La eutanasia se legaliza por fin después de años de lucha ciudadana

Madrid"Los últimos días son bonitos porque por fin se ve que cumplimos la misión. Yo le prometí al Luis que seguiría hasta la victoria". Asun Gómez este jueves celebra a las puertas del Congreso la aprobación de la ley de eutanasia, que supone la despenalización de la muerte asistida después de años de reivindicación. Es un episodio histórico y un ejemplo revelador de cómo la sociedad, en muchos aspectos, va muy avanzada respecto a la política institucional. La legalización de la eutanasia es una demanda que empezó con el famoso caso de Ramón Sampedro, que se suicidó en 1998 después de luchar sin éxito para que le ayudaran a morir, pero el clamor ha crecido los últimos años con una petición popular que llegó hasta un millón de firmas el 2019.

Una de las responsables de este hito es el Asun, que el 1 de agosto del 2017 cogió el testigo de su marido en la reivindicación de la eutanasia. Luis sufrió un final de vida agónico, recuerda su viuda en conversación con el ARA. Sedado, se iba durmiendo y despertando en el hospital, esperando que llegara el momento. Su deseo era que el día que miraron la última película juntos y se despidieron, Luis ya no tuviera que sufrir más, pero la imposibilidad de poderle aplicar una dosis letal lo impedía. Otras personas con enfermedades incurables que causan un dolor insoportable han podido elegir cómo y cuándo morir, tal como explicaba Joan Alquézar en una entrevista reciente en Ràdio 4. Su suegro, Jordi, dijo adiós acompañado de su familia en Suiza, donde el suicidio asistido no está perseguido.

España será el sexto país con una ley sobre la eutanasia, siguiendo los pasos de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda. "Estamos muy satisfechos. Seremos bastante pioneros", destaca Txema Lorente, otro nombre que ha hecho posible llegar hasta aquí. Su mujer, Maribel Tellaetxe, tenía Alzheimer y en 2006 dejó escrito en una carta a su familia que quería dejar de vivir. No murió hasta marzo de 2019, después de haber pasado por una etapa que no quería experimentar: no reconocer a su marido y a sus hijos. "Por fin. Lo que sentimos es emoción, alivio, pero un poco de tristeza porque Maribel no pudo disfrutarlo", añade Lorente, que también se ha desplazado desde Portugalete (Vizcaya) a Madrid para compartir con la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) esta jornada. Al Congreso también se ha acercado Ángel Hernández, que afronta una petición de la Fiscalía de seis meses de prisión por haber mostrado públicamente como ayudaba a morir a su mujer.

Una ley muy "garantista"

Sobre Hernández pesa el artículo 143 del Código Penal, que ahora se derogará. En su artículo cuarto se castiga a aquel que "cause o coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de este, en caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves sufrimientos permanentes y difíciles de soportar". La nueva norma ahora permitirá que el paciente, antes de llegar a un hipotético momento de no ser consciente para pedirlo, deje por escrito sus intenciones y que sea un representante legal quien lo solicite.

Tanto la asociación DMD como algunos grupos parlamentarios como Unidas Podemos apuntan que la ley es muy "garantista" y que contiene unos mecanismos de control que alargan el procedimiento. El enfermo que quiera que se le aplique la eutanasia lo tendrá que pedir hasta cuatro veces y todos los trámites se pueden alargar algo más de un mes. Cada comunidad autónoma tendrá que crear una comisión de garantía y evaluación y los médicos podrán negarse a aplicarla alegando objeción de conciencia. Aun así, la ley prevé que las comunidades autónomas tienen que "garantizar el acceso y la calidad asistencial de la prestación".

La normativa estipula que podrán solicitar la eutanasia las personas mayores de edad "en plena capacidad de obrar y decidir" que estén sometidas a un "sufrimiento físico o psíquico que consideren intolerable" a consecuencia de una "enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante, sin posibilidad de cura o mejora". Hay que tener nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a un año.

El PP y Vox, en contra

Con un 87% de apoyo social, según una encuesta de Metroscopia de abril de 2019, la legalización de la eutanasia llega después de años de reivindicación social y trabas políticas. Hasta tres veces ha fracasado una iniciativa en esta línea en el Congreso y ahora triunfa a propuesta del PSOE y con una amplia mayoría parlamentaria. Solo quedan fuera el PP y Vox. "Siempre digo que esto es un derecho para uno mismo. Nadie puede pedir que se aplique la eutanasia a otro", recuerda Asun Gómez. La exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, que defiende la iniciativa en nombre del PSOE, remarcaba hace algunos días en la comisión de justicia que ojalá ninguna persona tenga que hacer uso de esta ley, pero que el derecho tiene que existir.

Los socialistas se habían opuesto años atrás cuando lo había impulsado Izquierda Unida y Podemos, y Cs también lo había hecho, pero este jueves más de 200 diputados de los 350 que ocupan el hemiciclo le darán luz verde. Es una cifra que no representa toda la extensión del apoyo social, pero suficiente para que centenares de personas a partir del 2021 puedan tener, dentro de la trágica situación que implica, una muerte digna.