Como si fuera una carrera contrarreloj, entidades sociales se impusieron como objetivo que las tres familias desalojadas en Badalona de una finca en ruinas, formadas por tres madres y cuatro menores de edad, no se quedaran en la calle después de que el martes el Ayuntamiento dejó de pagar la pensión de Santa Coloma de Gramanet donde habían pasado las fiestas de Navidad. El martes a las 11 de la mañana el grupo dejó el hostal con las pocas pertenencias que pudieron sacar de su casa el día que les echaron de la finca de la calle Calderón de la Barca, en el barrio de la Salut.

Hay gente que crea problemas y hay gente que los soluciona. La felicidad individual y la convivencia social se construyen día a día, gesto a gesto. Los problemas están ahí, claro. La vida es entropía, tendemos al caos. Los solucionadores suelen ser discretos, laborables, amables. Quienes se recrean en los problemas –¿problemistas?– pueden ser muy llamativos y ruidosos, y con apariencia de justicieros. ¡Fuera inmigrantes! ¡Fuera políticos! ¡El catalán se muere! Y venga a gritar.

No sólo son los precios desorbitados del mercado de la vivienda libre o la carestía de promociones públicas, las entidades sociales también encuentran un muro difícil de esquivar en las reticencias de los propietarios a la hora de alquilar los pisos para destinarlos a colectivos vulnerables. Hay quien explica que todo va bien hasta que revelan que el piso se destinará a acoger a una mujer maltratada con sus hijos, un grupo de personas con discapacidad o con patología mental o una familia con pocos recursos económicos.

La década de los setenta fue una época de muchos cambios en la sociedad catalana. En ese contexto de liberación política y social, una de las revoluciones más silenciosas fue la de aquellas familias que tenían un niño con alguna discapacidad psíquica. Subnormales, retrasados, disminuidos, tarados, incapacitados, inválidos y minusválidos. Eran tiempos en los que no existían eufemismos para describir una carga familiar, no sólo física, sino también emocional. Eran tiempos en que todos aquellos con alguna discapacidad psíquica estaban escondidos en sus casas, alejados de las miradas y de los prejuicios de una sociedad todavía muy inmadura.

El PSC, Comuns, Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP han firmado este miércoles un acuerdo con el que se comprometen a garantizar el padrón universal en cumplimiento de lo que dice la ley. El Pacto por el Padrón en Cataluña es una iniciativa impulsada por más de un centenar de entidades sociales, desde Cáritas, ECAS, LaFede hasta Confavc y aFFaC, que exige el empadronamiento de todos los residentes sin preguntar la situación administrativa, si tienen contrato de alquiler o no o si viven en una infravivienda. Por el contrario, se han desmarcado el PP, Vox, Aliança Catalunya y también Juntos. Los junteros han justificado su no asegurando que el acuerdo no resuelve "en profundidad cuestiones fundamentales para una gestión del padrón que sea coherente con las herramientas y recursos que tiene el país en estos momentos". Se da la circunstancia de que sí que se ha añadido al Pacto MEScat, una formación nacida de una escisión del PSC e integrada en Junts como corriente interna.

De la asociación medioambientalista Extinction Rebellion, creada en el 2018, ha surgido End Fossil, impulsada por un grupo de jóvenes en la veintena que, tras el éxito de un encierro, decidieron emanciparse y formar el suyo propio entidad. También Cáritas, concretamente Cáritas Joven, ha montado lo que han llamado grupos motores para conseguir captar voluntariado joven. Éste es, ahora mismo, el gran reto del asociacionismo social de Catalunya: el rejuvenecimiento, teniendo en cuenta que la juventud se resiste a ingresar en estructuras que se rigen por modelos que en muchos casos consideran "rígidos".

Finalmente la asociación 9 Barris Acull, que acompaña y asesora a personas migradas, cierra puertas por la imposibilidad de devolver una deuda de 22.000 euros con el Ayuntamiento de Barcelona que le obliga a presentar concurso de acreedores. La entidad es la mayor de las que trabajan en los barrios de Barcelona y ha empezado ya a rechazar nuevos usuarios para derivarlos a otros servicios de apoyo y tampoco volverá a organizar el Festival de Sopas del Mundo. Después de 23 años de actividad, el próximo viernes ya no abrirán el despacho que tienen en el Espai Via Favència.

Sorpresa y decepción ante la convocatoria de elecciones anticipadas después de que los partidos hayan sido incapaces de llegar a un acuerdo para los presupuestos de la Generalitat. Sorpresa y decepción porque el listado de proyectos, iniciativas y normativas del ámbito social que decaen, o que van a quedar paralizadas durante meses, es enorme. Sabemos que las decisiones políticas afectan al conjunto de la ciudadanía, pero ir a las urnas en mayo es una pésima noticia sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad y las entidades sociales que las acompañan y apoyan, casi dos millones de personas en toda Cataluña. Una vez más, la inestabilidad política impactará directamente en quienes menos lo merece, una parte de la población que necesita respuestas políticas decididas y firmes para salir de la pobreza, la exclusión y la desigualdad y que está cansada de esperar.

Agendas bloqueadas durante días. Facturas, carpetas, excelso. Mesas enteras llenas de papeles. Aplicativos informáticos que se cuelgan. Desesperación. Llamadas de teléfono constantes a los técnicos de la administración, auditorías y mil dudas. Esta es la escena que se repite en la mayoría de las entidades sociales cuando se abre una convocatoria de subvenciones pública a la que quieren optar. “Es un infierno”, resume una directiva, que añade: “La burocracia se nos come”. Este panorama se multiplica por las más de 3.000 entidades sociales que hay en Catalunya y, a la vez, por cada uno de los proyectos para los que se presentan una subvención. Pero es que, además, una vez hecho todo el papeleo, a menudo la ayuda no llega a tiempo. 

Las subvenciones gubernamentales no llegan y las entidades sociales empiezan a desesperarse. La situación es, en sus palabras, "asfixiante", hasta el punto que hay algunas entidades que no saben cómo pagarán la nómina de sus trabajadores el próximo mes de junio. La Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya, que representa unas 3.000 entidades de toda Catalunya, ha denunciado este jueves que el pago de las principales ayudas al sector se está demorando tanto que las entidades se han visto obligadas a avanzar más de 33,6 millones de euros –desde enero– para sacar adelante proyectos de atención y apoyo y no dejar a un millón y medio de personas vulnerables sin la atención prometida "en un momento de máxima gravedad social".

Las estadísticas se quedan cortas y el problema del acceso a la vivienda no se está dimensionando correctamente. Este es el mensaje que ha querido trasladar este martes por la mañana Entidades Catalanas de Acción Social, ECAS, que asegura que en Catalunya hay como mínimo 25.000 personas que viven en la calle o en pisos de emergencia, en albergues para personas sin hogar o migradas, que salen de instituciones penitenciarias sin ninguna alternativa o bien que reciben ayuda a largo plazo por su situación de sinhogarismo. "Las cifras oficiales están totalmente infraestimadas; hay que abrir la mirada sobre qué es el sinhogarismo", ha dicho Ferran Busquets, vocal de pobreza de ECAS y director de la Fundación Arrels.