La administración sólo cubre un 4% de la demanda de vivienda pública
En 2021 y 2022 la Agencia Catalana de Vivienda adjudicó de media 3.450 viviendas para una demanda de 85.600 personas
La Agencia Catalana de la Vivienda ha dado este miércoles un dato que ilustra la crisis de la vivienda en Cataluña. Entre 2021 y 2022 la administración sólo cubrió un 4% de las solicitudes de acceso a su parque de viviendas. En este período, el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial contó con una media de 85.600 inscritos, mientras que se asignaron una media anual de 3.450 viviendas. Son los datos más recientes disponibles, según el informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
La Agencia Catalana de la Vivienda gestiona un parque de viviendas que, a finales de 2022, contaba con 21.875 unidades. Para garantizar un mejor acceso a la vivienda y reducir el riesgo de exclusión residencial, trabaja para aumentar la oferta de vivienda pública de alquiler. Este parque incluye tanto viviendas de titularidad pública como viviendas privadas integradas en el sistema.
Falta de viviendas
El informe de la Sindicatura constata que el principal problema en el acceso a la vivienda es el "grave desajuste entre la demanda de vivienda social y la oferta disponible a través de los parques de viviendas de las administraciones públicas o de las promociones públicas y privadas". Mientras que el número de personas inscritas en el Registro de Solicitantes de VPO supera las 80.000, el parque de viviendas públicas tiene sólo 21.875. El incremento del número de viviendas en este parque fue del 2% en 2021 y del 3,3% en 2022.
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El informe justifica los bajos porcentajes de asignación debido a que "el parque de viviendas de la Agencia está muy consolidado y apenas hay rotación". La tasa de ocupación del parque, es decir, el porcentaje de viviendas entregadas respecto al total, osciló entre el 84,13% y el 87,18% entre 2019 y 2022, con una tendencia creciente año tras año. El análisis de la Sindicatura de Cuentas concluye que la principal causa de la existencia de viviendas no entregadas es, además del tiempo necesario para adecuarlas y asignarlas, la presencia de empleos ilegales en el parque público.
Carencias en la gestión
Más allá del desajuste entre oferta y demanda, el informe también denuncia carencias en la gestión del parque de viviendas. No existe ningún registro que unifique la disponibilidad de viviendas de los diferentes parques de viviendas existentes. Esto hace que la respuesta a las solicitudes del Registro de VPO se realice a través de viviendas gestionadas por diversas entidades —municipios, la Agencia o promotores públicos y privados— sin que la Agencia tenga un control preciso sobre el total de viviendas disponibles.
Como nota positiva, el informe destaca iniciativas de la Agencia para captar nuevas viviendas de particulares (programa Reallotgem) y para movilizar viviendas ocupadas ilegalmente (protocolo para casos con sentencia de desahucio pendiente de ejecución).
