cifra se dispare, porque cada día reciben más peticiones de investigación.

Se llama Vadim Shishimarin y tiene 21 años. Este mediodía se ha declarado culpable de haber asesinado con un kaláshnikov a un civil desarmado que pasaba con una bicicleta en la región de Sumy, al este de Ucrania, en los primeros días de la invasión rusa. Es el primer juicio por crímenes de guerra que se celebra en Ucrania, en un tribunal de Kiev, y el acusado se expone a la cadena perpetua.

Las bombas han vuelto a caer este miércoles en las afueras de Kiev y el fuego de artillería no se ha parado tampoco sobre Chernígov, más al norte. Un incumplimiento total, pues, del único compromiso de desescalada militar que se había conseguido hasta ahora en la negociación: Moscú había asegurado el martes que reduciría "drásticamente" la actividad militar en la capital ucraniana y en Chernígov. Una promesa que tanto las autoridades ucranianas como varios gobiernos occidentales ven como una estrategia del Kremlin para esconder un reagrupamiento de fuerzas en aquella zona, después del fracaso en el intento de rodear la capital, mientras concentran su ofensiva en el frente este, en el Donbás, donde el ejército ruso combate el grueso de las fuerzas ucranianas.