Ya ha comenzado la recogida de firmas de una de las primeras iniciativas legislativas populares (ILP) en el ámbito de los servicios sociales en Cataluña: una propuesta que busca blindar la atención a las personas con discapacidad mediante un modelo sin ánimo de lucro.

En los últimos meses, los medios de comunicación se han hecho eco de la presunta gestión irregular de algunas fundaciones. Desde la Coordinadora Catalana de Fundaciones queremos expresar nuestra preocupación por la afectación que estas informaciones pueden generar en la reputación del mundo fundacional, un sector amplio y diverso, comprometido con el interés general y esencial para el bienestar colectivo.

Ada Colau, Laura Borràs y Raül Romeva han apostado en los últimos meses por dar el paso a las fundaciones de sus partidos, después de haber ocupado responsabilidades políticas en la primera línea. Un camino que antes de que ellos habían seguido a otros políticos para salir de las instituciones, aunque ninguno de los tres descarta volver en algún momento. Borràs y Romeva, de hecho, se han topado con el Código Civil, por lo que el gobierno de Salvador Illa encargó un informe jurídico que concluye que los inhabilitados por sentencia judicial no pueden presidir fundaciones de partidos. Romeva ya ha renunciado a ello.

En cuatro décadas, la llamada industria de la solidaridad ha pasado de promover grandes eventos globales para poner el foco en un problema concreto –el ejemplo paradigmático es el Live Aid, de Bob Geldof y Midge Ure (1985, Londres y Filadelfia), para recoger fondos para paliar el hambre en Etiopía– a buscar y ofrecer prácticamente a medida ya la carta ayuda financiera y trabajo voluntario a través de medios digitales. Son nuevas soluciones que permiten que una empresa determinada que quiera sobresalir ejerciendo su responsabilidad social corporativa –también sus empleados e incluso sus clientes, si quieren comprometerse–, pueda dirigir sus esfuerzos solidarios a un campo específico del su interés.

El cataclismo financiero de la Gran Recesión tuvo en el conjunto de España, y en particular en Catalunya, una víctima destacada: las cajas de ahorro, que se vieron abocadas a la desaparición por su apuesta inmobiliaria. Para evitar que la desaparición de las entidades (la mayoría absorbidas por otros bancos) se llevara por delante también las fundaciones de estas cajas de ahorro, la Generalitat impulsó entre 2012 y 2013 un marco normativo para transformar aquellas entidades en fundaciones de carácter especial.