El Govern encarga un informe jurídico para saber si Borràs y Romeva pueden presidir las fundaciones de Junts y ERC

BarcelonaJuntos ha situado Laura Borràs al frente de su nueva fundación (FunDem), pero desde el primer momento existen dudas legales que pueda asumir el cargo. El Código Civil catalán prohíbe que una persona inhabilitada pueda formar parte del patronato de una fundación y ésta es precisamente la mochila que tiene la expresidenta del Parlament, fruto de la condena –que todavía no es firme– por su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). A quien también afecta de lleno esta incompatibilidad es a Raül Romeva, que desde hace casi un año preside la Fundación Irla, vinculada a ERC, aunque sigue inhabilitado por la causa del 1-O porque no se le ha aplicado amnistía. Ante esta situación, el Govern ha encargado un informe jurídico para determinar si es compatible que Borràs y Romeva presidan las fundaciones de Junts y ERC, tal y como han avanzado este jueves La Vanguardia y El Periódico y ha confirmado el ARA.

Será la conselleria de Justicia la que elabore un informe sobre las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, explican fuentes de este departamento. El texto servirá para determinar si Borràs y Romeva –y cualquier otro patrón– pueden seguir al frente de las fundaciones de Junts y ERC.

El artículo 332-3 del Código Civil de Cataluña establece que todos los miembros del patronato deben cumplir una serie de requisitos, uno de los cuales es "no estar inhabilitados para ejercer cargos públicos o para administrar bienes", y "no haber sido condenados por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad". El primer punto sería incompatible con la situación actual de Romeva. Sin embargo, desde la Fundación Irla entienden que el exconseller está pendiente de que se le aplique la ley de amnistía y denuncian la actitud del poder judicial. Las mismas fuentes aseguran que para su designación se siguió "un trámite administrativo regular". "Todos los pasos en la elección de la presidencia de la fundación se dieron por la vía correcta y públicamente", apuntan fuentes de la fundación, que añaden que no hubo "ningún contacto" con el Gobierno, que entonces presidía Pedro Aragonés, ni con la consejería de Justicia que pilotaba Gemma Ubasart.

En el caso de Laura Borràs, le afectaría no sólo el punto del Código Civil que hace incompatible ejercer la presidencia de una fundación con una inhabilitación por cargo público, sino también el punto que lo prohíbe a las personas condenadas por delitos "contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad". La condena de la expresidenta del Parlament es por prevaricación y falsedad documental por su gestión al frente de la ILC entre 2013 y 2018. Por tanto, este artículo del Código Civil también impediría a Borràs ejercer la presidencia de la FunDem. Su defensa ha pedido al Tribunal Supremo que también le amnistie por este caso.