El ministerio de Justicia ha anunciado este lunes que creará este año 500 plazas nuevas de juez en el Estado, de las que 91 estarán en Catalunya. Así, el incremento de plazas en toda España será de un 8,5% de media, y en Catalunya del 10,5%: de 870 jueces y magistrados se pasará a 960. El ministerio ha explicado que se trata de "la mayor ampliación de la planta judicial de la historia". En cuanto al impacto en Catalunya, el consejero de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrado que la medida "pone fin al déficit histórico de carencia de plazas" y nivela la cifra catalana en la media estatal de jueces por habitante. Para ilustrar lo que supone este anuncio, Espadaler ha recordado que en los últimos 10 años se habían creado 65 plazas judiciales en Cataluña.

Cincuenta kilómetros para llegar a un juicio en Manresa: es la distancia que durante más de seis años han tenido que realizar acusados, víctimas, testigos y abogados de la comarca de Osona. No ha sido hasta esta semana que se han vuelto a realizar juicios penales en Vic, con una solución provisional en unos bajos de la ronda Camprodon, y que los implicados en los procedimientos ya no necesitan desplazarse hasta los juzgados de Manresa, en los que las conexiones del transporte público no siempre ponen fácil llegar a tiempo al banquillo. "Muchos abogados han tenido que hacer de taxistas de sus clientes", ejemplifica el decano de la abogacía de Vic, Rogeli Montoliu.

Los vecinos de Altafulla llevan años ven como la vida política del municipio se va envolviendo cada vez más, hasta el punto de que ha abierto diferentes frentes judiciales. Esta localidad del Tarragonès, con menos de 6.000 habitantes y más de 3.000 plazas para turistas entre hoteles y campings, ha presenciado una investigación judicial –ya archivada– a concejales para, supuestamente, asediar al alcalde en redes sociales y las acusaciones de la oposición para que el consistorio haya pagado con fondos públicos. Todo ello en un ayuntamiento donde Alternativa Altafulla –vinculada a Comuns– y Junts salieron adelante en el anterior mandato una moción de censura contra ERC, que en el 2023 recuperó a la alcaldía en coalición con Junts. Desde hace unos meses, los republicanos gobiernan en solitario, pero sí se ha quedado en el gobierno un concejal expulsado del grupo municipal de Junts y que ahora se enfrenta a una denuncia por cohecho de sus antiguos compañeros.

Los juzgados de violencia se encargan desde este viernes de todos los delitos de agresión sexual. Hasta ahora, sus competencias se centraban en la violencia dentro de la pareja o de la expareja, y las violaciones en las que no existía un vínculo afectivo entre víctima y agresor quedaban al margen de estos juzgados especializados. El cambio hará que se ocupen de todos los tipos de violencia machista, algo que ya preveía la ley del sólo sí es sí 2022 y que todavía no se había aplicado. Además, estos juzgados también estrenan competencias en causas por matrimonio forzoso, tráfico de seres humanos para explotación sexual y acoso por razón de sexo. Implicará, por tanto, que asuman más trabajo, lo que ha despertado alarmas sobre si el cambio podría saturar estos juzgados y alargar mucho los tiempos de espera. Esta semana más de un centenar de jueces alertaron en un comunicado que se veían abocados al "colapso", mientras que otras voces de la judicatura instan a esperar a ver los efectos del cambio y el impacto de los refuerzos y nuevas plazas de juez que ha anunciado el gobierno español.

El periodista Saúl Gordillo no entrará en prisión. El juzgado de lo penal número 20 de Barcelona ha validado el pacto de conformidad entre el ex director de Catalunya Ràdio, la Fiscalía y la acusación particular, que acordaron una pena de un año y medio de cárcel por la agresión sexual que el entonces director del medio digital El Principal perpetró contra una trabajadora el 1 de diciembre del 2022, después de una cena de empresa.

El juzgado mercantil 2 de Barcelona ha rechazado la demanda interpuesta por Just Eat contra Glovo por competencia desleal. La demandante reclamaba 295 millones de indemnización. En la resolución, el tribunal entiende que la plataforma actuó siempre "dentro de la legalidad" y que los contratos desde el 2019 garantizaban la autonomía de los repartidores (riders), permitiendo este servicio en régimen de autónomo.

La misma semana que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía en el Proceso y unos días antes de que oficialmente se ponga en marcha la transformación del sistema judicial, el ARA entrevista al conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

Este martes hará dos meses que los juzgados de paz no pueden celebrar bodas, y tampoco saben cuándo podrán volver a hacerlo, pese a que la administración dijo desde el primer momento que les haría recuperar esta competencia lo antes posible. "Está en manos de quien tiene las herramientas para solucionarlo, la solución es voluntad política", dice la juez de paz de Salt y presidenta de la Asociación Catalana en Pro de la Justicia.

La magistrada Francisca Verdejo, titular del juzgado 2 de Violencia sobre la Mujer de Barcelona, ​​ha optado a una plaza para ejercer en la Audiencia de Granada. Los concursos de plazas judiciales como éste priorizan al candidato con más experiencia en la carrera, y de hecho no es la primera vez que Verdejo intenta ir a trabajar a Granada, de dónde está y dónde tiene familia. Los cambios de puesto de trabajo de los jueces no suelen ser noticia, pero en este caso coincide con que en los últimos meses Verdejo ha recibido críticas muy duras por el trato a las víctimas en su juzgado. Unas denuncias que, a su vez, han encontrado la respuesta y el apoyo unánime de los jueces y fiscales especialistas en violencia machista en la ciudad.

A finales de año, un acuerdo a tres bandas entre la Generalitat, el gobierno español y el Ayuntamiento de Barcelona ponía sobre la mesa un plan de choque contra la multirreincidencia que planteaba distintos refuerzos en los juzgados. El primer movimiento, activo desde el 17 de marzo, fue que en Barcelona hubiera un juzgado más de guardia (se pasó de dos a tres) para realizar juicios inmediatos, que se hacen en casos de delitos leves como los hurtos. Tras casi dos meses de vigencia de esta medida, el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, explica en declaraciones al ARA que este refuerzo ha logrado acortar unas cuatro semanas el tiempo de espera para un juicio de este tipo en la ciudad: si hasta ahora eran ocho meses de decalaje, ahora son siete. Sin embargo, Espadaler es consciente de que estos tempos están todavía lejos de lo que por definición deberían rodear los juicios inmediatos.

La juez de paz de Salt, Francesca Terrón, suele realizar unas ocho bodas cada mes, pero solo esta semana ya van seis. "Llevamos dos semanas haciendo bodas a diestro y siniestro", dice en una conversación con el ARA el día antes de que entre en vigor la ley que les quitará la competencia para registrar uniones civiles. Un error en la tramitación de la ley de eficiencia judicial ha dejado a los jueces de paz sin potestad para inscribir matrimonios, y fuentes del ministerio de Justicia afirman que ya están "buscando la mejor fórmula para asegurar esta competencia lo antes posible".

Una crítica habitual al sistema judicial es que sigue funcionando "como en el siglo XIX". Pero ahora podría empezar a remediarse: a lo largo del 2025 se desplegará una ley que quiere poner al día la justicia y hacer que sea más ágil. La ley de eficiencia cambiará la forma en que se organizan los juzgados –incluso como se llaman– y traerá novedades que buscan mejorar la protección de los niños y las víctimas de delitos sexuales. El nuevo sistema se aplicará escalonadamente en tres fases –en junio, octubre y diciembre–, afectando primero a los municipios más pequeños y finalmente a las ciudades más grandes.

Los refuerzos para agilizar los juicios a los multirreincidentes en Barcelona no serán tantos como prometió el Govern. Si hace dos meses el ministerio y la consejería de Justicia anunciaban cinco juzgados nuevos para agilizar los juicios rápidos con un plan de choque acordado también con el Ayuntamiento, este jueves la juez decana de Barcelona, ​​Cristina Ferrando, aclaró que en la práctica los refuerzos serán muchos menos. Ferrando ha alertado de que harán falta aún más recursos para poner al día los juicios rápidos a los multirreincidentes: "Cuanto más eficaz sea la respuesta policial en la calle, más jueces y juzgados necesitaremos. Si no, la respuesta policial existirá, pero la judicial no podrá llegar".

Más de un centenar de jueces y juezas especializados en violencia machista y que trabajan en juzgados de toda España han cerrado filas con la magistrada de Granada Aurora Angulo, encargada del caso de Juana Rivas. Más de siete años después de escaparse con sus hijos para evitar que estuvieran con su marido, al que denunció por malos tratos, la custodia del hijo pequeño —el mayor es adulto— continúa en los tribunales. El último movimiento judicial ha generado una respuesta muy áspera del abogado de la mujer, que ha señalado a la juez y le ha acusado de no comprender qué es la violencia vicaria. El comunicado despertó la respuesta de sus compañeros, que lo consideran un "ataque personalizado" que puede suponer un desprestigio para los juzgados de violencia machista.

Este jueves técnicos del Ayuntamiento de Barcelona han pedido las claves de las paradas que los antiguos pajareros tienen en la Rambla de Barcelona. El consistorio quiere echar a estos comerciantes que durante los últimos años han ido cambiando su actividad hasta convertirse en vendedores de helados, turrones o souvenirs, sin rastro ya de los animales exóticos que llegaron a vender durante todo el siglo XX. Los paradistas se han negado porque el procedimiento judicial está abierto, aunque el desahucio parece inminente y puede llegar en las próximas semanas. Éste es el último capítulo de un largo serial que viene de lejos y que, incluso, ha llegado al Parlamento y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Desde este martes los antiguos pajareros de la Rambla de Barcelona podían ser expulsados ​​de sus puestos, que durante los últimos años han ido cambiando hasta convertirse en puestos de venta de otros muchos productos, sin rastro ya de los animales exóticos que llegaron a vender durante todo el siglo XX. Desde 1855 ocupaban un espacio en la mítica Rambla barcelonesa. Este jueves, el Ayuntamiento de Barcelona les ha pedido las claves para echarlos, los paradistas se han negado porque consideran que el procedimiento judicial todavía está abierto y el desahucio llegará durante las próximas semanas: es el último capítulo de un largo serial que viene de lejos y que, incluso, ha llegado al Parlamento y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La saturación en los juzgados de Barcelona alarga la espera para un juicio rápido, que por ley debería celebrarse en un margen de quince días, a más de dos años y medio. Ahora mismo los juicios rápidos por causas penales en la ciudad se están programando para 2026. Para la juez decana de Barcelona, ​​Cristina Ferrando, la situación es alarmante y preocupante en todos los juzgados de lo penal, pero especialmente en las vistas rápidas, dado el cuello de botella de causas que entran y las que los juzgados pueden asumir.

Eugen Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, recibió la eutanasia el 23 de agosto del 2022. Su muerte digna implicó cerrar la causa penal contra él, que unos ocho meses antes entró armado en la empresa donde había trabajado como vigilante de seguridad y dejó heridos graves tres ex compañeros. En la huida hirió a tiros a un mozo de escuadra y después se atrincheró en una masía de Riudoms. Durante el dispositivo policial para atraparlo sufrió una lesión medular que le dejó tetrapléjico. Sabau pidió la eutanasia ante las críticas de las víctimas, que querían que el caso llegara a juicio para garantizar su derecho a recibir una compensación por las heridas sufridas. La juez instructora, la Audiencia de Tarragona y el Tribunal Constitucional (TC) rechazaron detener la eutanasia para esperar a que se celebrara el juicio, y este jueves el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también ha avalado las tres resoluciones.

El pasado año en Barcelona 526 personas cometieron hasta 6.169 delitos. De ellos, los cinco más activos de todos acumulan 228 antecedentes. Dicho de otra forma, durante su vida han cometido casi 50 delitos cada uno, la gran mayoría hurtos y robos violentos. Ellos son el ejemplo personificado de la multirreincidencia, un fenómeno que ha puesto en alerta a las principales ciudades de Catalunya y ha subido un 30% en un año en la capital. ¿Pero cómo se combate? Este martes el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y los juzgados de Barcelona han propuesto diversas medidas.

Los expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación, el órgano independiente que aprueba o deniega las solicitudes de eutanasia en Catalunya, insisten: el exvigilante de Securitas en Tarragona M.E. Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, tiene derecho a poner fin a su vida de manera digna. Según el informe que ha remitido la Comisión a los tribunales, adelantado por la SER Catalunya, el acusado de disparar a sus ex compañeros de trabajo y a dos Mossos d'Esquadra cumple todos los rígidos requisitos legales para que se le practique la muerte asistida, puesto que vive con un sufrimiento físico grave, crónico, sin posibilidad de mejorar, es consciente de su situación y ha expresado de forma expresa, reiterada e informada que quiere someterse a la eutanasia. El jurista que forma parte de este órgano afirma que el aval experto se ha dado "abstrayéndose del debate jurídico sobre la situación procesal y la privación de libertad del solicitante" y defiende que la Comisión no tiene que entrar en una "polémica jurídica" ni dejarse "influir". Ahora será la Audiencia de Tarragona quien tendrá la última palabra y quien decidirá este mismo jueves si acepta o deniega este caso de muerte asistida.